jueves, 29 de septiembre de 2016

Para generar empleo hay que eliminar impuestos al trabajo

Por Libertad y Progreso (*)
(*) Libertad y Progreso. Centro de investigación en políticas públicas creado a partir de la fusión entre CIIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino. Nos unimos para formar un centro de pensamiento crítico e investigación aplicada a resolver los problemas de la ciudadanía, promoviendo los valores y principios de la República Representativa Federal.
Somos una fundación sin fines de lucro, privada e independiente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental. No aceptamos dinero del Estado. Nuestros fondos provienen únicamente de aportes individuales de personas, fundaciones y empresas comprometidas con el futuro del país. Entrevista a Agustín Etchebarne.
Fuente: En Canal Youtube de Libertad y Progreso https://www.youtube.com/watch?v=bAmPeLosB20

martes, 27 de septiembre de 2016

De la pobreza heredada a la riqueza futura

Por Alejandra Salinas (*)
La Universidad Católica Argentina presentó ayer el último informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina. El dato principal es que existen en el país un 32.6% de personas pobres. Considerando que en el 2010 la cifra era del 28.2%, en los últimos seis años la pobreza creció, refutando así argumentos a favor de la llamada “década ganada”. El informe de la UCA habla de los “nuevos pobres”, que “emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno,” pero esta parece ser una interpretación sesgada: ¿por qué no pensar que los actuales niveles de pobreza son consecuencia de una situación heredada después de doce años de populismo, que impide a los más pobres hacer frente a la actual crisis económica, también generada por gobiernos anteriores? El informe concluye que “la actual matriz de marginalidad puede sumarse muy fácilmente una nueva capa de pobres si el supuesto derrame tarda más de lo previsto o llega tarde”. Esta frase encierra una interpretación también sesgada, al sugerir que los efectos sociales beneficiosos de un crecimiento económico guiado por inversión, innovación y mayor productividad serían sólo un “supuesto”. Llama la atención que en una universidad donde se enseña economía se desconozca evidencia empírica sobre los niveles generalizados de mayor riqueza,  mejor calidad de vida y crecimiento sostenido sólo posibilitado por un sistema económico de mercado. Claro, es que el mismo Papa crítica a quienes “defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante” (Evangelii Gaudium, 54). Tratándose de una universidad pontificia pudiera pensarse que no hay mucha cabida para la discrepancia…
¿O sí la hay?  En esa misma universidad y en el mismo día se oyeron otras voces en favor del mercado como instrumento al servicio del progreso social. El Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA organizó la visita del Embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, quien conversó con el público asistente sobre la situación de los Estados Unidos en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre. El evento fue iluminador en varios sentidos: el Embajador no sólo se refirió al tema de la convocatoria con humor y elegancia, sino que comenzó su charla hablando de los tiempos de cambios y cooperación bilateral entre su país y el nuestro. Compartió su visión optimista sobre el avance de las nuevas tecnologías aplicadas al sector energético, que en California ya generan el 50% de la producción de energía (mientras que en la Argentina la cifra es de sólo un 1%). Las expectativas de inversión en este y otros sectores productivos son alentadoras y en este sentido el aporte del sector privado es esencial, afirmó Mamet, quien incluso advirtió: “No confíen en los gobiernos,” “los gobiernos son lentos.”

Que un experimentado funcionario público y diplomático reconozca que el crecimiento y el bienestar vienen de la mano del sector privado no es un dato menor. Y que esa misma persona tenga simpatías social-demócratas tampoco lo es. Un genuino progresista, después de todo, debería defender el mejor mecanismo generador de riqueza para posibilitar una mejor política de asistencia y desarrollo social. Si este fuera el objetivo, resulta urgente cambiar el foco de la atención académica y del gobierno, y pasar del diagnóstico de la pobreza heredada al debate sobre los caminos más idóneos para la generación de riqueza futura.
(*) Alejandra Salinas. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE. Artículo publñicado en el blog de ESEADE.

La herencia K no se arregla con parches

Por Roberto Cachanosky (*)

La pregunta es: ¿qué quieren los políticos, cobrar más impuestos o crear puestos de trabajo vía inversiones?
El 24 de marzo de 2001 se sancionaba la ley 25.413, conocida como ley de competitividad, que incluía el impuesto el impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como impuesto al cheque.
En su artículo 7 decía textualmente: “Los artículos 1º a 6º de la presente ley entrarán en vigor desde el día siguiente al de su publicación y tendrán efecto para los créditos y débitos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2002”. Es decir, el impuesto al cheque iba a durar hasta el 31 de diciembre de 2002. Las sucesivas prórrogas han hecho que la ley ya esté por cumplir 15 años de emergencia. Como sabemos, no hay nada más permanente en Argentina que las leyes impositivas transitorias.
La semana pasada, los legisladores peronistas unieron fuerzas para pedir que, entre otras cosas, el impuesto al cheque sea coparticipable, con lo cual este impuesto es candidato a ser eterno. No lo saca nadie más, porque en Argentina ningún político tiene la más mínima intención de bajar el gasto público. Solo saben aumentar impuestos y por eso están ahogando al sector privado que es el que mantiene al sector público.
El empleo público se disparó en la era k, partiendo ya de un punto muy alto, en los tres niveles de gobierno, pero sin duda las provincias y los municipios son los que llevan la delantera en mantener empleados en los que sobran más de la mitad de lo que se necesita para administrar la provincia o el municipio. El argumento para no reducir la planta de personal en municipios y administraciones provinciales es que al no crearse nuevos puestos de trabajo la gente quedaría desocupada y habría conflictos sociales. Pero, al mismo tiempo, como para mantener esa legión de empleados públicos hay que lograr inversiones y las inversiones no vienen con esta carga impositiva, estamos en un círculo vicioso que no puede resolverse. En todo caso, la situación irá empeorando cada vez más hasta que el peso del estado sea tan grande sobre el sector privado y lo haya reducido a su mínima expresión, que todo termine igual en una crisis social, la misma crisis social que hoy se quiere evitar no reduciendo la planta de empleados públicos. Es que va a llegar un punto en que el sector privado no generará la riqueza suficiente como para bancar al sector público.
Me parece que el gobierno está enredado en este lío, con el agravante que a medida que va pasando el tiempo siguen cayendo los puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, el que ajusta es, como siempre, el sector privado porque el sector público es la vaca sagrada que nadie puede tocar, lo que no quiere decir que, finalmente, no terminemos en una crisis social por desocupación en el sector privado. Así nunca van a poder resolver el problema. Si el sector privado se achica y no pueden reducir los impuestos porque hay que bancar a los empleados estatales, entonces estamos en el horno.
Tampoco es solución la obra pública financiada con deuda pública, porque si bien puede ser que en el corto plazo la actividad económica aumente transitoriamente, absorberá gente que quedó desocupada del sector privado, seguirá el mismo plantel insostenible de empleados públicos y cuando se acabe el financiamiento volveremos al punto de partida con el agravante que quedó la deuda más los interés a pagar. Es decir, vamos de cabeza a otro default.
Si no quieren asumir el costo político de llevar a cabo una verdadera reforma del sector público que lo transforme en algo útil para la gente y eliminar su sobredimensionamiento, la opción es la que propuse un par de lunes atrás. Que el BCRA se retire del mercado de LEBACs, baje la tasa de interés, deje flotar libremente el tipo de cambio y buscar la salida por el lado de las exportaciones. Puede ser que, transitoriamente, se escondan las ineficiencias de la economía detrás de un tipo de cambio más alto, pero si aprovechan ese tiempo para realizar reformas del estado y del sistema tributario, pueden lograr algún flujo de inversiones que cambie la situación y permita una mejora en el sector privado.
De todas maneras, me parece que acá va a haber que hacer algo heroico en materia de reformas estructurales. Por un lado hay que bajar la desocupación en el sector privado. Por otro lado hay que absorber a todos los jóvenes que se incorporan al mercado laboral anualmente. En tercer lugar, los que viven de planes sociales tienen que encontrar trabajo y, finalmente, pasar a gran parte de los empleados públicos del sector público al sector privado. Eso requiere de un fenomenal flujo de inversiones para crear miles y miles de puestos de trabajo a lo largo de los años para solucionar la herencia recibida. El sistema no da para más parches.
Por ahora lo único que saben hacer los políticos es cobrar más impuestos. La pregunta es: ¿qué quieren, cobrar más impuestos o crear puestos de trabajo vía inversiones?
Si lo que se quiere es lo segundo, hay que cambiar el eje de lo que se está haciendo, implementar un plan económico consistente y saber comunicarlo para hacerle entender a la población el enorme problema laboral que hoy tenemos y que, de continuar por este camino, seguirá agravándose.
La herencia k es lo suficientemente letal como para no tomarla en serio y querer arreglarla con parches.
(*) Roberto Cachanosky. Economista (UCA, 1980) Artículo publicado en Economía para todos el 25 de Septiembre de 2016, en la Edición N°645

Tiempos esquizofrénicos

Por Enrique Guillermo Avogadro (*) 

"El momento más peligroso llega con la victoria". Napoleón Bonaparte 
El Gobierno no puede quejarse. Los nueve meses transcurridos desde que llegó al poder fueron, en general, exitosos: salió del default y del cepo, devaluó prudentemente, controló la inflación, hizo un giro copernicano en materia de política exterior y en el alineamiento geopolítico, renegoció satisfactoriamente los contratos con China, normalizó la relación con el FMI, redujo el costo del endeudamiento externo, recuperó la credibilidad y modificó la visión del país ante los inversores internacionales, la economía y el empleo han comenzado a recuperarse, etc. Todo ello, a pesar de la adopción de medidas dolorosas pero imprescindibles, hace que la opinión pública lo siga estimando, aunque la CGT, para no quedar fuera de la pelea por la conducción del peronismo, anunciara ayer la realización de un paro general.
Claro que todas esas buenas noticias fueron acompañadas de algunas bastante malas, todas ellas incrementadas por la falta de sinceramiento de la crisis que heredó de los Kirchner: la dramática falta de energía, los impagables subsidios, el desesperante déficit público, la verdadera magnitud de la pobreza y de la indigencia, la informalidad laboral, la situación educativa y sanitaria, la alucinante corrupción, la recesión, la caída en el poder adquisitivo del salario, y tantas otras situaciones apocalípticas.  
Los éxitos se reflejaron en la reunión de la "mini-Davos", que mostró cuánto ha cambiado la percepción internacional sobre nuestro país, y en la promesa de concretas inversiones privadas, confirmada por el incremento en las cotizaciones de los bonos y de las acciones argentinas. Por lo demás, el Gobierno está acelerando su programa de infraestructura, que augura un crecimiento del empleo en un área tan definitoria y multiplicadora como la construcción; seguramente, y como efecto colateral, también traerá aparejada una sensible disminución en la cantidad de empleados públicos, con su natural incidencia positiva en el gasto del Estado.
El Presidente, inexplicablemente, metió la pata en uno de los asuntos más irritantes para la piel nacional: me refiero a Malvinas. No entiendo por qué cometió la torpeza de decir que el tema de la soberanía había sido abordado en su breve conversación con Theresa May, algo que fue desmentido rápidamente tanto por los británicos cuanto por los mismos funcionarios locales.

 A todos nos duelen los muertos, los mutilados y los suicidas de la guerra, pero eso no cambia la realidad: la perdimos. La limitada longitud de esta nota no me permite una amplia reflexión sobre las motivaciones que llevaron a los jefes militares de entonces a retomar las islas, pero de algo estoy seguro: con las acciones bélicas se retrocedió enormemente en el prolongado proceso de recuperación legal del territorio colonizado. No basta con decir que ese camino no había producido avances significativos, porque también es cierto que, una vez ocupado pacíficamente Puerto Argentino, aparecieron distintas soluciones diplomáticas -dos o tres banderas, etc.- que fueron desechadas por los integrantes de la Junta, que prefirieron priorizar la temporaria ventaja que significó el enorme apoyo popular para un régimen ya agónico.
Gran Bretaña, acosada por sus problemas internos -y el Brexit no es un tema menor- está harta de soportar el peso presupuestario que significa mantener la defensa militar de un enclave tan lejano. Pero no le es desdeñable la privilegiada situación que le otorga la ilegal posesión de nuestras islas ante la inminente renegociación del tratado internacional de la Antártida y, también, frente a todo el escenario geopolítico del Atlántico Sur.
Argentina sólo recuperará la soberanía en Malvinas cuando el mundo se convenza que somos un país serio y respetable, y en ese camino estamos desde diciembre del año pasado. Porque, aunque no corresponda preguntar a los kelpers cuál es su decisión al respecto, tampoco se puede desconocer su existencia o, simplemente, expulsarlos; entonces, donde debemos trabajar, y muy intensamente, es en recuperar la confiabilidad, ya que la cercanía determinará una natural integración de la actual población británica, en materia de educación, de salud, de relaciones sociales, de seguridad jurídica, de comercio, de industria, de recursos naturales, etc.
Mauricio Macri, en su esfuerzo por reinsertarnos en el mundo, avanzó demasiado rápido en la normalización de todas las relaciones con Londres, sobre todo porque se encuentra vigente una ley que sanciona a las empresas que realicen actividades comerciales con compañías que trabajen en las islas. Pero huir hacia adelante, inventando la mención de algo tan significativo como la soberanía en su ligera conversación diplomática, se convirtió en un error mayúsculo y el Presidente debería hacerse asesorar mejor. 
Cambiando absolutamente de tema, quiero dejar constancia de mi preocupación por el fusilamiento del oficial retirado de la Policía Federal Héctor Gonçalves Pereyra en ocasión de un presunto robo a un camión que transportaba ropa. Me sorprendieron varios aspectos del confuso episodio, que tanto me recordó la muerte de Pedro Tomás Viale, el agente de la SIDE apodado "el Lauchón", cuando el grupo Halcón, de la Policía bonaerense, ingresó a su casa a los tiros. Me pregunté si los emparentaba haber sabido demasiado.
Al camión que custodiaba Gonçalves lo emboscaron nada menos que cuatro automóviles y nada fue robado; demasiada logística para un botín tan magro que, además, fue "olvidado". Y se trataba de un testigo clave en el asesinato de Alberto Nisman, cuyo teléfono sorpresivamente se comunicó con algunos espías y funcionarios antes de que se conociera el fallecimiento del Fiscal que acusaba a Cristina Kirchner y a varios otros integrantes de la banda.
Me parece llamativo, en especial en un país como el nuestro, que tantas muertes sospechosas colecciona; todos recordamos, entre muchos otros, a Héctor Echegoyen, el Administrador de Aduanas "suicidado" con la mano equivocada; a Lourdes de Natale, la secretaria de Emir Yoma, cuñado de Carlos Menem, que se "tiró" por la ventana; a Juan Castro, un periodista que investigaba a la ex Presidente; etc. Tal como dijo Carlos Manfroni, "el desprecio absoluto por el papel de las conspiraciones en la historia es tan irreal como la convicción de que todo procede de una conspiración".
Es muy factible, diría que hasta harto probable, que nos encontremos frente a un entramado mafioso -¡uno más!- dispuesto a cualquier cosa con tal de no arriesgar posiciones logradas; y el narcotráfico ha conseguido, en la pasada década y obviamente asociado a los Kirchner, una penetración enorme. En esta materia el Gobierno debiera prepararse mucho mejor para pelear en una guerra que, mundialmente, se ha transformado en la más grave y peligrosa.
Bs.As., 24 Sep 16
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com


Fuente: Comunicación personal del autor

Pertenecer: un programa posible para la juventud no incluida

Por Diana Ferraro (*)
La mayor oportunidad de éxito duradero para el gobierno actual reside en la capacidad que demuestre para contener a los millones de jóvenes que no estudian, no están capacitados para ningún trabajo que requiera una mínima formación y que tampoco trabajan regularmente. Junto a ellos, una segunda categoría de adultos en casi las mismas condiciones, con alguna capacitación precaria y experiencia laboral, también precisa una atención urgente. En vez de hablar de un 30% de pobres, resultaría más apropiado y cercano a un tipo de solución hablar en términos de inserción comunitaria, educación y capacitación laboral.  
Asumiendo que los niños hasta 12 años ya están identificados y cubiertos mínimamente por los planes existentes que se proveen a sus madres para su alimentación y educación gratuita en la escuela primaria, quedan por identificar los jóvenes mayores de 12 a 25 años y asegurarse de insertarlos en un plan de educación y capacitación que sirva a la vez de pertenencia y control comunitario.  Un equipo a cargo de representantes de los ministerios nacionales de Educación, Trabajo, Interior y Defensa trabajando en asociación con los ministerios provinciales y equivalentes municipales y en estrecha colaboración con la CGT nacional y sus delegaciones provinciales y municipales puede lograr en un corto tiempo una completa red de pertenencia con educación secundaria específica de bachillerato laboral abreviado de dos años, de capacitación laboral a cargo de las escuelas sindicales y de inserción laboral en un régimen de aprendiz, similar a las pasantías.
El programa tendría en cuenta no sólo la educación, la capacitación y el primer trabajo-aprendiz sino la importancia de una inmediata inserción comunitaria ya como estudiante ya como aprendiz, de modo de crear las condiciones básicas de una inclusión genuina y duradera.
Para los mayores de 25 años y hasta los 60 o 65 años en los cuales recibirían la jubilación universal, hay que adjuntar un programa de capacitación y aprendizaje, voluntario, sumado a la creación de un seguro de desempleo universal financiado a escala nacional por aportes de los trabajadores y empleadores, semejante al aporte de las ART.  
Los costos de este programa son los de un censo inicial con identificación obligatoria y empadronamiento para todos los jóvenes de 12 a 25 años (incluyendo a los que ya están insertos en escuelas secundarias, universitarias o profesionales y no precisan ningún tipo de contención o ayuda económica); un plan mínimo de ayuda para quienes lo precisen (boleto transporte hacia y desde la institución educativa, de formación o aprendizaje; seguro de salud sindical mínimo); adecuación de sedes educativas a ser habilitadas en los sindicatos e instituciones educativas ya existentes; pago de honorarios mínimos a docentes sindicales y de viáticos a docentes e instructores voluntarios.
La financiación de estos costos debe ser conjunta. Junto a la mejor y mayor contribución posible del Estado y de los sindicatos, hay que ingresar las contribuciones de dinero o voluntariado de todas las personas, empresas, e instituciones privadas preocupadas por el deterioro juvenil, muchas veces en el origen de episodios de inseguridad. Extender la responsabilidad a la comunidad, solicitando voluntarios para la instrucción, capacitación y entrenamiento de los jóvenes, puede originar una gran ola de simpatía por la iniciativa y, a la vez, solucionar una inmediata integración de los jóvenes en una comunidad con modelos positivos, cercanos y fáciles de imitar.
El programa debe ser pensado como un todo integrado y puesto en marcha al comienzo en pequeños sectores, de modo de ajustar sus características y equilibrar los aportes públicos, sindicales y privados y constituir así un modelo a ser repetido a escala a nivel nacional.
Mucho se habla del peronismo como competidor posible del macrismo. El hecho es que hoy no hay programas integrales peronistas como supo haber antaño, ni siquiera los fracasados programas de inclusión kirchnerista que sólo crearon más pobres. La mayor parte de los dirigentes peronistas funcionan con un estatismo en piloto automático y el macrismo, que sí hace peronismo actualizado cuando apunta a una economía de libre mercado que asegure trabajo y una riqueza genuina para la Nación, no siempre acierta en encontrar su modo original de contención social. 

El lugar popular de un peronismo que incluya de verdad a los sectores más desposeídos está vacante y el actual gobierno está ubicado en una posición privilegiada para hacer un peronismo tan genuino como el original, que en poco tiempo levante a millones hacia una sólida pertenencia comunitaria, contando con la ayuda de los sindicatos y la colaboración del resto de la comunidad, hoy víctima impotente del fracaso de la política. 
(*) Diana Ferraro. Escritora, analista política. Artículo publicado el 25 de Septiembre de 2016, en su blog personal.

viernes, 23 de septiembre de 2016

Apertura Comercial y Desempleo

Por Nicolás Cachanosky (*)

Entre los argumentos para oponerse a una economía abierta se encuentra el argumento de que el comercio internacional produce desempleo. Sin embargo, tal cual se enseña en los cursos introductorios a la economía, gracias a las ventajas comparativas no sólo permiten mantener el nivel de empleo, sino que permiten a las naciones consumir por fuera de su frontera de posibilidades de producción.
Más allá de esta disociación que actualmente persiste en la política Argentina, los datos no acompañan la postura de que (1) hay una inundación de bienes importados ni (2) que a mayor apertura comercial mayor desempleo.

En los últimos días se han escuchado propuestas, en especial por parte de Sergio Massa, que es necesario restringir las importaciones de bienes de consumo. Suspenderlas por 120 días si hace falta. Entre los argumentos esgrimidos en favor de cerrar las importaciones se encuentra que es necesario proteger el empleo argentino en el sector industrial. En otras palabras, la apertura comercial produciría desempleo. A esto se agrega una supuesta inundación de productos externos que estaría  colmando el mercado local desplazando a los productores locales. ¿Acompañan los datos a este argumento? ¿Qué tan cierto es que la apertura comercial genera desempleo?
En primer lugar, la Argentina no está transitando una fuerte recesión ni está siendo inundada por productos extranjeros. Más bien se están percibiendo los primeros datos de una leve recuperación en la economía o de un “veranito económico.” Las importaciones de bienes de consumo, ya sean medidas en valores (millones de dólares) o en un índice de cantidad, se encuentran por debajo de los máximos valores que hemos tenido durante el kirchnerismo. No es lo mismo un repunte que una inundación de importaciones. El primer gráfico muestra las importaciones en valores y el segundo en índice de cantidades. Ambos casos contradicen el argumento de que hay demasiadas importaciones.
Los temores de los sectores que temen a las importaciones están, entonces, sobredimensionados. No obstante, tampoco es tan claro y directo que la apertura comercial produzca desempleo. El temor es claro, el productor local que no puede competir internacionalmente pierde a sus clientes y debe cerrar su negocio, disminuyendo el volumen de producción lo que resulta en mayor desempleo. No obstante, un aumento de importaciones redunda en mayores exportaciones.
Al vivir en sociedad, cada uno de nosotros puede consumir más que nuestra propia capacidad productiva. Piense por un momento todo lo que consume en un día, desde su desayuno hasta una película o serie que puede ver a la noche antes de irse a dormir. ¿Es usted capaz de producir todos estos bienes que consume de manera diaria (con el mismo nivel de calidad, etc.)? Claramente no. El motivo por el cual podemos consumir más que lo que podemos producir es porque nos especializamos en nuestras ventajas comparativas y comerciamos con nuestros vecinos. Sin embargo, el hecho de que no produzca mi propio desayuno no implica que esté produciendo desempleo. Al contrario, al ahorrar tiempo y recursos los mismos pueden ser utilizados para expandir la producción. Lo mismo sucede con el comercio entre naciones por el sencillo motivo que las naciones en sí no comercian, son las personas las que comercian. Así como para poder “importar” mi desayuno debo “exportar” mis servicios a la comunidad en la que vivo, los países tampoco pueden exportar sin importar.
¿Es esto así en los datos? El siguiente gráfico muestra el índice de apertura comercial del Economic Freedom of the World del Fraser Institute. El índice de apertura comercial va de 0 (economías cerradas) a 100 (economías abiertas). Según el último reporte del Economic Freedom of the World podemos compararla apertura comercial y desempleo de 113 países. Ciertamente se pueden hacer análisis más refinados, pero si la relación entre apertura comercial y desempleo es tan obvia como el gran arco de la política argentina parece creer, la relación debería ser obvia. Los datos plasmados en el siguiente gráfico no acompañan esta creencia. Por el contrario, de haber una tendencia es a menor desempleo cuanta mayor apertura comercial. Algunos países alejados de la tendencia ven su desempleo afectado por otras variables, como Gabón que posee riesgo de conflictos sociales e incluso de golpe de estado.
El problema, por lo tanto, no es la apertura comercial en sí. El problema es la ineficiencia del sector industrial argentino, sobre la cual las regulaciones, inestabilidad jurídica, falta de infraestructura, y asfixiante presión fiscal del gobierno son también responsables. En mayor o menor medida, Argentina ha vivido de espaldas al mundo en los últimos 70 años. Es lógico que de abrir las importaciones de golpe se produciría un efecto sobre el desempleo. Pero el objetivo de la política argentina está mal planteado. El objetivo no debería ser como seguir manteniendo la economía cerrada, sino como transitar a una economía abierta.
Un claro mensaje del arco político, por ejemplo, donde se avisa que la argentina va a transitar de manera gradual pero firme hacia una economía abierta en los próximos 6 años quitando regulaciones y bajando tarifas produce el “shock institucional” sobre el cual se avanza gradualmente. Al mismo tiempo, si el mensaje es claro y trasciende a un movimiento político puntual entonces el sector productivo va a tener los incentivos para pedir al estado que les dejen trabajar eficientemente en lugar de protegerlos con regulaciones.
Los políticos argentinos se suelen mostrar muy creativos al momento de sugerir anacronismos económicos como cerras las importaciones, pero dicha creatividad desaparece al momento de tener que argumentar en favor de una economía libre y abierta al mundo. Si bien Cambiemos tiene una responsabilidad especial al ser gobierno, este cambio de mentalidad debe trascender a los gobiernos de turno para dar estabilidad en las reglas de juego y el camino a transitar.
(*) Nicolás Cachanosky. Assistant Professor of Economics aMetropolitan State University of Denver(MSU Denver) Department of Economics.  Artículo publicado en Punto de vista económico el 23 de Septiembre de 2016

El Fondo Monetario y nosotros

Por Daniel Muchnik (*)

El arribo, por primera vez en 10 años, de una misión del Fondo Monetario para obtener estadísticas confiables de la marcha de la economía nacional ha despertado suspicacias, rechazos sin fundamento y reacciones políticas de variado tono. Es que ese vínculo, el de la Argentina con el organismo financiero, está impregnado de un pasado muchas veces violento e irracional.
Todo trato con el FMI para muchos argentinos tiene más carga explosiva emocional que real. En un país tironeado por las pasiones, las grietas, la fuga de la racionalidad, y una historia cargada de fracasos económicos y la imposición de modelos internacionales rígidos el FMI tiene pocos amigos en el país.
Para decirlo en términos caseros la pareja FMI-Argentina está cargada de desentendimientos desde hace 50 años. Recién en la segunda mitad de la década del cincuenta Argentina entró por la puerta de una entidad forjada en Bretton Woods, antes que concluyera la Segunda Guerra Mundial para poner, al arribar la paz, un poco de coherencia y orden a la enloquecida ,anárquica y devastada economía mundial.
Desde entonces, nadie puede entenderse con una nación que no forme parte de la cadena de miembros de la institución. Todos integran el ‘Club’ en condición de socios pero los que deciden son los que se sientan en una mesa chica, y allí representan a las potencias más ricas del planeta. Son los que disponen las estrategias de reparo o dureza para aquellos que no siguen las directivas de la institución. Los que trazan previsiones de lo que ocurrirá en los tiempos futuros, los que prevén tormentas. Tanto poder encierra el FMI que su titular se sienta junto a los presidentes que pergeñan, en gran medida, el presente y lo que vendrá en las ‘cumbres’.
Sus economistas conviven en un amplio edificio, entre los más importantes y distintivos de Washington. Su titular es elegido/a por los miembros más poderosos y sus estimaciones y cálculos son seguidos como la Biblia por los integrantes del organismo. Se puede afirmar que el pensamiento que rige es la férrea ortodoxia y como tal sus propuestas tienen un alto grado de rigidez y ausencia de sensibilidad por las consecuencias sociales de las estrategias que presionan para aplicar. Se puede estar en contra de sus decisiones aunque hay espacio para los intercambios de ideas entre los miembros y el Directorio pero nunca se adopta un rechazo frontal contra la conducción.
Pero el FMI suele equivocarse. Las críticas habían crecido de manera notable contra el Fondo en los años del 2000 pero a eso se sumó la falta de previsión ante la crisis fenomenal que se desencadenó entre el 2007 y el 2008. Fue aquello el apocalipsis de los bonos basura vendidos dos y hasta tres veces a lo largo del mundo más las maldades implementadas por el sistema financiero. El FMI quedó paralizado y atontado en el medio del ring mientras parte del mundo amenazaba derrumbarse. Pese a todo,el Grupo de los 7 (las naciones más ricas) decidieron en un encuentro especial otorgarle más dinero al Fondo Monetario, capitalizarlo hasta el tope y darle más poder para encontrar un equilibrio.
Subido al caballo de las críticas, matoneando o haciendo que matoneaba Néstor Kirchner pagó al Fondo una deuda del país por u$s 10.000 millones e hizo creer que ya no pertenecíamos más, que éramos independientes, fuertes y decididos a morirnos de risa del organismo financiero internacional. En los hechos reales fue el Fondo quien exigió a Kirchner que pagara esa deuda pendiente. Kirchner lo hizo e irónicamente se ganó el aplauso del nacionalismo nativo y de parte de las izquierdas. que lo consideraron un héroe. No entendían nada. Más allá de la cortina de humo Argentina siguió siendo miembro del FMI, aunque ocultándolo. Lo que hizo el kirchnerismo fue caer peligrosamente en el abismo de la falta de consideración del hemisferio norte. Como ocurrió después de la Guerra de las Malvinas. Fue la exclusión del mundo. Dejamos de existir, no se nos tuvo en cuenta, no contamos en las decisiones.
Nuestra ‘falta de vínculo respetable’ con el FMI nació con los vaivenes de la economía argentina que no cesan desde la década del 50 y el crecimiento escandaloso de la deuda externa y el mal manejo fiscal el que nos llevó a recurrir al organismo. Los créditos stand-by que se firmaron por desequilibrios en la balanza de pagos tuvieron durísimas consecuencias internas. Pero los que firmaron esos préstamos fueron Ministros de Economía argentinos, no sólo los funcionarios del Fondo. Achicaban todo gasto del estado, paralizaban las mejoras salariales de los trabajadores, obligaban al Banco Central a actuar de determinadas maneras. Era un freno espectacular para luego arrancar de nuevo y de otra manera.
Ciertos sectores políticos están afirmando que la nueva misión del FMI que nos visita tiene la intención de avalar los u$s 40.000 millones de deuda ya concretados y otros 40.000 para 2017.
Nadie puede afirmar hasta ahora que ese sea su objetivo. Pero lo único cierto es que sin las revisiones del Fondo, sin las aprobaciones de la marcha de la economía habrá reticencias en las inversiones. Las grandes empresas se guían por las luces que prende el organismo, según las circunstancias. Limitar vínculos con el FMI, en estos momentos, donde los ‘grandes’ confían en sus veredictos, es entrar en un callejón donde es difícil encontrar la salida.
(*) Daniel Muchnik. Columnista de El Cronista. Publicación del 22 de Septiembre de 2016

lunes, 19 de septiembre de 2016

La economía se arregla cambiando los valores

Por Roberto Cachanosky (*)

Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye
Si uno tuviera que definir cuál es el desafío mayor para solucionar el problema económico heredado del kirchnerismo, un problema monumental por cierto, inevitablemente tiene que señalar el institucional, entendiendo por institucional las normas, reglas, códigos, leyes y costumbres que rigen en un país y regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado.
Ahora bien, esas reglas, normas, códigos, leyes y costumbres surgen, en última instancia, de los valores que predominan en una sociedad. Si en una sociedad todos quieren vivir a costa del trabajo ajeno, vamos a tener un orden institucional de saqueadores. Todos robándose a todos usando al estado como el gran ladrón. Es decir, el estado usando el monopolio de la fuerza para quitarle el fruto de su trabajo a un sector para dárselo a otro. Ese saqueo generalizado desestimula la cultura del trabajo, la inversión y, en definitiva, reduce la riqueza y lleva a la pobreza.
Cuando uno lee el comunicado de prensa del Ministerio de Economía que describe Aspectos Relevantes del Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional 2017 se encuentra con frases como esta: “Las políticas presupuestarias para el Ejercicio 2017 referidas a la política social, seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia “Pobreza Cero”. Para esto, se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales”. Es decir, se insiste en generar planes sociales en vez de trabajo. Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye. No pretendo que de un día para otro se elimine la totalidad de los planes sociales, pero sí pretendo que no se sigan ampliando como una forma de vida. Insisto, una política económica exitosa logra reducir los llamados planes sociales, una política que fracasa en atraer inversiones y crecer, incrementa los planes sociales. En mi opinión es función de los gobernantes, particularmente de los estadistas, ir mostrando el camino de la dignidad del trabajo y lo denigrante de los planes sociales. Podrá argumentarse que el oficialismo necesita en 2017 ampliar su fuerza en el Congreso. Que necesita tener más poder político para poder frenar los embates del kirchnerismo. Ahora bien, si la única manera de ganar elecciones y frenar al peronismo es con sus mismas políticas, entonces estamos en un problema.
Insisto por enésima vez. No estoy diciendo que mañana hay que firmar un DNU anulando todos los planes sociales, solo estoy diciendo que corresponde a un buen gobernante actuar como guía en la cultura del trabajo. En los valores que deben imperar en una sociedad.
En última instancia todas las crisis monetarias, inflacionarias, cambiarias y corridas financieras tuvieron su origen en crisis fiscales, y las crisis fiscales se generaron a partir de un gasto público imposible de ser sostenido por el sector privado. Por otro lado, la enorme carga tributaria que pesa sobre la población que trabaja en blanco se origina en la necesidad de financiar ese gasto público desaforado que, por competencia populista, va aumentando de elección en elección para ganar votos ofreciendo más planes “sociales”, empleo público y subsidios de todo tipo.
Lo que quiero transmitir es que el gasto público y la presión tributaria, con las consecuentes crisis periódicas, no crecen  y se producen por generación espontánea. Hay una demanda de populismo y una oferta de populismo. La gente demanda más gasto público con la esperanza que otro pague la cuenta. Y como nadie quiere pagar la cuenta el estado cada vez asfixia más al sector privado formal para quitarle recursos y financiar el gasto.
Lo normal es que los impuestos nunca alcancen y se termine financiando el gasto con deuda que finalmente también se defaultea por el aumento del gasto que generan los impuestos que devenga y con emisión monetaria, hasta que la inflación destruye la popularidad del gobierno de turno. Es decir, siempre terminamos en una crisis por problemas fiscales derivados del aumento del gasto público. Pero nuevamente, ese aumento del gasto público es fruto de los valores que imperan en la sociedad. “Valores” como sentirse con derecho a que otro me mantenga, me pague la vivienda, me de protección a la competencia de las importaciones, me subsidie la producción. Todos piden gasto público, que pasa por el presupuesto o que no pasa por el presupuesto pero que en definitiva es costo fiscal o peso para el resto de los sectores de la sociedad.
Si aceptamos que los desbordes de gasto público derivan en crisis fiscales y que el aumento del gasto público es consecuencia de los valores que imperan en la sociedad, esas 17 páginas que leí sobre las características del proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso, no hacen más que consolidar esos valores que destruyeron la Argentina porque insisten en el subsidio, el asistencialismo estatal y el populismo en general.
No encontré en esas 17 páginas una sola frase en la que se diga que esos planes son transitorios, que el esfuerzo no lo hace el estado sino que lo hacen los sufridos contribuyentes y que el que recibe esos planes sociales tiene que estar agradecido con el contribuyente que lo mantiene mientras encuentra trabajo.
Para colmo, luego de 12 años de keynesianismo exacerbado, nos proponen reactivar la economía con más gasto público. Ni Keynes hubiese formulado semejante propuesta con esta tasa de inflación.
En definitiva, lo preocupante del texto del Ejecutivo sobre el presupuesto es que ni siquiera contiene un discurso que remarque la transitoriedad del asistencialismo populista. Diría que hasta contradice las declaraciones del mismo Macri cuando afirma que hay que generar inversiones y crear puestos de trabajo.
En síntesis, para cambiar en serio hay que comenzar a tener otro discurso. Un discurso que muestre como transitorio y excepcional el asistencialismo estatal y que no es el estado el que lo financia, sino el contribuyente. Personas de carne y hueso que están obligados a trabajar para mantener a su familia y a familias que no conocen.
Al menos empecemos por cambiar el relato de lo bueno que son los políticos con la plata ajena y dejemos en claro que estos no son recursos que caen del cielo como el maná, sino que es dinero que se le quita al contribuyente. No es un acto bondadoso del político, es un sacrificio que hace la gente que trabaja en blando. Ahí empezaremos a cambiar los valores que vienen destruyendo la Argentina desde hace 70 años.
(*) Roberto cachanosky. Economista (UCA, 1980) Director de Economía para todos. Publicación del 18 de Septiembre de 2016 en la edición N° 644

Lineamientos de una propuesta económica para enfrentar la herencia k

Por Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky, Roberto Cachanosky (*) 
El presente documento fue redactado por cuatro economistas: Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky y Roberto Cachanosky
El objetivo del documento fue establecer los lineamientos  a seguir para dominar la herencia k y lograr la reactivación de la economía lo antes posible. La propuesta no busca el máximo de medidas posibles, sino el mínimo indispensable para evitar que la herencia que dejó el kirchnerismo le genere un alto costo político al nuevo gobierno y derive en una crisis social.
Este documento fue presentado el pasado 8 de septiembre en el auditorio de UCEMA organizado el evento por la Fundación Cívico Republicana, AMAGI, RELIAL y la Fundación Naumann. Presentación que en las próximas semanas será profundizada en 3 reuniones específicas.
Además, nos proponemos profundizar el análisis de algunas medidas y mantenerlo actualizado.
Deseamos aclarar que ninguno de los cuatro economistas que redactó este documento está buscando un cargo público. Solo pretendemos poner sobre la mesa el debate de temas que hoy no se tratan y son fundamentales para el crecimiento económico como la reforma tributaria, la reforma del estado, la incorporación de la economía al mundo, la reforma laboral, etc.
En definitiva, es solo un aporte a la comunidad de cuatro economistas preocupados por la marcha de la economía dada la herencia recibida.
EL DOCUMENTO
Si bien la economía argentina viene de un proceso de larga decadencia, tal vez el período kirchnerista (2003/2015) se haya caracterizado por llevar el populismo autoritario hasta niveles que pusieron en riesgo la existencia del sistema republicano de gobierno.
Consideramos que los países crecen cuando tienen instituciones sólidas que atraen inversiones competitivas, generan nuevos puestos de trabajo, y mejoran el ingreso real de la población. Es lo que habitualmente se denomina “Imperio de la Ley”, bajo la cual ningún sector económico posee privilegios institucionales. Como en las actividades deportivas, el rol del gobierno no debe ser administrar beneficios entre sectores sociales y económicos, sino ser un árbitro imparcial que facilite el desarrollo de sus ciudadanos.
Debido a que esas instituciones son las leyes, códigos, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y el estado, y entre los particulares entre sí, no puede separarse la relación entre crecimiento económico y calidad institucional. El marco institucional define el nivel de riqueza en el largo plazo de un país (la política económica produce oscilaciones en torno al nivel de riqueza.) El problema institucional argentino es más serio que sus problemas de política económica.
A su vez, las leyes, códigos, normas y costumbres que conforman las instituciones de un país son fruto de los valores que imperan en la sociedad. Si los valores que arraigan son los de vivir a costa del fruto del trabajo ajeno, se destruye el estímulo por invertir y producir, con lo cual la economía genera menos bienes y servicios cuyo resultado es mayor pobreza. Y esto irá más allá de las propias leyes, que están, pero no se cumplen (no hay Imperio de la Ley) o, aún peor, se instrumentan regulaciones que atentan contra la esencia de la libertad y el respeto individual. Impera, por decreto o por constitución, la ley de la selva.
Teniendo en cuenta la pesada herencia económica que dejó el kirchnerismo y las restricciones políticas que debe afrontar el nuevo gobierno, el presente documento tiene como objetivo plantear la necesidad de debatir de manera seria y profunda problemas económicos e institucionales que parecen seguir ausentes en la agenda política del nuevo gobierno que tanto ha prometido el Cambio en Argentina. Si Cambiemos quiere demostrar que no es “kirchnerismo de buenos modales” y que “sí, se puede”, entonces no debe evadir afrontar reformas como las aquí planteadas.
No pretendemos que las medidas necesarias puedan implementarse de un día para el otro, ni solucionar décadas de populismo en unos pocos meses. Pero sí es necesario fijar el rumbo. El gradualismo elegido por el gobierno de poco sirve si no está claro hacia dónde nos lleva dicho gradualismo.
El proyecto de chavización que el kirchnerismo propuso a la Argentina requirió un alto grado de populismo fiscal, es decir gasto público para financiar planes “sociales”, subsidios para las tarifas de los servicios públicos y más empleo público a nivel nacional, provincial y municipal. Obviamente que ese mayor nivel de gasto público exigió una creciente presión impositiva y más impuesto inflacionario y el endeudamiento público que se pudiera conseguir (o los activos públicos y privados que se pudieran dilapidar) para financiar el creciente déficit fiscal.
Los problemas más urgentes a enfrentar, herencia del kirchnerismo son los siguientes:
1)   Gasto público récord y altamente ineficiente ya que no proporciona los bienes básicos que debe brindar un gobierno republicano,
2)   Una presión impositiva récord que asfixia la actividad privada y llegando a niveles confiscatorios que ahuyenta las inversiones,
3)   A pesar de la asfixiante presión impositiva, se heredó un déficit fiscal del 7% del PBI, financiado con emisión monetaria
4)   Alta tasa de inflación fruto del financiamiento monetario del déficit fiscal
5)   Fuerte distorsión de los precios relativos, entre otras cosas, por las tarifas de los servicios públicos subsidiados y un nivel de salarios elevado en términos de tipo de cambio oficial
6)   Stock de capital en infraestructura virtualmente agotado o colapsando, como es el caso de las rutas y del sistema energético.
La herencia recibida obliga a asumir un doble desafío: por un, lado evitar que se produzca una crisis social al recalibrar los precios relativos de modo tal de que empiecen a dar las necesarias señales de escasez y poner orden fiscal. Por otro lado, iniciar un camino de largo plazo de crecimiento económico con profundas reformas estructurales que nos aparte definitivamente del populismo.
Las medidas para enfrentar la herencia k deben ser parte de un plan económico de largo plazo y multifacético.
En este sentido consideramos que es necesario entender que un sistema económico institucional con incentivos equivocados nunca va a transformarse en un sistema eficiente, por más que se intente administrarlo “eficientemente”. No es cuestión de administrar mejor un sistema ineficiente que crea las condiciones para que florezca la corrupción. La clave está en cambiar el sistema no en administrarlo mejor u “honestamente”.
El sistema o los ejes de la política económica
La política económica sólo puede brindarle a la población un nivel de vida material más elevado en la medida que genere una fuerte corriente de inversiones, en especial en actividades competitivas y, por lo tanto, sustentables.
Actividades competitivas significan que pueden competir con importaciones e, incluso, incrementar las exportaciones y que no requieren de subsidios o beneficios como políticas de sustitución de importaciones. Para lograr esa corriente inversora en actividades competitivas, la política económica debería tener tres grandes ejes
1)   Disciplina fiscal
2)   Disciplina monetaria
3)   Calidad institucional
Disciplina fiscal
La disciplina fiscal no se limita bajar el déficit fiscal solamente. No tiene sentido buscar un equilibrio fiscal con un gasto público del nivel del actual. Esto significaría consolidar un sector productivo raquítico y burócratas cada vez más ricos y corruptos.
Lo que se requiere es una profunda reforma del sector público con reducción del gasto y una reforma impositiva. Es imprescindible que la población tome conciencia de las funciones que quiere que preste el gobierno y esté dispuesta a solventarlas con sus impuestos. Se trata de un proceso sociológico profundo en una comunidad habituada a la gratuidad y a respaldarse en el Estado como si se tratara de un Rey Rico.
Tener un gasto público del 48% del PBI sin déficit fiscal imposibilita el crecimiento económico porque el estado termina aplastando al sector privado con impuestos. La dimensión del desequilibrio fiscal no se soluciona con retoques en el gasto público, sino que la dimensión del desequilibrio implica tener que replantearse cuál debe ser el rol del estado en Argentina.
Para reducir el gasto público consideramos que se puede disminuir la cantidad de personal en el Sector Público Nacional (y un paralelo en las jurisdicciones provinciales y municipales) mediante planes de retiro anticipado, el cierre de secretarías y reparticiones públicas en general pagando las indemnizaciones correspondientes.
Esta medida no implica incrementar la desocupación propiamente dicha.  Esas personas no están ocupadas actualmente, sino que cobran un disimulado seguro al desempleo mediante un cargo público al cual, muchas veces, no asisten personalmente. Se ha escondido la verdadera tasa de desempleo simulando puestos de trabajo en el sector público. Se confunde genuina generación de empleo (que genera valor económico) con un efecto estadístico al clasificar este disimulado subsidio al desempleo como “empleo”. Proponemos comenzar a sincerar esa situación, hablando con la verdad como insistentemente proclama el Presidente Macri, con la ventaja que, a menor burocracia menos entorpecimiento para que produzca eficientemente el sector privado. Cada empleado público que no contribuye a generar valor económico es un ladrillo más en la ya pesada mochila impositiva que carga el contribuyente.
Proponemos asimismo un proceso de re empadronamiento de todos aquellos que reciben planes sociales. El objetivo final es que se otorguen en casos especiales exclusivamente. No pueden ni deben constituir una forma de vida porque destruye la cultura del trabajo y es injusto e inmoral que unos vivan a costa de otros de manera permanente cuando es posible trabajar. A modo de ejemplo, el gobierno puede administrar una bolsa de trabajo ante la cual los beneficiarios de planes sociales no pueden rechazar una oferta de trabajo dentro de su especialidad y de un rango geográfico aceptable sin perder el plan social. El éxito de los planes sociales, como el de los medicamentos, se mide por qué tan rápido el mismo se vuelve innecesario y desaparece, no por qué tan rápido es necesario incrementar la dosis. La expansión de los planes sociales en Argentina sugiere que los mismos están mal diseñados y/o aplicados. Lo que proponemos no es dejar a sus beneficiarios a su suerte, sino revisar los planes sociales para que efectivamente cumplan con su cometido.
Otro punto sobre el que hay que trabajar es la recomposición de las tarifas de los servicios públicos congeladas durante casi 14 años, como paliativo para un desmadre económico que destruyó los ingresos reales de los menos favorecidos. El principio que debe regir es el de pagar por lo que se consume. Como cualquier otro bien o servicio; sin subsidio alguno. Pero no se le puede pedir a las familias y empresas que paguen la tarifa plena cuando, al mismo tiempo, ese precio final tiene incorporado una feroz carga tributaria. El consumidor debe hacer el esfuerzo de pagar por lo que consume, pero el estado debe hacer el esfuerzo de reducir la carga tributaria sobre el consumo de energía eléctrica, gas y demás servicios públicos, lo que tiene como contrapartida una reducción del gasto público para no quedar desbalanceado. Subir las tarifas de servicios públicos debe implicar bajar impuestos y, en consecuencia, reducir gasto público.
El proceso de reestructuración del estado llevará tiempo, pero es fundamental comenzar a recorrer el camino lo antes posible, transmitiendo con claridad, a la sociedad toda, los objetivos (parciales y totales) y los caminos para alcanzarlos. Este proceso debe ser a favor de la gente y debe hacerse explícita esa finalidad de modo tal de debilitar la resistencia de los intereses creados.
Política tributaria
El principio básico de la política tributaria debe ser que muchos paguen poco y los impuestos sean sencillos de liquidar. En vez de concentrar una enorme carga tributaria sobre un reducido sector de la población, se debe buscar aplicar alícuotas bajas y que todos paguen.
Suele argumentarse que hasta que no se reduzca la evasión impositiva no se pueden bajar los impuestos. Esto es un error. Para reducir la evasión impositiva primero hay que bajar los impuestos de manera tal que el premio por evadir sea tan bajo que el contribuyente tenga menores estímulos para evadir. El camino de reducir la tasa de evasión pasa por reducir las alícuotas de los impuestos. El camino inverso implica matar impositivamente al sector productivo e incentivar la evasión. No existe fuga de capitales a paraísos fiscales sin infiernos fiscales.
Como parte de la política impositiva sugerimos eliminar el impuesto a las ganancias y establecer un low flat tax que equipare a la recaudación de todos los impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Bienes Personales). Además, eliminar lo antes posible el impuesto al cheque o tomarlo a cuenta del low flat tax.
Disciplina monetaria
Volver a un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo es parte de la política de disciplina monetaria. Volver a la Carta Orgánica anterior es imprescindible. Desde su fundación en 1935 a la fecha, la inflación promedio anual en Argentina fue del 54%. Este pobre desempeño sugiere que el problema monetario en Argentina no se debe meramente a seleccionar una buena administración del BCRA, sino que el problema de fondo es institucional o de diseño. Una reforma seria y profunda que garantice la independencia del BCRA es necesaria para garantizar la estabilidad monetaria en el mediano y largo plazo en Argentina.
Debe establecerse una total libertad en el uso de las monedas, anulando el curso forzoso de la moneda nacional. Los agentes económicos podrán realizar las transacciones comerciales y todo tipo de operación económica en la moneda que las partes acuerden. El peso debe ser una moneda más que podrá utilizar la gente, pero al no existir el curso forzoso el BCRA estará obligado a preservar el valor de la moneda para que la gente la elija como reserva de valor o medio de intercambio. Sin curso forzoso, con libertad de monedas, la solidez de los mercados de capital y del sistema financiero locales será finalmente alcanzable.
La política cambiaria será de flotación limpia. Si el Banco Central preserva el valor de la moneda, el tipo de cambio tenderá a ser estable. De todas formas, con un frente fiscal sólido y consolidado, unido a un Banco Central patrimonialmente rico y profesionalizado, una política cambiaria activa transitoria, para neutralizar corrientes externas perturbadoras para un país chico y abierto, tendrá plena cabida.
El Banco Central tendrá que capitalizarse. El Tesoro le entregará letras transferibles en dólares a cambio de los U$S 48.000 millones de letras intransferibles del tesoro que actualmente tiene el Banco en su Activo. Asimismo, el BCRA dejará de incrementar la cartera de LEBACs, ya que desplaza al sector privado del mercado crediticio.
Calidad institucional
Recuperar la calidad institucional es lo que más tiempo llevará, dado que implica modificar los valores que hoy imperan en la sociedad.
De todas maneras, el conjunto de la política económica debe apuntar, en los hechos y en el discurso, a cambiar la cultura de la dádiva, los subsidios y el proteccionismo por la cultura del trabajo, la competencia y el desarrollo de la capacidad de innovación de la gente. El gobierno no debe ser un mero seguidor de encuestas, sino que debe ser un genuino líder social. En las últimas ediciones del índice de Libertad Económica del Fraser Institute, Argentina se ubica entre los 10 países con menos libertad económica del mundo. Argentina no necesita retoques de política económica. Argentina necesita un cambio fundamental en su concepción de cuáles deben ser los principios económicos imperantes.
Se debe revertir la perniciosa consigna que los planes sociales (que han destruido la cultura del trabajo) son un derecho de la gente. En todo caso, serán una ayuda extraordinaria en una circunstancia particular. Lo que debe cambiarse es la concepción de que el vivir del fruto de trabajo ajeno es un derecho adquirido.
Mención especial merece que, en lo inmediato, también debe el Ejecutivo impulsar una política de transparencia denunciando todos los casos de corrupción y los abusos de poder. Es imposible pensar en el crecimiento de largo plazo si quienes cometieron delitos contra la hacienda pública y abusaron del poder no son sancionados con la mayor severidad. Por lo cual, el paso siguiente será la celeridad, eficacia y ecuanimidad del Poder Judicial, quien no debe hacerse el distraído antes casos de abuso de poder, corrupción, y avance sobre las instituciones republicanas. El rol institucional del Poder Judicial es proteger las instituciones republicanas, tarea en la que este poder tiene mucho por corregir y sentar ejemplo. Caso contrario se estaría enviando el mensaje que se puede ser corrupto y abusar del poder sin sufrir las consecuencias, aún a pesar de cambio sustancial de signo político que la sociedad votó. Por poco margen, es cierto, pero más de la mitad de los votantes pidió un cambio en este sentido. No se cambian los valores dejando pasar por alto la corrupción y el abuso de poder y, por lo tanto, no se mejora la calidad institucional que es la que atraerá inversiones. Avanzar sobre la república es un problema institucional, no un problema de la política.
Insistimos, sancionar con severidad los casos de corrupción y abuso de poder deben ser considerados parte de la política económica, dado que ayudan a reconstruir la calidad institucional que es la llave para atraer inversiones.
Un giro constructivo del castigo a la corrupción es la pérdida de la propiedad de los bienes y dinero obtenido en ocasión de un acto corrupto. Del mismo modo que un simple ladrón debe devolver lo robado, si lo tiene en su poder y su propietario original lo reclama, los fondos provenientes de la corrupción deben volver a un Fideicomiso para fomentar actividades de alto impacto social. Ese ejemplo valdrá más que mil palabras.
El corto y el largo plazo
Considerando que la economía se mueve por tres factores, a saber: 1) el consumo interno, 2) la inversión y 3) las exportaciones netas, el camino menos doloroso para que la población supere la herencia recibida del kirchnerismo pasa por bajar la tasa de inflación, ir a una libre flotación y permitir que el tipo de cambio alcance el nivel de mercado.
Con un tipo de cambio real más alto las exportaciones actuarán como el primer motor que pondrá en funcionamiento la economía y la sacará del actual proceso recesivo. Un proceso acelerado de inversión externa neta (de cartera y/o inversión externa directa); es decir, un brusco aumento del ingreso de capitales por las mejores expectativas que el mediano plazo argentino promete frente a una región y un mundo emergente complicados, puede actuar como depresor de tipo de cambio real. Ello encarecerá nuestra producción, en relación con la resto del mundo. Para ello, una política inteligente del Banco Central evitando lo que se conoce como enfermedad holandesa, será crucial.
Solucionar el problema energético de Argentina es esencial para evitar un efecto de cuello de botella en la recuperación económica del país. Si no hay oferta suficiente de energía para aumentar la producción, la recuperación no será posible o la misma será muy lenta. El problema energético requiere, sin embargo, de fuertes inversiones de largo plazo;lo que hace más urgente, aún, las reformas económicas e institucionales que se discuten en este texto.
En lo que hace a la obra pública, en vez que el estado tome deuda externa para realizar las obras, resulta más conveniente que se llame a licitación para la ampliación, construcción y mantenimiento de rutas e infraestructura en general con aportes de capital privado. En este caso, habrá que desistir de la habitual práctica de garantizar (con respaldo del estado) los pasivos financieros de los contratistas. Los avales caídos a cargo del estado tienen una larga y triste historia en el país.
Un flujo de inversiones importante en este rubro permitirá reconstruir la infraestructura del país en el mediano plazo y, en el corto, movilizar rápidamente la actividad económica.
Reforzando lo dicho anteriormente respecto del riesgo de sobrevaluación de la moneda local, será clave que, si ingresan capitales para invertir tanto en obra pública como en otros sectores, la economía esté totalmente abierta al comercio internacional y a los flujos financieros en ambos sentidos.
Vemos también que una suba del tipo de cambio puede cambiar el flujo del turismo, logrando aumentar el turismo receptivo.
La inversión será el segundo motor en movilizar la economía, pero para ello se requiere un plan económico global consistente, con una política tributaria amigable hacia la inversión y un cambio profundo en la legislación y en la política laborales. Si se pretende reducir la tasa de desocupación como primer paso hacia la eliminación de la pobreza, es indispensable facilitar las contrataciones de personas con cualquier tipo de capacitación en el mercado laboral.
Con décadas de preminencia de la negociación salarial en las cúpulas (de empleados y de patrones), basamento de la partidocracia totalitaria, estas modificaciones sustanciales serán delicadas, largas y, si no se explican bien sus beneficios, resistidas en casi toda la población.
Sólo luego de iniciar el ciclo virtuoso del crecimiento es posible pensar en que el consumo sea vigoroso, mientras tanto lo que puede lograrse es evitar que el consumo siga cayendo fruto la presión impositiva, la falta de inversiones y la inflación como consecuencia del desequilibrio fiscal.
En síntesis, la visión de largo plazo de la política económica debe ser la de crecer con fuertes inversiones incorporando y abriendo la economía argentina al mundo, mediante todos los acuerdos de libre comercio que seamos capaces de firmar. Hay que ver el mundo como lo que es: una oportunidad; no una amenaza. La propuesta marketinera de hacer de Argentina el “supermercado” del Mundo (como superadora de ser “el granero del mundo”) tiene raíces profundas en este razonamiento. Argentina debe renunciar a la concepción tan arraigada de sustitución de importaciones y proteccionismo para incorporarse a un mundo globalizado y recibir los beneficios de la división internacional del trabajo.
La visión económica de largo plazo tiene que estar basada en que las empresas obtengan sus utilidades satisfaciendo las necesidades de los consumidores, dentro de reglas de juego que maximicen la competencia en todos los mercados, en vez del actual esquema que se basa en buscar el favor del funcionario de turno para no competir, aprisionando a los consumidores en un mercado cautivo.
El gobierno debe marcar el rumbo en el cual los subsidios no deben ser duraderos y que se debe volver a la cultura del trabajo. Un año 2017 con menos feriados inventados (puente, fechas corridas, conmemoraciones absurdas) será una señal poderosa.
En lo inmediato, es fundamental comenzar a poner orden fiscal bajando el gasto público mediante la reconfiguración estructural de las funciones del estado y su relación con los particulares y re-escribiendo el sistema tributario, empezando a incorporar el low flat tax en lugar de la intransitable y asfixiante maraña actual. Esta es la única manera de lograr disciplina fiscal para tener disciplina monetaria e ir bajando la tasa de inflación.
El anuncio de un plan económico global y el inicio de su aplicación atraerán las inversiones que junto con las exportaciones permitirán en una senda de crecimiento sostenido para ir bajando la desocupación y la pobreza, no con paliativos o soluciones que no emancipan a los menos favorecidos sino con trabajo formal, digno y bien remunerado. Objetivo que, en última instancia deber ser el fin de toda política económica: que todas las familias vivan mejor materialmente.
(*) Documento  realizado por Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky y Roberto Cachanosky. Publicado en Economía para todos el 11 de Septiembre de 2016 en la Edición N° 643