lunes, 19 de junio de 2017

Manejo arbitrario de pensiones perpetúa las inequidades

Por  IDESA (*)
Ante las evidencias de irregularidades en la masiva distribución de pensiones sin aportes por invalidez, el gobierno inició un proceso de revisión que generó mucha polémica. Cuando se otorga una pensión a quien no es inválido automáticamente se lo condena a la dependencia crónica del asistencialismo ya que tiene prohibido trabajar en la formalidad. En lugar de suspender la revisión, lo pertinente es mantenerla pero acompañada de instrumentos más eficaces de inserción laboral.   
Las pensiones no contributivas por invalidez son prestaciones que se les otorga a personas que no realizaron aportes a la seguridad social, presentan un grado de discapacidad laboral superior a 76% y no disponen de ingresos o bienes que permitan la subsistencia de su grupo familiar. Se tramitan en el Ministerio de Desarrollo Social nacional y para obtenerlas se requiere un Certificado Médico Oficial expedido por un profesional de hospital público. Son incompatibles con un empleo formal, tanto asalariado como por cuenta propia.   
Entre los años 2000 y 2015 se otorgaron más de un millón de estas pensiones. El grueso de este aumento se dio entre los años 2009 y 2014 cuando se incrementaron a razón de 130 mil por año. Actualmente, las personas subsidiadas con una pensión sin aportes por invalidez laboral representan el 2,6% de la población total
Al considerar la distribución de pensiones por provincias se puede indagar sobre manejos discrecionales en su asignación y también sobre su impacto en el funcionamiento del mercado de trabajo. Según información del Ministerio de Desarrollo Social se observa que:   
  • En 3 provincias (Santiago, Formosa y Chaco) el 8% de la población recibe una de estas pensiones por invalidez laboral y la tasa de inactividad laboral es del 41%.
  • En las 9 provincias que le siguen el 5% de la población recibe una pensión sin aportes por invalidez laboral y la tasa de inactividad laboral es de 29%.
  • En las 12 provincias de menor incidencia de estas pensiones el 2% recibe una pensión por invalidez y la tasa de inactividad laboral es de 24%.
Estos datos confirman las sospechas sobre discrecionalidad y fraudes. No hay una conformación de la población tan diferente como para justificar provincias con tasas de invalidez 4 veces superior a otras. Por otro lado, que en la mitad de las provincias entre el 3% y el 8% de la población tenga una incapacidad laboral por impedimento físico sólo podría explicarse por catástrofe natural o una guerra, considerando además que a estas personas hay que sumarles los inválidos laborales que reciben pensiones contributivas. No habiendo mediado ninguno de estos factores, es claro que las pensiones por invalidez, al igual que muchos otros programas asistenciales, fueron administradas de manera rudimentaria y con escaso apego al cumplimiento de las normas.
Pero, además, los datos muestran una estrecha asociación entre proporción de la población que cobra pensión por invalidez y la incidencia de la inactividad laboral. Es decir, a mayor tasa de pensiones sin aportes por invalidez, mayor tasa de inactividad laboral. Esto reflejaría que se procuró beneficiar con la distribución discrecional de pensiones sin aportes a las zonas más postergadas donde prevalecen bajas tasas de actividad laboral. Pero la realidad es que se contribuyó a perpetuar la pobreza y el atraso. Al otorgarle una pensión por invalidez a una persona que puede trabajar, además de inducirla a cometer un ilícito, se la condena a perpetuidad a no poder ingresar a la formalidad laboral. El Estado, en lugar de apoyarlos para que tengan la oportunidad de ser artífice de su propio progreso en base a su trabajo, promueve la ilegalidad y la dependencia crónica del asistencialismo. Seguramente que esta estrategia genera dividendos electorales a sus ejecutores, pero es a costa del atraso y la pérdida de dignidad de las personas.

Más allá de los errores cometidos por el actual gobierno, el proceso de revisión de las pensiones no debe desactivarse. Previamente es fundamental diferenciar situaciones y diagramar políticas acompañantes. Para las personas que no son inválidas pero están en situación de vulnerabilidad social es necesario poner a disposición otros programas que faciliten el acceso a un empleo asalariado o como cuenta propia. Para quienes sufren una invalidez, repensar las reglas y las formas de constatación que permitan una razonable evaluación de su situación socio-económica.   
(*) IDESA. Inf. N°709 del 18 de Junio de 2017

La cultura política liberal

Por Alfonso Galindo y Enrique Ugaldón (*)

(*) Alfonso Galindo y Enrique Ugaldón autores del libro "La cultura política liberal"(**) exponen en este video su pensamiento. El liberalismo no puede reducirse a una tipología de partido, a una moral o a una ideología. No está vinculado necesariamente a una teoría económica, ni tiene por bandera el individualismo. El liberalismo es una cultura política y este libro analiza su pasado, su presente y su futuro. En primer lugar, presenta su historia a partir de sus hitos conceptuales y figuras más destacadas (Locke, Smith, Tocqueville, Mill, Berlin, Hayek, etc.), distingue entre el liberalismo clásico y el anti-estatalista y añade un apartado sobre la especificidad del liberalismo en España. En segundo lugar, mantiene que ninguno de ellos da respuestas a los problemas de nuestro tiempo y que la cultura política liberal debe repensar sus relaciones con la democracia, la justicia y la comunidad política. Para ello define un tercer tipo de liberalismo que pueda dar cuenta de los retos de nuestro tiempo. No olvida el libro, por último, analizar cuáles son los viejos y nuevos enemigos de la libertad y cuáles son los rasgos que cabe considerar afines a un individuo liberal. 

(**) "La cultura política liberal. Pasado, presente y futuro", Ed. Tecnos, Madrid (2014)

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=39eQJL46xfg en el Canal de "periodistadigital"

El impuesto sobre las ventanas

Por Carlos Rodriguez Braun (*)
Mientras las nuevas subidas de impuestos revolotean ya en los alféizares de los contribuyentes, conviene recordar que cuando se viola la libertad de los ciudadanos, éstos suelen reaccionar, en función de sus posibilidades y de los márgenes que el poder les conceda.
Un viejo impuesto inglés fue el "window tax", el impuesto sobre las ventanas, establecido en 1696, y que duró hasta 1851. Como dicen Wallace E. Oates y Robert M. Schwab, se trató de un caso de manual sobre cómo un impuesto puede tener efectos colaterales graves sobre el bienestar social, no sólo en términos de equidad sino en una mala asignación de recursos (“The Window Tax: A Case Study in Excess Burden”, Journal of Economic Perspectives, invierno 2015).
Era un impuesto sobre los ocupantes, no los propietarios, y empeoró las condiciones de vida de los más pobres en las ciudades. Por cierto, era progresivo: no se pagaba si había menos de 10 ventanas; era de 6 peniques por ventana si había entre 10 y 14; 9 peniques si había entre 15 y 19; y un chelín si había 20 ventanas o más. Y tenía antecedentes, como el impuesto sobre las chimeneas, establecido por Carlos II en 1662: dos chelines por cada hogar y estufa en las casas de Inglaterra y Gales. Los "chimney-men" inspeccionaban las viviendas para contar los fuegos, al revés que el impuesto a las ventanas, que no exigía entrar en los domicilios: bastaban los "window peepers" que contaban las ventanas desde el exterior. Los economistas de entonces no lo respaldaron: Adam Smith lo criticó en La riqueza de las naciones.
La consecuencia del impuesto sobre las ventanas fue que pronto empezaron a construirse casas con pocas ventanas, y a cerrarse más y más ventanas en las casas ya construidas, tendencia que se aceleró considerablemente cuando el impuesto fue triplicado en 1797 para financiar las guerras napoleónicas. Fue un tributo muy regresivo contra los pobres y dañó especialmente la salud: “Una serie de estudios efectuados por médicos y otros especialistas demostraron que las malas condiciones sanitarias derivadas de la falta de una ventilación apropiada y aire fresco fomentaron la propagación de numerosas enfermedades como la disentería, la gangrena, y el tifus”.
La cuestión que se plantean los profesores Oates y Schwab es por qué duró tanto tiempo un impuesto que claramente tenía consecuencias nocivas para la vida de los ciudadanos y que llegó a representar una carga muy onerosa para ellos. La respuesta, como era de esperar, radica en el gasto: los impuestos no bajan porque el poder político necesita y le conviene gastar. En esa época era el gasto militar el gran justificador de la tributación, ahora es el gasto redistribuidor. Pero sea como fuere, la regla parece ser que “cuando los Estados necesitan aumentar mucho la recaudación, incluso un impuesto muy malo puede sobrevivir durante mucho tiempo”.

Este artículo fue publicado originalmente en Expansión (España) el 4 de marzo de 2016.
(*) Carlos Rodrigez Braun es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la misma universidad. Su blog se encuentra en www.carlosrodriguezbraun.com y su cuenta de Twitter es @rodriguezbraun. Artículo publicado en El Cato el 9 de marzo de 2016

Mareando la Perdiz

Por Enrique Guillermo Avogadro (*)      
"La mente es como un paracaídas. Sólo funciona si la tenemos abierta". Albert Einstein
La sociedad tiene la legítima y justificada certeza de que el Poder Judicial, en especial el fuero federal domiciliado en Comodoro Py, le está mareando la perdiz, como reza el famoso dicho. Hace muchos, muchos años que es sabido que los magistrados encargados de investigar y, en su caso, castigar la corrupción sólo actúan cuando los denunciados pierden el poder; mientras tanto, y de eso puede contar mucho Lilita Carrió, los expedientes duermen en los cajones de los escritorios, a la espera de tiempos mejores para vender sus resultados al mejor postor. 
A partir de diciembre de 2015, cuando quedó expuesto el monstruoso saqueo al que fue sometido el país por obra y gracia del matrimonio Kirchner, que organizó y comandó una gigantesca asociación ilícita para concretar el mayor latrocinio de su historia, se esperaba que los procesos adquirieran velocidad. Sin embargo, la ciudadanía asiste expectante a procedimientos cinematográficos –se llegó al extremo de perforar el suelo de la Provincia de Santa Cruz en busca de supuestos tesoros enterrados- que obtienen grandes titulares en la prensa y que, al día siguiente, son tapados por la aparición de nuevos escándalos, sin que los resultados concretos, entendidos como la detención de los delincuentes, aparezcan.
Los emblemáticos casos de los hoteles y de los inmuebles patagónicos, ahora agravados por el descubrimiento del Waldorf, son motivo de causas judiciales que tienen más de diez años de trámite, y su rol en los retornos de las coimas de la obra pública ha quedado demostrado más allá de toda duda. Pero, a diferencia de lo que sucede en Brasil, nadie ha ido preso por eso, y los autores y cómplices de tantos delitos no sólo siguen dando vueltas como pollos al spiedo sino que hasta se dan el lujo de viajar al exterior, dar cátedra de populismo y reírse a carcajadas de todos nosotros, mientras inscriben sus candidaturas al Congreso para obtener los salvadores fueros.
Los jueces federales realizan aparatosos allanamientos con anuncios previos y demoras que garantizan que los papeles y las pruebas desaparezcan o se adulteren, y ni siquiera cuando esas situaciones son confirmadas por filmaciones (como fue en “La Rosadita”, donde todos vimos por televisión cómo se llevaban alegremente bolsos y hasta computadoras) se activan las alarmas mentales que disparan acciones inmediatas. Así, ese ilusionismo malabar que realizan los magistrados aparece como un eficiente (hasta hoy) modo de adormecer la indignación popular.
Pero, claro, el abuso de ese proceder ha producido un hartazgo en la sociedad, que ha tomado conciencia de lo inerme y abandonada que se encuentra frente a la corrupción que la empobrece, la inseguridad cotidiana que la asesina y, sobre todo, a los abusos de poder del Estado y de quienes disponen de las influencias necesarias para torcer la realidad a su favor.
Muchos de los votantes de Cambiemos están hoy injustamente desilusionados por la presunta inacción del Gobierno, aunque éste poco pueda hacer al respecto sin obtener el acuerdo de otras fuerzas políticas en el Congreso; y sabemos cuántos legisladores, actuales y futuros, verían comprometidas su libertad y su fortuna si alguna de las posibles acciones prosperara. Baste recordar lo sucedido con el delincuente Juez Eduardo Freiler en el Consejo de la Magistratura o con la Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, cuyo desplazamiento aún no ha logrado.
La más clara confirmación de esa generalizada certeza es la invitación a dos concentraciones –una, para esta misma tarde y, la otra, para el 20- frente a Comodoro Py 2002. No concuerdo con ellas por dos razones: la primera, su localización: la zona del puerto de Buenos Aires es complicada para llegar y para volver y, en ambos casos, no habrá nadie en los tribunales esos días, o sea, se protestará frente a un edificio vacío; la segunda, por la ineficiente y contradictoria difusión a través de las redes sociales, que garantiza el fracaso.
Mi propuesta, por el contrario, es realizar, con una grande y unívoca convocatoria previa, una manifestación en día hábil y a principios de julio en la Plaza Lavalle -y en las equivalentes de todo el país-, ante la cual se encuentran las sedes de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura federal, cuyos integrantes deben ver y oír nuestros reclamos por ser los máximos responsables del desquicio que afecta al Poder Judicial.
En otro ámbito, el de la política, también nos están mareando la perdiz. La yunta Massa-Stolbizer aparece como inexplicable, tanto como la postura de Martín Lousteau, por ejemplo. Sobre la crisis del peronismo, lo mejor que he leído fue escrito el jueves por Carlos Pagni en La Nación (https://tinyurl.com/y7o7ond), quien explicó claramente qué significaba la formación del F.U.C.K. (Frente Unidad Ciudadana Kirchnerista) que presentó Cristina Fernández como nuevo instrumento electoral, dejándolo afuera con su historia, sus símbolos y hasta su famosa marchita; a la luz del documento fundacional dado a conocer el miércoles por la viuda de Kirchner, cabe preguntarse si, tal vez tanto como mentirosa compulsiva, no está rematadamente loca; porque, en términos normales, nadie puede negar a tal extremo los hechos comprobados y, sobre todo, cuál fue su verdadera herencia y cuánto ha perjudicado ésta al país.
En relación a la muerte de la señora Ernestina Herrera de Noble, producida esta semana, debo reconocer que soy tan iluso que, en algún momento, esperé que la ex Presidente y ese teórico ícono de los derechos humanos, Estela Barnes de Carlotto, tuvieran algún rasgo de decencia y, aunque fuera post mortem, le pidieran disculpas por la horrorosa persecución y el injustificable acoso de los que, conjuntamente con sus hijos, fuera objeto durante más de ocho años.
Cristina Kirchner apoyó la denuncia de apropiación de sus hijos que había formulado la jefa de las Abuelas de Plaza de Mayo contra la directora de Clarín, y llegó a amenazar con recurrir a tribunales internacionales si la acusada no era condenada aquí. La comprobada falsedad de la denuncia no resultó óbice para que la persecución continuara por años, como un arma más en la guerra contra la prensa que el kirchnerismo había desatado en 2008, a raíz de su posicionamiento frente a la demencial tentativa gubernamental de destruir al campo, que tanto nos costó a los argentinos.
Si bien vivimos una democracia representativa, nuestros derechos ciudadanos se extienden más allá del mero hecho de votar cada dos años. Debemos expresarnos, como lo hicimos pacífica y masivamente el 1° de abril, esta vez para decir a los jueces: ¡se acabó!; que deben cumplir con la ley y que llegó la hora de poner punto final y definitivo a su nefasto proceder que, sin dudas, actúa como una barrera infranqueable para nuestra transformación en una nación seria y desarrollada. Sólo de nosotros depende lograrlo.
Bs.As., 17 Jun 17

(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Fuente: Comunicación personal del autor

lunes, 12 de junio de 2017

Tasa de interés natural, inflación y crecimiento

Por Javier Milei (*)

El viernes el BCRA difundió la encuesta de expectativas sobre la evolución de la economía reflejando una perspectiva de menor crecimiento y una inflación más alta, en un marco donde la moneda seguiría apreciándose contra el dólar. Como no podía ser de otra manera, los analistas cargaron contra la política monetaria de Sturzzenegger, ya que la supuesta ‘supertasa’ de 26,25% penaliza el nivel de actividad por la vía de menor consumo e inversión, al tiempo que un peso más fuerte hace caer a las exportaciones netas.
En este sentido, tal como señala Leijonhufvud, la teoría del mecanismo de la tasa de interés es el centro de la confusión en la macroeconomía moderna y el debate doméstico sobre la misma no es ajeno a esto.
Siguiendo la tradición de la escuela austriaca de economía, la definición de tasa natural de interés surge aún antes de que existiera el dinero como medio de intercambio indirecto. El concepto nace de las preferencias temporales de la gente al actuar, intercambiando bienes presentes por bienes futuros.
La necesidad de satisfacción de algunas personas en el presente los lleva a valorar más el consumo en el presente que en el futuro. Entonces, se define la tasa de interés natural al precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros, lo cual constituye el valor del tiempo de espera.
A los individuos que renuncian al consumo presente a cambio de recibir una mayor cantidad de bienes futuros los denominamos ahorradores. De ahí que cuando la tasa de interés sube ello implica que los bienes futuros se hacen más baratos que los presentes, lo cual induce a una sustitución en favor de estos últimos y con ello el ahorro aumenta. Por otra parte, aquellos que demandan bienes presentes, ya sea porque desean consumir ahora y/o necesitan utilizar dichos bienes en la producción de bienes que se ofrecerán en el futuro serán la contraparte de mercado que permitirá determinar la tasa de interés natural.
Al mismo tiempo, dado que este segmento de mercado está compuesto en su gran mayoría por las empresas, dicha demanda de bienes presentes representa la inversión. De este modo, cuando la tasa de interés baja, los precios futuros suben respecto de los presentes, por lo cual los empresarios trasladarán su producción hacia el futuro. Así, a medida que la tasa de interés baja, sube la inversión y la estructura de capital se alarga en términos de bienes de orden superior.
De lo anterior surge que la determinación de la tasa de interés natural, la cual representa un mecanismo de coordinación intertemporal entre los mercados de bienes presentes y futuros, no necesita para su existencia la presencia de dinero. De hecho, mientras que en el mercado de bienes se determina la tasa de interés, en el de dinero se determina el poder adquisitivo del mismo, el cual se aproxima a la inversa del nivel general de precios.
En este contexto, cuando aparece un Banco Central y trata de guiar su política monetaria mediante el control de la tasa de interés, salvo que por casualidad la misma coincida con la natural, aparece la posibilidad de la gestación del ciclo del boom and bust.
Cuando la tasa de interés se fija por debajo de la natural, habrá un exceso de consumo de bienes presentes (menor ahorro) y una mayor demanda de inversión, lo cual representa un exceso de demanda que se cubre con emisión monetaria y que transitoriamente genera una producción por encima de las posibilidades de la economía, al tiempo que se distorsiona la estructura de capital. Así, cuando el transcurso del tiempo deja en evidencia la falsedad de la señal de precios, los precios suben, la oferta de bienes futuros no tiene contrapartida de demanda, la producción se derrumba y las empresas quiebran hasta que la estructura de capital se acomoda con las condiciones de ahorro, inversión y tasa natural de interés. Al mismo tiempo, si el mercado de trabajo no es plenamente flexible, el desempleo aumenta.
En función de lo anterior, si uno revisa lo que ha ocurrido durante los últimos seis años en Argentina, el ajuste del modelo es excelente. De hecho, en dicho período la tasa de interés ha sido negativa en términos reales, el PIB per-cápita se ha contraído 7%, la inflación promedió el 30% y el nivel de empleo se ha sostenido con una superpoblación de empleados públicos que disparó el déficit fiscal consolidado a 6% del PIB.
Por lo tanto, si hay un reclamo para hacerle al BCRA es el hecho de que controle la tasa (aunque no ha sido muy distinta de los niveles de arbitraje) y no que la misma sea muy alta.

De hecho, si el Central siguiera los consejos de sus detractores, el remedio sería peor que la enfermedad, ya que no sólo acelerará la inflación, sino que a la postre el PIB será menor. Por lo tanto, si realmente se quieren tasas más bajas para que la economía crezca se deberían redireccionar los reclamos hacia la Casa Rosada para que reduzca el déficit fiscal bajando gastos e impuestos, lo cual daría lugar a un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo.
(*) Javier Milei es economista Jefe de la Fundación Acordar. Artículo publicado en El Cronista el 6 de Junio de 2017

Canje de pasajes vs. ahorro para la educación

Por Edgardo Zablotsky (*)

Hace pocos días, diputados nacionales de diferentes bloques, encabezados por el oficialismo y el kirchnerismo, solicitaron al presidente de la Cámara la actualización del monto que perciben mensualmente en concepto de gastos de representación y canje de pasajes aéreos y terrestres.
Por mes, y aparte de la dieta, cada legislador recibe una cuponera con pasajes aéreos y de ómnibus. Los pasajes que no se usan se pueden canjear directamente por dinero en efectivo, lo que implica un ingreso adicional.
Al respecto, señala el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola: “El PRO y el kirchnerismo piden aumentar un 100% los gastos de representación y 70% los
pasajes, que son aumentos encubiertos porque se les permite no usarlos y cambiarlos por plata”. Es claro que tiene razón. Ya hace muchos años que señalo la inequitativa asimetría de derechos que gozan los legisladores respecto del resto de los ciudadanos de la Nación.
Veamos los hechos. Numerosos legisladores hacen uso de su derecho a canjear pasajes por dinero en efectivo, al no utilizar por completo la cuota que tienen asignada. Esta conducta es por completo racional, nunca nadie puede estar peor por recibir un subsidio en
efectivo y gastarlo a su criterio, que por recibir un derecho equivalente, ejemplificado en este caso por los pasajes aéreos.
Por ello, resulta razonable suponer que cualquier legislador prefiere esta flexibilidad a no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder el valor de los mismos, sobremanera aquellos que residen en la Ciudad de
Buenos Aires o en distritos cercanos y, por ende, no utilizan su cuota
mensual de pasajes. Sin embargo, el resto de los ciudadanos carecemos de esta misma flexibilidad en numerosas instancias. La educación es un claro ejemplo de ello.
Si le preguntamos a un padre de un niño en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública o recibir un subsidio que le permita tomar sus propias decisiones respecto de la educación de sus hijos, independientemente de sus restricciones económicas, la respuesta debería ser tan obvia como lo es la conducta de los legisladores.
Nadie podría estar peor por tener la posibilidad de elegir, todo padre que desease optar por una educación distinta para sus hijos podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.
No estoy proponiendo inventar la rueda, esta propuesta es una realidad en otras latitudes. Por ejemplo, dos recientes notas del Wall Street Journal describen el caso de Arizona, el cual se convirtió en abril pasado en el segundo estado en Estados Unidos, después de
Nevada, en establecer Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA), que permiten a los padres que opten por retirar a los niños de escuelas públicas recibir una porción de los fondos que el Estado habría gastado en su educación y con ello costear un colegio privado, tutorías u otros gastos de educación aprobados por el Estado.
En realidad, Arizona es el primer estado donde la idea ya se ha puesto en práctica, al sortear las barreras legales al respecto. Todo estudiante de escuela pública es elegible, aunque el número participante cada año tiene un techo. Las cuentas promedian US$ 5.600, lo cual es suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas privadas del estado. Por cierto, la legislación impone rigurosas medidas de rendición de cuentas, entre ellas pruebas estandarizadas obligatorias y la presentación de informes públicos sobre los resultados de las mismas.
Como bien señaló el gobernador de Arizona, Doug Ducey, al firmar la ley: “Cuando los padres tienen opciones, los niños ganan”. Por ello, si nuestros legisladores tienen el derecho a elegir el uso que le asignan al subsidio en tickets aéreos, yo pregunto si no es inequitativo que los padres no tengan un derecho similar respecto de la escolaridad de sus hijos. La respuesta es obvia.
(*) Edgardo Zablotsky. Miembro de la Academia Nacional de Educación y Vicerrector de la Universidad del CEMA. Artículo publicado el 10 de Junio de 2017 en Perfil

Justicia social: gastar menos pero mejor en educación

Por Edgardo Zablotsky (*)

En enero pasado publiqué en este mismo espacio una nota titulada “Pan y Cerebro”. En ella sostuve que nada es gratis y que, por ende, el presupuesto del Estado debe asignarse a las áreas de mayor impacto social. A fin de ejemplificarlo, propuse preguntarnos qué política es más inclusiva: dedicar mayor presupuesto a asegurar una adecuada nutrición a todo niño durante sus primeros dos años de vida o mantener la gratuidad y el ingreso irrestricto a la Universidad, subsidiando a numerosos alumnos que cursaron su escolaridad obligatoria en escuelas privadas. 
La respuesta es obvia. Como bien señala el doctor Abel Albino, fundador y presidente de Conin en la Argentina y probablemente el más incansable batallador en nuestro país de la lucha contra la desnutrición infantil, “para tener educación hay que tener cerebro. El 80% del cerebro se forma en el primer año de vida. La formación del sistema nervioso central está determinada en los primeros dos años de vida. Si durante este lapso el niño no recibe la alimentación y estimulación necesarias se verá afectado su coeficiente intelectual y capacidad de aprendizaje”.
Enseñar a un niño mal alimentado en sus primeros dos años se asemeja a sembrar en el desierto. No es imposible pero sí mucho más caro y los recursos, escasos. Nada es gratis, la educación universitaria tampoco, y la gratuidad y el ingreso irrestricto a la universidad para quienes pueden pagar sus estudios impide asignar dichos recursos a otros fines, como enfrentar con mucha mayor energía el flagelo de la desnutrición infantil.
Hoy la tremenda realidad educativa que vivimos nos provee otro nítido ejemplo. En la provincia de Santa Cruz las clases aún no han comenzado. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, han tenido 17 días de paro sobre los primeros 26 de clase. ¿Puede afirmarse que el ciclo lectivo realmente se inició? ¿Quién puede imaginar que un niño que concurre a la escuela bajo estas condiciones está recibiendo servicios educativos similares a los que recibe otro que asiste a un colegio que no ha sido afectado por los paros docentes?
Mientras tanto, los resultados de la Evaluación Aprender muestran una vez más que se malgasta mucho dinero en educación, preservando un sistema que consume los aportes de los contribuyentes pero que está lejos de proveer educación de calidad para todos.
Para muestra basta un botón. ¿Quién no se ha horrorizado al enterarse que el inusitado ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires cuesta a los contribuyentes 14.300 millones de pesos anuales en suplencias?
Por ello propongo gastar menos en educación, mejorando, a la vez, el vergonzoso nivel que cualquier evaluación testimonial, y utilizar los recursos liberados del faraónico entramando, gestado a través de años, para enfrentar el flagelo de la desnutrición infantil. ¡Qué mejor ejemplo de justicia social!
Cuenta el doctor Fernando Monckeberg, pionero de la lucha contra la desnutrición infantil en Latinoamérica, que en la década del ‘50 Chile tenía los peores indicadores de la región. Hoy el fundador de Conin en Chile se enorgullece en señalar cómo “la mortalidad infantil pasó de 180 a 7 cada 1000 niños nacidos vivos y la cantidad de muertes en menores de 15 años se redujo del 48% a menos del 1%”.
Es hora que el Estado deje de financiar a la oferta educativa, es decir a las escuelas, a través de un sistema absolutamente burocratizado que sólo defiende los intereses de los sindicatos docentes y de la estructura que está detrás de la educación pública. Propongo que financie directamente a la demanda, a los padres. De este modo se lograría mejorar considerablemente la eficiencia en el gasto educativo, se podrían evaluar mejor los resultados y los recursos liberados podrían emplearse en la lucha contra la desnutrición infantil.
En nuestro país cada vez más familias, aún en zonas donde residen mayoritariamente personas que tienen sus bajos ingresos, realizan importantes sacrificios para afrontar las cuotas de un colegio privado, generalmente confesional. La evidencia provista por la crisis que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires es prueba fehaciente de ello. ¿Cuántos más migrarían a la educación privada si tuviesen la posibilidad económica de hacerlo?
La propuesta que presenté antes beneficiaría a muchos niños de familias humildes y no perjudicaría a nadie, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar a sus hijos a una institución pública; de hacerlo, es porque opina que la alternativa privada elegida provee mejor educación, más adecuada para las necesidades o aptitudes de sus hijos, o en una mayor consonancia con los valores de la familia.
No existen recetas mágicas. Sería absurdo realizar esta propuesta para un país en el cual la educación pública cumple su cometido como lo es, por ejemplo, Finlandia. Pero la Argentina no es Finlandia, a pesar que muchas veces tratan de hacérnoslo creer políticos que defienden la educación pública mediante encendidas declaraciones, pero envían sus hijos a escuelas privadas. ¿Curioso, no?

(*) Edgardo Zablotsky  es miembro de la Academia Nacional de Educación y Vicerrector de la Universidad del CEMA. Artículo publicado en la Revista Criterio en el n°. 2437/2017

domingo, 11 de junio de 2017

Los argentinos sufrieron mucho el capitalismo de amigos y creen que eso es una economía de mercado

Por Fred Mc Mahon (*)
Invitado por las fundaciones Libertad y Progreso, Naumann y Atlas, el investigador senior del Instituto Fraser de Canadá, Fred Mc Mahon, dijo que uno de los problemas de Latinoamérica es que se cree que el capitalismo de amigos que se vivió acá gran parte de la historia es igual a tener una economía de mercado. “En Venezuela o en Argentina la ciudadanía sufrió las consecuencias de un sistema de capitalismo de amigos, sin verdadera plena competencia entre las empresas por dar mejores servicios, y creen que eso es una economía de mercado o capitalista. Eso no tiene nada que ver con la libertad económica. En la dinámica social de una verdadera economía de mercado un socio o un pariente de quien está en el Gobierno no recibe las concesiones de las obras, no hay monopolios, todos compiten por dar un mejor producto y un mejor servicio, y los empresarios no se enriquecen a costa de la gente”, destacó Mc Mahon, economista de la Universidad de McGill.
Mc Mahon vino al país a presentar en Buenos Aires y en Tucumán la Auditoría de Libertad Económica de Argentina, realizada por el economista Martín Krause junto a Libertad y Progreso, Atlas y la Fundación Naumann, en base al Indice de Libertad Económica en el Mundo de Fraser.
Según McMahon, si el kirchnerismo hubiese ganado las elecciones en 2015 la economía argentina hubiera sufrido el mismo proceso de destrucción de la economía venezolana.  “Las mediciones de nuestro Indice de Libertad Económica, que mide 40 variables diferentes, muestran que Venezuela desde el 2000 y Argentina desde 2003 recorrieron el mismo sendero de derrumbe de la economía, con curvas idénticas. Si en 2015 hubiera ganado el kirchnerismo, en 10 años la economía se hubiera destruido completamente como pasó en Venezuela”, dijo el economista.
Para Mc Mahon, la diferencia fue que, antes de Hugo Chávez, Venezuela experimentó décadas de capitalismo de amigos, lo que preparó el terreno para la decadencia posterior. “Lo peor es que los venezolanos creen que antes de Chávez tuvieron economía de mercado, y fue un capitalismo de amigos, que es lo peor que puede pasar. Por eso se volcaron en contra de la libertad económica. Algo similar pasa acá cuando se habla de los años previos a la crisis de 2001. Eso no fue economía de mercado, es capitalismo de amigos, pero la gente tiende a confundir eso con neoliberalismo o liberalismo”, explicó McMahon.
Por otro lado, Mc Mahon señala, en consonancia con este documento, que si bien el país mejoró su libertad económica desde el cambio de Gobierno, tiene asignaturas pendientes muy importantes, como reducir el tamaño del Estado. “Tamaño del Estado es una de las 40 variables que medimos en Fraser para calibrar el grado de libertad económica y Argentina es el único país no rico con un Estado gigantesco. Un Estado grande es caro pero Suecia o Inglaterra se lo pueden permitir. Pero en Argentina es insólito. Si un sueco viera esto diría que este comportamiento es muy irresponsable”, señaló. “La gente tiene a creer que los suecos o los noruegos son socialistas, cuando en realidad tienen estados gigantes pero en todo lo demás son orientados al libre mercado y libre comercio. Si ellos vieran la falta de libertades que hubo acá serían muy críticos”, insistió.Los pro y los contra del gobiernoLa auditoría del grado de libertad de la economía del país realizada por Krause y presentada por McMahon señala que, desde diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio Macri avanzó en reformas importantes tendientes a mejorar el grado de libertad existente. Entre ellas destaca como positivos los recortes importantes en las retenciones a las exportaciones, y otros impuestos; un modesto avance en el ajuste de las tarifas; la eliminación del cepo cambiario; el aumento de la base de los que pagan impuestos desde el blanqueo; la mejor percepción que se generó sobre el respecto al derecho a la propiedad del país; la voluntad del Gobierno de hacer una reforma fiscal; los avances en la baja de la inflación; la recuperación del rol del Banco Central; los avances en acuerdos de libre comercio.
Entre los temas pendientes a resolver, el estudio destaca la necesidad de corregir el déficit y achicar sustancialmente el tamaño del Estado; la necesidad de reducir “el nivel de impuestos insostenible que tienen Nación, provincias y municipios combinados”; el aumento del número de ministerios, secretarías y subsecretarías nacionales; la poca voluntad de provincias y municipios de bajar impuestos; la “mala costumbre de rescatar empresas en quiebra” y “mantener 42 empresas estatales de las cuales sólo 8 fueron rentables en 2016; las leyes laborales excesivamente restrictivas y la aún elevada inflación pese a los logros del Gobierno en frenarla.Indice de Libertad Económica y el Fraser InstituteEl Libertad Económica en el Mundo del Fraser mide el grado en que las políticas e instituciones de los países promueven la libertad económica. Los pilares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, la libre competencia y la garantía de la propiedad privada. Cuarenta y dos variables son utilizadas para construir un índice global y para medir el grado de libertad económica en cinco grandes áreas: 1. Tamaño del Estado; 2. Sistema legal y derechos de propiedad; 3. Solidez monetaria; 4. Libertad de comercio internacional; 5. Regulación.
Desde la primera vez que se publicó el índice en 1996, numerosos estudios han utilizado los datos de Libertad Económica del Mundo para examinar el impacto de la libertad económica en las inversiones, el crecimiento económico, los niveles de ingreso y la pobreza. Casi, sin excepción, estos estudios han encontrado que los países con instituciones y políticas consistentes con la libertad económica tienen mayores tasas de inversión, un crecimiento económico más acelerado, mayores niveles de ingresos y una rápida reducción de la pobreza. El índice de Libertad Económica en el Mundo cubre 152 países y territorios.
Fred Mc Mahon es investigador residente del Fraser. Es licenciado en Economía por la Universidad de Mac Gill. Maneja el Indice de Libertad Económica y coordina La Red de Libertad Económica, una alianza mundial de mas de 100 centros de estudios en 100 naciones. Está especializado en desarrollo, comercio, gobernanza, y estructura económica. Es autor de varios libros, como El Camino al Crecimiento, El retiro del crecimiento: el retroceso de Canadá, y publica asiduamente en Wall Street Journal, el National Post y el Times de Canada. Gano el Sir Anthony Fisher International Memorial Award por sus avances en la investigación de políticas públicas.
El Fraser Institute es un centro de estudios canadiense de orientación liberal. Define su misión como «medir, estudiar, y comunicar el impacto de los mercados competitivos y la intervención gubernamental en el bienestar de los individuos». Tiene sedes en Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal. En 2011 fue clasificado como el think tank más influyente de Canadá y el decimosexto del mundo en el Global Go-To Think-Tank Index de la Universidad de Pensilvania.
Para acceder a la Auditoría, hacer click ACÁ
(*) Fred McMahon es Director del Fraser Institute. Artículo publicado por la Fundación Libertad y Progreso el 8 de Junio de 2017
Fuente: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/06/08/para-fred-mc-mahon-los-argentinos-sufrieron-mucho-el-capitalismo-de-amigos-y-creen-que-eso-es-una-economia-de-mercado/

"La madre de las batallas en Argentina es el tamaño del Estado y el gasto público"

Por Fred McMahon y Martín Krause (*)

En una conferencia en el CEMA organizada por Libertad y Progreso, la Fundación Naumann y Atlas Network, los economistas Fred McMahon, del Instituto Fraser, y Martín Krause, académico de la UBA, señalaron que la gran traba para el desarrollo económico del país es un estado gigante y el gasto público. 
"La madre de las batallas en Argentina es el tamaño del Estado y el gasto público", destacaron Fraser y Krause, que presentaron ayer 
la Auditoría de la Libertad Económica en la Argentina, basada en el Indice de Libertad Económica en el Mundo del Instituto Fraser de Canadá.
"La libertad económica se mide por 42 variables diferentes, una de las cúales es el tamaño del Estado. Argentina es uno de lo países en nuestro Indice con uno de los estados más grandes. Pero lo peor del caso es que comparte la tabla con países muy ricos, como los escandinavos, donde los estados son grandes pero hay mucha libertad para hacer negocios y ergo generan la riqueza necesaria para permitirse un estado grande. Argentina es el único país en desarrollo en ese club, no debería permitirse una burocracia tan grande. No lo puede pagar", explicó Mc Mahon. "Si un ciudadano sueco o un noruego viera semejante tamaño de Estado y gasto diría que los argentinos no están muy bien asesorados o no están en sus cabales", acotó.
Por su parte Krause apuntó que el nivel de gasto en relación al PBI de Argentina, 47%, es incluso alto en comparación al estándar de los países más ricos. "Los países avanzandos tienen un 42% de gasto en relación al PBI y si bien es un número alto, lo pueden pagar. Los países latinos tienen un 35%. Acá tenemos un 47%. Es inviable", señaló Krause.
Seguidamente, sobre el tamaño del Estado, el investigador y economista de la UBA ilustró la evolución del Estado argentino. "En 1940 había 8 ministerios y una subsecretaría. En 2008 pasamos de 10 a 16 ministerios, de 70 a 87 secretarías y de 162 a 207 subsecretarías. Hoy estamos en el nivel mas alto. Tenemos 21 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarías, 687 direcciones, 122 entes", dijo. "Y hay situaciones ridículas, como una secretaría de Planificación Macroeconómica y otra de Planificación Microeconómica, o una secretaría de Alimentos y Bebidas. ¿Estamos acaso en Alemania Oriental en 1980?", acotó Krause.
Los países libres son más felices
A continuación, Mc Mahon mostró una serie de números ilustrando cómo los países del mundo más libres económicamente son también los que más bienestar proporcionan a sus ciudadanos. "El segmento integrado por los países más libres económicamente tiene un ingreso per cápita de 40.000 dólares anuales, tiene la menor brecha educativa entre varones y mujeres, tiene la mayor expectativa de vida, son los de menos corrupción en los indices internacionales, y ¿adivinen qué? también son en buena parte los países cuyos ciudadanos afirman sentirse más felices con su vida. Al parecer a la gente la hace feliz ser libre para elegir su trabajo o desarrollar su emprendimiento. Quién lo hubiera dicho", ironizó Mc Mahon.
Sobre la desigualdad, Mc Mahon dijo que si bien la libertad económica no mejora la desigualdad, tampoco la profundiza. "Y si comparamos el cuartil más pobre de los países más libres con el cuartil más pobre de los países no libres, el ingreso de la población más pobre de los países económicamente libres es 10 veces superior al ingreso de la población más pobre de los países no libres. O sea que la libertad económica no corregirá la desigualdad pero es muy buena solucionando la pobreza", acotó.
De acuerdo a Mc Mahon, es muy importante la tarea de educación y concientización que tienen las organizaciones como Libertad y Progreso o Naumann para hacer entender a la gente que con libertad económica hay más bienestar. "Hay que explicar estas ideas y eso requiere coraje. Hay que hacer que la gente mire los países del mundo donde hay más prosperidad para la gente, que son también los más libres. Hay que enseñar a la gente a diferenciar la realidad de la fantasía, para que cuando un presidente te diga que en Argentina hay menos pobres que en Alemania o más desarrollo que en Canadá sepan que los están engañando", dijo Mc Mahon.
El caso local
La Auditoría del grado de libertad de la economía del país que presentaron McMahon y Krause señala que, desde diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio Macri avanzó en reformas importantes tendientes a mejorar el grado de libertad existente. Entre ellas destaca como positivos los recortes importantes en las retenciones a las exportaciones, y otros impuestos; un modesto avance en el ajuste de las tarifas; la eliminación del cepo cambiario; el aumento de la base de los que pagan impuestos desde el blanqueo; la mejor percepción que se generó sobre el respecto al derecho a la propiedad del país; la voluntad del Gobierno de hacer una reforma fiscal; los avances en la baja de la inflación; la recuperación del rol del Banco Central; los avances en acuerdos de libre comercio.
Entre los temas pendientes a resolver, el estudio destaca la necesidad de corregir el déficit y achicar sustancialmente el tamaño del Estado; la necesidad de reducir “el nivel de impuestos insostenible que tienen Nación, provincias y municipios combinados”; el aumento del número de ministerios, secretarías y subsecretarías nacionales; la poca voluntad de provincias y municipios de bajar impuestos; la “mala costumbre de rescatar empresas en quiebra” y “mantener 42 empresas estatales de las cuales sólo 8 fueron rentables en 2016; las leyes laborales excesivamente restrictivas y la aún elevada inflación pese a los logros del Gobierno en frenarla.


Acerca de Fred Mc Mahon y el Fraser Institute
Fred Mc Mahon es investigador residente del Fraser. Es licenciado en Economía por la Universidad de Mac Gill. Maneja el Indice de Libertad Económica y coordina La Red de Libertad Económica, una alianza mundial de mas de 100 centros de estudios en 100 naciones. Está especializado en desarrollo, comercio, gobernanza, y estructura económica. Es autor de varios libros, como El Camino al Crecimiento, El retiro del crecimiento: el retroceso de Canadá, y publica asiduamente en Wall Street Journal, el National Post y el Times de Canada. Gano el Sir Anthony Fisher International Memorial Award por sus avances en la investigación de políticas públicas.
El Fraser Institute es un centro de estudios canadiense de orientación liberal. Define su misión como «medir, estudiar, y comunicar el impacto de los mercados competitivos y la intervención gubernamental en el bienestar de los individuos». Tiene sedes en Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal. En 2011 fue clasificado como el think tank más influyente de Canadá y el decimosexto del mundo en el Global Go-To Think-Tank Index de la Universidad de Pensilvania.
El Indice Libertad Económica en el Mundo del Fraser mide el grado en que las políticas e instituciones de los países promueven la libertad económica. Los pilares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, la libre competencia y la garantía de la propiedad privada. Cuarenta y dos variables son utilizadas para construir un índice global y para medir el grado de libertad económica en cinco grandes áreas: 1. Tamaño del Estado; 2. Sistema legal y derechos de propiedad; 3. Solidez monetaria; 4. Libertad de comercio internacional; 5. Regulación.
Desde la primera vez que se publicó el índice en 1996, numerosos estudios han utilizado los datos de Libertad Económica del Mundo para examinar el impacto de la libertad económica en las inversiones, el crecimiento económico, los niveles de ingreso y la pobreza. Casi, sin excepción, estos estudios han encontrado que los países con instituciones y políticas consistentes con la libertad económica tienen mayores tasas de inversión, un crecimiento económico más acelerado, mayores niveles de ingresos y una rápida reducción de la pobreza. El índice de Libertad Económica en el Mundo cubre 152 países y territorios.
Para acceder a la Auditoría de la Libertad Económica en el país, hacer click ACÁ
Publicación de la Fundación Libertad y Progreso el 9 de Junio de 2017 en su gacetilla de prensa.
Fuente: http://www.libertadyprogresonline.org/

Corrupción en Brasil ¿Ethos Social o Problema de Incentivos Institucionales?

Por Santiago Leiras (*)
Un fantasma recorre Brasil y es el de la corrupción, pero se trata de un fantasma que ha atravesado diferentes etapas de la vida de la denominada “Nueva República Brasileña” en vigencia desde 1985 a la fecha: veamos algunos antecedentes.
En el año 1992 como resultado de la denuncia llevada a cabo por el hermano de Fernando Collor de Mello, Pedro Collor, el entonces presidente de Brasil fue sometido a juicio político y destituido por una amplia mayoría de la cámara de Diputados, producto de haber sido hallado responsable de tráfico de influencias y otros delitos e irregularidades conexas; además de su destitución, Collor de Mello fue inhabilitado por un período de ocho años para el ejercicio de cargos públicos. El ex presidente de Brasil es en la actualidad Senador Federal por el Estado de Alagoas.
Años después, ya durante la primera gestión presidencial de Luis Ignacio “Lula” Da Silva, tuvo lugar el episodio conocido como “Mensalao”, resultado del cual fueron sometidos a proceso judicial figuras del más íntimo entorno de Lula Da Silva como el entonces Jefe de la Casa Civil José Dirceu y su entonces ministro de Hacienda Antonio Palocci. Un contexto de recuperación económica, alta imagen presidencial y el peso de la traumática experiencia del impeachment contra Collor de Mello impidieron que la ola arrastrara al propio presidente Lula Da Silva, quien sería reelecto al año siguiente, en el 2006.
Nos encontramos en 2017 y, como resultado de las investigaciones judiciales llevadas a cabo en el marco del “caso Oderbrecht”, se encuentra en el banquillo de los acusados una parte importante de la clase política brasileña, tanto del oficialismo como de la oposición, este proceso amenaza con constituirse en una versión local del Mani Pulite italiano.
En diferentes oportunidades he tenido la posibilidad de expresar que las instituciones en Brasil son parte del problema, pero pueden también serlo de la solución al dilema de la corrupción sistémica: repasemos algunas características de la configuración político-institucional de la Nueva República (ya no tan):
  1. Un sistema federal descentralizado, en el cual los gobiernos subnacionales adquirieron alta autonomía en su ámbito de acción y significativa influencia sobre la esfera federal dando lugar a un federalismo de carácter centrífugo.
  2. Un sistema electoral de lista cerrada y no bloqueada para la Cámara de diputados con un mínimo de 8 y un máximo de 70 diputados y mayoría limitada en el Senado, que generó como consecuencias la sobre representación de los estados regionales y escasos incentivos para la disciplina parlamentaria y partidaria.
  3. Un sistema de partidos fragmentado, con baja cohesión partidaria, fragilidad de partidos catch all y de organización interna de carácter clientelar y baja disciplina.
  4. El diseño institucional presidencialista, en el cual el ejecutivo posee serias dificultades para la formación de mayorías parlamentarias estables y fuertes prerrogativas institucionales, como aquellas ya mencionadas de establecimiento de la agenda parlamentaria y las medidas provisorias.
¿Cuál es la principal consecuencia?
Sin lugar a dudas, una compleja y costosa construcción de la gobernabilidad democrática, en términos fiscales, políticos y éticos; tanto el “Lava Jato” como el “Mensalão”, para citar dos de los casos más emblemáticos, son el resultado emergente de una distorsiva institucionalidad que origina prácticas igualmente distorsivas.
Las instituciones son parte del problema, pueden ser parte de la solución; se trata de un debate que se inicia, la agenda política lo amerita, las urgencias también. Se trata de una discusión no solo urgente sino también importante.
(*) Santiago Leiras es Politólogo UBA. Doctor en América Latína Instituto Ortega y Gasset. Artículo publicado en Noticias Electorales el 7 de Junio de 2017

¡A la calle por Justicia!

Por Enrique G. Avogadro (*) 

”No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da”(Deuteronomio.16.19-20).  
Como sociedad nos hemos hundido en una inmunda y maloliente ciénaga moral de la que todos, por acción u omisión, somos culpables, claro que en diferente grado. Resulta incomparable la responsabilidad que le cabe a quien entrega su documento de identidad -que permitirá el robo de su voto- a cambio de dádivas para poder simplemente alimentar a su familia, y la del empresario que paga una coima –que siempre cargará al precio del contrato- para obtener ventajas indebidas o la del funcionario que la recibe.
También somos culpables quienes aceptamos mansamente que todo esto continúe ocurriendo en nuestro país, mientras miramos indiferentes cómo continúan en libertad tantos personajes acusados de delitos no excarcelables, comprometidos por infinidad de pruebas que intentan adulterar, exhiben impúdicamente sus riquezas mal habidas y se ríen a carcajadas de sus conciudadanos, a muchos de los cuales han llevado a la pobreza más extrema con sus latrocinios.
La reciente muerte de Aldo Ducler ha hecho revivir la memoria de los monumentales desfalcos de los que hemos sido objeto: YPF, los fondos de Santa Cruz, IBM, Siemens, Skanska, Sueños Compartidos, trenes, aviones, gasoductos, centrales nucleares, represas, puentes, caminos, viviendas, escuelas, hospitales, hoteles, cloacas, agua potable, Ciccone, PAMI, IOMA, ANSES, AFJP’s, indemnizaciones a terroristas, remedios “truchos”, universidades, pesca, oro, el Instituto del Cine, contratos de dólar futuro, Odebrecht. British Petroleum y miles de etcéteras.
Sólo la decisión de Néstor Kirchner, explicada hace muchísimos años por tantos analistas (incluyendo a quien esto escribe) de robarse el 25% de la petrolera fue la causa mayor de nuestros males, comenzando por la inflación y el gigantesco déficit público. La caída en la producción y en la prospección de hidrocarburos obligó a la masiva importación de gas (otro brutal negociado) y se llevó las pocas reservas del Banco Central que se habían salvado de la depredación.
Los ciudadanos hemos permitido calladamente que, desde hace décadas, quienes deben administrar justicia en nuestro país sean elegidos por favores del poder de turno, y los jueces los devuelven con el permanente “cajoneo” de las causas que le resultan sensibles. Como verdaderas aves de presa, se han posado en el tejado de Comodoro Py y, desde allí, husmean el aire pútrido en busca de nuevas víctimas mientras protegen a los depredadores.
Pero no se trata sólo del fuero federal; los males afectan también a la Justicia ordinaria, como lo prueba el avance de la inseguridad cotidiana, sobre todo en los conurbanos de todo el país. Violadores, asesinos, narcotraficantes campean a sus anchas y se llevan la vida de hombres, mujeres y niños, en crímenes cada vez más violentos y salvajes.
Por delitos infinitamente menos graves que los comprobadamente cometidos por Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y sus hijos, Amado Boudou y sus testaferros, las hijas del “Bombón” Mercado, Julio de Vido, Cristóbal López y De Souza, Insfrán, Fellner, Alperovich, Capitanich, Aníbal Fernández, los Eskenazi, Ferreyra y Electroingeniería, y tantos otros, nuestras cárceles están repletas de presos; sin embargo, estos figurones, directamente responsables de la miseria que afecta a más del 30% de los argentinos y de la muerte por inanición de tantos chicos, disfrutan de una libertad que ya se ha transformado en un cachetazo en la cara de la sociedad entera.
Por eso –no por venganza sino por legítima defensa- debemos convertir el viento, que sin duda ha borneado, en un fuerte huracán que barra, de una buena vez, con tantos magistrados indignos de ocupar sus cargos y purifique el fétido olor que emana de nuestros tribunales. Cuando digo que debemos hacerlo en defensa propia, no me refiero sólo a impedir que estos malandras continúen decidiendo sobre nuestra libertad, nuestra honra y nuestro patrimonio, sino también a la necesidad que, como país, tenemos de contar con un Poder Judicial serio, preparado, independiente y rápido.
Porque está visto que, hasta que ese verdadero milagro se produzca, no podemos esperar que llegue a nuestras playas el aluvión de inversiones, siempre anunciado y nunca concretado. Sin él, no nos resultará posible convertirnos en un país desarrollado y próspero, condenándonos a subsistir en esta insignificancia que tantos esfuerzos nos costó conseguir.
Es cierto que, desde diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos nos ha reinsertado en la vidriera global, y hemos visto por aquí a los máximos líderes mundiales mientras, a la vez, Mauricio Macri ha visitado a las naciones más importantes; se han firmado centenares de acuerdos bilaterales, pero no se concretarán mientras los potenciales inversores, sean propios o extraños, no confíen en que, en caso de conflicto, nuestros jueces fallarán conforme a derecho y no, como sucede hoy, según sus propios intereses o los de sus mandantes políticos o empresariales. Usted mismo, querido lector, ¿pondría un dólar en un país cuyo Congreso dicta leyes, y el Poder Judicial las aplica, con efecto retroactivo?
Un pequeño paréntesis: no puedo imaginar a Mauricio Macri en actos de homenaje a los asesinos “malos” de Manchester, Londres, Paris, Niza, Nueva York, Orlando, Bogotá, San Sebastián o Madrid y, por eso, me parece insólito que el protocolo oficial argentino haya llevado a Angela Merkel, Barak Obama y François Hollande, entre otros, a visitar el “Parque de la Memoria-Tuerta” y llorar por los terroristas “buenos”, tan premiados ellos con cargos y dólares.
Porque no debemos olvidar, por ejemplo, que una bomba de Montoneros, en el comedor de una dependencia policial, mató a 23 personas e hirió a más de 60, o que otra, colocada en un avión por el ERP, asesinó a decenas de gendarmes. Y tampoco debemos hacerlo con las más de 17000 víctimas civiles de esos mismos “jóvenes idealistas”, que nunca fueron siquiera reconocidas por el Estado. ¿A qué extremos de hipocresía nos llevará el discurso “políticamente correcto”?
Para regresar a la necesidad de contar con un Poder Judicial como Dios manda, insisto en que la ciudadanía debe tomar el problema entre sus manos, como lo hace día a día en Venezuela y Brasil, pese a que esas verdaderas multitudes han obtenido tan disímiles respuestas. Basta recordar que un Juez federal con asiento en Curitiba, Estado de Paraná, se ha convertido en la figura pública más popular entre nuestros vecinos, que están dispuestos a blindarlo frente a los avances de los poderosos.
No esperemos que nuestros ¿honorables? legisladores asuman como propia esa tarea porque, si lo hicieran, muchos de ellos mismos terminarían presos, ya que han convertido al Congreso en un verdadero aguantadero, como lo demuestra la desesperada lucha por integrar las listas partidarias en pos de fueros, cuyo verdadero objetivo también hemos deformado.
La semana pasada propuse a mis colegas que asumieran la heroica actitud de denunciar a los jueces y fiscales que incurran en faltas graves en el ejercicio de sus magistraturas, aunque aclaré que no tenía demasiada confianza en la aceptación de esa sugerencia. También propuse, y hoy insisto, que todos los ciudadanos, en una concentración tan masiva como fue la del 1° de abril y replicada en todo el país, manifestáramos pacíficamente nuestro hartazgo.
No permitamos más que cuatro o cinco cretinos, hijos de mala madre, hipotequen nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Salgamos a gritar, bien fuerte y remedando a Gabriel Celaya, “¡A la calle!, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo”.
Bs.As., 10 Jun 17 
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
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