jueves, 25 de agosto de 2016

Las tarifas no son el único rubro para bajar el gasto público

Por Roberto Cachanosky (*)

La herencia recibida en esta materia es pesada, pero Cambiemos se movió con torpeza en el tema de las tarifas de los servicios públicos
La cuestión de las tarifas de los servicios públicos hace rato que se transformaron en el monotema de la política económica, mientras siguen apostando al blanqueo para que en el segundo semestre la economía reaccione del estancamiento en que está sumergida.
Es indudable que el despilfarro que hizo el kirchnerismo subsidiando las tarifas de energía es un tópico que debe corregirse. Los que viven en otras partes del país con razón se quejan al pagar más cara la energía, pero esta disparidad en las tarifas fue hecha deliberadamente por el kirchnerismo para atraer más votos para su lado. Al concentrar los subsidios en Capital Federal y Gran Buenos Aires, apuntó a abaratar artificialmente el costo de la energía a casi el 50% del padrón electoral.
La herencia recibida en esta materia es pesada, pero Cambiemos se movió, a mi entender, con torpeza en el tema de las tarifas de los servicios públicos.
En primer lugar porque deberían haber hecho la audiencia pública de entrada, no solo porque lo indica la ley, sino también porque era una excelente oportunidad para mostrarle a la población el destrozo energético heredado de 12 años de barbarie k. La gente intuye que las tarifas de los servicios públicos están artificialmente baratas y que es imposible tener un servicio de buena calidad con estas tarifas, pero de todas maneras sería clave mostrarle a la población el destrozo k y lo que puede ocurrir si no se eliminan los subsidios. Es como si a un fumador se le mostrara una radiografía de sus pulmones para convencerlo que deje de fumar y entienda lo que le espera si sigue fumando.
Pero a mi entender, sería mucho mejor dejar de tirar medidas aisladas y convencerse que es necesario aplicar un plan económico completo. La idea es que la gente sepa para qué está haciendo un esfuerzo. Acá nadie explica nada y lo poco que explican lo hacen en forma muy confusa.
En muchas oportunidades insistí en que hay que presentar un plan económico global y anunciarlo para que la gente comprenda que no está haciendo un esfuerzo en vano. Si a una persona se le quita el pan, el vino, las pastas, los postres y todo lo rico y no se le explica por qué, ese ser humano va a sufrir sin entender para qué hace el sacrificio. Ahora, si uno le explica que todo lo rico engorda y que si hace ese sacrificio puede bajar 10 kilos y sentirse mejor, la persona va a entender para qué está haciendo el sacrificio de dejar de comer las cosas que le gustan. Bien, al no anunciar un plan económico global, el gobierno le está diciendo a la gente: van a hacer dieta pero no les voy a explicar los beneficios que hay al final del camino.
Pero volviendo al plan económico global, las facturas de los servicios públicos, luz y gas en particular, tienen una gran cantidad de impuestos incluidos que en algunos casos superan ampliamente el 50% del cargo fijo y el monto del gas o de la energía consumida. Dado este disparate heredado, la forma de hacer mucho más digerible el aumento de las tarifas de los servicios públicos es, por un lado, eliminando la maldita tablita tarifaria que ideó De Vido. Es esa tablita la que dispara los ajustes tarifarios a niveles insólitos. Hay que ir a una tarifa única y que cada uno pague por lo que consume. De adoptarse ese sistema de tarifa única, no habría ajustes catastróficos en las tarifas. Nadie recibiría un disparate de cuenta de gas o luz. Eso sí, el estado tiene que eliminar buena parte de la carga tributaria que hay en cada cuenta de luz y gas. Eso existe porque los municipios, las provincias y la nación utilizan a las empresas distribuidoras de gas y luz como entes de recaudación. Como la gente paga la cuenta de luz y de gas para que no le corten el servicio, los tres niveles del estado se aseguran ingresos fiscales. De manera que la propuesta debería ser: pagar hasta el último centavo de lo que se consume de energía o de gas pero bajando drásticamente la carga impositiva que hoy contienen las facturas.
El paso siguiente consiste en reducir el gasto público para que, ante la baja de los impuestos, el déficit fiscal no aumente. Pero, claro, el gobierno no quiere bajar el gasto público en rubros como ñoquis y los llamados planes “sociales”.
Por ahora, tal cual ha planteado el gobierno el aumento de las tarifas, nos está diciendo: no sólo te elimino el subsidio a las tarifas, algo que corresponde hacer, sino que además te aplicó un impuestazo porque los impuestos y tasas que contienen esas facturas son un porcentaje del monto consumido y del cargo fijo. O sea, te hago pagar más la luz, te meto un tarifazo y como no bajo el gasto público te obligo a mantener a una legión de empleados públicos que no generan riqueza y son una pesada carga para los que trabajan en blanco. En definitiva, la política sigue sin hacer su ajuste y le transfiere al sector privado todo el costo del descalabro que dejaron los k.
Para el gobierno, el único rubro del gasto público que puede bajarse es el de los subsidios a las tarifas. No se pueden tocar ni los ñoquis ni los llamados planes sociales.
En estos ocho meses de gobierno de Cambiemos, la estrategia de ir tomando temas aislados y adoptando medidas inconexas no parecen estar dando los frutos esperados. Al inicio pensaron que arreglando con los holdouts y eliminando el cepo cambiario iban a llover dólares para reactivar la economía y eso no ocurrió.
Para el segundo semestre apuestan a que el blanqueo generará un fuerte ingreso de capitales que sacará a la economía de la recesión. Veremos si el blanqueo es tan exitoso como se dice y cuánto vendrá a la Argentina de lo que se blanquee.
Se argumenta que no se pueden adoptar medidas más profundas porque volverían los k. Luce a un poco de extorsión eso de o nosotros o los kirchneristas de nuevo. Finalmente se termina utilizando el mismo mecanismo de planteo que hacía el kircherismo: nosotros o el caos.
En mi visión, estos errores de implementación de la política económica pueden generarle un desgaste al gobierno que aproveche el kirchnerismo para volver. En rigor, imagino que eso no va a pasar porque el kirchnerismo está muy ocupado atendiendo sus casos de corrupción en los tribunales. Gracias a que del otro lado no hay nada es que Cambiemos sigue manteniendo un alto grado de apoyo. Pero que quede en claro que el “gradualismo” no es necesariamente el antídoto a la vuelta de los k o de otro peronismo.
Mi impresión es que girar a un plan completo de aplicación simultanea de reforma del estado, impositiva, monetaria y de apertura al mundo rendirá más frutos para la cosecha política del oficialismo, que estás trompadas al aire que, por momentos, les hacen perder puntos innecesariamente y mantienen en la incertidumbre a la población.
(*) Roberto Cachanosky. Economista (UCA, 1980). Director de Economía para todos. Artículo publicado el 21 de Agosto de 2016 en la Edición N°640

martes, 23 de agosto de 2016

Reinserción en la sociedad productiva

Por Edgardo Zablotsky (*)

Hace pocos días, el Papa Francisco, en una carta que le envió al presidente de la Conferencia Episcopal, con motivo de la celebración de San Cayetano, señaló que “a San Cayetano pedimos pan y trabajo. El pan es más fácil conseguirlo porque siempre hay alguna persona o institución buena que te lo acerca, al menos en la Argentina, donde nuestro pueblo es tan solidario. Pero el trabajo es tan difícil de lograrlo, sobre todo cuando seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son significativamente altos”. Y agregó que “el pan te soluciona una parte del problema, pero a medias, porque ese pan no es el que ganás con tu trabajo. Una cosa es tener pan para comer en casa y otra es llevarlo a casa como fruto del trabajo. Y esto es lo que confiere dignidad. […] Cuando pedimos trabajo estamos pidiendo dignidad; y en esta celebración de San Cayetano pedimos esa dignidad que nos confiere el trabajo; poder llevar el pan a la casa”.
Al respecto, a fines de mayo pasado, Norberto Rodríguez, Secretario General de YMCA, publicó en esta sección una interesante nota en la cual resaltaba que los eslóganes como pobreza cero son muy atrayentes en términos de anhelos y marketing político, pero encierran un importante riesgo cuando no van acompañados de hojas de ruta que posibiliten convertir en realidad dicha aspiración. A su vez, ¿cuál es dicha hoja de ruta? Rodríguez la asocia a educación de excelencia, especialmente para aquellos que menos tienen y, por ende, más lo necesitan.
Está en lo correcto. Milton Friedman, Nobel de Economía 1976, declaró alguna vez que “una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores más y menos calificados, de defenderse de la perspectiva de una sociedad dividida entre los ricos y pobres, de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados”. ¿No es esta acaso una foto adecuada para describir nuestra realidad, en la cual millones de personas llevan el pan a la mesa gracias a planes sociales?
Hemos perdido una década, millones de beneficiarios de planes no cuentan hoy con mayor capital humano que hace diez años. Exigir que todo beneficiario concurra a una escuela de adultos, preferentemente técnica, con el fin de completar su educación formal, o que tome cursos de entrenamiento profesional en un amplio menú de actividades productivas, como requisito para hacerse acreedor al subsidio, facilitaría su reinserción en la sociedad productiva.
Imaginémonos si se implementase hoy una política imbuida de este espíritu. ¿Cuántos menos argentinos dependerán del apoyo del Estado de aquí a cinco años? ¿Cuántos más gozarán de la dignidad que sólo confiere el llevar a la mesa familiar el pan obtenido como fruto de su trabajo? 
(*) Edgardo Zablotsky es miembro de la Academia Nacional de Educación y Vicerrector de la Universidad del CEMA. Publicado el 23 de Agosto de 2016

Más sobre Keynes

Por Alberto Benegas Lynch (h) (*)

Mucho se ha escrito sobre John Maynard Keynes a favor y en contra, pero es de interés intentar una vez más indagar en aspectos centrales de su tesis al efecto de comprender el cometido con la mayor claridad posible.
En el capítulo 22 de su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero Keynes resume su idea al escribir que “En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de inversión no puede dejarse con garantías en manos de los particulares”.
En el capítulo 2 del segundo volumen de su Ensayos de persuasión afirma que “Estamos siendo castigados con una nueva enfermedad, cuyo nombre quizás aun no han oído algunos de los que me lean, pero de la que oirán mucho en los años venideros, es decir el paro tecnológico”. Este comentario sobre “la nueva enfermedad” pone de relieve la incomprensión de Keynes sobre el tema del desempleo.
Como se ha puntualizado en diversas ocasiones, en una sociedad abierta, es decir, en este caso, allí donde los salarios son el resultado de arreglos libres entre las partes nunca se produce sobrante de aquél factor que resulta esencial (el trabajo manual e intelectual) para la producción de bienes y para la prestación de servicios. En otros términos, no hay desocupación involuntaria (la voluntaria es irrelevante para nuestro estudio como lo es la involuntaria para quienes están en estado vegetativo).
Esto es así aunque se trate de un grupo de náufragos que llegan a una isla desierta: no les alcanzarán las horas del día y de la noche para todo lo que deben trabajar. Sin duda que los salarios en términos reales en ese caso serán reducidos por falta de inversión suficiente pero no habrá desempleo. Por su parte la nueva tecnología permite liberar recursos humanos y materiales al efecto de asignarnos en otros emprendimientos que no podían encararse mientras los siempre escasos factores de producción estuvieran esterilizados en las áreas anteriores.
Y no es cuestión de centrar la atención en la transición puesto que la vida es una transición permanente. Cualquiera que cotidianamente en su oficina propone un cambio para mejorar está de hecho reasignando recursos hacia otros campos. La mayor productividad produce siempre ese resultado. Los empresarios en su propio interés están interesados en la capacitación en los nuevos emprendimientos.
Tampoco tiene sentido aludir a una así denominada “desocupación friccional” puesto que todos pueden trabajar si se adaptan a los salarios ofrecidos según sean las tasas de capitalización del momento. En el extremo, si por arte de magia todo estuviera robotizado (dejando de lado el trabajo para fabricar robots) estaríamos en Jauja puesto que el objeto del ser humano no es trabajar. Pero en la realidad debe verse el asunto como lo hemos ejemplificado tantas veces con el hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el fogonero cuando apareció la máquina Diesel. La tecnología incrementa la productividad y, por ende, los salarios e ingresos de la población. En última instancia, el volumen de inversión es lo que diferencia un país adelantado de uno atrasado.
La enorme desocupación que observamos en distintos países se debe precisamente a las intromisiones gubernamentales al pretender el establecimiento de salarios por medio del decreto que naturalmente sacan del empleo formal a quienes más necesitan trabajar. La ocupación informal es una respuesta de la gente para sobrevivir en lugar de estar condenados a deambular por las calles sin encontrar empleo a los salarios y con los tributos impuestos por las normas de aparatos estatales irresponsables.
G.R. Steele en su Keynes and Hayek resume bien el aspecto medular del autor a que nos venimos refiriendo al sostener que Keynes paradójicamente aparece como el salvador de un sistema que condena, es decir el capitalismo y concluye que “Keynes considera el capitalismo como estética y moralmente dañino por cuya razón justifica el aumento de las funciones gubernamentales” y afirma muy documentadamente que “Hayek tenía gran respeto por el hombre, pero muy poco respeto por Keynes como economista”.
Su conocida visión de que las obras públicas en si mismas permiten activar la economía pasan por alto el hecho de que los recursos del presente son desviados de las preferencias de los consumidores para destinarlos a las preferencias políticas lo cual implica consumo de capital. Si las obras en cuestión son financiadas con deuda, se comprometen los recursos futuros de la gente.
Todas las acciones políticas, cualquiera sea su color, son consecuencia de previas elucubraciones intelectuales que influyen sobre la opinión pública que, a su turno, le abren caminos a los buscadores de votos. Muy citado y muy cierto es un pasaje escrito por John Maynard Keynes en la obra mencionada que “Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando están en lo cierto como cuando no lo están, son más poderosas de lo que se supone corrientemente. Verdaderamente, el mundo se gobierna con poco más. Los hombres prácticos, que se creen completamente libres de toda influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.
El párrafo no puede ser más ajustado a la realidad. Keynes ha tenido y sigue teniendo la influencia más negativa de cuantos intelectuales han existido hasta el momento. Mucho más que Marx, quien debido a sus inclinaciones violentas y a su radicalismo frontal ha ahuyentado a mas de uno. Keynes, en cambio, patrocinaba la liquidación de la sociedad abierta con recetas que, las más de las veces, resultaban mas sutiles y difíciles de detectar para el incauto debido a su lenguaje alambicado y tortuoso. Los ejes centrales de su obra mas difundida a la que hemos hecho referencia consisten en la alabanza del gasto estatal, el déficit fiscal y el recurrir a políticas monetarias inflacionistas para “reactivar la economía” y asegurar el “pleno empleo” ya que nos dice  en ese libro que “La prudencia financiera está expuesta a disminuir la demanda global y, por tanto, a perjudicar el bienestar”.
Como hemos recomendado antes, subrayamos nuevamente que tal vez los trabajos mas lúcidos sobre Keynes estén consignados en el noveno volumen de las obras completas de Friedrich A. Hayek (The University of Chicago Press, 1995), en el meduloso estudio de Henry Hazlitt traducido al castellano como Los errores de la nueva ciencia económica(Madrid, Aguilar, 1961) y ahora agregamos el  voluminoso análisis de William H. Hutt  The Keynesian Episode (Indianapolis, IN., Liberty Press, 1979). Numerosas universidades incluyen en sus programas las propuestas keynesianas y no como conocimiento histórico de otras corrientes de pensamiento, sino como recomendaciones de la cátedra. Personalmente, en mis dos carreras universitarias y en mis dos doctorados tuve que estudiar una y otra vez las reflexiones keynesianas en el mencionado contexto. Todos los estatistas de nuestro tiempo han adoptado aquellas políticas, unas veces de modo explícito y otras sin conocer su origen. Incluso en Estados Unidos irrumpió el keynesianismo mas crudo durante las presidencias de Roosevelt: eso era su “New Deal” que provocó un severo agravamiento de la crisis del treinta, generada por las anticipadas fórmulas de Keynes aplicadas ya en los Acuerdos de Génova y Bruselas donde se abandonó la disciplina monetaria.
A veces no hay más remedio que reiterar algunos temas debido a la aceptación de algunos conceptos sin analizar debidamente, como algunas de las  terminologías y los neologismos más atrabiliarios que son de factura del autor de marras. No quiero cansar al lector con las incoherencias y los galimatías de Keynes, pero veamos solo un caso que hemos apuntado en otra oportunidad y es el que bautizó como “el multiplicador”. Sostiene que si el ingreso fuera de 100, el consumo de 80 y el ahorro 20, habrá un efecto multiplicador que aparece como resultado de dividir 100 por 20, lo cual da 5. Y préstese atención porque aquí viene la magia de la acción estatal: afirma que si el Estado gasta 4 eso se convertirá en 20, puesto que 5 por 4 es 20 (sic). Ni el keynesiano más entusiasta ha explicado jamás como multiplica ese “multiplicador”.
En definitiva, Keynes apunta a “la eutanasia del rentista y, por consiguiente, la eutanasia del poder de opresión acumulativo de los capitalistas para explotar el valor de escasez del capital”. Resulta sumamente claro y específico lo que escribió como prólogo a la edición alemana de la obra mencionada, en 1936, en plena época nazi: “La teoría de la producción global, que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho mas fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y un grado considerable de laissez-faire”.
Resulta esencial percatarse de lo inexorablemente malsano de cualquier política monetaria del mismo modo que es altamente inconveniente la politización de la lechuga o de los libros. Este es el consejo, entre otros, de los premios Nobel en economía Hayek y Friedman en su última versión. Cualquier dirección que adopte la banca central ya sea para expandir, contraer o dejar la base monetaria inalterada, alterará los precios relativos con lo que las señales en el mercado quedan necesariamente distorsionadas y el consiguiente consumo de capital se torna inevitable que, a su turno, empobrece a todos.
Por último, para no recargar una nota periodística, es del caso destacar la voltereta de Keynes para apoyar al proteccionismo aduanero que, a diferencia de lo que sostenía con anterioridad, según su último criterio favorece el empleo y la actividad económica tal como, entre otros, subraya R. F. Harrod basado en extensas citas consignadas en La vida de John Maynard Keynes, cuando justamente esa política obliga a una mayor inversión por unidad de producto lo cual naturalmente se traduce en una menor cantidad de productos adquiridos a mayor precio y con una menor calidad, lo cual significa que se reduce la productividad y, por ende, se contraen  salarios e ingresos en términos reales.
(*) Alberto Benegas Lynch (h) Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Artículo publicado el 17 de Agosto de 2016

La mejora de la institucionalidad

Por Manuel Solanet (*)

(*) Manuel Solanet. Presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Publicado el 16 de Agosto de 2016 Y en Youtube Canal Aapresid. Con Andrés Peña (Ministerio de Producción) y Néstor Pedro Sagüés (UCA)

lunes, 22 de agosto de 2016

El fallo de la corte no impide reducir el déficit fiscal

Por IDESA (*)
El fallo de la Corte sobre la readecuación tarifaria implica que la estrategia de reducir déficit fiscal vía recorte de subsidios llevará más tiempo del planeado. Por lo tanto aumenta la pertinencia de revisar otros componentes del gasto público. En este sentido, reformar el sistema previsional y desmantelar intervenciones nacionales superpuestas con funciones provinciales no solo resultan prioritarias sino que, después de la intervención de la Justicia, pasan a ser urgentes.
La Corte Suprema de Justicia decidió retrotraer parte de los incrementos sobre las tarifas del servicio de gas. En el fallo se argumenta que al tratarse de un servicio monopólico es muy importante respetar el procedimiento que contempla audiencias públicas. Además, se señala que al haberse acumulado más de una década de retraso tarifario se debe dar tiempo para que las familias tengan la posibilidad de reprogramar sus consumos y adapten sus presupuestos. No se prohíbe la readecuación de las tarifas pero se exige apego a los procedimientos y una aplicación gradual para los consumos familiares.
Entre los principales impactos del fallo uno de los más relevantes es que obliga a continuar derivando una importante cantidad de recursos fiscales a subsidiar las tarifas. Esto entra en colisión con el objetivo de reducir el déficit fiscal, condición indispensable para recuperar la estabilidad de precios, la inversión y el crecimiento. La gradualidad que impuso la Corte altera el plan fiscal que se venía sosteniendo.
En este sentido es importante tener en cuenta que los subsidios económicos representaron aproximadamente el 15% del gasto público primario de la Administración Pública Nacional en la primera mitad del año 2016. El resto se integra por:    
  • El 63% se destina a gastos de carácter social (previsión social, salud, educación, vivienda e infraestructura básica).
  • El 16% se aplica al pago de salarios y funcionamiento del Estado.
  • El 6% se destina a inversión pública.   
Estos datos muestran que los recursos fiscales asignados a subsidiar la energía, el transporte y las empresas públicas representan prácticamente un cuarto del gasto social, lo mismo que se gasta en salarios públicos y más del doble de lo que se asigna a obra pública. Se trata de una enorme cantidad de recursos fiscales que en la mayoría de los casos beneficia a personas de ingresos medios y altos, produce ineficiencias y oportunidades de corrupción y ha llevado a la crisis del sector energético. Sin perjuicio de ello, también muestran que la gradualidad que impuso la Corte no necesariamente implica claudicar en el objetivo de reducir el déficit fiscal. Muy por el contrario, existen otros componentes del gasto público donde con adecuadas estrategias se puede mejorar las cuentas fiscales.
Un área ineludible de reformas es el sistema previsional. En este aspecto queda más explicito el error de no haber contemplado en la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados cambios en la organización del sistema previsional. El reconocimiento de las deudas es justo y necesario, pero también es imprescindible corregir muchas inconsistencias e inequidades que cobijan las normas previsionales vigentes. Si bien en la ley se contempla la creación de una comisión para abordar el tema, su dinámica resulta demasiado cansina frente a la insolvencia en que se encuentra el sistema jubilatorio.
En el resto del gasto social también hay espacios de reformas. Siguen operando una treintena de programas federales en educación, salud y desarrollo social que en lo que va del año distribuyó $40 mil millones entre las provincias en un esquema heredado de intervenciones nacionales superpuestas con las responsabilidades provinciales. Replanteando este rol, se podría desmantelar estructuras burocráticas inútiles que se fueron acumulando durante décadas bajo la lógica de un Estado nacional invasivo de las funciones provinciales y municipales.  

El fallo de la Justicia en el tema tarifario no es un obstáculo insalvable para cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal y, por esta vía, bajar la inflación y aumentar la producción. Por el contrario, es un factor adicional que alerta sobre la necesidad de avanzar de manera más veloz y decidida en la modernización del Estado para convertirlo en un instrumento eficaz de promoción del desarrollo social sustentable y equilibrado. 

(*) IDESA. Informe N° 666 del 21 de Agosto de 2016

 

Lo Bueno de lo Malo

Por Gabriela Pousa (*)

“Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera,  contarle que el universo era más ancho que sus caderas,  le dibujaba un mundo real no uno color de rosa,  pero ella prefería escuchar mentiras piadosas (…)” Joaquín Sabina
 “Cambiamos”: A juzgar por los últimos acontecimientos, este solo es un verbo en plural que – tanto dirigencia como sociedad -, conjugamos arbitrariamente. Al menos, no parece haber conciencia cabal de las implicancias que acarrea modificar el escenario político nacional.  Lo sucedido con las tarifas de la electricidad y el gas graficaron en forma maestra lo que sucede en la Argentina actual. El kirchnerismo no se ha robado solo el patrimonio material sino que ha socavado hasta la lógica más elemental: nada fue, es, ni será gratis en un país que se pretenda normal. 
Si acaso el gobierno ha fallado es dable rescatar algo que no sucedió durante doce años: rectificar, dar marcha atrás. A veces el mejor de los caminos solo se alcanza retomando el sendero perdido. Hubo errores que pusieron de manifiesto que no basta con tener los mejores equipos técnicos, también es menester contar con quienes sepan entender una sociedad que perdonó hasta lo indecible al kirchnerismo, y ahora no puede tolerar, por ejemplo, que se comunique mal. 
Es paradójico que la misma gente que calló frente al saqueo de reservas del BCRA o al ocultamiento del número de muertos tras un temporal, ahora no acepte un error conceptual del gobierno. Es verdad que nunca se dio prioridad a lo institucional, de ahí que no indigne ver a Hebe de Bonafini viajando a un supuesto coloquio en la costa bonaerense pero no respondiendo al llamado de un juez federal. Un juez que ha dejado al descubierto otro legado del pasado gobierno: el miedo. Un antecedente preocupante si acaso sienta precedente para los pedidos de indagatoria que vendrán. 
Lo cierto es que del error debe rescatarse lo elemental: la experiencia. No es la primera vez que Mauricio Macri choca con la misma piedra: le sucedió cuando intentó nombrar dos miembros para la Corte Suprema sin esperar el dictamen del Congreso. Le pasó ahora al querer evitar la convocatoria a audiencias públicas como establece el derecho. Habría que recordar la máxima de Napoleón: “Vísteme despacio que voy de prisa“. Hay un punto medio entre la premura y la desidia. El Presidente debe verlo. Si titular del PRO no escucha o no escuchó debe empezar a hacerlo. 
Pero hay otro hito muchísimo más importante que el traspié del gobierno: la recuperación de un pilar esencial para ser un país normal. Y este es el respeto por la ley, el acatamiento a la Justicia cuando obra independientemente de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no sucedió durante el mandato anterior, y nadie o muy pocos, fueron capaces de elevar la voz. 
Basta un ejemplo: nunca el kirchnerismo aceptó el fallo de la Corte denunciando al entonces gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y a favor de la restitución del procurador Eduardo Sosa, desplazado del cargo en tiempos en que Néstor Kirchner gobernaba. El máximo tribunal de Justicia fue ignorado siempre que falló en forma adversa al deseo de los Kirchner. Con Cambiemos se recuperó la institucionalidad, base fundamental para la república. El hecho de que no demos valor a ello no lo hace un dato menor. 
Hoy este respeto de un poder hacia otro debería ser titular de todos los periódicos porque lamentablemente, la barbarie kirchnerista, ha hecho que lo normal resulte digno de rescatar.Sin embargo, el énfasis parece estar en el traspié del gobierno como si este no estuviese conformado por seres humanos. Una cosa es gobernar mal – de manera sistemática además -, porque es requisito sine qua non para beneficio propio, y otra es equivocarse con los tiempos o quizás con la comprensión del mal social sembrado por la administración anterior. Una cosa es respaldar a un funcionario porque es socio en el robo armado, y otra es lo que sucedió con el titular de la Aduana, Juan Gómez Centurión.
En el seno del macrismo la polémica entre gradualismo y shock es un asunto pendiente de solución. A veces lo bueno es enemigo de lo óptimo y lo urgente se confunde con lo importante. Ahora bien, dejar satisfecho a todo el mundo es algo que ni este ni ningún otro gobierno puede hacer por mejor intención que se tenga. Asimismo hay una realidad que no puede pasarse por alto: la realidad social.
En la sociedad argentina hay un grave conflicto entre lo que se puede y lo que se quiere. Tener luz y no pagar por ella es un anatema. Un sofisma que el kirchnerismo vendió y nosotros compramos voluntariamente. ¿Inocentes o inmaduros? Guste o no hay que apostar por lo último, y encima se nos hace precio porque “cómplices” sería el vocablo perfecto. Hemos sido los inmaduros perpetuos a los que aludía Pascal Bruckner. 
No queremos crecer aunque queremos los beneficios de los adultos. Clamamos libertad sin querer hacernos cargos de sus deberes intrínsecos. Creemos que el lloriqueo es el modo más efectivo de conseguir lo deseado, no el esfuerzo. Queremos al Estado benefactor a sabiendas del resultado: la orfandad en todos los planos. 
El kirchnerismo creó la costumbre de la gratuidad o del subsidio como beneficio, un capítulo más del relato. Quitar un hábito, destruirlo, es complejo porque forma parte de la rutina personal pero mucho más difícil es cambiar una costumbre pues esta es una construcción social. Requiere de tiempo, el gobierno desconoció eso. Una vez que Pavlov entrenó al perro para que asocie comida o recompensa con el sonido de la campana, no pudo lograr que el animal no reclame su ración diaria al oír doblar las campanas. 
La creación de ciertas costumbres durante doce años hace que el gobierno actual necesite duplicar esfuerzos para conseguir cambios, aún cuando estos sean admitidos como necesarios por la sociedad. 8 de cada 10 ciudadanos se mostró satisfecho por el fallo de la Corte frenando la suba de tarifas de gas y electricidad. No es un detalle, es parte de la costumbre arraigada durante un tiempo en exceso largo. 

Hay toda una generación que creció bajo la “filosofía” populista de “lo gratis”. Pues bien, ni los recitales en plazas públicas, ni Tecnopolis, ni el canal estatal ni nada que el Estado haga u otorgue, carece de costos para la sociedad. Hasta no hacer comprender esto con mensajes claros y concretos, no habrá forma de que “Cambiemos” sea algo más que un verbo. Y el fracaso, en todo caso, es de todos, excede al gobierno aún cuando no quiera vérselo. 
(*) Gabriela Pousa. Lic. en comunicación. Mag. en Economía y Ciencia Política. Directora de Perspectivas Políticas. Artículo publicado el 20 de Agosto de 2016

domingo, 21 de agosto de 2016

El ineludible costo social

Por Alberto Medina Méndez (*)

El debate contemporáneo ha instalado una falacia tan clásica como burda. Propios y extraños defienden la idea de que los cambios no pueden ni deben hacerse porque no están dadas las condiciones mínimas para llevarlos adelante dado el elevado costo social que provocaría hacerlo.
Es esa visión la que detiene a muchos en el camino hacia lo correcto y, bajo esa perspectiva, empiezan a pergeñar retorcidos atajos, senderos alternativos y discursos siempre funcionales para finalmente sortear las imprescindibles determinaciones que se necesitan.
Obviamente, los más interesados en no dar pasos firmes en el trayecto apropiado son justamente los que gobiernan, que no están dispuestos en realidad a hacer lo necesario, sino que prefieren dejarle esa incomoda labor a otros, a los que puedan venir después, que por otra parte jamás llegan.
Desde cualquier posición política, transmiten a viva voz esta idea de que no se pueden concretar ciertas acciones porque eso implicaría que una parte importante de la sociedad pagaría los platos rotos, como si postergar la decisión  resolviera el problema de fondo y no lo agravara aun más.
Quienes inspiran esta mirada no lo dicen, ya no porque no lo identifican, sino porque se suman al engaño institucionalizado que la política instrumenta sistemáticamente desde hace décadas, escondiendo la realidad.
La verdad es que no están dispuestos a hacerlo por el costo político que eso conlleva y no por el costo social que se deriva de las eventuales decisiones adecuadas. Claramente esos dos conceptos no son idénticos.
El supuesto costo social, al que ellos se refieren, se ampara en la hipotética imposibilidad práctica de los sectores más vulnerables para adecuarse, en esa transición, pasando de su situación actual a otra con reglas de juego diferentes, que demandan significativos esfuerzos adicionales.
La otra cara de la moneda, esa que les preocupa, es la del costo político, vinculado al apoyo electoral que precisa cualquier gobierno para llevar adelante su gestión y tener sustentabilidad durante ese proceso.
La política le tiene miedo a sus propios costos y no a los de la gente. No les asusta como se adaptará la sociedad a esa nueva dinámica más sensata y racional, más equitativa y justa. Les preocupa solo la próxima elección y su supervivencia frente a los embates de su circunstancial opositor de turno.
Por esos motivos implementan un discurso mentiroso, donde el embuste está en el centro de la escena. Falsifican la realidad no solo a la sociedad en su conjunto haciéndoles creer que muchas medidas son absolutamente irrealizables, sino que manipulan a sus propios partidarios, instigándolos a recitar sin pensar, ideas que no resisten demasiado análisis pero que han conseguido instalarse en la agenda política general.
Lo que no cuentan, lo que no dicen, lo que ocultan deliberadamente, es que el supuesto costo social que intentan evitar, protegiendo a los más débiles y que la comunidad no parece dispuesta a tolerar, se paga igualmente todos los días y sin ningún tipo de contemplaciones.
La astucia del sistema ha consistido en inyectar veneno de un modo imperceptible, disimuladamente, sabiendo que lo hace, lo que convierte su ejecución en una perversidad gigante de los implementadores y de quienes asumen cotidianamente la responsabilidad de continuarlas hasta el infinito.
No solo los creadores de este engendro tienen la culpa. Claro que son ellos los que han fabricado este monstruo, pero eso no exime de responsabilidades a quienes, pudiendo encaminarse en la dirección opuesta sostienen este nefasto régimen sin ningún tipo de atenuantes.
Mantener la vigencia de infinitos planes sociales y la endemoniada estructura de subsidios con la transferencia de recursos que eso implica, en la mayoría de los casos desde los sectores que menos tienen hacia los de mayor poder adquisitivo, es una actitud ruin e imperdonable.
La pérfida dinámica impositiva de este tiempo le hace creer a demasiada gente que recibe cuantiosas ayudas, que ciertos servicios son gratuitos, que los paga alguien que no son ellos mismos, cuando en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.
Los ciudadanos, sin registrarlo, pagan por esto todos los días. Los supuestos beneficiarios de esos privilegios financian esta fiesta con exagerados impuestos e inflación, con corrupción y despilfarro, sosteniendo una estructura parasitaria, ineficiente e incapaz de gestionar con calidad.
La sociedad paga desproporcionados tributos para sostener un aparato político cuya ingeniería letal ha sido construida durante años. Más de la mitad de los ingresos que los individuos crean con su propio esfuerzo quedan en manos de los diferentes estamentos del Estado  que a cambio ofrece, invariablemente, servicios de dudosa calidad.
No es cierto que los cambios no se puedan concretar. Lo que no quieren reconocer es que hacerlo implicaría desmantelar la maquinaria política que han edificado y es ese costo, y no otro, el que no están dispuestos a pagar.
La clase política ha logrado instalar la inmoral idea de que la sociedad debe hacerse cargo de sostener un Estado caro, ineficaz e injusto. Lo debe hacer sin chistar y además debe soportar hasta el infinito que los problemas que nacen de esa dinámica jamás encuentren soluciones definitivas.
Aunque no se logre percibir con suficiente claridad, la mayoría de la gente no ha logrado evitar eso a lo que tanto parece temerle, gracias a sus cuestionables creencias. No deberían asustar los cambios, sino la eterna continuidad de un esquema que genera cada vez más inconvenientes y que jamás ha conseguido esquivar el ineludible costo social.

(*) Alberto Medina Méndez. Periodista y analista político
albertomedinamendez@gmail.com
www.existeotrocamino.com
Facebook: www.facebook.com/albertoemilianomedinamendez
Fuente: Comunicación personal del autor

Será por eso que del todo no me fui [i]

Por Enrique Guillermo Avogadro (*) 
"Quienes quieran analizar la política o la historia en términos ideológicos, sólo estarán contemplando el espectáculo de un teatro de títeres".   Carlos Manfroni
Que ya no hay ideologías en la política argentina no es una novedad, pero donde más se nota es en la violencia política. Con toda mi profunda repugnancia por el accionar de los terroristas de los 70's, que tantas víctimas cobró, no dejo de reconocer que actuaban convencidos de ser el "hombre nuevo" popularizado por elChe Guevara, acompañado por muchos curas extraviados, y se sentían mesiánicamente destinados a conducir la revolución socialista. Pretendían replicar en la Argentina el genocidio comunista (el propio Santucho dijo que, al triunfar, fusilarían a un millón de argentinos) y contaban con el apoyo militar y financiero de países como Cuba, Libia, Argelia, Líbano, etc.. 
Si bien quienes vivimos aquella trágica época recordamos claramente qué sucedió entonces, ya convivimos al menos con dos generaciones que lo ignoran o están confundidas, engañadas por la exitosa acción psicológica que permitió que la historia fuera tergiversada completamente, calificando a aquellos asesinos como "jóvenes idealistas".
Hoy, cuarenta años después, esa demencial violencia que resurge de la mano de los militantes kirchneristas -algunos de ellos ex integrantes de organizaciones como Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Movimiento Todos por la Patria (MTP)-  y busca la desestabilización o caída del actual gobierno, tiene como único objetivo impedir que la Justicia envíe a la cárcel a Cristina Elizabet Fernández y al resto de los integrantes (funcionarios y empresarios) de la asociación ilícita que encabezó, como antes lo fue el asesinato de Alberto Nisman. Mañana Jorge Lanata, que mostrará en su programa cuentas bancarias extranjeras, con sus saldos, procedencia del dinero y titulares, seguramente incrementará la inquietud que los embarga.
Todo comenzó, el 10 de diciembre, cuando la viuda de Kirchner se negó a entregar los atributos del mando a su sucesor, y continuó con la resistencia en organismos y cargos por parte de ñoquis sembrados como virus malignos en toda la administración pública (¿qué es de la vida de Milani y Berni?). Siguió la masiva distribución del manual de procedimiento para la concreción de micro acciones destinadas a promover el descontento social, y una feroz actividad en las redes. Así, lograron instalar la sensación de desempleo masivo, que nunca existió, o una hambruna generalizada, pese a que todos los planes sociales han aumentado, incluyendo la distribución de alimentos.
Aunque no les sería posible ahora reunir una tropa ideologizada para la subversión, no es menos cierto que hay mucha mano de obra disponible para asumir ese rol. Me refiero, naturalmente, a elementos de la Policía bonaerense, a pseudo organizaciones sociales -como Barrios de Pie, Quebracho, Miles TTT, Tupac Amaru, Hijos, Corriente Clasista y Combativa, etc.- para invadir violentamente el espacio público y alterar el orden y, en especial, a otro tipo de personas, vinculadas al narcotráfico, como los "ni-ni", dispuestos a todo por algunas dosis de paco, o los barrabravas, que se venden al mejor postor. Si a esa inestable mezcla explosiva le sumamos la actitud de los sacerdotes de "Curas en Opción por los Pobres", declaradamente kirchneristas y prohijados por el Papa Francisco, tendremos delante un escenario por demás inquietante.
  Me preocupa la actitud del Presidente y su entorno, que minimizan este rebrote de violencia y se resisten a enfrentar, con todo el peso de la ley, hechos que van escalando en gravedad y que, de no ser cortados de cuajo, seguramente acarrearán consecuencias terribles. No fue menor que el automóvil en el que se trasladaba Mauricio Macri fuera apedreado ni que se optara por modificar locaciones de actos para evitar confrontaciones callejeras; tampoco lo fueron las reiteradas amenazas implícitas en las invasiones al despacho de María Eugenia Vidal o a la casa de alguno de sus ministros, cometidos en el marco de la resistencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la limpieza que la Gobernadora está encarando en sus filas.
Parte de lo que sucede en la Justicia fue desnudado por el Juez Alfredo López, de Mar del Plata, que denunció que la Fiscal Laura Mazzaferri se había negado a recibir la denuncia que formulara la propia Policía y entorpecía la investigación de la agresión al Presidente y, sin pelos en la lengua, instó a éste a promover juicio político a todos los integrantes de la nefasta organización autodenominada "Justicia Legítima", a la cual pertenece la funcionaria en cuestión, creada por la Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, para servir al innoble propósito kirchnerista de colonizar al Poder Judicial; el magistrado fue clarísimo cuando explicó que, mientras esa organización subsista, resultará imposible gobernar.
Es demostrativo de una cobardía visceral o de una complicidad dolosa que ningún fiscal del país haya denunciado -el Título VIII del Código Penal reprime los delitos contra el orden público- a siniestros personajes como Luis D'Elía, Fernando Esteche, Hebe de Bonafini, Roberto Perdía, Gabriela Cerruti, Guillermo Moreno, Cristóbal López y sus medios, etc., que desembozadamente han dicho que buscan, incluso recurriendo a la violencia, la renuncia o la destitución de Macri, a quien han llegado a comparar con Hitler. En este tema, como sucede con la corrupción, la impunidad está reñida con la gobernabilidad.
No voy a explayarme sobre el tema de las tarifas, puesto que ya he fijado mi posición en otras notas, pero sí voy a insistir en que, más allá de las repercusiones financieras que el fallo de la Corte Suprema produce, el impacto más grave ha sido sobre la posibilidad del arribo de inversiones extranjeras, que el país requiere más que un vaso de agua para un perdido en el desierto.
Considero que la culpa de lo sucedido corresponde al Gobierno, que torpemente se negó a informar oportunamente a la sociedad la magnitud de la crisis heredada, responsabilidad luego amplificada por el magnífico aparato comunicacional del kirchnerismo, que logró instalar la idea de un inexistente tarifazo salvaje. Si el Ministro Aranguren hubiera convocado antes a los ocho ex secretarios de Energía, que tienen diversas filiaciones políticas pero llevan años proponiendo unánimes soluciones al problema fabricado por don Néstor y doña Cristina, casi con seguridad se hubiera conducido mejor el proceso.   
Espero que los jóvenes que hoy están a cargo de la administración nacional dejen de usar como libro de cabecera el "Diario de la guerra del cerdo", del inolvidable Adolfo Bioy Casares, y por lo menos escuchen a quienes, por edad y experiencia política, podrían haberles evitado sufrir esta derrota que nos afecta y que pagaremos todos, en especial los más pobres.
Bs.As., 20 Ago 16


[i] De "El corazón al sur", de Eladia Blázquez
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Fuente: Comunicación personal del autor

jueves, 18 de agosto de 2016

Justicia fiscal

Por Juan Ramón Rallo (*)

“La expresión "justicia fiscal" es una contradicción de términos. Justicia es dar a cada uno lo suyo no quitar a cada uno lo que dictamina arbitrariamente el Estado.”

Lo  primero que hay que tener claro a la hora de tocar el tema de los impuestos es que cobrarlos implica obligar al contribuyente (ciudadano) a entregarle al recaudador (gobierno) parte del producto de su trabajo. Podría haber ciudadanos que, si no existiera la obligación legal para pagarlos, de todas maneras pagarían impuestos, voluntariamente, por considerar que así contribuyen a la justicia social, al bien común, a la equitativa distribución del ingreso o, simplemente, a financiar al gobierno en la realización de sus legítimas tareas: garantizar la seguridad contra la delincuencia; impartir justicia; proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban ser provistos; ordenar la convivencia en los espacios públicos; corregir externalidades negativas. Pero aún para quienes considerasen el pago de impuestos como una obligación ética, existiría la obligación legal. En todos lados existen leyes fiscales, mismas que, en la gran mayoría de los casos son injustas, injusticia a la que apunta lo dicho en el epígrafe por Rallo: el Estado, por medio de sus legisladores, dictamina arbitrariamente cuánto de su ingreso se le debe quitar al ciudadano en su calidad de contribuyente.


El problema de los impuestos no es quitar, sino quitar arbitrariamente, con toda la justificación legal que las leyes le brindan al recaudador, pero sin la justificación ética por tratarse de impuestos cobrados injustamente. ¿Qué es lo que determina que un impuesto sea injusto? No su monto, que sin duda es importante, sino su destino, que es lo más importante, siendo que, si el destino es el correcto, el monto será el más bajo posible. La pregunta importante con relación a los impuestos no es “¿cuánto?” sino “¿para qué”? ¿Para qué deben cobrarse impuestos? Para pagar por las legítimas tareas del gobierno, cuya realización beneficia a todos los ciudadanos, no a unos cuantos (como sucede cuando el gobierno redistribuye el ingreso, quitándole a A lo que es producto de su trabajo para darle a B lo que no es producto del suyo). Tales tareas son las ya mencionadas y que, ante la proliferación de tareas asignadas arbitrariamente a los gobiernos, vale la pena repetir: garantizar la seguridad contra la delincuencia; impartir justicia; proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban ser provistos; ordenar la convivencia en los espacios públicos; corregir externalidades negativas, ninguna de las cuales implica redistribuir el ingreso, ya que cada la realiza el gobierno en beneficio de todos los ciudadanos.

Los socialistas están a favor de que el gobierno le quite a A para darle a B. Los liberales estamos a favor de que el gobierno le quite lo mismo a A y a B para darle lo mismo A y a B (ejemplo: defensa contra la delincuencia e impartición de justicia). Los anarcocapitalistas están a favor de que el gobierno no le quite nada, ni a A, ni a B. Los socialistas están a favor del gobierno hada madrina, que garantiza desde la cuna hasta la tumba, para lo cual debe redistribuir. Los liberales estamos a favor del gobierno gobierno, que lleva a cabo solamente las cinco tareas ya señaladas, ninguna de las cuales implica redistribuir el ingreso. Los anarcocapitalistas están en contra del gobierno por considerar, entre otras cosas, ¡pero de manera principal!, que ningún impuesto, desde el momento que supone obligar al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo, se justifica, cobro de impuestos al que yo califico como el pecado original de todo gobierno, mismo que debe justificarse, para lo cual hay que tomar en cuenta, antes que cualquier otra cosa, el para qué de los impuestos.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.
(*) Juan ramón Rallo. Economista y Abogado. Director del Instituto Juan de Mariana. Artículo publicado por Asuntos Capitales el 16 de Agosto de 2016

Fuente: http://www.asuntoscapitales.com/puntoi.asp?idp=471&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AsuntosCapitales+%28Asuntos+Capitales%29

martes, 16 de agosto de 2016

La pobreza no se resuelve con planes sociales

Por Roberto Cachanosky (*)
Del aumento de la pobreza, ¿cuánto es responsabilidad del kirchnerismo y cuánto de Cambiemos?
La semana pasada el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que publica el informe sobre la situación de la pobreza, dio a conocer los datos de 2015 y el primer trimestre de 2016. Del informe presentado surge que el kirchnerismo dejó un 29% de pobreza y que en los primeros meses de este año el nuevo gobierno llevó esa cifra al 34,5%, con lo cual se plantea si esta política económica no está profundizando la pobreza, un bocado político para el kirchnerismo del cual puede agarrarse para señalar a Macri como el responsable de la caída en el nivel de vida.
En rigor buena parte de ese aumento de la pobreza se debe a las distorsiones de precios relativos que dejó el kirchnerismo y que este gobierno tiene que corregir y otra parte, a mi juicio, a errores de implementación de la política económica y a una horrible política de comunicación del gobierno. Tengo para mí que la gente muestra grandes dosis de paciencia con el nuevo gobierno porque sabe que el kirchnerismo hizo un destrozo mayúsculo con la economía. Es más, el común de la gente acertadamente asocia los escándalos de corrupción con la difícil situación económica que una vez más tenemos que pasar los argentinos.
A pesar de los muy buenos precios de las commodities, el kirchnerismo no logró disminuir la pobreza. La terminó aumentando. Al punto tal que el INDEC dejó de publicar los datos para nos estigmatizar a los pobres según Kicillof.
Sin embargo, en los años k hubo un auge artificial del consumo financiando con la expropiación de los ahorros que teníamos en las AFJP, la confiscación de las ganancias del sector agrícola, consumiendo stock de capital como fueron 12 millones de cabezas de ganado, el sistema energético, las rutas y la infraestructura en general.
Es como si el kirchnerismo hubiese heredado a una tía rica y hubiese repartido la plata para consumir. Cuando se acaba la plata de la herencia surge la realidad: no éramos ricos. Éramos pobres. Así escondió el kirchnerismo la realidad. Realidad que por la herrada onda zen de amor y paz que es inaplicable con corruptos como los kirchneristas.
En mi opinión, el aumento de la pobreza que detecta la UCA en los primeros meses de este año responde, en gran medida, a la necesidad de terminar con la corrección del tipo de cambio, que fue parcial, y con el conflictivo incremento de las tarifas de los servicios públicos. La parte de responsabilidad que le adjudico a Cambiemos por el aumento de la pobreza tiene que ver con la pésima implementación de la política económica que, por ahora, hizo recaer sobre el sector privado el grueso de la corrección de los precios relativos. Por ejemplo, no bajar la carga tributaria en las tarifas de luz y gas que representan más del 50% del valor consumido. Si el gobierno baja esos impuestos y tasas municipales y sube la tarifa, el impacto de la suba de tarifas no sería tan feroz, especialmente si eliminan la nefasta tablita tarifaria inventada por De Vido. De esta forma es posible solucionar el problema del atraso de las tarifas de los servicios públicos con un impacto menor en el bolsillo de la gente. Eso sí, el estado tiene que bajar el gasto público para equilibrar las cuentas públicas.
La otra parte de la cuota de responsabilidad que le adjudico a Cambiemos en el aumento de la pobreza tiene que ver con la elevada tasa de inflación que deliberadamente utiliza como herramienta de política económica para licuar el gasto público.
Es cierto que en términos reales el déficit fiscal viene cayendo dado que está igual que el año pasado en términos nominales pero con una inflación superior al 40% anual. Es decir, lo que hace el gobierno es dejar que la inflación vaya erosionando el gasto público aumentándolo en términos nominales por debajo de la tasa de inflación, con lo cual la inflación para licuar el gasto público hace caer el salario real e incrementar la pobreza. La forma de reducir el déficit fiscal es usando la inflación en vez de una reforma estructural del sector público que permita bajar sus gastos y hacerlo útil a la sociedad.
En mi opinión es una estrategia errada que no construye esperanza. La gente paga un costo en nivel de vida para corregir parte del desastre k pero no ve un horizonte de salida porque no hay un plan económico que haga que la población vea una salida de crecimiento.
El plan A era que arreglando con los holdouts, iban a llover dólares para reactivar la economía pero la realidad es que no llovieron. Ahora el B es que con el blanqueo también van a llover dólares, la realidad es que no se ve claramente que eso vaya a ocurrir.
Sigue faltando un plan económico con medidas que no sean aisladas como ahora. Falta un plan económico que debe ser anunciado con una previa y detallada descripción del desastre económico heredado del kirchnerismo y cuál es la salida que se plantea. La hoja de ruta a seguir.
Es posible que sin la suficiente fuerza en el Congreso, Cambiemos no puede avanzar en reformas de fondo. Es más, tal vez no sea la filosofía de Cambiemos de cambiar en serio el modelo populista y limitarse a quitar lo más guarango que dejó el kirchernismo en materia de política económica. Por el momento todo parece indicar que está más inclinado a mantener un estado sobredimensionado que ahoga al sector privado que a modificar esa situación heredada. En ese caso, la larga decadencia argentina continuará su camino inexorablemente y será complicado solucionar el problema de la pobreza.
La única opción que queda para salir de la pobreza y darle una esperanza a la gente que no está sufriendo en vano económicamente, es plantear un plan económico que incluya: 1) reforma del estado, 2) reforma impositiva que simplifique y reduzca la carga tributaria, 3) buscar rápidamente una integración económica al mundo y 4) comenzar a tener un discurso que cambie los valores hoy imperantes, porque con estas propuestas demagógicas de que todos tienen derecho a vivir a costa del trabajo ajeno solo podemos prometer menos inversiones y más pobreza.
El discurso de afirmar que los subsidios son un derecho, es decir que alguien tiene derecho a vivir a costa del trabajo ajeno, no hace más que dejar intactos los valores que destruyeron la argentina.
Volver a establecer la cultura del trabajo y de la competencia empresarial es el pasi inicial para revertir la pobreza heredada del kirchnerismo. El resto es vender humo.
(*) Roberto Cachanosky. Economista (UCA, 1980) Director de Economía para todos. Artículo publicado el 14 de Agosto de 1969 en la edición N°639