sábado, 13 de mayo de 2017

Receta canibal

Por Enrique Guillermo Avogadro (*) 
"Mientras en la calle imperan el caos, el olvido, la prisa, la guerra contra el pasado y, sobre todo, está esa gente ilusionada con un cambio, desbordada de júbilo, diría que hasta muy contenta con lo que confían recibir por su fervorosa credulidad, sin pensar que pronto les llegarán las exigencias terribles de la fe que ahora profesan". Leonardo Padura
La Argentina política decidió esta semana castigar a los presuntos caníbales comiéndoselos. Confirmó así su siniestra selección de un grupo de dos mil ancianos para que asuman la culpa general de toda sociedad por haber apoyado la revolución militar de 1976 y así lograr el perdón.
Para preparar el adefesio que cocinó por unanimidad –salvo la honrosa y valiente actitud del Diputado Alfredo Olmedo- el ¿Honorable? Congreso de la Nación utilizó varios ingredientes, todos en descomposición, lo cual facilitó la cocción: la Constitución Nacional, el Código Penal, el Tratado de Roma, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Estoy hablando, claro, de la ley que prohibió la aplicación del famoso “2x1” que había utilizado la Corte Suprema de Justicia para declarar cumplida la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, un fallo que motivó la inmediata reacción de la izquierda, de los pseudo organismos de derechos humanos y del kirchnerismo (probando todos una vez más lo selectivo de su memoria), de los partidos políticos y hasta del Gobierno.
El Tribunal supremo, por una mayoría constituida por sus verdaderos juristas, falló conforme a derecho y, aún en contra de la posición personal y moral de cada uno, lo único que hizo fue aplicar el principio vigente en todas las legislaciones, que impone utilizar siempre la ley más benigna en el juzgamiento y la graduación de la pena de todo y cualquier delito.
Ese principio está consagrado en todas las normas, locales e internacionales, que he mencionado y hasta el ex Juez Eugenio Zaffaroni (de allí la desmemoria, ya que sus votos fueron calcados a lo ahora resuelto por la mayoría de la Corte) lo había respetado en sus fallos. Pero ello no fue óbice para que todos salieran corriendo a criticar a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y hasta llegaron al extremo disparate de denunciarlos penalmente por prevaricato, es decir, por resolver teóricamente en contra de las pruebas de la causa.
Con la sanción de este espantajo, se viola nuevamente otro principio básico de toda la estructura jurídico-penal de Occidente: la irretroactividad de la ley. Porque, cuando otro caso de lesa humanidad llegue a la Corte, los legisladores pretenden que el “2x1” no sea aplicado siquiera a las causas en trámite, es decir, que esta delirante norma recién promulgada impida la concesión de ese beneficio a quienes ya lo tenían.
Pero no debe asombrarnos, porque también se lo hizo cuando, en nombre de una “política de Estado” ¡convenida! entre los tres poderes (el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo reafirmó así en su voto) se aplicó –y muy tuertamente, por cierto- el concepto de “genocidio”, descripto por el Tratado de Roma, al cual adhirió la Argentina en 1994, a delitos así calificados y presuntamente cometidos veinte años antes.
Como dijo nuestra “abogada exitosa” esta semana en Bruselas, “todo tiene que ver con todo” y, precisamente para imponer el concepto de “genocidio”, fue que el terrorismo inventó el dogma de los 30.000 desaparecidos, amén de lucrar innoblemente con las indemnizaciones.
Debemos recordar que, cuando nuestros insanos legisladores sancionaron esta absurda ley, dijeron haberlo hecho ante la presión del clamor popular; o sea, invocando a la teórica opinión de la sociedad, nunca verificada, se modificó retroactivamente nuestra Constitución Nacional. Eso fue, claramente, lo que hicieron Hitler, Mussolini y Stalin para cambiar el mundo, ¡y así le fue a la humanidad!.
Y no se trata de una mera exageración literaria. Basta preguntarse qué diferencia, en los hechos, a nuestro Congreso del tirano Nicolás Maduro; ambos dicen representar a mayorías, a las cuales no se atreven siquiera consultar, para cambiar las reglas de juego de la democracia. La permanente violación a la ley, que los argentinos y venezolanos sufrimos diariamente, nos acerca cada vez más a las horas más oscuras de la historia, devolviéndonos a la selva en la que impera el más fuerte.
Este tristísimo episodio volverá a costar a la Argentina mucho más que los transitorios beneficios de venganza que obtendrán sus aplaudidores porque, como es notorio, convierte en innegable la enorme inseguridad jurídica que campea por estas latitudes, en todos los terrenos, de la mano de una justicia venal, rastrera y corrupta. Con esos elementos en la imagen que ofrecemos al mundo, ¿cómo van a venir las inversiones que necesitamos tanto como el oxígeno?
Sólo el coraje cívico de los tres miembros de la Corte Suprema, si mantienen -como fue la eterna conducta del Dr. Carlos Fayt- su postura de apego irrestricto a la ley cuando lleguen a su conocimiento otros casos similares, podrá salvar a nuestro país de un nuevo abismo.
Tampoco será menor el costo que pagará Cambiemos por lo sucedido. Con excepción de Lilita Carrió, con su actitud imaginada como “políticamente correcta”, que lo llevó a ponerse de sombrero la división de poderes y a descalificar a la Corte, pretende evitar el ataque permanente del kirchnerismo y de la izquierda irracional y, en el camino, recoger algunos imposibles votos de esas procedencias; pero olvida que, desde el lado sensato de la sociedad, que se manifestó en las calles el 1° de abril, se mira con asco este irracional proceder y muchos ciudadanos pensarán seriamente antes de repetir su elección de 2015.
Pese a todo, no tengo dudas que el Gobierno se alzará con el triunfo en octubre de este año, pero el crédito deberá ser otorgado a la falta de opciones, ya que el peronismo no ha conseguido evolucionar y desprenderse de su factor más centrífugo, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras ésta siga pesando en la escena partidaria, no podrán surgir hombres y mujeres que representen una nueva forma de hacer política y ejercerla con probidad y honestidad. La “noble viuda” obliga a los cobardes dirigentes del PJ a arrastrarse en su estela; y aún los pocos honestos de éstos que todavía existen se van así sumergiendo en la fétida atmósfera de corrupción que la rodea y que no se atreven a denunciar por miedo a su venganza.
Es desolador el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, pero está en nosotros mismos, con nuestro esfuerzo individual, revertirlo. Tenemos esa obligación, aún los mayores, frente a nuestros hijos y nietos, porque recibimos un país y lo hemos destruido, incumpliendo así nuestra principal obligación como administradores de algo que no era nuestro.
Bs.As., 13 May 17
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Fuente: Comunicación personal del autor

miércoles, 10 de mayo de 2017

Crecimiento económico: el mejor camino para superar la pobreza

Por Ivan Carrino (*)
Una pareja pasea por las calles de Buenos Aires. Tras caminar varias cuadras, ven a una persona durmiendo en la calle, junto con cartones, bolsas, y algunas mantas que la gente caritativa del barrio le alcanza para que no pase frío durante la noche. Se lamentan por la triste situación y comienzan un diálogo sobre el tema de la pobreza.
¿Por qué comenzaron a hablar de este tema? Es decir, ¿cómo percibieron que la persona que dormía en la calle era pobre? La pregunta puede parecer trivial y la respuesta demasiado evidente, pero para el tema que quiero tratar hoy, es importante responderla con claridad.
La situación de pobreza del hombre de la calle está dada por la carencia de bienes materiales.
Los pobres son precisamente pobres porque no tienen un mínimo de necesidades materiales satisfechas. A su vez, una persona será más pobre que otra en la medida que posea menos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.
La pareja siguió camino y llegó finalmente a su casa. Allí tenían, techo, comida, calefacción y vestimenta en abundancia. Eran claramente ricos.
La diferencia entre la riqueza y la pobreza es clara en este caso. Cuantos más bienes y servicios estén a disposición de un individuo, más rico será.
En el caso de los países, la situación es similar. Cuantos más bienes y servicios haya a disposición de sus habitantes, mejor será la condición de vida y menor será el nivel de pobreza. Es por este motivo que el indicador por excelencia de la riqueza de un país sea el PBI per cápita. El PBI per cápita es, esencialmente, la división entre el total de bienes y servicios producido por una economía y el total de su población. Así, este indicador busca arrojar una medida promedio de la prosperidad de los individuos que en cada país habitan.

Con este análisis en mente bastaría para comprender la importancia del crecimiento económico para la prosperidad de la población. Si la economía crece más, más bienes y servicios se producen y, por tanto, mejor es la calidad de vida de un país. Sin embargo, este planteo no satisface a todos.
Es que suele criticarse al PBI per cápita por no medir las desigualdades o la distribución del ingreso. Suele caricaturizarse esta medida diciendo que si Juan tiene dos pollos, mientras que Pedro no tiene ninguno, el PBI per cápita de ese pequeño país será de un pollo, ocultando la realidad de que Pedro no tiene nada.
Desde este punto de vista, lo que debe hacer el Gobierno para solucionar la pobreza es cobrarles impuestos a los ricos (a Juan) para subsidiar a los pobres (a Pedro). Solo así, Juan y Pedro podrán tener una riqueza mejor distribuida y Pedro saldrá de la pobreza.
Solamente con este ejemplo simplificado y estático, podríamos aceptar las conclusiones: si el estado cobrara 50 % de impuestos a Juan para subsidiar a Pedro, el PBI per cápita reflejaría realmente la situación (un pollo por persona) y ninguno de los dos habitantes estaría en la pobreza. Sin embargo, en economías más complejas, y considerando factores dinámicos, el ejemplo deja de servir.
Es que si el gobierno castiga la riqueza, entonces caerá el incentivo a crearla y finalmente todos terminarán siendo más pobres.
Hay que encontrar un sistema por el cual no se castigue la creación de riqueza, y al mismo tiempo, esa generación mejore la situación de todos.
La buena noticia es que ese sistema ya existe.

De acuerdo a los datos confeccionados y divulgados por el sitio Our World in Data, de la Universidad de Oxford, existe una relación inversa entre el PBI per cápita y la cantidad de personas que están en la pobreza. Es decir, cuanto mayor es el tamaño de la economía, menor es la pobreza.
La publicación, siguiendo al Banco  Mundial, considera que una persona está en la “extrema pobreza” si ingresa menos de USD $1,9 por día. Además, concluye que:

“No hay ningún país con un PBI per cápita superior a los USD 15.000 (internacionales) en donde haya más de 5 % de la población viviendo en la extrema pobreza. Además, en la mayoría de los países con un PBI per cápita inferior a USD $4.000, entre un 25 % y un 75 % de la población sí se encuentra viviendo en la pobreza extrema”.
Our World in Data, especialista en divulgación y visualización de datos económicos, también cita el estudio de Dollar y Kraay de 2002, que concluye que, “en promedio, el crecimiento sí beneficia a los pobres tanto como al resto de la sociedad”. Esto es así al comprobar que la suba promedio del ingreso per cápita se traduce generalmente en una suba de los ingresos de los grupos más pobres de la sociedad.
Otra forma de ver esto es cómo evoluciona la pobreza extrema en cada país a medida que se incrementa el PBI per cápita promedio. El siguiente gráfico lo muestra.
En el eje horizontal figura el PBI per cápita. A medida que nos desplazamos hacia la derecha, mayor es la riqueza del país. El eje vertical refleja el porcentaje de población viviendo en la extrema pobreza (es decir, cobrando USD $1,9 diarios). A medida que nos movemos hacia abajo, menor es el porcentaje de la población que vive en la pobreza extrema.

El gráfico muestra con claridad cómo en países como India, China, Indonesia o Brasil, entre otros, la relación entre crecimiento y menor pobreza es directa.
Las políticas asistencialistas y redistributivas pueden ser consideradas como medidas transitorias para aliviar situaciones de necesidad. Sin embargo, para salir de la pobreza de manera definitiva, se necesita crecimiento económico.
Mayor crecimiento es más riqueza para todos.
(*) Iván Carrino.  Licenciado en Administración y Master en Economía. Es analista económico en Inversor Global y Profesor de Economía en la Universidad de Belgrano y de Economía Internacional en el Instituto Universitario ESEADE. Publicación de PanamPost el 9 de mayo de 2017

La libertad de prensa en declive

Por Ian Vázquez (*)
Mañana es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nos da ocasión para tomar en cuenta el alcance de la censura y las amenazas a periodistas, medios y formadores de opinión alrededor del mundo.
Nadie mejor que John Stuart Mill describió lo violatorio que es limitar la libertad de expresión: “La peculiaridad del mal que consiste en impedir la expresión de una opinión es que se comete un robo a la raza humana, a la posteridad tanto como a la generación actual; a aquellos que disienten de esa opinión, más todavía que a aquellos que participan en ella. Si la opinión es verdadera, se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error”.
Desgraciadamente las vulneraciones a la libertad de prensa han estado en aumento a nivel internacional por varios años. Según el nuevo reporte anual de Freedom House, “la libertad de prensa global cayó a su nivel más bajo en 13 años”. Reporteros sin Fronteras (RSF) documenta la misma tendencia y reporta que en el último año dos tercios de los países del mundo han experimentado un declive.
El 45% de la población mundial vive en países donde no existe la libertad de prensa, de acuerdo a Freedom House. El fortalecimiento del autoritarismo en Rusia, China, Turquía y otros países explica parte del descenso. Por lo menos 81 periodistas han sido encarcelados en Turquía, por ejemplo, según el Comité para Proteger Periodistas. China está debilitando la libertad de prensa en Hong Kong a través de presiones económicas y operaciones clandestinas.
En América Latina, Costa Rica, Uruguay y Chile tienen mayor libertad de prensa, mientras que Honduras, Venezuela y Cuba son los peores calificados por Freedom House. En el caso hondureño, como en el mexicano, el crimen organizado explica la mayor amenaza a la prensa. Bolivia registra la caída más aguda y Argentina la mejora más marcada.
Quizás lo más preocupante y sorprendente tiene que ver con el deterioro en los países democráticos avanzados. “La erosión de la libertad de prensa es particularmente visible en las democracias europeas”, observa RSF. Tanto Alemania como el Reino Unido y Francia han aprobado leyes que autorizan la vigilancia masiva por parte de las autoridades. Además de contravenir lo que muchos consideraban sus derechos (y repetir lo que ha ocurrido en EE.UU. y Canadá), el espionaje oficial alienta la autocensura.
Lo que empeora todavía más la situación es la criminalización del discurso del odio, de las noticias falsas y de la glorificación del terrorismo, para dar unos ejemplos. Esto se ha aplicado a críticos del islam y de la inmigración, así como a musulmanes críticos de la democracia. Pero no estamos viviendo en el siglo XVII, cuando el lenguaje y los hechos se trataban de igual y se libraron guerras religiosas. “Hemos presenciado el regreso de la manera no tolerante de ver las palabras y las acciones”, sostiene el periodista danés Flemming Rose.

El tratar de proteger a la gente de sentirse ofendida ha llevado a absurdidades. En Dinamarca, por primera vez en 46 años, se juzgará un caso de blasfemia contra un individuo por haber quemado el Corán. Por más repulsivo que puedan ser las expresiones, no se puede fabricar de ellas el derecho a no sentirse disgustado. Como dice Rose, una sociedad multicultural y diversa necesita más, no menos, libertad de expresión. En otras palabras, se requiere más tolerancia —algo necesitado en países ricos y pobres—.
(*) Ian Vázquez. Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas. Es miembro de la Mont Pèlerin Society y del Council on Foreign Relations. Recibió su BA en Northwestern University y su Maestría en la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins University. Trabajó en asuntos interamericanos en el Center for Strategic and International Studies y en Caribbean/Latin American Action. Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 2 de mayo de 2017. Publicado por la Fundación Libertad y Progreso el 10 de Mayo de 2017

sábado, 6 de mayo de 2017

Para bajar la inflación hay que reducir el déficit fiscal

Por IDESA (*)
Por la aceleración de los precios, el Banco Central adoptó una estrategia de contracción monetaria. Esto implica tasas de interés más altas y atraso cambiario lo que retarda la recuperación de la producción. Las críticas no deberían orientarse hacia el Banco Central sino al resto de las áreas que toman decisiones de gasto público no coherentes con la meta de inflación adoptada. Para bajar la inflación se requiere más austeridad e innovación en la gestión del Estado.
La meta de inflación adoptada por el gobierno nacional para el año 2017 se ubica entre el 12% y el 17% anual. Sin embargo, el crecimiento de los precios en el primer trimestre del año fue del 2,1% promedio mensual lo que implica una proyección de inflación anual del orden del 28%. Ante una brecha tan amplia entre la inflación observada y el objetivo planeado, el Banco Central decidió elevar la tasa de interés de referencia.
La estrategia generó encendidas polémicas. Con fundamento, se endilga que esto aletargará la esperada recuperación en la actividad productiva. La explicación es que provoca un encarecimiento del crédito y movimientos especulativos que hacen que el valor del dólar se mantenga relativamente estable, lo que ante una elevada inflación genera atraso cambiario. La mayoría de los sectores productivos se verán afectados negativamente, en especial, los exportadores y las industrias y servicios que compiten con las importaciones.
Para evaluar las posibilidades que el Banco Central tiene de alcanzar la meta inflacionaria resulta pertinente trazar algunos paralelos con el pasado reciente. Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que: 
  • Entre los años 2009 y 2013 la inflación fue del 23% anual y el déficit fiscal alcanzó en promedio al 3% anual.
  • Entre los años 2014 y 2016 la inflación fue del 36% anual y el déficit fiscal alcanzó en promedio al 6% anual.
  • Para el año 2017 la meta de inflación es de entre el 12% y 17% anual pero en el primer bimestre el déficit fiscal se ubicó por encima del 6% del PBI.
Estos datos sugieren una cierta correlación entre la magnitud del déficit fiscal y la tasa de inflación. Ciertamente que no se trata de una proporcionalidad directa ya que la inflación depende de muchos factores, además del fiscal. Pero los órdenes de magnitud señalan una visible contradicción entre el tamaño y la tendencia del déficit fiscal y el objetivo de que la inflación no supere el 17% anual. En otras palabras, se adoptó una meta de inflación que exige una reducción de gasto público mucho más rápida y profunda que la que se viene aplicando.
Se argumenta que la gradualidad en el ordenamiento de las cuentas públicas busca evitar los costos sociales de un ajuste fiscal más rápido. Sin embargo, posponer decisiones que apunten a dar racionalidad al sector público también genera costos sociales. Ante un gasto público que no baja, el Banco Central se ve forzado a adoptar una estrategia monetaria que –vía encarecimiento del crédito y atraso cambiario– aletarga la recuperación. ¿Es socialmente menos costoso demorar la reactivación de la producción que tomar medidas para reducir el gasto público?
Hay ejemplos en los que la gradualidad, tomada por decisión propia o porque lo obliga la Justicia o la oposición, implica profundizar costos sociales. Son los casos de seguir asignando una enorme masa de recursos a subsidiar las tarifas de los servicios públicos de la región metropolitana. Quienes viven en el interior no acceden a esos subsidios y además soportan las consecuencias de las políticas monetarias contractivas que el exceso de gasto público obliga. En el mismo sentido, hay costos sociales en seguir demorando la reforma del sistema previsional, en no desmantelar estructuras burocráticas heredadas en el sector público nacional cuyas funciones se superponen con las provincias y los municipios, y en seguir manteniendo un sistema tributario altamente distorsivo e inequitativo.

La polémica por la política monetaria contractiva no debería apuntar al Banco Central sino a las decisiones de gasto público que se toman en el resto del sector público. Sin una dinámica más propensa a la austeridad, a la innovación y a la calidad en la gestión del Estado, no solo que no se podrá bajar la inflación, sino que no hay posibilidad de iniciar el ansiado ciclo de crecimiento económico con inclusión social. 
(*) IDESA. Informe N°700 del 17 de Abril de 2017

Justicia y canalladas

Por Enrique G. Avogadro (*) 
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. Albert Einstein 
Obviamente, el título de esta nota se refiere, primero, al fallo de la Corte Suprema(https://tinyurl.com/kbumnvm) que el miércoles resolvió que correspondía aplicar el “2x1” (cada día de prisión preventiva se computa doble) a un procesado por delitos de lesa humanidad. Los ministros del máximo Tribunal Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti conformaron la mayoría que simplemente aplicó la ley, mientras Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se opusieron. ¡Una para el lado de la Justicia!
No habían pasado cinco minutos desde que el fallo fuera públicamente conocido cuando comenzó el coro habitual de los ex organismos de derechos humanos (ya confesadamente movimientos políticos kirchneristas) a repudiarla; que la Vicepresidente, Graciela Michetti, y el Ministro de Justicia, Germán Garavano, se sumaran a los críticos de la sentencia, y en términos de compleja gravedad frente a la tan declamada separación de poderes resultó, al menos, raro. Lo más notable fue la reacción de quienes apoyaron, siempre y sin reparos, las teorías penales garantistas de Eugenio Zaffaroni, que hicieron escuela y permitieron liberar a acusados de los más aberrantes delitos, que ahora se rasgan las vestiduras simplemente porque se pretende terminar con una arbitraria discriminación. Aquí nadie parece comprender que, aunque se trate eventualmente de culpables, no se combate a los caníbales comiéndoselos.
El voto de Lorenzetti confirmó su postura de años, durante los cuales sostuvo que la persecución a los militares que derrotaron a la subversión terrorista (armada y financiada por Cuba, Argelia, Libia, Vietnam y Rusia) era una política de Estado, consensuada por los tres poderes, por lo cual ese vengativo acoso estaba legitimado y resultaba funcional al poder de turno; nunca se le ocurrió juzgar conforme a derecho y con total independencia. ¿Está abriendo el paraguas –como hizo el propio Néstor, cuando dijo con cinismo “la zurda te da fueros”- frente a las concretadas denuncias de Lilita Carrió o ante lo que surge de su biografía, escrita por Natalia Aguiar, que se ha transformado en un best seller?
Recordemos que, para lograr ese fin, buscado por el kirchnerismo para  conquistar a la intencionada izquierda vernácula e internacional -el actual viaje a Europa de Cristina es una prueba de su éxito-, se violaron todas las leyes vigentes (legalidad, juez natural, irretroactividad, máximo de prisión preventiva, detención domiciliaria a los mayores de 70 años) en juicios fraguados mientras la sociedad entera, con su habitual actitud hipócrita y cobarde, olvidaba a los militares presos y amnistiaba a los asesinos, les pagaba sin control alguno pingües indemnizaciones y los enquistaba en el aparato estatal.
Lamentablemente, esa buena noticia, que hace regresar a la Argentina al imperio del derecho y de la igualdad ante la ley, fue empañada por un nuevo manotazo de venganza: un Juez de Mar del Plata, Santiago Inchausti, armó una causa por presuntos delitos de lesa humanidad y ordenó la captura de cuatro militares, entre ellos el Tte. Cnel. Emilio Nani, héroe de Malvinas y tal vez el más condecorado de la gesta por su valor en combate, que fue gravemente herido y perdió un ojo en la recuperación de los cuarteles del Regimiento N° 3 “Gral. Belgrano”, en La Tablada. Esa acción guerrillera, que protagonizó el MTP (continuador del ERP), conducido por Enrique Gorriarán Merlo, se desarrolló en enero de 1989, en la presidencia de Raúl Alfonsín, un gobierno obviamente democrático y. amén de multitud de heridos, costó la vida a muchos militares y policías.
Nani actuó hoy como hubieran debido hacerlo siempre los jefes de todas las armas cuando esta infamia persecución comenzó; es decir, cuando  Néstor Kirchner, arropado en las banderas revolucionarias que siempre había repudiado, obtuvo del genuflexo Congreso la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final que, sabiamente, la democracia había sancionado como camino hacia la pacificación. O sea, haciendo honor a la jerarquía, indispensable en cualquier fuerza armada, y al ver que habían detenido a oficiales más jóvenes que él por la misma causa, viajó a Mar del Plata, se puso a disposición del Juez y fue enviado a la cárcel. ¡Así paga esta miserable y decadente Argentina a sus mejores hombres!
En el otro extremo de Sudamérica, mientras tanto, Nicolás Maduro sigue poniéndose de sombrero a todo su país, sumido en el caos, el hambre, la violencia, la falta de salud, la inflación espantosa. El estruendoso silencio de nuestros presuntos defensores de los derechos humanos frente a la salvaje represión, que ya contabiliza cuarenta muertos, decenas de opositores presos y la destrucción de la prensa libre, desnuda su inmunda hipocresía.
El nuevo engendro jurídico pergeñado por el tirano para conservar el poder omnímodo que aún ostenta fue la convocatoria a una original Asamblea constituyente para modificar la carta magna que su padrino, Hugo Chávez Frías, había impuesto a fines del siglo pasado. Pretende constituirla, al menos por la mitad, con partidarios elegidos a dedo. Pero todo eso no bastará, como lo demuestra cada día en la calle la movilizada sociedad, para compensar su descrédito, por muchas armas y activistas que le suministren los gerontes cubanos; es que, si el chavismo cayera, la isla verá cortarse el último cordón umbilical que le permite respirar, aunque sea miserablemente.
No hay dictadura en el mundo que haya podido sostenerse exclusivamente basada en las bayonetas, cuando sólo el 10% de la población la apoyaba. Pero sería muy importante, casi decisivo, que los Estados Unidos resolvieran, más allá de la correcta declamación política, interrumpir sus compras de petróleo venezolano, que hoy representan el 75% de las exportaciones del país. Si Maduro ni siquiera está dispuesto a permitir la instalación de un corredor humanitario –es más, ha confiscado las escasas medicinas que llegaron a su través- para ayudar a sus connacionales simplemente a sobrevivir, ¿por qué seguir alimentando su régimen, además vinculado al terrorismo colombiano y al narcotráfico, con esenciales divisas?
En el escenario latinoamericano, casi barrido de él el populismo que tanta miseria costó a sus pueblos, Argentina ha recuperado su prestigio y está dispuesta a asumir el liderazgo que Brasil dejara vacante por la enormidad de sus problemas internos. En este momento, la acompañan todos los países de la región –con la obvia exclusión de Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que aún no han conseguido desprenderse de esa lacra, y varias naciones caribeñas, deudoras del chavismo, que intentó exportar el “socialismo del siglo XXI” mediante enormes exportaciones de petróleo a precios subsidiados- y la presión de sus vecinos regionales sobre Nicolás Maduro se está acentuando.
El gobierno bolivariano, ha quedado demostrado, prefiere la muerte de sus conciudadanos a ceder en sus pretensiones pseudo socialistas y en su capacidad depredatoria. Se ha conformado así un verdadero infierno, en el cual Venezuela muere cada día, mientras los chavistas rojo-rojillos bailan sobre un volcán en ebullición. Cómo concluirá esta monumental crisis, que tanto lastima la sensible y dolorida piel del continente, es la gran incógnita.
Bs.As., 6 May 17
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Fuente: Comunicación personal del autor

viernes, 5 de mayo de 2017

Miguel Sidrauski: dinero, inflación y crecimiento

Por Javier Milei (*)

Hace 50 años, Miguel Sidrauski, un joven argentino de 27 años, Doctor de la Universidad de Chicago y Profesor del MIT, saltaba a la fama mundial con la publicación de su tesis doctoral en el Volumen 57 (Issue 2, P&P, Mayo 1967) del American Economic Review (el Journal más prestigioso de la profesión).
El trabajo en cuestión no sólo sacudió a la literatura especializada a punto tal que un conjunto de modelos se los rotula como ‘modelos tipo Sidrauski’, sino que además, el análisis resulta pertinente para el debate de Argentina, ya que el mismo explora si modificaciones en la tasa de emisión monetaria modifica la relación capital-trabajo de la economía (superneutralidad del dinero) y con ello el sendero de crecimiento y producto per-cápita de largo plazo.
Este modelo desarrollado por Sidrauski representa la conjunción de dos ramas del análisis económico: (i) la teoría monetaria y (ii) el crecimiento económico. Así, la motivación del autor consiste en integrar el análisis de equilibrio de corto plazo de la teoría monetaria de la época con los procesos de crecimiento y acumulación desarrollados en la literatura sobre crecimiento. Desde dicha perspectiva, el trabajo es la extensión lógica del debate sobre neutralidad del dinero de una economía estática (donde se estudia si los cambios de una sola vez en la cantidad de dinero afectaban al equilibrio real del sistema -precios relativos y tasa de interés-), al caso de una economía dinámica, en la cual se estudia si el dinero es o no superneutral.
Un modo simple de situar en la literatura al modelo de Sidrauski es señalando que, en materia de inclusión del dinero en modelos de crecimiento, el mismo es al modelo de Tobin, lo que el modelo de Ramsey (Cass-Koopmans) es al Solow-Swan. Por lo tanto, mientras que Tobin estudia la superneutralidad del dinero en el marco de un modelo de crecimiento en el que las decisiones sobre consumo (y por ende de ahorro e inversión) surgen de relaciones fijadas de modo exógeno, en el modelo de Sidrauski se estudia el mismo proceso en un modelo de crecimiento donde el sendero de consumo surge de la solución de un programa de optimización dinámica.
En función de lo anterior, el modelo de Sidrauski consta en la maximización de una función de utilidad intertemporal que incluye como argumento tanto al consumo como al dinero. A su vez, el menú de activos financieros del que dispone el agente representativa es un activo que generan intereses (bonos) y otro que no lo hace (dinero), donde dichos instrumentos constituyen la riqueza financiera y representa la variable de estado del programa de optimización.
A partir de este conjunto de supuestos, en dicho modelo el stock de capital per-cápita de largo plazo, al igual que en el modelo de Ramsey (que no tiene dinero), viene determinado por la tasa de amortización del stock de capital, la preferencia temporal y el crecimiento de la población. Por lo tanto, dado que la tasa de crecimiento en la cantidad de dinero no ingresa de modo directo ni de modo indirecto afectando a las variables antes mencionadas (ya que son exógenas), el dinero no sólo es neutral sino que además es superneutral. En palabras del propio Miguel Sidrauski: "Hemos probado que en un modelo de crecimiento en que los agentes económicos maximizan su utilidad, el stock de capital a largo plazo de la economía es independiente de la tasa de expansión de la oferta monetaria". Esto es, si uno duplicara la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero sólo lograría duplicar la tasa de inflación sin efecto alguno sobre la tasa de crecimiento.
Naturalmente, no habría quien dejara de mencionar que el mismo Sidrauski en su paper ‘Inflation and Economic Growth’ (JPE-Dec-1967), trabajando en la misma línea de Tobin demuestra que los aumentos en la tasa de crecimiento del dinero, al arrojar mayor inflación, genera un cambio de portafolio desde el dinero al capital físico de modo tal que aumenta la relación capital-trabajo y con ello el producto per-cápita. Sin embargo, el trabajo en cuestión tiene dos aristas muy importantes. Por un lado, dejar en claro lo ridiculez del resultado de Tobin, ya que en el extremo desaparecería el dinero y con ello se llegaría al trueque, donde claramente la economía funcionaría peor.
Por ello, el trabajo incorpora a la Regla de Oro de Phelps, donde más allá del punto en el que se maximiza el consumo, la mayor de tasa de emisión generará un daño. Por otro lado, el aporte positivo que puede hacer la mayor tasa de emisión monetaria depende crucialmente de que el consumo caiga cuanto mayor sea la inflación esperada, lo cual, para alguien nacido en Argentina sabía muy bien que era un supuesto que se llevaba a las patadas con la realidad.
Por lo tanto, a la luz del debate en Argentina sobre la pertinencia de aumentar o no la tasa de crecimiento del dinero y teniendo en cuenta los dos modelos de Sidrauski bien entendidos, deberían quedar en claro que la idea keynesiana de imprimir el camino al Paraíso es un disparate que sólo causará mucho dolor.
(*) Javier Milei. Economista Jefe de la Fundación Acordar. Artículo publicado en El Cronista el 4 de Mayo de 2017

Venezuela, un país herido

Por Elena Valero Narváez (*)
El totalitarismo está en la puerta de Venezuela y a punto de entrar para dominar a la sociedad civil que heroicamente se le resiste.
El ex presidente Chaves y luego Nicolás Maduro iniciaron el camino hacia una sociedad totalitaria cuyos rasgos distintivos podemos vislumbrar ya en ése país. Se ha querido imponer una doctrina nacional a toda la población.Se ha controlado la educación para difundirla y se intenta hacerlo con  la familia y la mente de los venezolanos.
Una extensa fuerza de seguridad tiene el poder necesario como para forzar, secuestrar, encarcelar y asesinar si es necesario para lograr los fines del gobierno. También se intervienen todos los medios de comunicación para silenciar completamente a la opinión pública. No termina allí la cosa. Como en todos los totalitarismos ha destruido la economía de mercado. La propiedad privada tiende a desaparecer en los hechos.
El partido del gobierno actúa como partido único que transmite y custodia la doctrina ultra nacionalista y forma a la oligarquía burocrática dominante. También ha manejado la farsa de las elecciones. El Gobierno está por encima de la juricidad, su voluntad es la ley. Es por ello que el mundo observa las arbitrariedades de un presidente que llegan al ridículo en sus declaraciones.
Y el método para desmayar la defensa psicológica de las personas es la represión y el terror. Se ha implementando en Venezuela: los últimos pasos para que la dictadura lleve al totalitarismo o sea “todo dentro del Estado, nada fuera de él”.
 Pero todavía hay reservas para intentar el retroceso del Estado a niveles tolerables que permitan abrir una senda hacia la libertad. Esa reserva son los líderes democráticos que unieron a la oposición para rechazar al régimen y conseguir ayuda del mundo democrático para evitar la pérdida total de la libertad y con ello la dominación de la sociedad civil.
El gobierno ha respondido convocando a una Asamblea Nacional Constituyente sin el voto universal con el fin de evitar las elecciones y modificar la Carta Magna según le parezca.
Todos los días la gente sale a la calle, sin armas, pero unidas por un sentimiento común: la libertad de elegir su destino personal. No se ha olvidado en Venezuela qué significa vivir en democracia.
También las necesidades más elementales la han movilizado. La economía dirigista e intervencionista del socialismo del siglo XXI ha fracasado, como en todas partes del mundo; las consecuencias son las que sufren los venezolanos: hambre, miseria , falta de lo elemental para vivir.
Los gobiernos democráticos tienen la obligación de ayudar a quienes están arriesgando sus vidas en Venezuela a instaurar instituciones democráticas. Y los venezolanos debieran aprender de la experiencia evitando en el futuro dictaduras electivas, y confiar más en las instituciones que en los hombres.
Ya se debiera estar pensando en el día después. Tienen problemas difíciles de resolver. Hay que cambiar el rumbo. Les esperan sacrificios que solo con un buen plan de gobierno, que contemple volver a amigarse con el mundo y reconstruir los pilares de la democracia: la opinión pública, el sistema de partidos, y el mercado del voto, podrán solucionarse. Este sistema a pesar de sus imperfecciones, permite fuerzas sociales que ponen vallas al avance del Estado y conduce a mecanismos democráticos para regular los conflictos que inevitablemente se producen.
La situación venezolana refleja la necesidad de educar en colegios y universidades sobre el veneno que insuflan los populismos con sus cantos de sirena que promueven políticas antiliberales y condenan el individualismo, concepción de la vida que incentiva a la persona autónoma, responsable y libre, aunque no niega una conducta cooperativa y participativa.
Esperemos que el mejoramiento de la justicia y el desarrollo de la acción electiva lleguen pronto y permita salir de la retrogradación trágica en el plano político, económico y ético a Venezuela.
(*) Elena Valero Narváez. Historiadora, Periodista. Miembro de Número de la Academia Argentina de la Historia. Premio a la Libertad (Fund. Atlas.2013)
Fuente: Comunicación personal de la autora

Gastar menos en educación y atender la desnutrición infantil

Por Edgardo Zablotsky (*)
Diecisiete días de paro sobre los primeros 26 de clase. El ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires en realidad no ha comenzado. ¿Quién puede imaginarse que concurrir al colegio un día sí y otro no puede considerarse adecuado para tomar clases?
Mientras tanto, los resultados de la Evaluación Aprender muestran una vez más que se malgasta una fortuna en educación, preservando un sistema que consume los aportes de los contribuyentes pero lejos está de proveer educación de calidad para todos.
Para muestra basta un botón. ¿Quién no se ha horrorizado al enterarse que el inusitado ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires cuesta a los contribuyentes 14.300 millones de pesos anuales en suplencias?
Por ello propongo gastar menos en educación, mejorando a la vez el vergonzoso nivel que cualquier evaluación testimonia, y utilizar los recursos liberados del faraónico entramando, gestado a través de años, para enfrentar el flagelo de la desnutrición infantil.
Mal podemos hablar de igualdad de oportunidades en el país si no contamos con un niño cuyo cerebro sea capaz de recibir educación y ello es imposible si no ha tenido una adecuada alimentación durante sus primeros años de vida.
Cuenta el Dr. Fernando Monckeberg, pionero de la lucha contra la desnutrición infantil, que en la década del 50, Chile tenía los peores indicadores de la región. Hoy el fundador de Conin en Chile se enorgullece en señalar cómo “la mortalidad infantil pasó de 180 a 7 cada 1.000 niños nacidos vivos y la cantidad de muertes en menores de 15 años se redujo del 48% a menos del 1%”.
En nuestro país, un informe de la Universidad Católica reporta que “la mitad de los niños padece de alguna forma de malnutrición antes de cumplir los dos años”. Carece de sentido hablar de una revolución educativa frente a esta realidad.
Gastar menos en educación y más en enfrentar la desnutrición infantil, pero mejorando los servicios educativos que reciben quienes menos tienen, constituye la llave del reino para el desarrollo de la Argentina en un marco de mayor equidad.
Es hora de que el Estado deje de financiar a la oferta educativa, es decir a las escuelas, a través de un sistema absolutamente burocratizado que sólo defiende los intereses de los sindicatos docentes y de la estructura que está detrás de nuestra educación pública.
Propongo que financie directamente a la demanda, a los padres. De este modo, se lograría mejorar considerablemente la eficiencia en el gasto educativo, se podrían evaluar mejores resultados y los recursos liberados se deberían emplear en la lucha contra la desnutrición infantil.
No existen recetas mágicas. Sería absurdo realizar esta propuesta para un país en el cual la educación pública cumple su cometido como lo es Finlandia. Pero la Argentina no es Finlandia. ¿Por qué cuesta tanto admitirlo?

(*) Edgardo Zablotsky es vicerrector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación. Artículo publicado por Clarín el 3 de Mayo de 2017

sábado, 29 de abril de 2017

Debate entre Delfina Rossi y Javier Milei

En "El Arranque" - Radio Zónica (*)
(*) Debate económico entre Delfina Rossi () y Javier Milei (@jmilei), el 28/04/2017. "El Arraque" es un magazine político conducido por Maximiliano Lequi (@MaxiLequi) de lunes a viernes de 10 a 11:30hs por www.radiozonica.com.ar
Publicado en el Canal Youtube de Radio Zónica el 29 de Abril de 2017

La maquinaria de la libertad

Por Albert Esplugas (*)
El anarcocapitalismo utilitarista de David Friedman
Creo que aunque hay ciertas tareas importantes que por motivos especiales son difíciles de realizar bajo instituciones estrictamente de propiedad privada, estas dificultades son en teoría, y pueden serlo en la práctica, solubles. Yo sostengo que no hay ninguna función adecuada para el gobierno. En este sentido soy un anarquista. Todo lo que el gobierno hace puede ser clasificado en dos categorías: aquello que podemos suprimir hoy y aquello que esperamos poder suprimir mañana. La mayor parte de las funciones gubernamentales pertenecen al primer tipo. David Friedman, The Machinery of Freedom[1].
El economista David Friedman, profesor de derecho de la Universidad de Santa Clara e hijo del Nobel Milton Friedman, es uno de los máximos exponentes vivos del anarco-capitalismo, a la par que uno de sus teóricos más heterodoxos. No hay servicio, afirma, que el mercado no pueda proveer de manera más eficiente y justa que el Estado, desde la sanidad a los tribunales, pasando por la enseñanza, la gestión de las calles o la policía. Friedman se define como un conservador goldwateriano que simplemente lleva el principio de la libertad más lejos que el célebre político republicano. De hecho a veces gusta llamarse, en su peculiar jerga política, un “anarquista goldwateriano”[2]. Aborda el anarco-capitalismo desde una perspectiva fundamentalmente pragmática, lo que le distingue de otros autores como Murray Rothbard o Hans-Hermann Hoppe que ponen el acento en los derechos naturales del hombre.
Friedman rechaza el utilitarismo como patrón último para determinar lo que debe hacerse y lo que no, pero considera que los argumentos de esta clase son en general los más eficaces para defender la doctrina libertaria. La gente tiene ideas muy diversas acerca de lo que es justo, sin embargo la mayoría coincide en que la felicidad y la prosperidad son propósitos deseables. Arguye Friedman que si, por ejemplo, aboga por la derogación de las leyes antidrogas alegando que violan los derechos individuales de los adictos, sólo convencerá a otros liberales. Pero si explica que las leyes antidroga generan delincuencia debido al aumento de los precios y que la baja calidad de los estupefacientes, principal causa de mortalidad entre sus consumidores, es típica de los mercado ilegales, probablemente entonces pueda convencer incluso a personas que no crean que los adictos tengan derechos. El profesor Friedman apunta otra razón por la cual emplea a menudo argumentos utilitaristas, que es que su especialidad es la economía y no la filosofía moral. Por otro lado opina que la primera es una ciencia más desarrollada que la segunda: se sabe más sobre las consecuencias de determinadas instituciones que sobre lo que es la justicia.
El anarco-capitalismo, dice el teórico libertario, no requiere ningún “hombre nuevo” para materializarse. “Una utopía que sólo es factible en una sociedad de santos es una visión peligrosa, porque nunca hay suficientes santos”[3]. Su tesis es que la viabilidad del anarco-capitalismo no requiere más “santos” de los que hay ahora (antes al contrario, le basta con menos), y una vez instaurado sería un sistema estable que dudosamente evolucionaría hacia un régimen estatista. Friedman considera que bajo instituciones gubernamentales la ley es como un bien público (porque se aplica a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en una misma jurisdicción, hayan o no votado la ley) y en consecuencia es una “mercancía” subproducida. En este contexto, la “mala” legislación (la que beneficia a determinados grupos en detrimento de los demás) tiene un componente menor de bien público y es por lo tanto más abundante que la “buena” legislación (la que beneficia a todos). Friedman ilustra este fenómeno explicando que en un escenario en el que uno puede obtener 1000 dólares o bien mediante la derogación de un ingente número de leyes que favorecen intereses especiales o bien mediante la aprobación de una sola ley que favorezca su interés especial particular, será más costosa para el afectado la primera opción, aunque beneficie a la sociedad entera[4]. De ahí el extraordinario afán por servirse del sistema democrático para conseguir privilegios y socavar el libre mercado, lo que acaba redundando en perjuicio de todos. En una sociedad sin Estado, por el contrario, la ley dejaría de tener carácter de bien público, pues cada individuo compraría y obtendría su propia legislación. No así la promoción del estatismo, porque las políticas públicas deben aplicarse indistintamente sobre los individuos de un territorio dado y para un particular resultaría más costoso reintroducir el gobierno (aunque vaya a beneficiar a todos) que recurrir al libre mercado para lograr lo que desea. En realidad Friedman piensa que es el Estado mínimo y no la sociedad anarco-capitalista la que merece el epíteto de utópico, puesto que la lógica de los intereses especiales siempre acabaría dilatando el reducido sector público inicial. De hecho la imposibilidad del Estado mínimo se habría observado en la evolución del propio sistema norteamericano, que presuntamente se hallaba constreñido por una constitución liberal y es hoy un engendro intervencionista de titánicas dimensiones.
Examinemos ahora con cierto detenimiento el interesante juicio del profesor Friedman sobre algunas cuestiones más concretas.

Policía, tribunales y leyes

Friedman considera que en una sociedad sin Estado los servicios de policía podrían ser proveídos por agencias privadas de protección, cuyas prestaciones irían desde la colocación de vallas defensivas y alarmas a patrullas de gendarmes y sustitutos electrónicos. La composición del servicio la determinarían los costes y la efectividad de las distintas alternativas. A diferencia del Estado, que tiene nulos incentivos para proteger a sus ciudadanos (más bien tiene incentivos para expoliarlos), las agencias de protección competirían en un mercado libre y se verían empujadas a suministrar el mejor servicio al menor precio posible. Las diferentes empresas extenderían contratos entre ellas especificando el tribunal privado que resolvería los conflictos mutuos.
Si un individuo de una agencia fuera acusado de cometer un delito contra un individuo de otra agencia, la opción de un enfrentamiento violento entre ambas agencias sería absolutamente antieconómica (por el coste de los daños, porque el riesgo de pugna subiría los precios y los consumidores se desplazarían a empresas menos conflictivas y baratas…). Teniendo en cuenta que las guerras son caras y que se trataría de empresas con ánimo de lucro, éstas evitarían las disputas recurriendo a tribunales estipulados de antemano. Los tribunales, que a su vez competirían para captar a las agencias, ofrecerían un surtido de leyes que se ajustaría a la demanda del mercado. Las agencias patrocinarían los tribunales más eficientes y con una oferta de leyes más atractiva para sus clientes. En la práctica es posible que muchas empresas de protección, con el propósito de ahorrar complejidad a sus usuarios, contratasen el mismo tribunal y muchas cortes adoptasen sistemas de leyes idénticos o casi iguales. Si resultara confuso tener numerosos sistemas legales distintos, los tribunales tendrían un fuerte incentivo para uniformar sus leyes, lo mismo que las compañías papeleras tienen incentivos para estandarizan el tamaño de las hojas[5].
De este tipo de instituciones, sin embargo, no se seguiría necesariamente una legislación liberal. La ley estaría sujeta a la demanda de los consumidores y en tanto que éstos reclamaran disposiciones antiliberales el mercado las proveería. Pero, a diferencia del contexto estatista, “la demanda del mercado es en dólares, no en votos”[6]. La protección contra las agresiones tendría lógicamente una gran demanda, pero habría poco mercado para la sanción de “delitos sin víctimas”, puesto que no dañan a nadie físicamente. Y si el coste de una medida prohibicionista es mayor para los afectados que su valor para los promotores (lo que sucederá casi siempre), los primeros estarán dispuestos a pagar más para prevenirla que los segundos para implementarla y en consecuencia la ley no sobrevivirá[7].
Según David Friedman un sistema anarco-capitalista con suficiente aceptación popular estaría razonablemente a salvo de amenazas interiores y sería mucho más pacífico que un escenario estatista. Las agencias se financiarían mediante pagos voluntarios y competirían en el mercado, por lo que en el instante en que alguna procediera, por ejemplo, de manera belicosa, el consumidor podría contratar otra empresa y aquélla se quedaría sin clientes y sin fondos para proseguir con su fechorías. Como señala Friedman, sería como si un mandatario declarara una guerra y al día siguiente la población de su país se hubiera reducido a tres generales, veintisiete corresponsales y él mismo[8].
¿Podría producirse una colusión entre las distintas agencias para someter a la ciudadanía? Ante todo, ese sería un peligro menos probable si la población estuviera armada. Dicho esto, cabe considerar que en la actualidad la policía y el ejército también podrían sublevarse y tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen. Según Friedman habría que presumir que existen ciertas restricciones morales internas que se lo impiden y que podrían darse igualmente en una sociedad sin Estado. De hecho hay razones para pensar que bajo el anarco-capitalismo el ansia de poder sería menor, pues las agencias estarían administradas por empresarios eficientes dedicados a complacer al consumidor, no por políticos que se arrogan el derecho a dominar al pueblo. Asimismo es preciso tener en cuenta que quizás la colusión fuera factible si hubiera sólo tres agencias de protección en todo el territorio, pero no si hubiera diez mil, porque entonces los consumidores se desvincularían de las que actuaran como gobiernos y se adherirían a las que custodiaran sus derechos. Y atendiendo al tamaño económicamente óptimo que una empresa de protección podría tener, Friedman considera que la cifra de agencias estaría más cerca de diez mil que de tres[9].
El sistema de justicia actual proporciona un mejor servicio a los individuos con rentas altas. Aunque el mercado de protección no proveería igualdad, sí mejoraría la posición de los más pobres. Friedman estimó en los años 70, cuando el gasto del gobierno estadounidense en fuerzas de seguridad y tribunales era de unos 40 dólares per cápita anuales, que en una sociedad anarco-capitalista un servicio de la misma calidad quizás podría costar 20 dólares, precio asequible para virtualmente cualquier familia norteamericana, máxime si se suprimen los impuestos.

Aislacionismo militar

Friedman se plantea la cuestión de la política exterior prescindiendo de si la ejecutaría un gobierno limitado o instituciones privadas. Su tesis es que una país / sociedad no puede tener una política exterior genuinamente libertaria (en tanto que “política exterior” implica la existencia de otros Estados; en un mundo anarcocapitalista, sin fronteras territoriales, ese concepto carecería de sentido).
Se distinguen dos posicionamientos básicos: el intervencionista y el aislacionista.
Bajo una política intervencionista una nación mantiene numerosas alianzas y apoya regímenes varios considerados de interés para la seguridad nacional. No es válido decir que estas ingerencias en los asuntos internos de otros Estados son ilegítimas per se, ya que son los individuos y no los Estados los que en rigor no pueden ser interferidos o agredidos. Otorgar inmunidad a los segundos es quitársela a los primeros, puesto que es conceder al Estado la plena libertad (el derecho a no ser agredido) para violar la libertad de su pueblo. Pero la política intervencionista es sensible a otro argumento, que es que su aplicación casi inevitablemente conlleva el sostén de regímenes opresivos. Coligarse con el Shah de Irán, explica Friedman, no sólo implicó defender a su país de las agresiones externas, también implicó armar a su policía secreta. Y si se está apoyando, entrenando, equipando, subvencionando las fuerzas que el gobierno emplea para someter a su pueblo, se es parcialmente responsable de esta coerción.
Bajo una política aislacionista una nación apenas posee socios y sólo interviene cuando es agredida. En el contexto de la guerra fría, por ejemplo, eso suponía sustituir las alianzas por un buen número de misiles termonucleares. Si la Unión Soviética atacaba Estados Unidos, éste debía responder lanzando sus cohetes sobre suelo ruso, y entonces el resultado hubiera sido la aniquilación de millones de personas inocentes, simples víctimas del sistema comunista y tan responsables de las decisiones del gobierno Moscú como cualquier norteamericano. Lo que afirma Friedman es que una guerra de auto-defensa también conlleva una vasta pérdida de vidas civiles.
Así pues, no parece que ninguna de las dos grandes categorías se ajuste al principio de no-agresión liberal. Habría alguna otra alternativa según el profesor Friedman, aunque poco halagüeña. Por ejemplo el empleo de guerrillas en lugar de alianzas o misiles. Pero dice que históricamente las guerrillas, sin apoyo externo, han sido poco exitosas enfrentándose a ejércitos regulares. Además, es dudoso que en una guerra de guerrillas se respeten más los derechos individuales, a menos que éstas limiten severamente sus actuaciones (y sus posibilidades de vencer). Se apunta a menudo que aun sin ejército una sociedad anarco-capitalista, armada y hostil, sería difícil de conquistar por un Estado, ya que carecería de la estructura administrativa necesaria para controlar a la población. Pero, como apunta Friedman, habría un método simple para someterla: se advierte a una ciudad del territorio libre que si no paga un tributo será arrasada con proyectiles. Si la ciudad se niega a ceder, el agresor lanza las bombas, se registra en video la masacre y se envía la cinta a la próxima ciudad, que probablemente pagará.
Aparte de la mera rendición, por lo tanto, no parece haber una estricta postura libertaria que sea aceptable. El profesor Friedman arguye que en estas circunstancias lo más sensato y práctico es un posicionamiento fundamentalmente aislacionista. Distintos objetivos en conflicto en el seno de la Administración derivan a menudo en una política exterior mal diseñada. A modo de ejemplo Friedman menciona el caso de Estados Unidos, que entró en una guerra por intentar defender a China de Japón, durante los próximos treinta años estuvo defendiendo a Japón, Corea, Vietnam… de China, y luego descubrió que era precisamente China su verdadero aliado contra la Unión Soviética[10]. El aislacionismo generaría de este modo menos disputas e incentivaría a los otros países afines a ser militarmente autónomos.

Crítica al apriorismo de la no-agresión

Para David Friedman el principio libertario de la no-agresión se antoja simple y verdadero sólo porque se aplica de manera selectiva a casos poco complejos. En realidad la materia es mucho más problemática y las máximas tradicionales del tipo “no puede iniciarse nunca la coerción”, “el hombre tiene pleno derecho sobre su propiedad, con la condición de que no viole los respectivos derechos de los demás”, no sirven para fundamentar todo el cuerpo teórico liberal[11]. Friedman es consciente de que su defensa del libertarismo en términos utilitaristas puede ser criticada muy duramente desde posiciones iusnaturalistas, ya que parece implicar que uno debe rechazar la libertad si descubre que algún método coercitivo funciona mejor. Pero la cuestión es que los principios liberales apriorísticos, tomados literalmente, presentan algunas dificultades que según Friedman parecen insolubles y producen ciertas conclusiones que virtualmente ningún libertario estará dispuesto a aceptar. Así pues, a partir del concepto de los derechos naturales no sería posible (al menos en la actualidad) deducir íntegra y consistentemente el modelo de una sociedad libre.
Friedman razona su punto de vista planteando sugestivos interrogantes y situaciones. Se pregunta, por ejemplo, qué es lo que debe entenderse por “trasgresión de la propiedad”. Si alguien dispara un láser de mil megavatios contra su puerta sin duda estará violando sus derechos de propiedad, pero ¿qué sucede si reduce la intensidad del brillo, por ejemplo al nivel de una linterna? ¿Dónde fijar una frontera? Si alguien enciende una luz en su casa y un vecino la percibe desde la suya, con el ojo desnudo o a través de un telescopio, significará que algunos fotones se han introducido en la propiedad del segundo sin que éste lo haya consentido. ¿Trasgresión de derechos? Algo similar sucedería con la polución. Si uno tuviera derecho absoluto sobre su propiedad, podría alegar que sus vecinos deben contener la respiración, porque cualquier molécula de dióxido de carbono que exhalen y penetre en su propiedad sin su consentimiento será una violación de derechos. Una respuesta a estos problemas, apunta Friedman, es sostener que sólo son admisibles las trasgresiones significativas. ¿Pero qué es una trasgresión significativa? Y si para contestar debemos examinar las consecuencias de las acciones ya estaremos emitiendo un juicio utilitarista.
Igualmente, dice el profesor Friedman, surgen problemas cuando se contempla la probabilidad de determinados efectos en lugar de su “volumen”. Emplea aquí la siguiente analogía[12]: si uno juega a la ruleta rusa con un tercero se considerará una violación de derechos, pero ¿y si la recámara tuviera mil o un millón de cápsulas? Si también se considera una violación de derechos, ¿significa que nadie puede realizar ninguna acción si existe la posibilidad de que ésta dañe a otro individuo? ¿Es legítimo que vuelen los aviones si sabemos que éstos tiene una probabilidad de 1 entre X de estrellarse contra una población?
Según Friedman, desde el iusnaturalismo no podemos responder por qué un elefante no puede cruzar nuestra propiedad y en cambio sí puede hacerlo un satélite a miles de kilómetros de altura. La teoría lockeana de la adquisición de la tierra (nos apropiamos de la tierra cuando mezclamos nuestro trabajo con ella) tampoco sería útil para determinar por qué si despejamos un bosque no nos apropiamos sólo del valor añadido fruto de nuestro esfuerzo, sino de la tierra entera[13].
Pero habría otros problemas además de los relacionados con la acotación de los derechos de propiedad. También un sistema legal libertario suscita espinosos interrogantes. Raramente un juicio produce una certeza de culpabilidad. Si existe un 2% de posibilidades de que un condenado sea inocente y se violen, por tanto, sus derechos, ¿puede legitimarse la sentencia de culpabilidad desde principios iusnaturalistas? ¿Qué podemos decir a priori de la justeza de un determinado margen de error? Y en cuanto a la pena, ¿cómo derivar del principio de no-agresión el castigo o la indemnización adecuada?
Dejando de lado las situaciones que acaso entrañarían violaciones menores de derechos, Friedman indica que podemos imaginar otro tipo de escenarios comprometedores para los libertarios. Si en una propiedad privada en la que se prohíbe portar armas alguien saca un rifle y se dispone a disparar a la multitud, ¿debe uno abstenerse de quitar el arma al maníaco y emplearla para contenerle? Eso parece, si hay que ceñirse a los principios, pero es dudoso que encontremos muchos liberales dispuestos a ser consecuentes.
Friedman sugiere la posibilidad de sustituir la máxima tradicional de la no-agresión (“nunca iniciar la coerción”) por otra que nos remita al objetivo deseado: “minimizar la coerción”. De este modo, en el escenario anterior, un individuo podría transgredir los derechos del propietario quitándole el rifle al maníaco y salvar así numerosas vidas. El monto total de coerción sería mucho menor. Pero este precepto utilitarista tampoco satisface a Friedman, que no está dispuesto a aceptar algunas de las conclusiones que de él pueden derivarse. Por ejemplo, aunque minimizaría la coerción, se opone a que alguien robe un arma de 100 dólares para evitar que un asaltante le hurte 200. Otro problema sería que este criterio es fútil ante la disyuntiva entre un coste reducido de coerción y un coste enorme de cualquier otra cosa. Por ejemplo, si un asteroide estuviera a punto de colisionar contra la Tierra y la única manera de evitarlo fuera robando un artefacto perteneciente a otro individuo, la fórmula de la “minimización de la coerción” no nos autorizaría a sustraer el artefacto, porque una catástrofe natural no es ningún tipo de coerción, y entonces perecería toda la humanidad[14].
Una posible respuesta a todos estos planteamientos, señala Friedman, sería que el libertarismo es un principio absoluto, si bien las máximas simples tradicionales (no-agresión etc.) son en realidad aproximaciones a unas pautas más complejas y sutiles, y por tanto es lógico que en determinadas situaciones difíciles las aproximaciones no resulten adecuadas. El profesor Friedman dice simpatizar con este punto de vista, pero aclara que no es muy útil para enfrentarse a las cuestiones del mundo real, al menos hasta que alguien concrete cuáles son realmente estos principios.
Otra posible respuesta, con la que Friedman también simpatiza, es que hay distintos valores importantes que no pueden ser clasificados en una simple jerarquía. La libertad sería un valor, pero no el único.
Una tercera respuesta, característica de los iusnaturalistas, es que no hay ningún conflicto entre la libertad a priori y el utilitarismo, quizás porque existe una conexión profunda entre ambos. Las problemáticas planteadas anteriormente debieran interpretarse entonces como una combinación de errores sobre lo que es posible (por alguna razón esas situaciones no podrían ocurrir en el mundo real) y errores acerca de lo que verdaderamente implican los correctos principios liberales.
La conclusión de Friedman es que el libertarismo no es una colección de proposiciones simples e inequívocas, sino un intento de aplicar ciertas nociones económicas y éticas a una realidad muy compleja[15].

Notas



[1] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 19.
[2] Íbid. Pág 13.
[3] Íbid. Pág. 148.
[4] Íbid. Pág 157.
[5] Friedman trata este tema y refuta algunas objeciones en “Law as a Private Good, A Response to Tyler Cowen on the Economics of Anarchy”,Economics and Philosphy, 1994
[6] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 127
[7] Friedman habla en profundidad del análisis económico del derecho en su obra “Law’s Order: An Economic Account”, Princeton University Press, 2000; consultable en la red: También versa sobre la eficiencia de la ley su trabajo “Anarchy and Efficient Law”, en For and Against the State
[8] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 123
[9] Íbid. Pág. 124
[10] Íbid. Pág. 214
[11] Los capítulos 41,42 y 43 de “The Machinery of Freedom”, en los que Friedman discute esta cuestión, se pueden consultar íntegros en su página web.
[12] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 169.
[13] Friedman intenta articular una defensa del derecho de la propiedad desde una perspectiva algo distinta en “Comment on Brody”, Social Philosophy and Policy, 1983.
[14] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 175.
[15] Íbid. Pág. 176. Más trabajos e información sobre David Friedman en su página web.
(*) Albert Esplugas. Lic. en Comunicación Audiovisual. Fundador del Instituto Juan de Mariana. Colaborador del Instituto Mises de Barcelona. Artículo publicado el 28 de Abril de 2017