martes, 17 de enero de 2017

Rompamos el cepo al trabajo

Por Libertad y Progreso (*)

(*) Libertad y Progreso es un centro de investigación en políticas públicas creado a partir de la fusión entre CIIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino. Nos unimos para formar un centro de pensamiento crítico e investigación aplicada a resolver los problemas de la ciudadanía, promoviendo los valores y principios de la República Representativa Federal.
Somos una fundación sin fines de lucro, privada e independiente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental. No aceptamos dinero del Estado. Nuestros fondos provienen únicamente de aportes individuales de personas, fundaciones y empresas comprometidas con el futuro del país. Video del Canal Youtube de Libertad y Progreso.

Lo que no se debe y lo que se debiera,.. en salud

Por Eduardo Filgueira Lima (*)
Nuestro país en muchos aspectos sufre la contradicción de tener pretensiones federalistas con decisiones políticas centralistas, que en muchos casos exceden tanto sus atribuciones, como sus posibilidades.
Y nuestro sistema público de salud no escapa a ello.
Desde la llegada al gobierno el equipo de cambiemos prometió eso: un cambio. Tal como era de esperar y necesario. Lo que en salud se requería muy especialmente.
No se me escapa que en la sociedad los cambios no son inmediatos, ni abruptos, ni resultado de puro decisionismo gubernamental. Los mismos toman tiempo, son analizados y evaluados por la misma sociedad y finalmente aceptados si resuelven sus necesidades. Lo malo es que a veces se acepta lo dado, como si fuera lo posible.
Pero a su vez son las decisiones de los gobiernos elegidos libremente, no por saber a priori las decisiones que adoptarán, sino en el supuesto que serán las mejores, o las que resolverán los problemas que la sociedad tiene, las que marcan rumbo.
Y ello no ha sido posible hasta el momento en el área de salud. Seguramente no por negligencia de las autoridades a cargo de la cartera, sino porque existe una enorme brecha entre la academia y la acción política concreta. Y ello es debido también a la misma organización del estado centralista que ha asumido cada vez más funciones (que los mismos funcionarios se ocupan de multiplicar), sin que puedan ser bien cumplidas por una parte y sin que le corresponda por otra.
Me refiero a que las provincias no han cedido al gobierno nacional las facultades de diseño, financiamiento, regulación y control de todas las funciones de promoción, prevención y atención médica de la población. Así lo establecieron todas las provincias en sus Constituciones.[1]
En esta superposición, finalmente las provincias tienen a su cargo la mayor parte del gasto público en salud, pero esperan que el gobierno nacional les asista y en cierta forma reemplace en lo que les corresponde. Y el gobierno nacional lo hace, lo asume, pero hace poco y no lo hace como debiera. ¿Y el cambio?
Ni las provincias hacen lo que está a su cargo como sería su quehacer, ni el gobierno pasa de cumplir rutinariamente, satisfaciendo demandas coyunturales, sin proponer ni ejecutar nada que permita visualizar algún horizonte mejor.
Que el gasto en salud representa cerca del 10% del PBI, eso ya lo sabemos. Que de ese gasto el 55% es gasto público también. Y que lo que es de correspondencia estrictamente público estatal –es decir: restado la seguridad social– alcanza al 23% del gasto total en salud (o aproximadamente un 2,4% del PBI)[2], lo que significa mucho dinero y dados los procesos tanto como los resultados, podríamos suponer muy mal asignado. Por lo menos la Ley N°27.200/15, reconoce y prorroga –desde  sucesivas leyes que la anteceden– la emergencia nacional en salud.
Cuando me refiero a resultados, todos sabemos que finalmente las consecuencias las sufre la población. Y vano sería reiterar que gran parte de ella se encuentra en condiciones que constituyen la proporción lamentable de nuestros “promedios”.
El problema central se encuentra no solo en la contradicción centralismo vs federalismo, sino en que ello se configura en la organización del sistema público de salud y sus ineficiencias.
Hace varios años el gobierno central a través de su vocero el Ministro de Economía expresaba ante los organismos de crédito internacionales que “quienes  gastan mal son las provincias” (acuciado ante los reparos de no cumplir con las metas acordadas de gasto). Y los gobernadores respondían: “el que gasta mal es el gobierno nacional,..¿para qué quiere un Ministerio de Salud sin hospitales y un Ministerio de Educación sin escuelas”
El Ministerio de Salud tiene importantes funciones que cumplir, como son las de regulación y control de medicamentos, la acción conjunta ante epidemias, catástrofes u otras de afectación colectiva, así como la representación ante organismos internacionales (OMS/OPS, otros de crédito a través de la UFI, etc), sanidad de fronteras, importación de insumos, informes de estadísticas y epidemiología, coordinación y acuerdo de políticas nacionales, etc.
Pero no son precisamente las funciones que se atribuye y en las actuales circunstancias cree que se puede hacer mucho y en realidad “solo se pueden dar buenos consejos”,..  haciendo de cuenta que se avanza hacia un cambio para que en verdad, todo siga como entonces.
Porque resulta que se ocupa de cuestiones que son atinentes a las provincias y ello funciona como un subsidio directo a las funciones que son prerrogativas de las mismas, y peor aún si lo hace mal.
Porque para el gobierno central resulta imposible centralizar (controlar, regular, financiar, etc.), lo que está disperso tanto como lo es nuestra geografía, y los recursos asistenciales de todo tipo adoptan las características de la provincia o región en donde se encuentran.
Lo que sucede es que estas cuestiones –como los programas nacionales– permiten a las provincias “descansar” del gasto y de la gestión primaria de los mismos. Pero ello obliga al gobierno nacional a ocuparse de lo que no debiera (con el costo que significa) y no ocuparse de ser un ente rector del cambio necesario.
Y el cambio sería bien recibido si el Ministro propusiera por ejemplo a las provincias llevar adelante una caja de aseguramiento provincial (o un seguro por jurisdicción) e hiciera lo que debe (y puede), como sería asistirlas técnicamente para que logren lo que les corresponde por derecho y haría más eficiente su gestión.
Si bien personalmente acuerdo con el Decreto N°908/16 en términos generales (aunque deja dudas en alguna medida su sustento jurídico), en el mismo (Art.N°2) se destina para la estrategia del CUS[3], un monto de $8.000 millones (que es menos del 10% del presupuesto anual del PAMI) y que supone cumplir con lo detallado en el Anexo I (Art.3°), que parece por lo menos un exceso de declamado voluntarismo, que resulta de más academia que gestión política.
Por otra parte, la nominalización (tal como la describe el mismo Decreto en el Anexo I) si bien es el primer paso para saber a quién,.. no permite saber ni como (me refiero financiamiento), ni cuando (me refiero a procesos), ni quien será el responsable de la prestación de los servicios, que están muy lejos del poder central.
Si, como hemos dicho, los recursos se encuentran en las jurisdicciones (o eventualmente regiones), ¿no sería mucho más lógico que en vez de asignar recursos (que por otra parte pertenecen a la seguridad social sindical) para la nominalización de la población sin cobertura desde el gobierno central, esta misma tarea la hicieran las mismas provincias?, ¿no sería más lógico que las provincias comiencen a dar los primeros pasos hacia las cajas de aseguramiento, ya que tienen para ello más posibilidades en el sentido de nominalizar primero a la población sin cobertura y asegurar las prestaciones después?
Resulta difícil de creer que los sindicatos resignen esa suma sin nada a cambio. Resulta difícil de entender un financiamiento compartido entre nación y provincias de esa población nominalizada, que tiene importantes necesidades. ¿O se piensa transferir esa población a las obras sociales sindicales? ¿Cuáles son los límites que ello impondrá? Y en ese caso, algo es mejor que nada,.. pero no es lo mejor posible.
Lo que termina por pensarse es que se “vende” un declamado CUS como si ello fuera el gran cambio y es solo un paso que no lo hace quien debiera y con recursos que sustrae a la seguridad social, para subsidiar a quienes deben,.. pero no lo hacen porque lo declama hacer otro (que debiera orientar el cambio): el gobierno central.
Lo que se ve finalmente es que solo se da vueltas en el mismo círculo, sin un plan coherente y sin lograr asignar a cada quien lo que debe. Eso sí,..  sirve para hacer de cuenta que se hace algo. Pero el costo es muy alto y lo pagamos todos los argentinos. ¿Sabrá el Ministro el gap que existe entre la academia y la acción política?
Buenos Aires, 16 de Enero de 2017
(*) Eduardo Filgueira Lima. Director del CEPyS. Artículo desarrollado para la Fundación Libertad y Progreso el 16 de Enero de 2017


[1] IDESA “Programas nacionales son el 6% del gasto público en salud” Informe N°687 del 15 de Enero de 2017
[2] Calculo del Banco Mundial del PBI Argentina u$s 583.000 mill (equivalente a $9,32 billones)
[3] CUS: Cobertura Universal de Salud

Fueros y Sorpresas

 Por Enrique Guillermo Avogadro (*)

"Parece que a nosotros la experiencia ajena no nos enseñó demasiado y seguimos aprendiendo de la propia. Es un camino más largo y doloroso pero en definitiva nos llevará a la madurez". Julio Bárbaro 
En estos días se ha vuelto a plantear en el imaginario político (¡otra vez sopa!) la idea de que Cristina Elizabet Fernández se presentará en las elecciones legislativas de octubre próximo para obtener fueros que la protejan del avance de las causas judiciales en su contra; alrededor de esa cuestión, ya se realizan las más curiosas especulaciones, y no puedo menos que contarle las mías.
Pero, ¿qué son, en realidad, los fueros parlamentarios? Antes de que la inconducta de sus integrantes degradase al extremo la imagen del Congreso, la Constitución los estableció en sus artículos 68, 69 y 70. Pese a la discusión suscitada acerca de la legitimidad de tal privilegio, estoy persuadido de de su importancia para que los legisladores puedan ejercer, en plenitud, la función para la cual han sido electos.
En resumen, y para no aburrirlo, cualquier legislador puede ser interrogado, procesado, juzgado y condenado por la Justicia aún cuando su mandato se encuentre vigente, pero para que efectivamente vaya preso habrá que esperar a que sus pares así lo decidan o hasta que pierda electoralmente su banca. El hecho de que tantos actuales diputados y senadores se encuentren sometidos a proceso penal y continúen en sus cargos, ha transformado al Congreso en un aguantadero de delincuentes.
¿Se sumará Cristina a ellos? Podría optar por aspirar a una banca por la Provincia de Buenos Aires o por la de Santa Cruz. Si se presentara como candidata a senadora, debería recordar que se eligen sólo tres: dos por la mayoría o primera minoría y uno por la segunda. Si quisiera hacerlo en los pagos de María Eugenia Vidal, correría un serio riesgo, salvo que consiguiera que todo el peronismo se alineara tras su deteriorada imagen: que quienes accediesen a los cargos fueran de Cambiemos y del Frente Renovador (o viceversa) y ella se quedara viéndolo por televisión; y el mismo panorama, dada la rapacidad y el latrocinio de los gobiernos kirchneristas que ha soportado desde hace casi treinta años, incluyendo al actual de su cuñada Alicia, podría darse en su provincia por adopción hotelera.
Obviamente distinto sería el caso si se resignara a postularse como diputada en cualquiera de esas jurisdicciones, encabezando la lista sábana con la cual los sátrapas de la política nos volverán a obligar a votar este año. Pero, claro, al ser elegida será una más entre doscientos cincuenta y siete, y todos recordamos el glorioso paso por la Cámara de su fallecido marido, cuando le dejó la Presidencia como herencia. ¿Se prestará esta señora, que se soñó emperatriz, a transformarse en simplemente una legisladora más, expuesta a la permanente crítica de su pasado reciente?
Es indudable que Cristina actúa como un revulsivo intenso en la pretendida unidad del PJ, y sus a ex adláteres –Bossio, Randazo, Domínguez- les produce tanto miedo que cuando se acerca “se ponen al lado del botón”. Gran parte de quienes diariamente fugan en pos de otros horizontes que les ahorren el desierto, son cautivados por la Heidi del Pro (la política más prestigiosa de la Argentina), y su ex Jefe de Gabinete, Sergio Massa, aspira a quedarse con el resto. Resultó patéticamente reveladora en este sentido la queja de Diana Conti sobre la inmunidad de la imagen positiva de María Eugenia pese a su reciente divorcio.
Una reciente encuesta dice que conserva un 30% de intención de voto en la Provincia de Buenos Aires, obviamente del segundo y tercer cordón del conurbano, ese que tanto se esmeró en sumir en la pobreza estructural y en la falta de educación, la receta clientelista que compartió con tantos líderes populistas de nuestra sufrida región.
Los votantes de la Provincia representan el 37% del padrón nacional y, si bien el peso de los municipios que rodean a la Ciudad Autónoma es determinante, todo el interior –incluyendo los grandes conglomerados, como Mar del Plata y Bahía Blanca- la detesta hasta el odio, y sus pueblos se han visto beneficiados con el auge del campo, que come, se alimenta, se viste y se educa en ellos. Por eso, dudo que esa encuesta tenga razón y, en la medida en que creo que la economía mejorará sensiblemente antes de octubre, esa duda se convertirá en certeza.
La segunda parte del título se refiere a las que llegaron desde Roma, Brasil, Venezuela y China. SS Francisco, después de tantos años de despotricar contra el capitalismo e incrementar su colección de fotos con tantos impresentables, esta semana abjuró del populismo, describiendo los graves daños que produce en las sociedades en general, al compás del fracaso de la diplomacia vaticana en el Caribe. Al menos en mi caso, la sorpresa fue mayúscula; no esperaba nada por el estilo de quien Loris Zanatta ha calificado como líder mundial de esa nefasta tendencia.
Las revelaciones de algunos de los “arrepentidos” del Lava-Jato ante los fiscales del proceso, referidas a los giros que, dicen, efectuaron a cuentas de Gustavo Arribas, nuestro autóctono “Señor 5” -ejerce el comando de la Agencia Federal de Investigaciones- fue el otro episodio llamativo de la semana, revelado por el incansable Hugo Alconada Mon. Y se transformó en sorpresa cuando, pese a que los hechos tienen un innegable aroma de antigua corrupción y como tal fue denunciado por Lilita Carrió y Graciela Ocaña, Mauricio Macri realizó gestos de indudable respaldo; la conducta presidencial supone un llamativo giro respecto a aquélla que lo llevó a permitir que el Administrador Nacional de Aduanas, su también amigo Juan José Gómez Centurión, fuera desplazado de su cargo por sospechas similares mientras éstas existieron. El Presidente debería recordar que la mujer del César, amén de ser honesta, debe parecerlo.
En contrapartida, y también desde Brasil, llegó una buena noticia para la Argentina. El tan cuestionado gobierno de Michel Temer consiguió domeñar la inflación (sin dudas, también por la recesión) y la economía volverá a crecer este año, después de caer fuertemente durante los últimos dos, al compás de la crisis política desatada por las investigaciones en curso. Recordemos que, amén de llevarse puestos a empresarios, ministros y legisladores de todos los colores, le costó el cargo a Dilma Rousseff.
El incomparable Nicolás Maduro, desairando al Papa, no solamente logró que su Corte Suprema deslegitimara nada menos que a todo el Parlamento y desató una nueva oleada de detención de opositores, sino que sumó su voz a los estúpidos que reclaman la libertad de Milagro Salas; dado el enorme desprestigio del Presidente venezolano, que está literalmente matando a su pueblo, presumo que su adhesión debe haber sido visto como un flaco favor por la delincuente líder de Tupac Amaru.
Para terminar, algo muy preocupante, a la luz de la asunción de la Presidencia norteamericana por Donald Trump, que se producirá este mismo viernes. China, amenazada por el magnate con fuertes retaliaciones comerciales y geopolíticas, dijo ayer que, si éstas se concretaran, el mundo debería prepararse para un conflicto militar de enormes proporciones. Si le sumamos a esa afirmación los cuatro trillones de dólares que Beijing mantiene en bonos de la deuda pública norteamericana, bien podría pensarse en una decisión que incluyera su liquidación a bajo precio, lo cual generaría una tormenta económica mundial de incalculables proporciones.
Bs.As., 14 ene 17     
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: 
ega1@avogadro.com.ar
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ega1avogadro@gmail.com
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www.avogadro.com.ar
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http://egavogadro.blogspot.com

Fuente: Comunicación personal del autor

De maneras, no de nombres

Por Sonia Iris Menéndez (*)
No soy economista, ni analista económica. No soy politóloga ni ocupo un cargo político. No soy “persona pública expuesta” como preguntan los bancos cuando te van a dar una tarjeta de crédito o quieres hacer algún otro tipo de movimiento con tu dinero. No tengo conocimiento sobre gran parte de la historia de nuestro país; en definitiva, me atrevo a expresar lo que siento y pienso. Para CV creo es suficiente con decir que amo lo perfecto de ser imperfecta, que la manera está y el desafío es encontrarla y tener el libre albedrío (como todos los seres humanos por igual) de elegir, pensar, sentir, etc, en libertad y con responsabilidad.
Esta introducción que acabas de leer creo es sana, ya que me he cansado de tanto título y sabiduría erudita; me he hartado de tantas palabras, discursos, oratorias prometedoras que han ido empobreciendo mi espíritu por creer, confiar y entregar. Hay alguien ahí que sienta lo mismo? Estoy convencida que sí y somos muchos, tantos, tantos…
Con la noticia de la renuncia (“te vas o te vas”) del ya ex ministro Alfonso Prat Gay he quedado no sólo triste, sino angustiadísima. Y con esto no significo que creía lo que hacía o todo lo que decidía/n él junto a quienes conformaban el equipo económico (porque eso era lo que nos decían y al menos yo, creía) era acertado. No. Por el contrario. Muchos aciertos y muchos errores. Y como ya les comenté que no sé de “eso que son los números, finanzas, políticas económicas”, me basaba en el carrito cada vez que iba al supermercado, los impuestos que debía pagar, el combustible cuando podía cargar, etc. Mientras, observaba cómo los que se habían llevado el país en sus bolsillos durante los últimos años, tenían el dinero robado en su poder y aunque poquitos tras rejas, la libertad de llenarse la boca en los medios de comunicación apuntando con dardos de odio, resentimiento, rencor y soberbia a nosotros, los que elegimos a quienes elegimos (porque en definitiva, es al pueblo a quien dañan y desde hace más de 30 años…) Escribí en “pasado” lo que sabemos es presente y por lo que puedo percibir seguirá siéndolo (es decir: el futuro que viene).
Los nombrados como flamantes nuevos señores a rescatarnos con su sabiduría, flamean sin viento, lo hacen con el soplo de algunos. Dividen el ministerio y quien dirigirá las políticas económicas será el Sr. Presidente (lo anunció uno de los segundos de Marcos Peña…parece que Marcos ha tenido demasiado con anunciar lo que tanto deseaba para sacarse de encima a Prat Gay…y seguirán otros en la lista). Lo que duele es que sigan hablando de equipo cuando se destripan entre egos y están llenos de “infiltrad@s” que celebran con opositores impostores mientras a un ministro lo echan.
No son los nombres, son las maneras. No es cómo se llama quien preside o el diputado o el senador o el ministro o etc. Es la manera mal-educada de hacer las cosas ante nuestros ojos, ante los ojos del equipo más importante: los argentinos. Mientras el poder sustantivo siga reinando no habrá poder verbo para crecimiento, evolución, cambio y mucho menos transformación.

No son los nombres, son las maneras. Por esto la riqueza más importante y urgente en la que debemos invertir es Educación. Para que los niños de hoy sean quienes voten en 10/15/20 años y este país tan bello sea honrado, para que los del futuro sean honestos, transparentes y confiables.
(*) Sonia Iris Menéndez. Escritora, colaboradora de la Fundación Libertad y Progreso. Artículo publicado el 30 de Diciembre de 2016

Programas Nacionales son el 6% del gasto público en salud

Por IDESA (*)
Los cambios en la conducción del Ministerio de Salud y el cruce de culpas entre funcionarios por los incendios en La Pampa están asociados a una forma de administración arcaica. Que la Nación ejecute acciones que se superponen con facultades provinciales induce al derroche de recursos y a la dilución de responsabilidades por los malos resultados. Respetando la organización federal se puede lograr una administración más eficiente y transparente.
En el Ministerio de Salud de la Nación se produjo un recambio de altos funcionarios a raíz de acusaciones cruzadas de sub-ejecución de programas nacionales. Se trata de una veintena de programas, varios de ellos con financiamiento de organismos internacionales, a través de los cuales se les da a las provincias dinero o la provisión directa de vacunas, remedios, anticonceptivos, insumos hospitalarios, capacitación, etc.
Este tipo de intervenciones de la Nación “bajando al territorio” con acciones que exigen coordinación con provincias y municipios no son una particularidad del área de salud. En educación básica, asistencial social, vivienda, urbanismo, caminos provinciales, seguridad, medio ambiente, etc. se reproducen similares prácticas. La gran cantidad de programas nacionales existentes es el resultado de un proceso aluvial de acumulación de iniciativas que las sucesivas gestiones nacionales dejaron como herencia bajo el objetivo declamado de ayudar o directamente tratar de hacer lo que las provincias no hacen o hacen mal.
Información sobre ejecución presupuestaria que publica el Ministerio de Hacienda permite dimensionar este fenómeno en el tema de salud pública. Se estima que en el 2016 el gasto público en salud alcanzó a unos $210 mil millones distribuidos de la siguiente manera:
·         Las provincias y los municipios aportaron $180 mil millones o el 86% del total.
·         La Nación aportó los restantes $30 mil millones o el 14% del total.
·         Dentro del total aportado por la Nación, los programas nacionales ejecutados en las provincias fueron $13 mil millones o 6% del total.
Estos datos muestran que el grueso del gasto público en salud es provisto y administrado por las provincias y los municipios con sus propios recursos. Los programas nacionales representan apenas el 6% del gasto público en salud. Es decir que por cada $1 que la Nación aporta con estos programas, las provincias ejecutan $16. Si se consideran también los recursos administrados por las obras sociales, la contribución de los programas nacionales al financiamiento de la salud resulta insignificante.
Que el Ministerio de Salud de la Nación tenga una participación ínfima en el financiamiento público de la salud no es fruto de la mezquindad sino del arreglo constitucional de la Argentina. En salud, las provincias se reservan para sí las facultades de diseño, financiamiento y control de las funciones de promoción, prevención y atención médica de la población. Así lo establecieron todas las provincias en sus Constituciones. Bajo esta organización, los programas nacionales vienen a solaparse con las responsabilidades y acciones que ejercen (o deberían ejercer) las provincias. Esto lleva a multiplicar gastos administrativos, distraer energías de los funcionarios provinciales en gestionar “ayudas” del gobierno nacional y diluir responsabilidades cuando aparecen los malos resultados.
Las consecuencias de esta perversa forma de organizar el sector público también quedaron demostradas con los incendios en La Pampa. La creación de un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a nivel nacional tiene por objetivo promover un mayor cuidado del medio ambiente y prevenir desastres naturales. Pero esto colisiona con funciones y responsabilidades de las jurisdicciones provinciales. En la práctica, el ministerio nacional crea una burocracia en Buenos Aires que aporta muy poco en favor del medio ambiente y contribuye con mucho a diluir responsabilidades. Esto quedó en evidencia cuando ante la devastación de los incendios desde el sector público en su conjunto no surgieron paliativos ni mucho menos soluciones sino una estridente sucesión de declaraciones cruzadas de funcionarios nacionales y provinciales echándose la culpa.

Para avanzar en la modernización del Estado es fundamental terminar con los programas nacionales. La Argentina es un país federal por opción propia histórica. Son responsabilidad de las provincias las funciones no delegadas a la Nación. A nivel central habría que limitarse a medir resultados e informar a la población sobre la gestión que las provincias hacen de la salud, la educación, el medioambiente, seguridad, vivienda y urbanismo. Esto es lo que va a incentivar a los funcionarios provinciales a dedicarle más tiempo a la gestión de sus recursos propios (que son la mayoría), menos a las gestiones en Buenos Aires y a hacerse cargo de sus propios resultados.
(*) IDESA. Informe N°687 del 15 de Enero de 2017



La desmaterialización de la economía

Por Raquel Merino Jara (*)

Estos días de Navidad, tan propicios para elevar asuntos espirituales y “consumistas”, que a priori combinan como el agua y el aceite, me llevan a poner sobre la mesa algunas cuestiones relativas al mercado. Me abstendré en todo caso de repetir lo más que consabido entre quienes, desde una perspectiva liberal, estudian esta materia.
Uno de los problemas que tratan de entender y mitigar quienes hacen filosofía política o moral es el conflicto. Las facciones y su convivencia pacífica en entornos de justicia y libertad son de la máxima preocupación entre estos pensadores. Cuando se trata de aportar soluciones, incluso entre gente bienintencionada (que no aspira a subyugar a otros o a imponer su propia visión del mundo), las diferencias, cómo no, emergen: de un lado, están aquellos que temen que una cercanía entre facciones en mismos entornos de convivencia, máxime cuando de base no se comparten los mismos valores, puede conllevar un peligro claro para la libertad, la paz y el desarrollo; del otro, aquellos que entienden que un marco institucional adecuado, que no privilegie ni penalice por pertenencia a un grupo, permite extraer grandiosos frutos de esta mezcolanza de razas, etnias, religiones como ejemplo de convivencia y mayor aportación a la creación empresarial y cultural por partir de puntos de vista heterogéneos.
Lo que prima de fondo en la primera de las tesis es que las personas cambian los marcos institucionales y en la segunda, que los marcos institucionales modelan a las personas. Ambas afirmaciones llevan su parte de verdad, en un grado u otro, según sean de fuertes las instituciones o los valores de los grupos humanos, y lo compatibles que sean con la libertad. Por eso, en mi modesto entender, el proceso histórico nunca ha de perderse de vista. Las matizaciones (quizás mal entendidas a veces como relativismo) no caben en 140 caracteres. Invasiones de hordas extranjeras, persecuciones a minorías (como chivos expiatorios ante la incompetencia propia) o caída de civilizaciones por la insostenibilidad del sistema político y redistributivo, o incluso todo junto al mismo tiempo, siempre las ha habido.
El contexto actual me produce cierto desasosiego. Ahora que entramos en nuevo año, quizás haya que achacarlo a la mella psicológica que nos deja el paso de los años. Tampoco hay que descartarlo. El proteccionismo, los nacionalismos en Europa y EEUU, el odio a la tecnología, al creador de riqueza o al extranjero son claros ejemplos de peligros políticos y sociales latentes. El terrorismo islamista, por su parte, se ocupa de echar más gasolina al fuego a un Occidente que ha visto cómo prendía la llama populista a raíz de las crisis económicas y políticas con origen en la Gran Recesión.
El asunto es complejo. No se trata de caer en simplificaciones con tintes pueblerinos por miedo a todo lo desconocido ni en papanatismos que puedan suponer un coladero de difícil digestión a posteriori.
Llama la atención, en este sentido, la tesis que sostenía el profesor de Columbia especializado en economía e inversión en valor, Bruce Greenwald (autor de Competition Demystified), en un vídeo de Columbia Business School titulado Globalization in Retreat. Afirmaba que la globalización se iba a ver en retroceso en un futuro próximo como consecuencia del impulso del sector servicios y la pérdida de importancia de la manufactura en la economía global. Obviamente, no se refería a los esfuerzos de políticos como Trump por popularizar medidas proteccionistas, nacionalistas y mercantilistas entre sus electores a golpe de amenaza a las empresas, sino a un fenómeno que sería resultado del propio proceso de mercado. La idea de fondo es que lo material (materias primas, manufactura) va en franco retroceso en favor de la economía del conocimiento y el sector servicios (personales, información, hogar). Si, por un lado, el factor de producción fundamental hoy es el conocimiento y la información fluye sin cortapisas, y, por el otro, los servicios, sobre todo los personales y del hogar, son difícilmente deslocalizables, esto significaría, según el autor, que la dependencia internacional geográfica de ciertos materiales o de la manufactura (en sus distintas fases) por la lógica de la división del trabajo internacional iría disminuyendo.
No estoy segura de que la afirmación de que la globalización cae en importancia sea la más acertada. Seguramente sea más ajustado hablar de que la globalización cambiará su forma, su manifestación. Al revés, la interdependencia económica no perderá fuerza por lo que se desprende de sus palabras. Con el tiempo y la incorporación de nuevas tecnologías que, a bajo coste, vayan poniendo en la mano de los individuos una autonomía y una potencia creativa antes impensables, la integración puede ser mayor. No se olvide que la transmisión de conocimiento y el transporte de mercancías han de ser fluidos para poner en valor las economías de escala que posibilitan hacer rentable la venta masiva de bienes y servicios muy novedosos con poco margen unitario sobre cada producto. También, lógicamente, las fronteras abiertas permiten incorporar las mejores mentes (conocimiento) para contribuir a esos saltos tecnológicos de gran impacto económico y social.
Lo que puede permitir, y ciertamente creo que lo hará (algo egoístamente, para bien de las personas a las que el bullicio de la ciudad algo nos perturba), es que la necesidad de aglomeraciones masivas no sea tan grande. Ser productivo, poder aportar allá donde estés lo que proviene de tu principal activo (tu mente), estar integrado en el mundo empresarial sin necesidad de desplazarte o asentarte en la gran urbe es algo que favorece la dispersión. Tener un grado de autonomía amplio energética y materialmente, aun cuando se viva en lugares remotos o históricamente poco desarrollados, también aportaría una incalculable fuente de ventajas en ese sentido.
Varias de estas dinámicas ya se empiezan a advertir en las zonas con menor dotación de infraestructuras clásicas, como carreteras, redes eléctricas o bancarización. Se empiezan a sustituir en algún grado por la comunicación vía satélite, el previsible uso de drones, autogeneradores eléctricos de bajo coste, pagos a través de móvil (reemplazando la moneda local), nuevos servicios financieros…
Mark Zuckerberg, creador de Facebook, comentaba tras la lectura del libro Finanzas de los pobres (Portfolios of the Poor), que es “desconcertante que casi la mitad del mundo –casi 3000 millones de personas– viva con dos dólares y medio al día o menos. Más de 1000 millones viven con un dólar o menos. Este libro explica cómo estas familias invierten su dinero para valerse por sí mismas mejor. Espero que leer este libro proporcione algunas perspectivas sobre las formas en que todos podemos trabajar para apoyarles también”.
En eso están innovadores como él mismo.
No deja de ser “política ficción” cualquier aventura predictiva. Lo que podemos llegar a encontrar en este nuevo marco es menos necesidad de migrar físicamente, al menos, para la provisión de servicios de información. Con todo, hoy existiría una salvedad bastante obvia que tendería a revertirse también de producirse las predicciones de muchos futuristas tecnológicos: para servicios personales y del hogar, menos deslocalizables que los servicios de información (más subcontratables), poco deseables en muchos casos por los nacionales (vendedor en cadena de comida rápida, reponedor, trabajo doméstico, por poner algunos ejemplos), y caros para el empleador (costes laborales, sindicatos) y para el consumidor, la idoneidad inmigratoria seguiría presente, al menos, hasta que la robotización sea una realidad más palpable (tendencia lógica siempre que el valor añadido de la aportación humana sea pequeño y fácilmente sustituible por una máquina).
Por supuesto cuando hablamos de lo que nos deparan las innovaciones (el mercado), nos topamos frontalmente con una dura realidad: las fuerzas contrapuestas que surgen del poder político o de la persuasión cuando van encaminadas a propagar alguna ideología liberticida. El azote antiglobalización está cebándose, hoy, desde el propio discurso político y mediático. Y eso enciende mucho el instinto atávico y tribal que, lamentablemente, llevamos dentro. Se está jugando con fuego. Evitar que se impongan estas fuerzas es nuestra misión.
(*) Raquel Merino Jara es miembro fundador y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana. En la actualidad, es profesora del Centro de Estudios Online Manuel Ayau y ha sido profesora asociada de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Subdirectora del IJM y directora de estrategia. Publicación del Instituto Juan de Mariana el 7 de Enero de 2017

Y este año,..¿que?

Por Elena Valero Narváez (*)
Macri concentra su gestión en obtener resultados económicos. Déficit fiscal, inflación y empleo están bajo la lupa. Es una meta, a todas luces, correcta.
Los argentinos mirarán primero el bolsillo y luego pensarán a quienes votar. Son reacios a mucho sacrificio y menos luego de enterarse de que el Gobierno anterior no dejó caja sin saquear. No quieren pagar el pato de la boda.
Hay que tomar decisiones y muchas difíciles de digerir si se pretende reducir el gasto a niveles aceptables.
 Nicolás Dujovne no la tendrá fácil. El nuevo ministro tendrá que vérsela con un electorado que ya no aceptará promesas y optimismo. Quiere resultados, como también el presidente Macri, quien sabe que se juega la confianza de los argentinos y de los inversores, en las próximas elecciones.
Por ahora, lo que percibe la gente, son los aumentos de los combustibles, las prepagas, las expensas, los productos de supermercados y pronto los de luz, agua y gas.
Queda claro, además, que se perpetua, desde que Perón instaló su modelo socialista- fascista, el peso decisivo del sindicalismo nacionalista y sus ideas. Para sus líderes sigue siendo normal que el Estado mantenga empresas deficitarias y las nacionalizaciones. Están siempre dispuestos a inmovilizar al país hasta conseguir beneficios para cada sector, sin valorar la producción ni la productividad. De esta manera, sin que importe lo que Macri piense y quiera, continuamos estando en manos de quienes siguen “combatiendo al capital” como enseñó Perón, a favor del capitalismo prebendarlo y de mercados cautivos que alimentan el corporativismo. Este es un problema que trabará las pretendidas buenas intenciones.
 Seguimos en parte, por ello, dependiendo de las decisiones políticas que tienden a contentar a diestra y siniestra con más subsidios y concesiones ya sea porque amenazan con huelgas, cortes de calle y la mar en coche, dejando de lado lo que importa: las elecciones que hacen los consumidores en el mercado.
Aunque esté desprestigiado por la prédica kirchnerista, y por haber claudicado en ser oposición del Congreso, ante los favores que necesitaba del anterior gobierno, el camino es   hacer lo que hizo bien el ex presidente Menem: revertir la orientación peronista que aún domina, incluso en algunos sectores del gobierno.  Reforzar una sociedad civil, aun  debilitada por la falta de mayor libertad de los mercados y por empresas estatales deficitarias.
 El nuevo ministro debiera orientar su esfuerzo a reanimar la economía que está paralizada en gran parte por los niveles de inflación que se reducen demasiado lentamente.
Macri varias veces expresó su deseo de  imitar a Chile, país que terminó con el populismo socialista y llevó a cabo reformas vitales que inyectaron fuerza a la economía de mercado. Fue así como se fortaleció el Estado que dejo de ser un repartidor de dadivas para convertirse en garante del orden social, reprimiendo el terrorismo, fortaleciendo la sociedad civil y restaurando el pluralismo político.  No se dio marcha atrás en la mayoría de las meritorias reformas realizadas durante el gobierno de la dictadura, aunque la presidente Bachelet ha regresado a algunas políticas de corte populista..
Sin ese cambio que se sigue con dificultades en Chile y abordado por el ex presidente Menem en Argentina, desvalorizado por el gobierno kirchnerista por una política basada, una vez más, en un nacionalismo perimido, nos quedaremos fuera de la interdependencia crítica y responsable del mercado mundial,  camino ineludible hacia el progreso que buscamos.
 La acumulación y creación de riqueza no lo realizan los gobiernos sino la sociedad civil a través de personas, empresas y cientos de organizaciones, no gubernamentales, que se mueven en el espacio mundial. No son obligatorias sino el resultado de decisiones libres, espontáneas, con información provista por el mercado. Son justipreciadas por las personas desde su escenario particular. La historia nos muestra que no deben ser turbadas por las arbitrariedades de los gobiernos.
Las inversiones huyen de la inseguridad, de lo imprevisible, de la falta de confianza y de  justicia independiente. Si vienen con pésimas  condiciones lo harán, como en el pasado reciente, con ganancias anormales.
 Los llamados fondos buitres no son culpables sino los gobiernos y sus equivocadas decisiones que producen propicias situaciones para que arriben. Los especuladores no son culpables de la escasez, solo la aprovechan. Van donde las ganancias exorbitantes son posibles.
 Si hubo millones de dólares en el exterior fue porque las condiciones políticas existentes en el país no eran confiables ni previsibles. Se temían exacciones y robos del gobierno..
Millones en colchones en lugar de estar en los bancos o en emprendimientos fue una forma de especular para salvaguardar la riqueza existente que no se reprodujo por la ineficiente política del gobierno anterior.
Esperan, muchos argentinos,-  quienes votaron por salir del rumbo kirchnerista que los llevaba al modelo que hoy sufren los venezolanos, de opresión, falta de libertades, y desabastecimiento-  que se creen, este año, lo más rápidamente posible, las condiciones que les permita tutearse otra vez con el mundo, por medio de decisiones sin interferencias y obstáculos producidos por decisiones gubernamentales. Van a estar muy atentos en el 2017.
(*) Elena Valero Narváez. Periodista, historiadora y analista política.

Fuente: Comunicación personal de la autora

lunes, 16 de enero de 2017

Las falacias de la democracia

Por Leonardo González Contreras (*)

Con el pasar de los años, la democracia ha llegado a ser considerada cualquier cosa. No obstante, uno de los usos más peligrosos que se le puede dar gira en torno a cinco aristas: democracia como gobierno del pueblo, democracia como Estado, democracia como derecho, democracia como igualdad, y democracia como libertad.
Atendiendo a la primera arista, la democracia desde la perspectiva etimológica es el poder/gobierno del pueblo (demos-pueblo y kratos-poder/gobierno = demokratia). Ese fue el sentido y significado que se le dio en la antigua Grecia, particularmente en Atenas (a mediados del siglo V a. C, aproximadamente, según Dahl [2004]), empero, ¿de verdad gobernaba el pueblo? Nunca lo hizo. Era un gobierno de ciudadanos, todos varones, pertenecientes a la polis (ciudad-Estado, pequeña e independiente), donde quienes podían votar en la asamblea o ekklesia era un número restringido de estos y no de la masa, estando igualmente ausente las mujeres, extranjeros y los idiotas (en sentido político) que, de conformidad con las estimaciones de Dahl, estaba cerca entre el diez y quince por ciento (10-15 %) de la población que podía sufragar.
De ello se evidencia que el pueblo, como masa (abstracta, colectiva y uniforme), no existía, en virtud que el voto era solo para algunos y no para todos. Ese es el origen de la democracia, es decir, donde los ciudadanos habilitados a votar iban a las asambleas a deliberar, proponer y votar leyes, así como elegir ciertas políticas que los afectarían, siendo incluso las votaciones a los cargos por sorteo, y no operando un esquema propiamente representativo, como se desarrolla en la actualidad.
En relación con la democracia como forma de Estado (segunda arista), resulta otra ilusión, puesto que no existe evidencia alguna de que la masa abstracta e indeterminada, carente de posibilidad material para manifestarse, no es más que un grupo de individuos (individualismo metodológico): por el contrario, son seres que mediante acciones concretas guían su conducta en virtud de medios para alcanzar fines particulares, satisfaciendo sus necesidades. El pueblo no existe, sino solamente individuos. Ellos son capaces de desempeñar conductas conscientes y dirigibles para diversos fines. Sin embargo, en el supuesto de que ese pueblo pudiera manifestarse, ¿es que acaso lo ha hecho para decidir crear un ente abstracto, ideal y ficticio como el Estado?
El Estado, como bien lo han expresado teóricos políticos y sociales (Oppenheimer [2014], Tilly [2007], Rothbard [2009]), es un grupo de personas, una elite o clase política temporal que se maneja de acuerdo a sus intereses e impone sus ideas, un modus vivendi. Mosca (2001) se refiere a clase política y Pareto a circulación de las elites (de conformidad con la opinión de Blacha [2005]); Michels (2010) se refiere a una elite o clase que se burocratiza, estableciendo como norma que siempre gobierna una minoría, fenómeno al cual denominó como ley férrea o ley de hierro de la oligarquía; y Dahl (2001) explica que no hay democracia, sino gobierno de muchos o poliarquía. Esa elite, por ende, establece sus ideas y decide qué tanta democracia existirá. El teórico de la democracia Giovanni Sartori (1989) explica que el pueblo no elige la solución del problema, sino quien habrá de resolverlo, empero, ¿cuándo el pueblo decidió la creación del Estado para la solución de sus problemas? Si alguien lo sabe, que dé la fecha.
Ahora bien, en virtud de la tercera arista, ¿es la democracia un derecho?, considero que no. Si la democracia ha sido algo históricamente, es una forma de gobierno, más no un derecho, puesto que el derecho desde una perspectiva subjetiva, es una facultad que ejercemos a voluntad, y la gente no puede votar todo lo que desee, puesto que hay cosas que entran en la “esfera de lo indecidible”, según Ferrajoli (2013), es decir, donde la democracia no debe entrometerse, estando sustraídos de la decisión de la mayoría elementos que afecten los derechos, la libertad individual.
Cabe señalar que ese deseo perverso de querer imponer la democracia a cualquier esfera de la vida de los individuos es una manera de violentar la libertad y propiedad, desencadenando en un caos enorme en la civilización actual. El derecho nace de la propiedad (vida, como derecho de autoposesión; libertad, como no coacción; y propiedad concretamente como uso, disfrute y disposición del producto de nuestro trabajo sobre una res nullius o de un contrato) puesto que fue aquella persona víctima de dicha agresión a la misma, la cual ejerció un reclamo, una pretensión de justicia (bien lo acuñaba el jurisconsulto romano Domicio Ulpiano [2007, citado por Abouhamad] como iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).
Por otro lado, si algún derecho se ha querido reconocer a las personas de manera paulatina es el de ejercer el sufragio, pero no todos pueden hacerlo, empero, cuando se otorga dicha posibilidad material, se transforman en tabú y anatema el poder votar por acciones que favorecen la libertad, como la secesión, abolir o bajar impuestos, entre otros.
En este orden de ideas, en cuanto a la democracia como igualdad (cuarta arista), ya se han observado evidencias de que el voto no se da a todos por igual, sumado a ello, no se habilita para todas las materias, especialmente aquellas que favorecen la libertad individual. No obstante, se hace imperativo hacer alusión a un tercer aspecto: el relativo a la exclusión que produce la democracia.
Si bien es cierto que Popper (2010) expresaba que la democracia es un mecanismo de toma de decisiones pacíficas, cabe señalar que fundados en ese ideal democrático se han cometido grandes atrocidades en razón de la irracionalidad del votante, generando una tiranía de la mayoría/masa o una oclocracia. Dentro de las atrocidades fundadas en un ideal democrático, se debe agregar la diatriba y visión maniquea de vencedores y vencidos, los cuales avasallan unos a otros, como si tuvieran, incluso, licencia para matar.
Aunado a lo expuesto, es capaz de pervertir la ley, de manera que crea excepciones en su aplicación, cuando se pretenden dar privilegios a minorías, vulnerando la isonomía o igualdad ante la ley (nomocracia, término utilizado por Oakeshott para el gobierno de la ley, al cual se refiere Hayek [2011]), pasando a ser la excepción, una regla, generando incertidumbre jurídica, es decir, falta de certeza legal en la realización de planes a largo plazo fundados en la norma general y abstracta (perspectiva defendida por Bruno Leoni [2011]).
Finalmente, todos los elementos previos convergen en la quinta arista, núcleo y piedra angular del ser humano: la libertad. ¿Es la democracia sinónimo de libertad? No lo es, ni lo ha sido. ¿Por qué? Porque en nombre de la democracia se han sacrificado muchas libertades. Sumado a ello, existen formas de gobierno donde se respeta la libertad en mayor grado que en muchas democracias. Inclusive, hay casos de dictaduras que han favorecido algunas libertades y cuando estas dictaduras han desaparecido, irónicamente, se ha restringido la acción humana mediante instituciones democráticas. De manera semejante, el antónimo de dictadura (sean autoritarias o totalitarias, puesto que la diferencias son de grado), no es democracia, sino libertad.
Es menester, como libertarios, desligar la libertad de la democracia, comprendiendo que la democracia siempre se ha dicho es algo que jamás ha existido, en relación con el ser y el deber ser. Sartori (1989) explica que hay que saber diferenciar entre una democracia descriptiva o real (lo que tenemos es un gobierno representativo) y la democracia prescriptiva o ideal (fundada en una participación directa de los ciudadanos). El punto está en que la democracia real y directa que hubo en Atenas era para un grupo privilegiado y, la actual, se desliga de la participación y se fundamenta en la teoría de la representación, dando poderes ilimitados a la elite que se superestratifica y usa el aparato estatal para sus fines.
Resulta oportuno agregar lo expuesto por Jesús Huerta de Soto al final de su obra Socialismo, cálculo económico y función empresarial (2010), donde explica si es posible o no rehabilitar el término socialismo, concluyendo que no es posible. Pienso que el vocablo democracia recorre el mismo fatal sendero, dada su ambigüedad actual, como, desde luego, su afán colectivista y liberticida. ¿Vox populi vox dei? Parece que el pueblo sí se equivoca, y es irracional a la hora de tomar decisiones y, tomando un ejemplo histórico, sin ánimo de trastocar directamente aspectos teológicos, ¿a quién dejó en libertad el pueblo? ¿A Barrabás o a Jesús?
Referencias bibliográficas
Abouhamad, C. (2007). Anotaciones y comentarios sobre Derecho Romano. Tomo I. Universidad Central de Venezuela. Caracas: Ediciones de la Biblioteca.
Blacha, L. (2005). «¿Élite o clase política? Algunas precisiones terminológicas». Revista Theomai, Nº12, segundo semestre. Disponible en: http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero12/artblacha12.htm
Dahl, R. (2001). «La poliarquía». En: Batlle, A. (coord.). Diez textos de ciencia política. Barcelona: Editorial Ariel.
Dahl, R. (2004). «La democracia». Postdata, Revista de Reflexión y Análisis Político. Nº10. Páginas 11-55.
Ferrajoli, L. (2013). Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Editorial Trotta.
Hayek, F. (2011). Principios de un orden social liberal. 2ª edición. Madrid: Unión Editorial.
Huerta De Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. 4ª edición. Madrid: Unión Editorial.
Leoni, B. (2011). La Libertad y la Ley. 3ª edición. Madrid: Unión Editorial.
Michels, R. (2010). Los partidos políticos. Volumen 1. Madrid: Editorial Amorrortu.
Mosca, G. (2001). «La clase política». En: Batlle, A. (coord.). (2001). Diez textos de ciencia política. Barcelona: Editorial Ariel.
Oppenheimer, F. (2014). El Estado. Su historia y evolución desde un punto de vista sociológico. 1ª edición. Madrid: Unión Editorial.
Popper, K. (2010). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Editorial Paidos Ibérica.
Rothbard, M. (2009). La ética de la libertad. 2ª edición. Madrid: Unión Editorial.
Sartori, G. (1989). Teoría de la Democracia: El debate contemporáneo. México: Editorial Alianza Universidad.

Tilly, C. (2007). «Guerra y construcción del estado como crimen organizado». Relaciones Internacionales, [S.l.], Nº5, Disponible
(*) Leonardo González Contreras. Artículo publicado por Mises Hispano el 7 de Enero de 2017

¿Es necesario tener un Banco Central?

Por Javier Milei (*)

A juzgar por los resultados en materia de inflación a lo largo de la historia, el desempeño del BCRA está muy lejos de ser aceptable. Previo a su creación en 1935, la cantidad de dinero crecía a una tasa anual del 6,1%, mientras que la inflación y el tipo de cambio lo hacían a un ritmo anual del 3,4% y 3,5% respectivamente.
A su vez, en los primeros diez años de operación (cuando era mixto), la cantidad de dinero creció al 13,6% anual, mientras que la inflación y el tipo de cambio lo hicieron al 6,0% y 2,2%. Sin embargo, luego de ser estatizado en 1946, la tasa de crecimiento anual promedio de la cantidad de dinero se disparó a un nivel del 133,2%, mientras que las tasas de inflación y de devaluación treparon a niveles del 167,6% y 155,7%. Por lo tanto, a la luz de los datos uno debería preguntarse si ¿es necesario tener un Banco Central?
La moneda es una mercancía que sirve como medio general de intercambio y por ende, su utilización penetra en todo el sistema económico. A su vez, como toda mercancía, tiene su propio mercado y su poder adquisitivo viene dado por cuatro factores: (i) la demanda y (ii) la oferta de bienes y servicios no monetarios que se cambian por dinero y (iii) la demanda y (iv) la oferta del propio dinero. Así, estos cuatro factores se combinan para determinar el poder adquisitivo del dinero. De este modo, cuanto mayor sean los precios monetarios de los bienes y servicios, menor será el poder adquisitivo del dinero.
Alternativamente, se puede pensar que conforme aumente el monto de dinero del que dispone el individuo, ello hace que baje su utilidad, motivo por el cual procedería a cambiarlo por bienes que le brinden mayor satisfacción, con lo cual los precios de los restantes bienes tenderían a subir haciendo caer el poder adquisitivo del dinero. Por ende, cuando se incrementa la cantidad de dinero ofrecida, el poder de compra de la unidad monetaria se reduce, y la cantidad de bienes que pueden obtenerse por unidad de esa moneda se reduce también. Esto es, el dinero, al igual que cualquier otro bien de la economía, cuando la oferta sube, su precio (poder adquisitivo) cae. Naturalmente, cuando aumenta (baja) la demanda de dinero, ello implica una menor (mayor) demanda del resto de bienes y servicios, por lo que al caer (subir) sus precios, el poder adquisitivo del dinero sube (cae). Por último, cuando aumenta (cae) la oferta del resto de bienes y servicios de la economía, sus precios deben caer (subir), por lo que el poder adquisitivo del dinero aumenta (cae).
A su vez, en función de lo anterior, resulta evidente que la cantidad de dinero dentro de la economía está dada por los deseos de los individuos y todo lo que intente hacer un Banco Central con la cantidad de dinero (ya sea manteniendo constante, reduciendo o aumentado el stock nominal) su efecto se diluirá por su impacto en precios (cambio del poder adquisitivo).
Sin embargo, no se trata de un simple cambio del poder adquisitivo de la unidad monetaria ya que las modificaciones en la existencia de dinero no toman lugar de modo simultáneo y automático. Así, cuando se produce un aumento de la oferta monetaria, el nuevo dinero entra en algún punto concreto del sistema y luego se va difundiendo por el resto de la economía. De este modo, las personas que lo reciben primero son las que obtienen las mayores ganancias ya que sus precios de venta suben sin que hayan cambiados sus precios de compra. A su vez, aquellas que lo reciben en último término son las que más pierden ya que todos sus precios de compra han aumentado antes que sus precios de venta. Por ende, la política monetaria (al no estar decida por los individuos) no sólo impacta sobre el poder adquisitivo del dinero, sino que además produce efectos distributivos arbitrarios entre los distintos agentes de la economía, lo cual se traducirá en cambios de precios relativos y en la asignación de recursos artificiales con efectos no sólo presentes sino también futuros.
Por lo tanto, dados los daños que causa el accionar de un Banco Central al tratar de regular la cantidad de dinero, los beneficios de su existencia son por demás cuestionables, donde a su vez, sus costos se acrecientan enormemente cuando dicha institución cae en las garras del Estado.
Sin embargo, y a pesar de los beneficios de su eliminación, si no estuvieran dadas las condiciones del entorno social como para ello (puede que la sociedad no esté dispuesta a tomar un sistema de libertad monetaria plena), entonces, el mismo, debería no sólo ser totalmente independiente del poder político, sino también que su accionar debería estar enmarcado en un esquema de plena competencia de monedas, de modo tal que se minimice la posibilidad de abuso en contra de los individuos por la mera existencia de un monopolio legal en favor del Estado.
(*) Javier Milei. Economista. Artículo publicado en El Cronista el 29 de Diciembre de 2016