martes, 24 de julio de 2012

La clave es la educación

Por Alberto Benegas Lynch (h) (*)
Me parece que es relevante destacar que deben diferenciarse nítidamente, por una parte, los proyectos de quienes se desempeñan en la órbita política y, por otro, los que actúan en el plano académico. En el primer caso, no resulta posible presentar planes de acción política con independencia de lo que reclama y puede digerir la opinión pública. Proceder de otro modo condena al fracaso la iniciativa política puesto que en esta instancia del proceso de evolución cultural se hace necesario contar con masivo apoyo electoral y también debe tenerse presente que el político debe conciliar diferentes posiciones. 

En cambio, en el segundo caso se trata de abrir caminos independientemente de lo que al momento piensa la opinión dominante. Son dos roles muy distintos: si un político pretendiera adoptar medidas con independencia de lo que comprende y acepta el electorado, estará perdido como político. Por el contrario, si para dictar una clase el profesor ausculta lo que reclama el alumnado durará poco en su cátedra (no hay papel más lastimoso que un intelectual que la juega de político haciendo equilibrios para adaptarse a lo “políticamente correcto” y así conseguirse un puestito en el elenco de algún gobierno). En realidad, la vinculación entre los dos roles se establece en cuanto a que las características de la opinión pública y, por tanto, del discurso político, dependerá de la honestidad, el coraje y la claridad con que se abran nuevas avenidas desde el plano intelectual.
Entonces, en base a estas consideraciones introductorias y teniendo en cuenta que todo lo que ocurre depende de una buena educación, formulo las siguientes reflexiones desde un ámbito que no pretende simular ni replicar una carrera electoral sino desde lo que se ha dado en llamar “el llano” (aunque en verdad en un ámbito republicano son los políticos los que están en el llano ya que son meros empleados de sus mandantes). En este contexto, formulo de modo muy telegráfico el siguiente decálogo al efecto de ir corriendo el eje del debate en pos de una sociedad abierta:
1. Dado que todos somos diferentes, no solo desde el punto de vista anatómico sino especialmente desde la perspectiva psicológica, los programas educativos deben operar en abierta competencia en cuanto a asignaturas, textos, métodos didácticos, horarios y todo lo que hace a una casa de estudio al efecto de sacar el máximo provecho no solo de las diferentes demandas sino del aprendizaje que surge de un proceso evolutivo en el contexto de un ambiente en donde las puertas y ventanas se encuentran abiertas de par en par al efecto de que ingrese la mayor cantidad de oxígeno posible. Las condiciones únicas e irrepetibles de cada estudiante desde luego incluyen las diferentes capacidades para distintas áreas, lo cual contradice la pretensión de establecer jerarquías de coeficientes intelectuales dadas las características multidimensionales que operan en este campo.

2. Los colegios y universidades deben ser privados en sentido real y no meramente nominal como suele ocurrir, puesto que los aparatos estatales se inmiscuyen y dictaminan acerca de las estructuras curriculares, lo cual constituye la esencia de una institución de enseñanza.

3. Las instalaciones de la llamada educación estatal (y no decimos pública puesto que esta categorización esconde la verdadera naturaleza de la entidad y, por otra parte, la educación privada también es para el público) debieran entregarse a la venta a profesores de esas reparticiones en base a que el sistema constituye una injusticia para los más pobres. Esto es así debido a que siempre todos pagan impuestos, especialmente aquellos que nunca vieron una planilla fiscal quienes tributan vía la reducción en sus salarios como consecuencia de los gravámenes que pagan los contribuyentes de jure, lo cual reduce las tasas de capitalización que son la causa del incremento de ingresos y salarios en términos reales. Imaginemos entonce la lamentable situación de quienes son tan pobres que ni siquiera pueden afrontar el costo de oportunidad de enviar a sus hijos al colegio porque perecerían por inanición si no trabajan con los padres: pues ellos se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes (y los que con gran sacrificio apenas pueden enviar a estudiar a la prole no pueden afrontar el pago doble, uno destinado a alimentar las instituciones estatales vía fiscal y otro para cubrir la matrícula y las cuotas de los privados, ergo, se ven forzados a recurrir a las estatales). Por otro lado, los estudios disponibles muestran que los costos por año por estudiante de las instituciones estatales, en relación con las privadas, resultan sustancialmente más elevadas debido a los naturales incentivos de cada sector (por más que en los documentos en los que se exhiben los costos de las entidades estatales habitualmente solo se computan gastos corrientes y se excluye el costo del capital por la inmovilización de activos inmobiliarios).

4. Los denominados “ministerios de educación” y equivalentes deben abrogarse al efecto de permitir la antes mencionada competencia, y allí donde se necesita la convalidación de títulos profesionales se procede con el aval de academias y equivalentes también en competencia entre si por asegurar los más altos niveles de formación y capacitación. La politización de algo tan crucial como el delicado proceso educativo y el concebirla como la fabricación de productos en serie desconoce por completo las individualidades y el valor y la trascendencia de las consiguientes potencialidades (de allí es la proliferación del home-schooling).

5. El procedimiento de los vouchers estatales resulta útil solamente para demostrar el non sequitur, es decir, para poner en evidencia que del hecho de que se sostenga que se debe financiar compulsivamente la educación de otros no se sigue que deban existir colegios y universidades estatales puesto que los receptores eligen la institución de su preferencia. Los vouchers estatales adolecen de los problemas económicos antes señalados que afectan especialmente a los más necesitados y a los que cuentan con menores capacidades para atender las ofertas educativas existentes. De más está decir que esto no invalida la existencia de vouchers privados ni las becas otorgadas por las casas de estudio y los valiosos emprendimientos filantrópicos.

6. Equivocadamente se ha sostenido que la educación es un bien público lo cual constituye un error puesto que no reúne las características de la no-rivalidad y la no-exclusión. Sin embargo, la enseñanza se traduce en externalidades (positivas cuando apunta a la excelencia) lo que explica la financiación de estudios por parte de terceras personas ajenas al candidato en cuestión.

7. Cuando se exhiben ejemplos del buen desempeño de instituciones estatales se deja de lado el hecho de lo que se hubiera realizado con el fruto de sus trabajos los titulares de los recursos, lo cual refleja los grados de eficiencia al tiempo que no se consideran para nada los efectos nocivos de desplazamientos forzosos de la educación privada al presentarse la variante aparentemente “gratuita” de las estatales.

8. Se suele hacer referencia al “derecho a la educación” sin percatarse que todo derecho implica la contrapartida de una obligación y si esta a su vez significa la lesión a un derecho, el alegado “derecho” se convierte en un pseudoderecho. Una cosa es el resguardo y la preservación de un derecho que se adquiere como consecuencia de arreglos contractuales con terceros o que posee la persona y otra bien distinta es la imposición basada en la sustracción de derechos del prójimo.

9. También se esgrime la “igualdad de oportunidades” para imponer las entidades estatales, pero esta figura es mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. Al ser todos diferentes, naturalmente se tienen oportunidades también diferentes. En una sociedad abierta de lo que se trata es que todos tengan mayores oportunidades pero nunca iguales, a menos que se proceda a la guillotina horizontal con lo que se habrá perdido la posibilidad de la división del trabajo y la consiguiente cooperación social. Debe tenerse muy presente que la igualdad es ante la ley, no mediante ella, puesto que en la media en que se sigue este último camino indefectiblemente las personas tendrán menores oportunidades, precisamente debido al deterioro en los marcos institucionales. Si, por ejemplo, se quisiera imponer la igualdad de oportunidades a un amateur en el tennis en un partido frente a un profesional habrá que obligarlo a este último a que juegue con una pierna, lo cual lesionaría su derecho y así sucesivamente.

10. Todos reconocen que más importante que educarse es mantenerse alimentado para poder sobrevivir, sin embargo, a esta altura de los acontecimientos, muy pocos son los que sugieren que los aparatos estatales se ocupen de sembrar, cosechar y comercializar alimentos porque las hambrunas son seguras. Esto es lo que precisamente ocurre con la educación estatal (mal llamada pública por las razones antes apuntadas): hambrunas espirituales en el contexto de barricadas y movimientos políticos en las así denominadas casas de estudio que no deben limitarse a contar con la buena voluntad de profesores sino que deben operar en un sistema abierto y competitivo con los incentivos necesarios  que contengan y estimulen a los estudiantes en climas del mayor rigor, profundidad y calidad que las circunstancias permitan.

(*) Alberto Benegas Lynch (h) es Presidente del Consejo Académico, Libertad y Progreso. Artículo publicado el 19 de Julio de 2012.