miércoles, 25 de julio de 2012

La hora de los Gobernadores

Por Rosendo Fraga (*)
La crisis que aqueja a la provincia de Buenos Aires plantea, por un lado, el conflicto entre las provincias y el gobierno nacional, al mismo tiempo que la situación que afecta a la más grande de ellas.

La Constitución de 1994 estableció el plazo de un año para sancionar un nuevo régimen de coparticipación. Han pasado casi dos décadas y ese mandato explícito y concreto de los constituyentes continúa sin cumplirse.


Sobre el total de los recursos que recauda el Estado nacional, las provincias están hoy recibiendo el mínimo porcentaje en términos históricos. Ello no implica que el monto no haya crecido en los últimos diez años en el marco del incremento que ha tenido la recaudación sino que, en porcentaje, ha tenido un retroceso.

En paralelo, la porción de los recursos que se coparticipan y que el Estado puede asignar en forma discrecional ha aumentado, al mismo tiempo que el hiperpresidencialismo se fue ampliando al ir transformando a los instrumentos de emergencia y excepción para enfrentar las sucesivas crisis, en herramientas normales de gobierno.


Es así como las provincias han retrocedido en cuanto al porcentaje que reciben y los gobernadores han perdido poder frente a la Casa Rosada al depender más de sus decisiones en cuanto al monto a recibir.


La provincia de Buenos Aires sufre la situación general de las demás pero tiene problemas específicos. Aporta el 40% de los recursos que se coparticipan y recibe sólo 20%.


Estos porcentajes de distribución responden a realidades sociales, económicas y regionales de hace casi medio siglo.


Buenos Aires hoy es una provincia promedio en el contexto social en cuanto a pobreza y desempleo, y las migraciones internas hacia ella, iniciadas en los años treinta del siglo pasado con la industrialización, ahora se han intensificado. Pobres del interior emigran hacia el Gran Buenos Aires buscando una mejor calidad de vida que no siempre encuentran.


En los años noventa se estableció el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano para compensar este desequilibrio. Pero su monto durante la última década se vio reducido drásticamente, al establecerse un tope de algo más de 600 millones de pesos, que la inflación diluyó su significación.


Además, muchas cosas han cambiado en dos décadas. La reforma constitucional de 1994 provincializó el subsuelo, con lo cual las provincias mineras y petroleras pasaron a incrementar sustancialmente sus rentas.


En cambio, las retenciones a las exportaciones de granos establecidas a comienzos de la década pasada no se coparticipan y ello no beneficia a provincias que, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, producen una materia prima de la cual no reciben sus ingresos fiscales, a diferencia de lo que sucede con las mineras o petroleras.


La sanción de una nueva ley de coparticipación no sólo es un mandato constitucional incumplido, sino una necesidad del presente, a los efectos de establecer reglas claras y equilibradas en una cuestión central para un país federal.


Pero el avance del Ejecutivo sobre las provincias -y también sobre el Congreso- ha sido un proceso autoconcedido por ellas. Aun en el Senado, donde el interés federal es predominante y las provincias tiene todas tres senadores cada una, año a año se siguen votando leyes como la emergencia económica, que cercena su poder, o la declarada nacionalización de la actividad hidrocarburífera en la ley de estatización de YPF, que avanza también sobre las atribuciones de las provincias.


La realidad de los últimos años muestra una paradoja: cuando mejor está la economía es cuando menos poder tienen las provincias, las que se limitan a recibir el cheque les permite sufragar sus gastos a cambio de alineamiento político con el poder central.


En cambio, cuando la economía se complica es cuando los gobernadores adquieren más poder y protagonismo, ya sea ante el presidente -como sucedió con Duhalde en 2002- o en materia de autonomía económica, como tuvo lugar con las cuasimonedas.


Quizá para evitar confrontar abiertamente, el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli no explicita estos argumentos, pero sí lo hace el de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien sostiene que el Ejecutivo está incumpliendo sus obligaciones con las provincias.


En conclusión, el freno de la economía ha puesto en el centro de la escena política el conflicto provincial en su doble dimensión: el de las provincias con la Casa Rosada y el de la provincia de Buenos Aires en el contexto nacional.


Como ya está sucediendo con Scioli, y más claramente con De la Sota, las circunstancias llevan ahora a los gobernadores a ejercer roles políticos más protagónicos.
 

(*) Rosendo Fraga. Analista Político y Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Artículo publicado en La Nación y en Chacomundo el 24 de Julio de 2012