domingo, 15 de julio de 2012

"Seguro" médico gubernamental

Por Murray N. Rothbard (*)
Una de las percepciones más agudas de Ludwig von Mises fue la relativa a la tendencia acumulativa de la intervención gubernamental. El gobierno, en su sabiduría, percibe un problema (y Dios sabe que ¡siempre hay problemas!). Luego, el gobierno interviene para “solucionar” dicho problema. Pero ¡quién lo iba a decir!, en lugar de resolver el problema inicial, la intervención crea dos o tres problemas más, en los que el gobierno siente que debe intervenir para solucionar, y así continúa sucesivamente hacia el socialismo.

Ninguna industria proporciona una ilustración más dramática de este maligno proceso que la del cuidado médico. Nos enfrentamos al punto aparentemente inexorable de una medicina completamente socializada, o a lo que se denomina eufemísticamente como “seguro de salud nacional”. Las tarifas de los profesionales médicos y de los hospitales son altas y siempre se incrementan rápidamente, bastante por encima de la inflación en general. Como resultado, las personas que no cuentan con un seguro médico apenas pueden pagar uno en absoluto, por lo que aquellos que no piden desesperadamente caridad o Medicaid, quedan desprovistos. De ahí, el llamado al seguro de salud nacional.

Pero, ¿por qué las tarifas son altas y por qué se incrementan rápidamente? La respuesta es la existencia del seguro de cuidado de salud, que fue establecido o subsidiado o promovido por el gobierno para ayudar a paliar la carga previa del cuidado médico. Medicare, Blue Cross, etc., también son formas muy peculiares de “seguros”.

Si su casa se incendia y usted tiene seguro contra incendio, usted recibe (si logra sacar a los tirones el dinero de su amigable compañía de seguro) una indemnización fija en dinero. Por este privilegio, usted paga por anticipado una prima fija anual. Únicamente en nuestro sistema de seguro médico el gobierno o la Cruz Azul paga, no una suma fija, sino lo que el médico u hospital decida cobrar.

En términos económicos, esto significa que la curva de demanda de médicos y hospitales puede aumentar sin límite. En breve, de una manera grotescamente diferente a la Ley de Say, los proveedores pueden literalmente crear su propia demanda a través de pagos ilimitados de terceros para correr con los gastos. Si la curva de demanda crece sin límite, también lo harán los precios del servicio.

Con el objeto de contener el flujo de impuestos o subsidios, hace pocos años el gobierno y otras aseguradoras se han sentido obligados a restringir de alguna manera el flujo de extras: al aumentar deducibles o poner topes a los pagos de Medicare. Todo esto se ha encontrado con la gran angustia de los clientes de seguros médicos que han llegado a pensar que los pagos ilimitados de terceros son alguna especie de derecho divino, y de médicos y hospitales que cobran al gobierno “controles de precios socialistas”, por intentar contener su propia generosidad ¡a la industria del cuidado de la salud!

Además del incremento artificial de la curva de demanda, hay otro profundo defecto en el concepto de seguro médico. Robo es robo, e incendio es incendio, por lo que el seguro contra incendio y el seguro contra robo están equitativamente más que claros; siendo el único problema el “riesgo moral” de los asegurados de caer en la tentación de incendiar su propia tienda o edificio de departamentos por ser no rentable, o simular un robo falso, para cobrar el seguro.

El concepto de “cuidado médico”, por el contrario, es impreciso y poco claro. No hay forma de medirlo, calcularlo o incluso definirlo. Una “visita a un médico” puede significar desde una cuidadosa y prolongada investigación y debate, y asesoramiento profesional considerado, hasta una rápida consulta de dos minutos al doctor que no hace mucho más que prescribir dos aspirinas y hacer que la enfermera prepare la factura.

Además, no hay forma de prevenir un riesgo moral galopante, en la medida que los clientes (con sus facturas de servicios médicos reducidas a casi cero) deciden ir al médico cada semana para tomarse la presión o la temperatura. Por lo tanto, resulta imposible, bajo el seguro de terceros, prevenir un flagrante deterioro en la calidad del cuidado médico, junto con una gran escasez en el suministro de tal cuidado en relación a la creciente demanda.

Cualquier persona con la suficiente edad para recordar aquellas buenas viejas épocas de médicos de familia que visitaban al domicilio a sus pacientes, que dedicaban gran cantidad de tiempo en conocer al paciente y que cobraban bajos honorarios por si fuera poco, está profundamente y con toda razón ofendida por la actual cadena de cuidado médico. Pero muy pocos entienden el rol del seguro médico tan preciado en sí mismo al provocar este lamentable deterioro en la calidad, además del desmesurado aumento en los precios.
Pero los orígenes de la crisis médica actual datan de mucho más allá que de los años ´50 y del seguro médico. La intervención del gobierno en la medicina comenzó mucho antes, con un hito en 1910 cuando el tan celebrado Informe Flexner cambió la faceta de la medicina estadounidense.

Abraham Flexner, un desempleado antiguo propietario de la escuela preparatoria de Kentucky, sin ningún título en medicina ni ningún otro título avanzado, fue designado por la Fundación Carnegie para preparar un estudio acerca de la educación médica estadounidense. La única calificación de Flexner para este trabajo era ser el hermano del  poderoso Dr. Simon Flexner, quien sí era médico y jefe del Instituto Rockefeller de Investigación Médica. El informe de Flexner fue virtualmente escrito de antemano por altos funcionarios de la Asociación Médica Estadounidense, y su consejo fue tomado rápidamente por cada Estado en la Unión.

El resultado: Cada escuela de medicina y hospital fueron sujetos a una licencia por el Estado, que traspasaría la facultad de designar juntas autorizadoras a la Asociación Médica Estadounidense (AMA). El Estado debía, y así lo hizo, apartar del negocio a todas las escuelas de medicina de propiedad privada y con fines de lucro, que admitían a negros y a mujeres, y que no se especializaran en medicina ortodoxa, “alopática”: particularmente los homeópatas, que eran entonces una parte sustancial de la profesión médica, y una respetable alternativa a la alopatía ortodoxa.

Entonces, a través del Informe Flexner, la AMA pudo utilizar al gobierno para cartelizar la profesión médica: empujar la curva de suministro drásticamente hacia la izquierda (literalmente la mitad de escuelas de medicina del país fueron apartadas del negocio por los gobiernos estatales post-Flexner), y de ese modo aumentar los precios de la salud, de los hospitales, y los ingresos de los médicos.

En todos los casos de carteles, los productores son capaces de remplazar a los consumidores en sus asientos de poder; y concordantemente el establecimiento médico pudo ahora apartar del negocio a las terapias competidoras (por ej., la homeopatía), quitar a los grupos competidores no gratos de la cadena de suministro de médicos (negros, mujeres, judíos), y remplazar las escuelas de medicina de propiedad privada financiadas por las cuotas de los estudiantes por escuelas universitarias dirigidas por la facultad y subsidiadas por fundaciones y donantes adinerados.

Cuando los administradores tales como los fiduciarios se apoderan de los propietarios financiados por los clientes (estudiantes de pacientes), los administradores pasan a gobernarse por las ventajas que pueden obtener más que por el servicio a los consumidores. Por consiguiente, se produce una desviación de toda la profesión médica apartándose del cuidado al paciente hacia la inversión de alta tecnología y gran capital en enfermedades sofisticadas y poco comunes, las que repercuten mucho más en el prestigio del hospital y de su personal médico que en lo que es realmente útil para los pacientes-consumidores.

Y entonces, nuestra muy real crisis médica ha sido el producto de la masiva intervención gubernamental, estatal y federal, a lo largo del siglo; en particular, un artificial incremento de la demanda asociado con una artificial restricción del suministro. El resultado ha sido el aceleramiento de los altos precios y el deterioro del cuidado al paciente. Y luego, la medicina socializada pudo fácilmente traernos al pregonado estado médico de la Unión Soviética: todos tienen derecho a obtener cuidado médico gratuito, pero de hecho, no hay ni medicina ni cuidado.


(*) Murray N. Rothbard (1926–1995) fue decano de la Escuela Austríaca. Fue economista, historiador económico, y filósofo político libertario.

Artículo traducido por Cintia Elías.