lunes, 20 de agosto de 2012

El impuesto secreto no coparticipable de Cristina

Por Economía & Regiones (*)
Cristina Fernández de Kirchner cree que si no se la menciona la inflación, nadie se da cuenta de la inflación. ¿Por qué ella mantiene esa negativa? Porque una inflación elevada pero constante es una fuente adicional de financiación para el Gobierno Nacional que recauda, a través del impuesto inflacionario, $ 66.000 millones anuales; equivalente a 2,8% del PBI, el 13% de los ingresos netos de coparticipación y el 66% de las necesidades financieras (en pesos) del Tesoro Nacional, explicó Economía & Regiones, la consultora que dirige Alejandro Caldarelli. 
La semana pasada el INdEC dio a conocer la inflación de Julio, un 0,8% mensual y un 10% anual, cifra que dista de los relevamientos privados y provinciales.  
 
Pese a la caída del nivel de actividad,  la inflación continúa un escalón arriba de 2011, consolidándose la tendencia hacia la estanflación de los últimos meses. 
 
Según “el Congreso” informó esta semana, el aumento de precios de Julio ascendería a 1,8% mensual y 24,1% interanual. La inflación “del Congreso” asciende en torno al 14% en los primeros 7 meses, lo cual en términos anualizados implica un 25%. 
 
Paralelamente, los relevamientos de precios de las provincias capturan aumentos anuales de 22% y 24% en junio (último dato disponible) según San Luis y de Santa Fe; respectivamente. 
 
De este modo, si consideramos la “inflación Congreso”, los primeros 7 meses acumulan un aumento de precios en torno al 14% que anualizado ascendería a 25%. 
 
Por su parte, el salario promedio de la economía viene incrementándose a tasas más altas que la inflación, con un aumento anual del 27% entre Junio 2012 y el mismo mes del año pasado. 
 
Pero este incremento no es parejo para todos los trabajadores. Los aumentos de salarios del sector no registrado y del sector público se ubican por debajo del promedio con incrementos del 26% y 15% a/a; respectivamente. Esta expansión salarial es consecuencia del arrastre que dejaron los aumentos del año pasado.  
 
Sin embargo, el 1er. semestre del 2012 muestra una marcada desaceleración salarial, que converge a tasas similares a la inflación. Entre Enero y Junio la inflación (12%) superó levemente al salario promedio (11,5%), generando una pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. 
 
De mantenerse esta tendencia en lo que resta del año, los salarios se incrementarían un 24% en Diciembre y sufrirían una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente 1% en relación al incremento del nivel general de precios
 
El incremento de precios ha generado un aumento directo del costo de la canasta básica de indigencia (se calcula según las necesidades energéticas del adulto equivalente, a través de un relevamiento de precios en la Ciudad de Bs. As.) y de pobreza a nivel nacional. 
 
Concretamente, en Julio de 2012, el costo de la canasta básica alimenticia para una familia tipo, o “línea de indigencia” (que se calcula según las necesidades energéticas básicas) alcanzó  los $1.530 mensuales; mientras que la canasta básica total, o “línea de pobreza” alcanzó los $3.000 mensuales
 
Es decir, una familia tipo 2 (Una familia tipo 2 se compone por un padre (o adulto equivalente) de entre 30 y 59 años, su mujer de entre 30 y 59 años, un hijo de 4 a 6 años y otro hijo de entre 7 y 9 años) necesita $1.530 mensuales para no ser indigente y $3.000 para no ser pobre.  
 
De este modo, el costo mensual de la canasta básica o “umbral de pobreza” ($3.000) supera al salario mínimo ($2.300) y a la jubilación mínima ($1.687). 
 
Es decir, el salario mínimo alcanza para costear sólo el 77% de la canasta de pobreza; mientras que la jubilación mínima alcanza sólo para comprar el 56% de la canasta de pobreza
 
La inflación le pega de lleno al bolsillo de los trabajadores; genera pobreza e indigencia; arremete contra la rentabilidad de las empresas y por ende, contra la inversión y la generación del empleo; provoca incertidumbre; incentiva el aumento de las importaciones, y de la demanda de dólares (en un marco de atraso cambiario).  
 
Sin embargo, una inflación elevada pero constante, es paradójicamente una fuente adicional de financiación para el Gobierno Nacional. 
 
En efecto, la emisión de dinero, o señoreaje, es una herramienta de política económica que tienen los gobiernos de aquellos países con moneda propia. La creación primaria de dinero responde tanto a un crecimiento real de la economía como a un aumento del nivel general de precios. 
 
En otras palabras, la base monetaria se incrementa en respuesta a la evolución del producto bruto medido en términos nominales. 
 
No obstante, mientras que el crecimiento (real) de  la economía genera un aumento en la demanda de saldos monetarios reales (que implica una economía de mayor tamaño), la inflación induce un incremento en la demanda nominal, cuyo fin es compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda ante la aceleración de los precios. Esta pérdida del valor real del dinero, por efecto de la inflación, se denomina “impuesto inflacionario”.  
 
Es decir, la inflación puede ser asimilada a un impuesto que se cobra sobre los tenedores de moneda. Y como el Gobierno (a través del Banco Central) es el único ente encargado de la emisión, es el que se apropia de la pérdida del valor del dinero. 
 
Para 2012 se espera que el impuesto inflacionario se incremente un 44% respecto al año anterior y alcance los $ 66.055 millones; lo que representaría el 2,8% del PBI, el 13% de los ingresos netos de coparticipación y el 66% de las necesidades financieras (en pesos) del Tesoro Nacional
 
Concretamente, la forma final que tiene el tesoro de hacerse de estos ingresos adquiere diversos nombres: “adelantos transitorios”, “utilidades del BCRA” o “uso de reservas”. 
 
En todos los casos se trata de traspasar el impuesto inflacionario que recauda el BCRA hacia el Gobierno Nacional y que es sistemáticamente creciente desde 2006 a 2012.  
 
Por último, como corolario de todo lo anterior, cabe remarcar que si bien la inflación es un problema para la economía argentina y sobre todo para los sectores más vulnerables, también es paradójicamente una solución (no sostenible en el tiempo) para subsanar la falta de ingresos públicos
 
Además, el impuesto inflacionario es un tributo que no se coparticipa, por lo que su recaudación queda enteramente en manos del Gobierno Nacional.  
 
Paralelamente, la nueva Carta Orgánica del BCRA le  da cada vez más grados de libertad al Tesoro para hacerse de los fondos del Central. Mientras que las restricciones a la compra de dólares sostienen -artificialmente- la demanda de pesos. Todo confluye en que el Gobierno tenga incentivos a aumentar la emisión dado que el  público seguirá demandando moneda local a pesar de la inflación. 
 
Es decir, es probable que en el mediano plazo la recaudación del impuesto inflacionario aumente puesto que tanto la base imponible (base monetaria) como la alícuota (tasa de inflación) se incrementarán.  
 
De este modo, suponiendo que la velocidad de circulación del dinero del próximo año no variara con respecto a 2012 y teniendo en cuenta una proyección de crecimiento de 1.6% en 2013, una expansión de la base monetaria de entre 30% y 35% generaría un incremento del nivel general de precios que se ubicaría en torno al 28% - 33% en 2013.
 
(*) Economía & Regiones (Director A. Caldarelli). Artículo publicado por Urgente 24 el 17 de Agosto de 2012.