viernes, 31 de agosto de 2012

El intento de reformar la Constitución, viene con mal olor….

Por Elena Valero Narváez (*)
Abandonar la democracia, ambiente pacifico para resolver los problemas, presupone dejar la construcción del propio destino en manos de un dictador, quien, por lo general, se arropa, hasta conseguir todo el poder, en un poncho de cordero. Negando la acción creadora del hombre impone desde el Estado, por ley o de facto, el fin de la propiedad privada y el fin de los valores que permiten la creación de riqueza y el progreso social espontáneo.

El gobernante autoritario intenta, apelando a primarias emociones, controlar, si no hay otros poderes que se lo impidan, a toda la sociedad. Es así como los tenues controles iniciales se vuelven opresivos para la economía, la persona y la cultura.

 En Latinoamérica, hay intentos de volver a dictaduras, pero, aunque se trate de terminar con la democracia , los países que han conocido, aunque livianamente, el goce de la libertad, de la libre expresión, no aceptarán, si no es por el terror, que se combata desde el Estado la existencia autónoma de la opinión. Lo observamos, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y también en la Argentina. 

No se podrá por mucho tiempo mantener un régimen basado en el miedo y la mentira. Hoy gozamos de medios modernos que impiden la doctrina y el pensamiento único. En los totalitarismos y autoritarismos pasados, la escuela era elemental para adoctrinar, pero hoy no basta. En un mundo planetario, y gracias a las comunicaciones modernas, producto del sistema capitalista democrático- las cosas se saben, se discuten y salen a la luz.

 Es improductivo pasar por encima de los derechos individuales y leyes fundamentales reconocidos por la Constitución. El Estado debe  proteger a las autoridades que imponen el orden, dentro de un régimen jurídico social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, en poderes limitados de los que gobiernan, y en la guía de la Ley fundamental. También proteger, especialmente, a  las minorías que llaman la atención de los gobernantes cuando se extralimitan. 

La reforma apresurada de las constituciones, decretos o resoluciones que afecten disposiciones constitucionales, debieran evitarse, para dar a ciudadanos y extranjeros que quieran vivir o invertir en el país, la confianza en que cualquiera sea el que gobierne, será dentro del estado de derecho. 

Reformar nuestra Carta Magna, sin una discusión matizada por tiempo y responsabilidad,  puede significar la destrucción del sistema que  defiende.

Hoy se están vulnerando derechos fundamentales como el de trabajar, ejercer toda actividad lícita, de comerciar y, otros. Más aún: se convierte en institucional toda acción de gobierno que viole algún derecho reconocido por la Constitución. 

Necesitamos jueces que cumplan con su deber: velar por el sistema normativo, invalidando todo lo que se haga en su contra. 

Es común que los gobiernos populistas redistribuyan: quiten a unos para dar a otros beneficiando a sus preferidos a costa de imponer cargas a quienes proveen con su trabajo al Estado vampiro. Esto se enfrenta al principio de inviolabilidad de la propiedad. Los países donde el gobierno es el que reparte planificando la economía,  distribuyen con criterio político, no económico ni igualitario. Los funcionarios deciden autoritariamente la distribución de la riqueza lograda por todos los que trabajan y permiten el funcionamiento de la sociedad.
Es diferente en los países donde el sistema democrático y capitalista funciona: allí son las empresas, los trabajadores, las asociaciones, la gente, la que reparte, invirtiendo y ahorrando parte de lo que ganan. 

Los gobernantes que rechazan la democracia y al capitalismo, hacen crecer enormemente al Estado, de manera que, éste, se inmiscuye, cada vez más, en las decisiones de la sociedad civil, se apropia de la mayoría de las empresas, y se hace cargo de todos los detalles de la estructura económica. Disminuye al mínimo las bases de la democracia: opinión pública institucionalizada, seguridad jurídica, y el ejercicio democrático del poder judicial y del Congreso.

Controlan y regulan las corporaciones de trabajadores, estudiantes, empresarios, profesionales, intelectuales y universitarios.

Hoy en Argentina, se está abandonando el contexto democrático donde las demandas pasan por partidos  consolidados y con políticas alternativas a las del gobierno.

Como en Venezuela, los ciudadanos nos hemos convertido en rehenes de una concepción autoritaria  que lleva a hacer creer que la libertad de elegir es parte de una concepción egoísta que olvida el interés colectivo. 

El  empresario es despreciado por su interés en obtener ganancia. Hasta los chicos hacen piquetes en los colegios con carteles en contra del lucro y del dinero y a favor de la acción estatal en su contra.

Esperemos que la oposición logre unirse, esta vez, y defienda  la preservación de los principios de la Constitución que, seguramente, se verán amenazados si se logra la reforma que promueve el oficialismo.

El progreso está ligado al cambio de un sistema  cerrado, de un Estado apropiador de la riqueza de la sociedad civil, que depende de las decisiones autoritarias de un Gran Hermano, por otro abierto y descentralizado. Con él  las instituciones se hacen más eficientes, tanto en política, como en economía, ciencia y cultura y  las personas pueden decidir libremente su futuro. 

Las desigualdades del mercado las provoca la gente, las arbitrarias de los regímenes tiránicos, la pretendida omnisciencia de los gobernantes.

Recordemos: el sistema socialista real, el nacional-socialismo, y los nacionalismos populares terminaron con el estado de derecho y con una justicia independiente,  si la hubo, porque la política estuvo por encima de la Ley. De que se multipliquen los enamorados de la libertad depende que así no sea.

(*) Elena Valero Narváez. Periodista y analista política. (Autora de “El Crepúsculo Argentino”.Lumiere.2006)

Fuente: Comunicación personal de la autora