martes, 14 de agosto de 2012

El viejo miedo a la libertad de prensa

Por Gregorio Badeni (*)

Esa constante patológica se percibe cuando, con la excusa de proteger a la sociedad de la errónea información -visión paternalista-, se pretende legislar sobre la ética periodística. Tal actitud revela una preocupante ignorancia sobre la labor periodística y los límites democráticos para su regulación legal.

Todo medio de prensa responsable tiene su código interno de ética y todo periodista que se nutre en la excelencia tiene sus valores éticos. Se ajustan a esos principios por convicción y porque son conscientes de que si se apartan de ellos serán pasibles de la condena social y de sus pares. Condena que acarrea el rechazo del público y el desprestigio profesional. La experiencia nos revela cómo destacados periodistas y medios de prensa pasaron al olvido por vulnerar los principios éticos elementales que regulan el arte de buscar y difundir informaciones e ideas.

En toda democracia, la libertad de prensa recibe un trato jurídico especial debido a su carácter estratégico en resguardo de las libertades públicas y privadas, de los valores que consolidan la convivencia armónica y la presencia republicana.

El artículo 32 de nuestra Constitución descalifica a toda ley que pretenda regular específicamente la libertad de prensa. Ella puede ser reglamentada en orden a su ejercicio mediante normas comunes a otras áreas, pero no aplicables solamente a ella. En igual sentido, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe al Estado restringir la libertad de expresión por cualquier medio directo o indirecto. 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuyas decisiones son obligatorias para las autoridades del país, conforme a la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia- en la opinión consultiva 5/85 dispuso que se oponían a esa Convención internacional todas las leyes que imponen la colegiación obligatoria de los periodistas o exigen estudios especiales para ejercer esa actividad o pretenden tipificar las normas éticas del periodismo.

Son conclusiones recogidas por el Acta de Chapultepec, que prescribe: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. 

No es una concesión de las autoridades; es un derecho del pueblo” (art. 1º); “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga” (art. 9º). Sobre la base de ella, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece categóricamente: “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados” (art. 6). Disposición que prohíbe a los Estados sancionar leyes de ética periodística.

No se trata de efectuar una apología de la libertad de prensa, sino de preservar su rol institucional y recordar que la conquista de la libertad es endeble si no se vela cotidianamente por ella. Segundo V. Linares Quintana, decano de los juristas argentinos que acaba de cumplir 103 años de edad, con su usual lozanía, nos recuerda que el ser humano “nacido para ser libre, combate sin tregua a través de los siglos para obtener la libertad primero; para conservarla, luego, y, cuando la ha perdido, para recuperarla, iniciando así un nuevo ciclo, en una serie que se repite al infinito en el decurso de los siglos, sin que nunca la conquista sea definitiva, como si la Voluntad Divina fuera que, por ese medio, la llama de la libertad se mantenga perennemente encendida en el alma humana”.

(*) Gregorio Badeni. Artículo publicado en La Nación y en Libertad y Progreso el 13 de Agosto de 2012.