sábado, 4 de agosto de 2012

Entre el abolicionismo y la venganza

Por Enrique Arenz (*) 
Víctor Hortel es el director penitenciario que lleva a pasear a los condenados por los populosos y festivos “actos culturales” kirchneristas organizados por el insólito “Vatayón militante”. Hortel dice, y Cristina lo ha respaldado expresamente, que lo hace para que los presos se resocialicen o reinserten en la sociedad. Y en una reunión grabada expuso claramente sus ideas abolicionistas: "No debe haber mejores cárceles sino menos cárceles". El abogado penalista que piensa así es nada menos que el funcionario que dirige el sistema penitenciario federal. Y lo que es más grave: los jueces de sentencia le han estado respondiendo disciplinadamente. 

Pues bien, este señor fue el mismo que hizo trasladar a Videla desde Campo de Mayo a Marcos Paz, "para que no haya privilegios", justificó. Verdadero acto fallido que desnudó su amor por los criminales y su desprecio profundo por todo aquel que vista un uniforme. 

Yo a Videla no lo defiendo. Los que me conocen saben que como seguidor del ingeniero Alsogaray censuré el golpe del 76 que jamás debió llevarse a cabo, y que como columnista de opinión económica critiqué en “Correo de la Semana” de Francisco Manrique y otros medios gráficos la desastrosa política económica de Martínez de Hoz, bastante parecida a la que tenemos ahora: inflacionaria, dispendiosa, coercitiva y con rígidos controles y fuerte retraso cambiario. (Hacer clic para leer dichas notas). Pues bien, tengo autoridad moral para decir esto: el general Videla fue el principal organizador de ese golpe innecesario, y, ¿qué duda cabe?, el máximo responsable de los bárbaros métodos utilizados para reprimir el terrorismo.   

Pero Videla tiene 85 años y la ley prevé condiciones de prisión atenuadas para los ancianos. Entre estas condiciones está la prisión domiciliara que no es ningún privilegio sino un legítimo derecho establecido por la ley. Privilegios son los que el señor Hortel, que se autodefine como "un negro de mierda peronista", les ha venido concediendo al baterista de Callejeros, a un barrabrava asesino y a otros presos kirchneristas de similar peligrosidad.

El pretexto es la reinserción social. Muy bien, supongamos que se trata de un objetivo loable que, según las formas, todos podríamos llegar a compartir. Pero hagámonos una pregunta honesta: los militares condenados por delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales tienen más de ochenta años y llevan décadas entre rejas, ¿no tienen el mismo derecho de reinsertarse en la sociedad?  Los están dejando morir en la cárcel, no reciben atención médica con la celeridad necesaria que resulta impracticable por el lento sistema de seguridad carcelario, y, según información recibida, no chequeada, ya habrían fallecido en penosas condiciones de cautiverio ciento noventa y cuatro viejos. 

Y no estoy insinuando que no se merezcan las condenas que recibieron ni los estoy exculpando de sus graves responsabilidades, sobre todo a los oficiales superiores que eran los que mandaban y sabían muy bien lo que hacían. Pero es un deber moral preguntarnos: ¿por qué algunos condenados tienen derechos de reinserción social, aunque hayan quemado viva a la esposa, mientras que otros son destinados a morir miserablemente en un calabozo?  

Me llama la atención que los actuales mandos de las fuerzas armadas, la oficialidad joven, las nuevas promociones, sus familias e instituciones que los agrupan, acepten silenciosamente este inhumano castigo. Parecería que se han desentendido de sus camaradas en desgracia, que sólo se preocupan por sus ascensos e internas y que no tuvieran otro objetivo que sobrevivir al estilo Scioli, haciendo silencio y agachando la cabeza. Y también me llama la atención que el periodismo independiente (con excepción de La Nación, que ha publicado editoriales valientes) no haga jamás un comentario sobre esta discriminación legal que beneficia a unos presos con fiestas murgueras que hieren a las familias de sus víctimas, y perjudica a otros con un ensañamiento feroz. 

Es evidente que los militares en actividad temen recibir el rayo del escarmiento Kirchnerista, y que al periodismo no oficialista, que tiene mucha cola de paja, lo aterra ser señalado como apologista del proceso militar. Pero no se trata de levantarse en armas ni de hacer planteos reivindicativos del mal llamado "terrorismo de Estado" ni de organizar conspiraciones destituyentes. Simplemente hay que hablar, hay que decir las cosas como son. Hay que peticionar, razonar en voz alta, denunciar las injusticias. Las fuerzas armadas debieran hacerlo institucionalmente; el periodismo, periodísticamente. Si estamos en democracia, por muy autoritario y prepotente que sea este gobierno, por mucho que nos meta miedo, hay que hacer coraje y decir lo que pensamos sin ponernos a calcular las consecuencias. 

No podemos permanecer indiferentes y consentir calladamente que sigan muriendo ancianos militares en calabozos supervisados por este “negro de mierda peronista”, porque eso no es Justicia, eso es venganza, y de la peor especie. 

(*) Enrique Arenz. Escritor y analista político. Artículo publicado el 3 de Agosto de 2012, en "el blog de Enrique Arenz". Comunicación personal del Autor.