sábado, 11 de agosto de 2012

Se mantiene el rumbo ideológico

Por Rosendo Fraga (*)
Los sondeos de opinión vuelven a transformarse en un campo de batalla de la política -como sucede usualmente en Argentina en los períodos preelectorales-, aunque hoy la elección esté lejos. El martes 31 de julio el Cronista publicó un sondeo de Poliarquía en el cual la imagen buena y muy buena (positiva) de la Presidenta está en 33%, la mala y muy mala (negativa) en 35% y 31% tiene opinión regular. Ello implica que la imagen positiva ha descendido más de 20 puntos durante el primer semestre del año y otro tanto aumentó la negativa. Pero el mismo día un diario oficialista (Página 12), publicó un sondeo de Equis que dice exactamente lo contrario: la imagen positiva de la Presidenta está en 67% -el doble que la anterior-, la negativa en 18% -la mitad de la otra- y la imagen de la Presidenta no registra deterioro desde su reelección en octubre del año pasado. La realidad es que hay un tercio que siempre se mantendrá con el gobierno -como se vio en la elección de 2009-, otro tercio que nunca estará con el oficialismo y un tercio fluctuante. El kirchnerismo perdió este último en la elección legislativa de hace tres años y en gran medida lo recuperó en la presidencial de 2011.

Como dice el sondeo de Poliarquía, este tercio vuelve a estar fluctuante y la cuestión pasa a ser si el oficialismo lo recupera el año próximo para la elección legislativa de 2013 o lo pierde.
La intervención del Ejecutivo en toda la actividad hidrocarburífera es un conflicto que vuelve a enfrentar a las provincias con la Casa Rosada. La Constitución Nacional estableció en la reforma de 1994 que los recursos naturales son propiedad de las provincias. A su vez, la ley de estatización de YFP dispuso en un artículo la declaración de interés público nacional de toda la actividad hidrocarburífera del país, lo que contradice la disposición constitucional pero que fue votado por amplias mayorías en las dos cámaras, incluidos los legisladores de las diez provincias petroleras. El decreto 1277, que pone en manos del estado nacional -a través del viceministro de Economía (Kicillof)- la intervención de toda la actividad hidrocarburífera, en realidad reglamenta el mencionado artículo de la ley que estatizó YFP, aunque contradiga la Constitución. A finales de abril las transferencias del estado nacional a las provincias eran suficientes para pagar sus gastos, pero en el segundo trimestre las partidas han decrecido sustancialmente frente a un incremento del gasto público de 32% e inflación anual del 24%.

Es en esta situación que las provincias comienzan a reclamar contra dicho decreto, que les quita la capacidad de negociar con las empresas petroleras. Nuevamente es la CGT que lidera Moyano la que asume la posición más firme. Su número dos (Pereyra), secretario general del sindicato de petróleo y gas privado de Neuquén, La Pampa y Río Negro, ha anunciado un paro en defensa del interés provincial afectado por el decreto 1277. El conflicto con las provincias sigue siendo central y el gobernador de Córdoba ha alineado al de Santa Fe en su decisión de llevar a la Suprema Corte el reclamo por los fondos jubilatorios y denunciar al mismo tiempo el acuerdo fiscal de 1992, por el cual el Estado nacional retuvo los aportes que se cobran en las provincias.

Pero esta norma -que es una de las manifestaciones del avance del viceministro de Economía- confirma ante todo el giro ideológico que esta imprimiendo la Presidenta a su gobierno. La intención de pasar la propiedad de los recursos naturales de las provincias al estado nacional es un objetivo explicitado por los dirigentes oficialistas que impulsan la reforma constitucional. El avance de Kicillof sobre la actividad hidrocarburífera, el control de las inversiones el Anses y el que está en marcha ahora sobre el control del secretario de Comercio (Moreno) en el área el comercio exterior, son manifestaciones de un rumbo ideológico más que el avance de un funcionario en particular. Lo mismo sucede con la ofensiva desde la Cancillería para que una funcionaria de La Cámpora (Nahon) tome las funciones de otra de Moreno (Paglieri). Que el único acuerdo firmado por YPF con una empresa petrolera extranjera haya sido con la estatal venezolana (PDVSA) es otro ejemplo al respecto. En este marco, el pago del BODEN es presentado como una decisión de soberanía económica, buscando presentarla como una manifestación de nacionalismo económico y desechando hacerlo como una acción para recuperar credibilidad económica frente a los mercados.

Este rumbo ideológico no sólo se da en economía, sino en otras áreas como el problema de la inseguridad. La reiterada defensa de la Presidenta de la salida de presos con condenas graves para participar en actos políticos del oficialismo muestra su adscripción a los postulados de la teoría garantista. Se trata de la interpretación defendida por la izquierda que pone al delincuente como la victima y no como el victimario. La participación activa de militantes de La Cámpora en este uso político de los presos confirma que el giro ideológico del gobierno es coherente y sistemático más allá de la economía. Sobre este problema, el oficialismo cada día utiliza más una metodología similar a la del INDEC en cuanto a la manipulación de estadísticas: busca demostrar que la inseguridad es una percepción o, como ha dicho la ministra de Seguridad (Garré), el aumento del delito es consecuencia de que la gente tiene más dinero en las casas por la mejora en la economía, lo que incentiva a los delincuentes. Los sondeos muestran que la inseguridad sigue siendo la primera demanda de la sociedad, aunque la economía se haya frenado y la inflación se esté incrementando en las últimas semanas.

En conclusión: los sondeos de opinión vuelven a transformarse en un campo de batalla de la política y el de Poliarquía registra una baja superior a 20 puntos en la imagen positiva de la Presidenta en el primer semestre; el decreto 1277 que nacionaliza la intervención estatal en la actividad hidrocarburífera plantea un conflicto con las provincias pero al mismo tiempo ratifica el rumbo ideológico del oficialismo; los avances del viceministro de Economía sobre diversas áreas de gobierno son la manifestación de dicho rumbo antes que la consecuencia de luchas internas dentro del gobierno y la política de seguridad muestra la misma orientación ideológica asumida por la Presidenta en su defensa de las salidas de presos, utilizadas con fines políticos por La Cámpora.


(*) Rosendo Fraga es analista político. Dirige el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría y es consultor de la Fundación Mediterránea, la Asociación de Bancos Argentina y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Artículo publicado en "Nueva Mayoría. com" y en La prensa Popular el 9 de Agosto de 2012 en su Edición Nº 130.