sábado, 11 de agosto de 2012

Una metáfora de la gestión

Por Joaquín Morales Solá (*)
Ciccone se ha convertido en una metáfora de la gestión kirchnerista. La principal impresora de billetes del país pasó de un inicial proyecto de expropiación (que apuraba el ex presidente Néstor Kirchner) a una más que dudosa compra privada que puso en vilo la situación política y personal del vicepresidente Amado Boudou. La saga terminó ayer como había empezado, con la expropiación, que colocará a esa empresa en manos de un Estado impotente para fabricar con calidad la cantidad de moneda necesaria.

Una expropiación significa que el Estado deberá pagar a sus dueños el valor de la compañía expropiada, pero nadie sabe, ni la Justicia, quiénes son los dueños verdaderos de Ciccone.

Llama la atención que la decisión expropiatoria del Gobierno haya sucedido en los mismos días en que se produjeron dos hechos importantes en la causa judicial que tiene cada vez más acorralado a Boudou. La primera novedad no es pública. Fuentes judiciales inmejorables señalaron que el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello avanzaron en la certificación de la relación entre Boudou y el presidente de Ciccone, Alejandro Vandenbroele.


Esa constatación ya estaba, de alguna manera, en la investigación del ex fiscal del caso, Carlos Rívolo, quien fue apartado de la causa cuando redactaba el pedido de citación a declaración indagatoria para Boudou.


La otra noticia fue que Di Lello imputó en el expediente al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien varias veces concedió moratorias y planes de pagos excepcionales para la empresa protegida por el actual vicepresidente. La actuación de la AFIP ya venía siendo cuestionada por el fuero comercial que llevó adelante la quiebra de Ciccone. En rigor, debe aceptarse que Echegaray dejó siempre constancia escrita de que todo lo hizo por pedido del entonces ministro de Economía y actual vicepresidente. A tal punto es así que Echegaray escribió que la posición de Boudou fue "determinante" para que Ciccone accediera a un trato especial por parte de la AFIP. Sin embargo, la Justicia tuvo razón cuando imputó a Echegaray. El jefe de la AFIP podría deslindar su responsabilidad como artífice de una maniobra tal vez ajena, pero no su responsabilidad política y administrativa al frente del ente recaudador de impuestos.


En rigor, la expropiación podría beneficiar más a Echegaray que a Boudou. La responsabilidad del vicepresidente por un supuesto tráfico de influencias (y por un eventual enriquecimiento ilícito) ya está muy avanzada. Por el contrario, el aspecto de la investigación que incluye a Echegaray podría convertirse en abstracto. ¿Qué importaría ahora que el Estado sea acreedor de una ex empresa privada que se convertirá en estatal? Ciccone lleva, al día de hoy, cuatro meses sin pagar aportes de seguridad social. Pero ya no había pagado tampoco en octubre de 2011, cuando la propia AFIP le expidió un certificado de "aptitud" para ser contratista del Estado. Antes y después hizo sólo pagos parciales cada mes. Nadie más, en el estricto mundo de Echegaray, se beneficia con tanta tolerancia.


La expropiación sucede también cuando Boudou venía perdiendo todas las batallas judiciales. No pudo probar ante la Justicia la supuesta presión del estudio de la familia del ex jefe de los fiscales Esteban Righi para ser contratado por el vicepresidente. El caso está a punto de ser archivado en los tribunales. La aparatosa denuncia de Boudou contra Righi, a quien el vicepresidente acusó sin pruebas de ofrecerle gestiones entre los jueces federales, provocó la renuncia de uno de los referentes judiciales más respetados por el peronismo y por jueces y fiscales, como es Righi. "Es raro tener que apoyar a un gobierno que echó a Righi para salvar a Boudou, un ex afiliado de la Ucedé", suele repetir un legislador kirchnerista que militó en la izquierda peronista de los años 70.


Otra denuncia que está a punto de ser archivada es la de Boudou contra el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, a quien acusó de haber sido intermediario de un intento de soborno al entonces ministro de Economía. Tampoco presentó en este caso pruebas convincentes. Antes que la Justicia, la propia Cristina Kirchner ya había considerado inocente a Gabbi. Con él compartió la semana pasada el estrado de su inexplicablemente espectacular anuncio del último pago de los Boden 2012. La Presidenta no hace esas cosas sin información previa: sabía, por lo tanto, que la Justicia desecharía la denuncia de Boudou contra Gabbi.


El vicepresidente (que ya pasó en ocho meses de ser una de las figuras más populares de la política a ser ahora una de las más impopulares) venía perdiendo batalla tras batalla en la Justicia. Es probable que su definitiva desgracia judicial esté más cerca de lo que cualquiera imagina. Aunque se haya propuesto lo contrario (nadie sabe qué se propuso), el Gobierno tomó ayer una decisión que, lejos de beneficiarlo, podría perjudicarlo aún más a Boudou. El caso Ciccone volverá a estar durante varias semanas en los medios periodísticos, que son la obsesión perpetua de Cristina Kirchner.


Estará, además, en el centro de un debate parlamentario (las expropiaciones deben pasar por el Congreso) que tendrá al vicepresidente como centro de las acusaciones y las sospechas. El propio Senado, que Boudou debe presidir sin derecho a hablar, será un largo tormento para él.


Los legisladores opositores le hablarán a él cuando hagan sus acusaciones, pero Boudou no podrá responder. El presidente del cuerpo no puede hablar cuando preside las sesiones y el vicepresidente tampoco es senador como para hablar desde el recinto. El Gobierno parece haber sido indiferente a ese previsible calvario de quien hace apenas un año fue elegido personalmente por la Presidenta, y sin consultar con nadie, como su compañero de fórmula.


La primera pregunta que harán todos los opositores es a quiénes se les pagará o se les saldará la deuda impositiva por la expropiación decidida ayer. No hay registro en ningún lugar del Estado de que éste conozca a los dueños de Ciccone.Es extraño que un gobierno que aspira a pesificar forzadamente la economía no tenga en cuenta que la moneda requiere la confianza social. El Estado diseñó billetes que no entran en los cajeros automáticos, imprimió dinero en una empresa con dueños fantasma y ahora recurre a la expropiación de esa impresora de dinero, metida en el más sonoro escándalo de presunta corrupción que soportó la administración de Cristina Kirchner. Es el círculo que envuelve gran parte de lo que hace y ha hecho el kirchnerismo al frente del Estado.

 

(*) Joaquín Morales Solá. Periodista, escritor y analista político. Artículo publicado en La Nación y en Chacomundo el 8 de Agosto de 2012. 


Fuente: http://chacomundo.blogspot.com.ar/2012/08/una-metafora-de-la-gestion-por-joaquin.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Chacomundo2011+%28ChacoMundo+2011%29