sábado, 8 de septiembre de 2012

Cómo se resiste una re-reelección

Por Jorge Raventos (*)
En la experiencia argentina, el “dispositivo Duhalde” demostró su éxito: en 1998 amenazó a Carlos Menem con un plebiscito en la provincia de Buenos Aires sobre la re-re y el riojano, que sabía que lo perdería, desistió de intentarla. La re-re de Cristina tampoco pasaría la prueba. Pero, ¿quién podría convocar una consulta? Hipótesis: De la Sota, Macri y Bonfatti, los tres a una.
 
El 9 de julio de 1998, el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde puso en marcha una operación política que paró en seco la ofensiva que, motorizada por la Casa Rosada, alentaba la re-reelección presidencial de Carlos Menem (quien un año después concluiría su segundo mandato y más de una década de gestión).

Lo que hizo Duhalde fue firmar un decreto que convocaba a los bonaerenses a expresar su acuerdo o su desacuerdo con que los legisladores nacionales del distrito (diputados y senadores) habilitaran una nueva reforma constitucional que abriera el paso a un tercer período de Menem como Presidente.

La constitución de la provincia de Buenos Aires no autoriza a llamar a plebiscitos sobre temas nacionales: no se podía presentar directamente la alternativa reelección sí / reelección no; Duhalde encontró una diagonal a través de la consulta sobre el comportamiento que el pueblo del distrito le requería a quienes con su voto había enviado al Congreso Nacional.

El plebiscito -citado en el decreto para el mes de septiembre de 1998- nunca se llevó a cabo: los tres meses de distancia entre su convocatoria y la fecha prevista para su realización fueron tiempo suficiente para que la iniciativa reeleccionista se diluyera, pese a que Menem contaba incluso con el fallo de un juez federal que, en principio, lo autorizaba a presentar su precandidatura en una interna del Partido Justicialista. Ocurre que las encuestas indicaban que en la opinión pública 7 de cada 10 se oponían a la re-re: el resultado de la consulta con la que Duhalde amenazaba estaba cantado. Y que el principal distrito electoral del país llegara a pronunciarse tan rotundamente en contra, liquidaba definitivamente el proyecto. Menem lo comprendió y se resignó a dejar el poder en la fecha prevista por la Constitución vigente (hecho que, por lo demás, marcó el único traspaso normal de un presidente a otro surgido de una fuerza distinta en los años de democracia posteriores al proceso militar).

En estos días, cuando el núcleo duro de la coalición oficialista agita con vehemencia la consigna de la re-reelección de la señora de Kirchner y extrae precipitadamente de su bolsa de trucos mágicos reformas electorales express, como la de habilitar el voto optativo de menores de 18 años y extranjeros (presumiendo que así ensancha su clientela), algunos analistas empiezan a considerar la posibilidad de que el Dispositivo Duhalde de 1998 vuelva a ponerse en práctica.

Porque también ahora -las encuestas indican con claridad que el reclamo re-reeleccionista es muy minoritario en la opinión pública y la imagen negativa de la Presidente supera a la positiva, que está en caída casi desde el instante en que la señora de Kirchner reasumió en diciembre su segundo mandato personal (tercero familiar).

Hay una marcada asimetría entre los recursos de todo tipo que el gobierno maneja (desde los financieros y organizativos hasta su poder sobre mecanismos institucionales) y su creciente debilidad ante la opinión pública (que refleja, si se quiere, las turbulencias no sólo económicas que provoca con su gestión). La concentración de poder que practica el gobierno es contraproducente en relación con muchas cosas, pero es tácticamente ventajosa frente a una opinión pública (y, si se quiere, a una oposición política) adversa pero atomizada. 

Un plebiscito sobre la pretendida re-reelección permitiría a la opinión pública expresarse masivamente y superar el estado de atomización. Y le ofrecería a las fuerzas que se oponen a la reforma de la constitución y a la re-reelección un estímulo para las convergencias que de a ratos insinúan pero no terminan de concretar. Un plebiscito contra la re-re le permitiría en un acto lo que Marcelo Sánchez Sorondo definía como “diversidad representativa con unidad de tendencia” y, al no haber cargos ni candidaturas en juego, le permitiría gambetear la tentación de la competencia enfermiza.

Pero, ¿quién podría poner en acción un dispositivo de consulta popular como el que esgrimió Duhalde en 1998? Difícilmente el actual gobernador bonaerense asuma una iniciativa de ese tipo. Aunque no es un secreto para nadie –en primer lugar para el núcleo duro del oficialismo- que Daniel Scioli representa algo diferente a lo que motoriza el cristinismo camporista y que Scioli tiene declaradas aspiraciones a ser candidato presidencial, ni la actual relación de fuerzas ni el propio estilo del gobernador permiten imaginarlo protagonizando un desafío como el que Duhalde le propinó a Menem en aquella ocasión.

Ningún distrito tiene el peso de la provincia de Buenos Aires, que alberga al 37,3 por ciento del padrón nacional. Ahora bien, en los tres que numéricamente siguen a Buenos Aires (de lejos, claro) hay gobernantes que se han expresado en contra de la re-reelección: Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma, José Manuel De la Sota en Córdoba y Antonio Bonfatti en Santa Fe. Sumadas, esas tres provincias representan el 25 por ciento del padrón. ¿Es posible imaginar una convergencia entre los tres gobernadores para convocar sendas consultas sobre la re-reelección?

El hecho de que De la Sota, Macri y Bonfatti pertenezcan a fuerzas políticas diferentes puede ser observado como una dificultad, pero, si coincidieran, se transformaría en una virtud y una ventaja: le agregaría pluralidad a una acción prácticamente unida y les ofrecería la posibilidad de satisfacer una doble pulsión de la opinión pública, la que rechaza al oficialismo y su re-re y la que se muestra decepcionada con el resto de las fuerzas políticas por su incapacidad para forjar alternativas y abrir vías navegables para construir un poder de otra naturaleza que el actual.

Un plebiscito sobre la re-reelección indefinida fue el que determinó la primera gran derrota del kirchnerismo: ocurrió en Misiones en 2007. Se trataba de una prueba piloto, destinada a replicarse en la Nación. El entonces gobernador, Carlos Eduardo Rovira, fue alentado por Néstor Kirchner a establecer una cláusula de reelección sine die a través de una reforma constitucional. Una disposición idéntica ya estaba en vigencia en Santa Cruz por acción del propio Kirchner; éste se trasladó a Posadas para cerrar la campaña de Rovira. Rovira perdió. 

La cláusula no fue aprobada en la Constituyente provincial. Toda la oposición se unió e hizo campaña detrás de la lista que encabezaba el obispo Joaquín Pigna, que terminó victoriosa. El kirchnerismo chocó frontalmente contra una opinión pública que pudo expresarse unificadamente (así fuera a nivel local) y se encontró ante un giro adverso de la situación política que se le agravaría poco tiempo después, alcanzando dimensión nacional, en el conflicto con el campo.

La inercia de la situación actual le da un handicap al oficialismo: le permite invocar como título de legitimidad el 54 por ciento electoral de octubre (algo que hoy se ha evaporado notablemente), emplea sus ingentes recursos para sacar ventajas de todo tipo con vistas a la confrontación electoral de 2013, donde confía en ampliar su caudal con cooptación de nuevas clientelas propias (vía el voto optativo de adolescentes y de inmigrantes) y el incremento de subsidios y de “conquistas culturales” para ciertos sectores de la intelligentzia y las burocracias, mientras da por sentado que tendrá enfrente un archipiélago opositor con más impotencia que diversidad.

En esa inercia, sigue ampliando el control sobre la sociedad (el corralón del dólar ya está completamente cerrado; el director de la AFIP determina dónde “preferimos” que tomen las vacaciones los ciudadanos; los empresarios van deslizándose paulatinamente a la situación de meros gerentes de negocios que se manejan desde el Estado; éste, por su parte, desde la secretaría de Comercio, confiesa abiertamente que los índices de precios del INDEC sólo están destinados a timar a los tenedores de bonos que se indexan por inflación; el etcétera es interminable).

El gobierno, confiado en los mecanismos que maneja y temeroso de la opinión pública, evitará por todos los medios un escenario electoral del tipo de una consulta popular, cuya lógica sí / no le haría difícil su clásico juego de divide et impera.

La vía de las consultas localizadas es un sucedáneo legítimo que puede abrir un cauce de expresión a las mayorías, cerrar el paso a la manipulación constitucional, evitar que lo que debe ser temporario se transforme en permanente y que, ante el apoderamiento, la mayoría de los ciudadanos se encuentre condenado a optar entre la resignación sometida y la rebeldía.

(*) Jorge Raventos. Artículo publicado por Informador Público el 2 de Septiembre de 2012

Fuente: http://site.informadorpublico.com/?p=17482