sábado, 6 de octubre de 2012

Acerca de las reelecciones

Por Gabriel Boragina (*)
Desde tiempos pre-bíblicos los gobiernos se adjudicaron el monopolio de la violencia, fueron instrumento de explotación y de enriquecimiento por parte de los gobernantes a costa de los gobernados. El origen de los gobiernos fue en primer lugar la conquista, y el sometimiento de los conquistados a su férreo imperio. Reyes, monarcas, emperadores, jefes de estado y otros jerarcas ejercían, de manera más o menos habitual, un dominio absoluto, que se materializaba y se sostenía mediante el pago de tributos de los pueblos sojuzgados hacia la corona. Este paradigma sufrió una profunda transformación hacia el siglo XVIII con el surgimiento del liberalismo que introdujo la novedosa y revolucionaria idea para la época, de que el gobierno era el sirviente y no el amo de los pueblos. Que la soberanía recayese en el pueblo y no en "el poder divino de los reyes" representó un duro golpe para el despotismo atávico que regia entonces. Montesquieu implanta el concepto de la división de poderes y autores como Locke, Hume Ferguson, Adam Smith, Mill, Ricardo y muchos otros comienzan a hablar de la limitación del poder como un derecho del pueblo soberano para con los otrora omnipotentes. El gobierno retenía como antes el monopolio de la violencia, pero esta ya no podía dirigirse indiscriminadamente contra sus súbditos, sino para defenderlos a estos de los ataques de terceros nacionales o extranjeros.
 
Sin embargo, la vigencia de ese pensamiento no se sostuvo demasiado comparativamente en el tiempo. Hacia la década de los años 20 del siglo XX, tibiamente primero y con gran ímpetu poco después, resurge el antiguo paradigma de la monarquía absoluta remozado, y dando lugar a los totalitarismos que desencadenaron dos guerras mundiales devastadoras. Nuevamente los gobiernos del mundo direccionaban su violencia contra propios y ajenos sin discriminación.
 
La constante de los tiempos violentos siempre ha mostrado como eje central y protagonistas a líderes ávidos de dominio que procuraron a toda costa perpetuarse a ultranza en la cúspide del máximo potestad. El detentar y ejecutar el monopolio de la fuerza gubernamental en contra de ciudadanos indefensos por tiempo indeterminado, siempre ha sido la gran tentación para los jerarcas de todas las épocas. Instigación a la que han sucumbido con harta frecuencia y extrema facilidad.
 
Lord Acton dijo que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente, estableciendo una correlación exacta e irrefutable entre poder y corrupción, moviéndose ambos de un circuito creciente de retroalimentación: a poderío más prolongado mayor corrupción. De allí la importancia de su restricción. Esta condición ha de operar en dos áreas: la espacial y la temporal. La espacial se divide a su vez en dos más: la territorial y poblacional, ambas de orden cuantitativo. Por ahora nos interesa detenernos a analizar la temporal. Si como ha enseñado Lord Acton, el poder tiende a corromper va de suyo que, a mayor tiempo de ejercicio de esa autoridad, tanto mayor serán los grados de corrupción, de allí que sea de todo acierto confinar el actuar de ese imperio al menor tiempo permisible a fin de que el agente que lo ejerza vea delimitadas sus oportunidades de corromperse y corromper a la sociedad. La experiencia histórica -como decimos- ha demostrado la gran corrupción generada por los gobernantes que -por el imperio de la fuerza o el de las urnas- alargan sus mandos más allá de lo prudente. Los gobiernos dilatados generan tensiones e incitaciones de todo tipo. La de enriquecerse es la mayor, dada la facilidad que tienen los gobernantes para hacerse de recursos expoliando a los ciudadanos, mediante instrumentos de diversa naturaleza, los que se pueden englobar todos bajo el rótulo genérico de tributo y que incluyen mecanismos tales como el impuesto propiamente dicho, la inflación, los controles de precios y muchas más medidas intervencionistas, pero que -en suma- se traducen todas en una transferencia compulsiva de recursos del sector privado hacia el sector público, o -dicho en términos más políticos- desde los gobernados hacia los gobernantes.
 
Desde luego que, para consumar esta expoliación los gobiernos han de echar mano a la violencia. Existe pues una cadena de correlación entre poder >>> corrupción >>>y violencia, donde el primero lleva a esta última y esta -a su vez- genera un circuito de retroalimentación en sentido inverso = violencia >>> corrupción >>> poder.
 
No debe olvidarse que esta transferencia compulsiva de riqueza desde los ciudadanos a los gobernantes opera dentro de un sistema de juego de suma cero: lo que gana uno lo pierde el otro, pero como el que tiene el imperio de la fuerza siempre es el gobernante, este proceso determina que en ese juego de suma cero siempre sea el que gane aquel, y en contrapartida, el ciudadano el que pierda recurrentemente. El resultado es la opulencia estatal y la pobreza ciudadana. De allí, nuevamente, la importancia de que el juego dure el menor tiempo viable, lo que se traduce en la necesidad imperiosa de que el gobernante salga lo más rápido posible del mando a fin de ceñir dicha violencia y las pérdidas del conjunto de la población. Los gobiernos extensos -de un mismo partido o personaje- producen (a la larga o a la corta) lo que yo llamo violencia económica. La manifestación más palpable de esa violencia económica es la pobreza, la miseria y la degradación general.
 
La reelección de una misma persona al frente de la potestad política tiene todos estos efectos malsanos, y muchos otros que, por restricción de espacio, ahora no podemos entrar a tratar. La frecuente alternancia en el gobierno –en cambio- permite acotar y reducir esa cadena "poder >>> corrupción >>> violencia"; evita las pasiones totalitarias, fortalece la auténtica democracia y disminuye las tensiones sociales. La hegemonía absoluta -sea en el tiempo o en el espacio- es nociva (por empobrecedora) para los pueblos que la sufren. Cada año del mismo gobernante en el mando es un eslabón mas que se le agrega a la cadena poder >>> corrupción >>> violencia. 

(*) Gabriel Boragina.  Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Presidente del CFi (Centro de Estudios Económicos,Filosóficos y Políticos). Director del curso sobre Escuela Austriaca de Economía, dictado por el Centro de Educación a Distancia para los Estudios Económicos (CEDEPE). Director del Departamento de Derecho Financiero del INAE (Instituto Argentino de Economía). Colaborador de "Contribuciones a la Economía"; revista académica de amplia difusión mundial publicada por el Departamento de Economía de la Universidad de Málaga. Columnista de "La Historia Paralela",revista crítica de política y economía internacional. Ex columnista y sponsor de la revista Sociedad Libre y de la revista Atlas del Sud. Ex presidente de ESEDEC (Escuela de Educación Económica). Profesor de Elementos de Análisis Económico y Financiero en la UNBA. Ex profesor de la materia universitaria Política Económica Argentina; de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; de Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Es gestor de Acción Humana. Artículo publicado el 5 de Octubre de 2012.

Fuente: Comunicación personal del autor.