martes, 30 de octubre de 2012

Cepo a la libertad

Por Aldo Abram (*)
Según Wikipedia, “el cepo es un artefacto ingenioso, ideado para sujetar, retener o inmovilizar algo, o alguien, como consecuencia de alguna determinada conducta del inmovilizado, para la que ha sido ideado, y de la que deriva su forma o el estado de sujeción, la cual puede ser planificada o espontánea, incluso sorpresiva y pícara”. Entonces, pese a los reclamos de la Presidenta, la definición de “cepo cambiario” parece ajustarse a la realidad del régimen implementado por el Gobierno.

Es cierto que puede discutirse que el actual control del mercado de divisas sea ingenioso, ya que en los últimos 70 años se utilizó en más de 20 programas económicos, todos los cuales terminaron con fuertes devaluaciones y la gran mayoría, en crisis cambiarias e incluso bancarias. Sin embargo, le ha servido al Gobierno para retener las divisas de aquellos que están obligados a liquidar en el mercado oficial y sujetar el valor del dólar para pagarles menos de lo que vale, para lo cual inmoviliza a los particulares y las empresas evitando que puedan competir por la demanda de dichos activos extranjeros. Es más, podríamos agregar que la medida fue sorpresiva y pícara, ya que se tomó después de que los argentinos emitimos nuestro voto en las elecciones presidenciales, a sabiendas del costo político que la medida hubiera tenido para la reelección de la Presidenta.
Públicamente, los funcionarios del Gobierno y del Banco Central justifican las restricciones a la compra de divisa (aunque nuestra mandataria las niega) en que son necesarias para priorizar el crecimiento industrial y económico, que demanda importaciones de insumos y de capital. Sin embargo, desde la aplicación del control de cambios reforzado con medidas que cerraron la economía, las importaciones de todo tipo se desmoronaron, pero particularmente las de insumos y bienes de capital. Es que a nadie le puede atraer invertir y producir en un país donde se cambian las reglas de juego, no se puede disponer de las ganancias y se debe acomodar el manejo de los negocios propios según convenga al gobierno de turno.
Es falso el argumento de que lo que faltan son dólares, y por ello hay que cuidarlos. Si cualquiera tiene que pagar la cuota de un crédito en moneda extranjera, analiza cuánto gana, resta lo que necesita para comprar las divisas y ajusta el resto de sus gastos a lo que le queda como saldo. En cambio, desde hace años, el Gobierno se gasta todo lo que le ingresa e incluso más. Luego, cuando no tiene con qué pagar sus compromisos, le pide al Banco Central (BCRA) que lo haga por él, para lo cual les cobra a los argentinos el famoso “impuesto inflacionario”, que es la otra cara de la depreciación de la moneda local y también se refleja en el alza del tipo de cambio. Es decir, no faltan dólares, sobra gasto público.
De hecho, si se hubiera mantenido la libertad cambiaria y el Banco Central hubiera emitido para financiar al Gobierno todo lo que efectivamente lo hizo hasta ahora, el tipo de cambio estaría entre $ 5,80 y $ 6,20. Es decir, no es que vamos a tener que devaluar, es que el Gobierno ya lo hizo y busca ocultarlo con un “cepo cambiario”, instrumentado con medidas que son ilegales e inconstitucionales. No hay ninguna norma que le haya delegado a la AFIP la facultad de exigir a los argentinos que le pidan permiso para comprar divisas.
Tampoco existe una que le permita al Banco Central prohibir a los particulares y las empresas comprar divisas para aquello que deseen. De hecho, el decreto 260/02 vigente da origen a un mercado cambiario único y libre. No hace falta consultar Wikipedia o la Real Academia Española para darse cuenta de que actualmente el sistema no es libre.
Hoy vivimos la humillante situación de tener la Fragata Libertad retenida en Ghana, debido a una medida judicial que deriva de una demanda por deuda pública impaga. Sin duda es una imagen que representa claramente el creciente cepo a las libertades que padecemos los argentinos.
Nos hemos resignado a que los funcionarios, a quienes elegimos con nuestro voto, asuman sus cargos con poderes absolutos, ubicándose por encima de las leyes y la Constitución Nacional. De esta forma derivamos en una monarquía absoluta electiva, ya que votamos un rey o reina a quien nos sujetaremos como fieles vasallos por cuatro años.
Una democracia republicana es otra cosa, se basa en el respeto de las normas, la división de poderes y los límites para su ejercicio que manda la Carta Magna, lo que garantiza que los funcionarios no usarán sus cargos para poner en jaque las libertades y los derechos de los argentinos. Es decir, nos da la posibilidad de ser ciudadanos y no súbditos, pero para hacerlo realidad es necesario que cada uno asuma su responsabilidad cívica, en particular la dirigencia intelectual, empresarial y profesional, que en los últimos años estuvo tan ausente en la Argentina.
(*) Aldo Abram. Director Ejecutivo de Libertad y Progreso. Artículo publicado en La Nación y en Libertad y Progreso el 30 de Octubre de 2012