viernes, 26 de octubre de 2012

Del 8N al 7D: Peligro de libertad de expresión en extinción

Por Jorge Hector Santos (*)
La madre de todas las batallas, como fuera definida años atrás, la guerra emprendida por el gobierno nacional contra el Grupo Clarín, está viviendo momentos decisivos. La democracia argentina está viviendo horas críticas. El relato quiere ganarle a la verdad. La trama de una historia donde el periodismo crítico se podría ver reducido a la mínima expresión.
A Sabbatella no le importan las más de 14.000 radios truchas y canales de TV abiertos de similares características, todos operando ilegalmente. Su objetivo se circunscribe a la destrucción de Clarín. La aberración de Cristina se tralada a muchos de sus colaboradores.

Apenas los fanáticos de Cristina Fernández –que cada día son menos- y su séquito de aplaudidores y beneficiarios de los dineros públicos que su Administración desparrama por doquier, pueden negar -transcurridos3 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- que esta norma legal no está destinada a desguazar al Grupo Clarín, a partir de la ruptura de la alianza entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto, provocada por varias diferencias, entre ellos una disputa sobre Telecom Argentina.
 
No existió, hasta entonces, algún interés de parte de Kirchner en legislar sobre medios de comunicación. La izquierda kirchnerista, no peronista, declamaba en soledad hasta que Kirchner modificó sus prioridades, en el marco del enojo con Clarín + 2 coincidencias negativas para él: la derrota por la Resolución 125 y la derrota electoral de 2009. Entonces Néstor Kirchner decidió que el control de los medios de comunicación era una prioridad para lograr la hegemonía. Deberá recordarse que Cristina Fernández no era una opinión decisiva mientras vivía Kirchner. La legislación promovida por el ahora devaluado y despreciado (por Ella) Juan Gabriel Mariotto debía garantizar la reducción del espectro radioeléctrico no controlado por la Casa Rosada a entre 10% y 15% de las frecuencias adjudicadas.
 
De todos modos, esa limitación no le garantiza al Frente para la Victoria que sus medios de comunicación resulten los más escuchados/vistos. La influencia es hija de la credibilidad, y Cristina Fernández no refleja hoy día esas cualidades. Pero, de todos modos, la presión reguladora puede mermar la difusión de informaciones negativas a los intereses del Ejecutivo Nacional. Habrá, inevitablemente, menos oferta de análisis/investigaciones diferentes al relato gubernamental.
 
Los Kirchner, desde sus tiempos de familia feudal en Santa Cruz, deciden que 'el relato' debe ganarle a la veracidad de los acontecimientos.
 
Santa Cruz resulta un espejo preocupante. Mucho se escribió sobre el ascenso del chileno Rudy Ulloa Igor, ex chófer de Néstor Kirchner, tan limitado para el ejercicio de la comunicación en general, y la comunicación independiente en particular. De todos modos, Ulloa ya no es el beneficiario hoy día. Han irrumpido en escena prósperos hombres de negocios con el Estado a quienes se les asignó la carga financiera de controlar medios de comunicación.
 
El texto
 
Promulgada el 10/10/2009, la llamada 'ley de Medios' -tal como se la conoce- N° 26.522, resultó una herramienta para intentar poner en jaque al multimedios de mayor penetración social.
 
A la vez se apeló a la herramienta del gasto público para
 
> Apoderarse de las transmisiones de fútbol y otros deportes para cargar esos espacios con propaganda contra sus “enemigos”.
 
> Alimentar programas difamadores como “6, 7,8”, “Duro de Domar” o “Bajada de Línea”, entre otros.
 
> Articular una red de medios de comunicación paragubernamentales.
 
Así se articuló, sumándole los medios directamente propiedad del Estado, un mapa gigantesco de medios oficialista.
 
La resistencia judicial que opuso Clarín derivó en la obsesión de la Presidente de la Nación por una fecha que ella inventó (7D y días subsiguientes), y que ahora sus colaboradores se encuentran obligados a honrar.
 
Errada en su análisis, la Presidente de la Nación cree que diezmado el Grupo Clarín, ella resolvería la inseguridad, la inflación, el desempleo, la pobreza, y los resultados de la mala gestión que incluyen episodios grotescos como la pérdida de la fragata Libertad. Otro disparate de Cristina.
 
En ese contexto Cristina designó presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual al diputado nacional Martín Sabbatella (en uso de licencia por 4 meses), quien supone que cumpliendo con todas las exigencias, aún las aberraciones judiciales, que reclama la Presidente de la Nación, él será el candidato oficialista a gobernador bonaerense. Precisamente por un objetivo similar Mariotto aceptó cumplir con cualquier capricho, y aún así no le alcanzó. Hoy día él está fuera del grupo de acceso a Cristina. En el caso de Sabbatella, el peronismo bonaerense nunca lo aceptará. Hay un grupo de alcaldes poderosos que se han conjurado en contra del ex intendente de Morón. Es dramática la distancia que hay del ex comunista Sabbatella al PJ Sergio Massa.
 
Pero Sabbatella cree que todo eso es modificable y abunda en la promoción de un 7D a sangre y fuego.
 
A Sabbatella no le importan las más de 14.000 radios truchas y canales de TV abiertos de similares características, todos operando ilegalmente. Su objetivo se circunscribe a la destrucción de Clarín. La aberración de Cristina se tralada a muchos de sus colaboradores.
 
“El 7D todos dentro de la Ley de Medios”, promete el gobierno.
 
No es cierto. Dentro de la ley deberán estar solamente quienes no integren el universo cristinista.
 
El plan
 
El plan que el Ejecutivo pretenderá aplicarle al multimedios Clarín se basa en:
 
> Concursar nuevos operadores (dueños) para 214 licencias de Cablevisión (fuente principal de ingresos del grupo empresario).
 
Cablevisión solo podrá guardar para sí 24 licencias en todo el país, con la restricción de no sobrepasar 35% del mercado nacional (artículo 45 de la ley). Lo exigirá la misma Administración que, en el pasado, aprobó la fusión Multicanal/Cablevisión.
 
Ese artículo 45 es uno de los que Grupo Clarín refutó judicialmente por presunta inconstitucionalidad.
 
Sabbatella considera que Clarín cuenta con 238 licencias; y el multimedios responde que no es correcta la aritmética K: son 158 de cable y otras 11 entre radios y emisoras de TV.
 
La AFSCA intimará al Grupo a optar entre quedarse con las licencias remanentes de Cablevisión o con Canal 13 (restricción que también dispone el artículo 45 citado).
 
Clarín considera que las licencias de cable no ocupan espectro radioeléctrico, por lo cual argumenta que su limitación al número de 24 no es lógica. Tampoco considera correcto que no se pueda tener licencias de cable y de TV ya que disponen de 2 mercados que no compiten entre sí porque son complementarios.
 
El holding que maneja Héctor Magnetto impugnó por inconstitucionales -ante el fuero Civil y Comercial- los artículos 45 y el 161 (el que dispone el plazo de 1 año para desprenderse de los medios que excedan el límite permitido).
 
Clarín sostiene que el Ejecutivo Nacional no puede actuar si no existe un fallo judicial sobre el fondo de la cuestión, la inconstitucionalidad.
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que, sin embargo, las medidas cautelares no pueden extenderse en el tiempo, sin plazo.
 
Clarín estima que, aunque caducara la medida cautelar que le puso freno a  la aplicación de ambos artículos, el plazo para adecuarse a lo dispuesto por la Ley comienza a correr el 07/12.
 
Por el contrario, el Ejecutivo asevera que el plazo finaliza el 7D.
 
Si la Afsca actuase de oficio, el multimedios podría impugnarla y requerir una ampliación de la medida cautelar ante la Justicia.
 
El Gobierno quiere asegurarse que ningún juez le permita a Clarín ampliar la cautelar y es el motivo de sancionar en el Congreso una ley de reglamentación del per saltum, con la intención de saltar las instancias intermedias y desembarcar en la Corte Suprema, presionando a ese colectivo, bajo la argumentación de "gravedad institucional".
 
No hay que descartar, dentro de una Administración sin límites, que concreten la amenaza de una intervención a los medios de Clarín.
 
Según consideran los cristinistas, ganando el 7D habrá aumento de la imagen positiva de Cristina, triunfo electoral 2013, reforma de la Constitución y re-reelección 2015.
 
Cristina menosprecia el 8N, le quita relevancia con el argumento que no tiene líderes visibles y se niega a aceptar que puede tener consecuencias no solo para con el 7D, sino para el inicio de una rebeldía civil permanente, independientemente de la suerte de Grupo Clarín, que concluya en una crisis institucional por pérdida de representatividad de la Presidente de la Nación.
 
Cristina no ha considerado lo importante que para muchos ciudadanos representa la libertad de expresión, y todo lo que están dispuestos a hacer para defenderla, bajo el supuesto de que no es un complot porque quien falta a las instituciones es Cristina y oponerse a ella sería en defensa de la República.
 
Una legislación aplicada para la conformación de un monopolio gubernamental expone a la democracia argentina a su hora más crítica.
 
Es el famoso: "¡Vamos por todo!".


(*) Jorge Héctor Santos. Periodista, asesor medioscomunicación, ex Dtor de Mitre, La 100, TOP40, Latina,Universo, G Prisa, CPN. Artículo publicado por Urgente 24 el 26 de Octubre de 2012