lunes, 15 de octubre de 2012

Empresas públicas financian menos de la mitad sus gastos

Por IDESA (*)
Uno de los componentes más importantes del Presupuesto Nacional para el año 2013 es el referido a las empresas públicas. Un rasgo significativo es que se mantiene un muy bajo nivel de transparencia en la gestión de esta parte del Estado y enormes desequilibrios que son cubiertos con fondos del Tesoro. La principal novedad es que se incluyen exenciones impositivas a Aerolíneas Argentinas. Sorprende la manera en que se reproducen los mismos errores que llevaron a la crisis terminal de las empresas públicas en la década de los ‘80. 
En general, en los países avanzados las empresas públicas operan bajo similares niveles de eficiencia y sustentabilidad que las empresas privadas. Esto no es casualidad, sino el resultado de reglas que llevan a contar con cuadros gerenciales de excelencia y responsabilidad de sus trabajadores en las empresas del Estado. Prevalecen estrictas exigencias de transparencia en la gestión, sometimiento a regulaciones, competencia y el rechazo a que la contratación del personal sea usada como un medio para devolver favores personales o políticos. El uso de subsidios desde el presupuesto público es acotado y muy controlado. Esta forma de organizar las empresas públicas también se está empezando a observar en varios países latinoamericanos, como Brasil, Chile y Uruguay. 
Lamentablemente en la Argentina prevalecen otros criterios. Una evidencia surge de las proyecciones económicas que contempla el Presupuesto 2013 para las 29 empresas públicas dependientes del Estado nacional. Aunque este informe es parcial (no incluye ni Aerolíneas Argentinas ni YPF debido a que tienen pendiente la resolución de su propiedad), y se trata de proyecciones que generalmente subestiman los problemas financieros, resulta muy sugerente que, para el año próximo, se prevea lo siguiente:
· Las erogaciones totales de las 29 empresas públicas serían del orden de los $61 mil millones.
· Los ingresos propios sumarían apenas $27 mil millones; es decir aproximadamente el 45% del total de erogaciones.
· Los déficits a cubrir con fondos del Tesoro nacional llegarían a unos $34 mil millones.
Estas proyecciones oficiales del Presupuesto 2013 alcanzan para demostrar que las empresas públicas constituyen una de las principales fuentes generadora de déficit fiscal. Los $34 mil millones que se estiman destinar a financiar los desequilibrios de empresas públicas equivalen a aproximadamente el triple de lo que se asigna a la Asignación Universal por Hijo.
Como si esto fuera poco, la principal novedad en la ley de Presupuesto 2013 es que establece una condonación de deudas impositivas a favor de Aerolíneas Argentinas. Se trata, por un lado, de un nuevo agravio al federalismo. En lugar de que los impuestos sean distribuidos a través de la coparticipación, los fondos son apropiados por la empresa. La lógica subyacente es priorizar las ineficiencias de la empresa aérea en desmedro de los servicios básicos que administran las provincias como educación, salud y seguridad. Por otro lado, es un síntoma de que este tipo de degradación institucional se acelera. No sólo los déficits son grandes y los controles mínimos, sino que es mucho más difícil dimensionar el costo de la mala gestión cuando se encubren con privilegios impositivos.
Para que las empresas públicas ayuden a un proceso de desarrollo social es fundamental que no gocen de ningún tipo de privilegio y que sean sometidas a estrictas reglas de transparencia. Desde el punto de vista financiero, se deben autosostener, a menos que alguno de sus servicios genere un valor social estratégico que justifique un subsidio focalizado. Un testimonio concreto, cercano y contundente es la decisión del gobierno uruguayo de pedir la quiebra a la aerolínea estatal PLUNA.
En la Argentina prevalece una lógica diferente. Las empresas públicas operan como un mecanismos a través del cual se canalizan fondos públicos a un ámbito de gestión donde predominan controles mucho menos estrictos que en la administración pública central. Así, se potencian el clientelismo y la corrupción, mientras llega al extremo la ausencia de profesionalismo, transparencia y austeridad. De manera acelerada se repiten los mismos fenómenos que llevaron al colapso terminal de las empresas públicas de fines de los ´80; olvidando que esta crisis fue la que legitimó y motorizó las liquidaciones y privatizaciones de la década de los ’90.
(*) IDESA. Informe Nº 463 del 14 de Octubre de 2012.