viernes, 12 de octubre de 2012

Juez amigo se busca para el operativo 7D

Por Jorge Enríquez (*)
En su afán de imponer el relato único y de evitar todo control para asegurar la impunidad y profundizar el autoritarismo, el gobierno ha elegido una fecha a la que le concede cierto efecto mágico: el 7 de diciembre próximo. O, como lo denomina en las propagandas oficialistas que pasa Fútbol para Todos, el "7D".

En esa jornada, que para el kirchnerismo tiene la mística del histórico Desembarco en Normandía y que ha convertido esa fecha en icónica, como el inicio de la “madre de todas las batallas”, pretenden desguazar al grupo Clarín. Se fundan en una arbitraria interpretación de un fallo de la Corte Suprema en el marco de la causa en la que Clarín cuestiona la constitucionalidad del artículo 161 de la ley 26522, de medios audiovisuales que impone una "desinversión" en el plazo de un año para aquellas empresas que tengan más de cierto número de medios de comunicación por área de cobertura. En esa sentencia, la Corte acotó la duración de una medida cautelar que protege a dicho grupo, estableciendo como fecha máxima para que rija la del 7/12/2012.

Pero si a esa fecha no hay sentencia de fondo ni el juez prorroga la cautelar, entonces comenzará a correr el plazo de un año que fija la ley. Es decir, el 7D no debería pasar nada.

Pero no es eso lo que pretende el gobierno. Como el juzgado Nº 1, interviniente en esa disputa está vacante, desea poner una jueza adicta. Para ello, sus operadores en el Consejo de la Magistratura hacen todo lo posible para que una Dra. María Lorena Gagliardi, directora del ONABE y de probada militancia y lealtad K, sea esa persona.

Como no les dan los números, idearon un atajo. Le indicaron a Gagliardi que recusara al juez de la Cámara Federal, Ricardo Recondo, quien integra el Consejo y es de los que se oponen a su designación.

La recusación promovida no sólo carecía de todo fundamento legal, sino que se basaba en un documento apócrifo, en una fotocopia de una resolución judicial que Recondo no había firmado, la cual fue presentada por la aspirante del oficialismo al cargo vacante, lo que por sí solo debería ser un motivo suficiente para rechazar su designación, por falta de idoneidad moral.

Por lo demás, la recusación intentada es absurda, porque si fuera procedente permitiría que una mayoría simple se erigiera en mayoría calificada - como la que la ley exige para la postulación de jueces - con sólo separar a algunos miembros de ese cuerpo colegiado.

 Un papelón completo. No obstante, siguieron adelante con la mascarada.
Por ahora, no les salió la jugarreta. Centenares de abogados y ciudadanos se reunieron los dos últimos jueves para protestar por esa tropelía ante el Consejo de la Magistratura.

Los cantos y las consignas alentaban la defensa de la independencia judicial y de los valores republicanos.

Las concentraciones podrían ser recordadas como unas de las tantas que, cotidianamente, realizan diversos grupos frente a los edificios públicos porteños, a no ser por una serie de elementos que marcan una cierta evolución política con proyección, al menos, en el foro porteño.

Por lo pronto se encontraban presentes hombres de distintas extracciones y que muchas veces se han enfrentado en la política nacional y en la propia del foro. Para ninguno de ellos,  nadie de los restantes presentes fue el “límite” que no podía cruzar para la acción política. El rechazo a la manipulación de la justicia fue el denominador común que los convocó a todos, por ello otro dato inédito del acontecimiento lo constituyó la participación de numerosos jueces en la manifestación.

Obturado ese camino, intentaron recusar al juez Raúl Tettamanti, que es quien debía intervenir como magistrado subrogante. Como tampoco les salió la maniobra, el ministro de Justicia, Julio Alak, ejerció violencia moral sobre él (leáse, en buen romance, “apriete”), y logró que renunciara al cargo, a través de un escrito donde dejó claramente explicitada que la razón de su dimisión era la circunstancia apuntada.

Todo es posible cuando no hay respeto a la ley ni a la división de poderes. La ciudadanía tiene que permanecer activamente alerta. Es hora de resistir.

(*) Jorge Enríquez. Abogado, periodista y ex-legislador. Artículo publicado en Crónica y Análisis el 12 de Octubre de 2012.