lunes, 15 de octubre de 2012

La corrupción del peronismo

Por Diana Ferraro (*)
Desde sus comienzos, el peronismo ha sido percibido, desde la óptica liberal, como corrupto y, desde dentro del mismo peronismo, como revolucionario y justiciero y, por lo tanto, sujeto a la regla de que el fin justificaba los medios. Como liberal, puedo ver claramente en el período 45-55 los rasgos totalitarios y el uso del Estado para adelantar la causas justicialista y lamentarlo, pero como peronista, no puedo sino alegrarme de que haya triunfado la revolución que permitió el acceso de millones de trabajadores a los derechos sociales y políticos y a formar parte de una mayoritaria y sana clase media. Con malos modales democráticos, el General Perón logró lo importante: una Argentina más justa y democrática, objetivo liberal si los hay.


A pesar de la contrarrevolución “libertadora” la Argentina nunca volvió atrás, aunque se le dificultó la marcha integrada hacia su futuro natural. El estigma de corrupción, con el General Perón en el exilio, se trasladó al único poder peronista remanente, el sindical, que tuvo que defenderse, otra vez, con malos modos democráticos e institucionales para no perder las conquistas frente a un estado, que con autoridades elegidas o con militares golpistas, hacía fuerza, y mucha, para volver atrás.
Con el regreso del General Perón en 1972 al país y en 1973 a la Presidencia, la palabra corrupción se cayó de la boca de la mayoría de los argentinos, unidos por fin en la idea de que la revolución justicialista había triunfado, que los trabajadores serían parte de la clase media y parte activa de las fuerzas del país para siempre, y que el justicialismo había entrado en su etapa institucional, expresándose como fuerza política en el Partido Justicialista. La raya entre lo legal y la corrupción la trazó el mismo General Perón con su famosa frase: “Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada.” Después murió, y de ahí hasta hoy, el peronismo ha sido el responsable de adelantar o atrasar el reloj de la historia, ya volviendo a la corrupción inicial de usar el Estado para fines personales o partidistas, o, por el contrario, obedeciendo específicamente el legado institucionalista del General Perón, para salvaguardar la revolución y el poderío de la única clase de argentinos que desde el triunfo de ésta mueve el amperímetro del peronismo: los que trabajan, ya como empresarios, ya como asalariados.
En esa hora de la historia estamos, en la de recuperar el legado institucional y en la de hacer respetar las leyes. En el Estado hoy anida una irresponsable y corrupta banda de lo que el General Perón llamó con toda claridad “delincuentes” y el pueblo argentino está en clara rebelión contra este estado de cosas. No se trata sólo de un tema de creación de riqueza y de reparto—un tema al cual el peronismo contemporáneo le debe una sería y dedicada discusión para actualizar sus instrumentos de gestión de la economía nacional—sino del respeto a la ley, como única forma válida de convivencia pacífica dentro de una comunidad nacional.
En este sentido, todos los dirigentes peronistas de la oposición, más sus aliados del PRO y de otros partidos, deben actuar con presteza y diligencia reclamando la acción de quienes deben controlar el funcionamiento del Estado. Es inadmisible tener un vicepresidente con tamaña causa judicial pendiente, más inadmisible aún una presidente que lo sostiene quizá por temer ella misma la reapertura de viejas causas judiciales que expliquen su patrimonio y de nuevas causas que expliquen otras mentiras e ilegalidades, e igualmente inadmisible tener variancias de la delincuencia en otros estamentos del estado, desde jueces corruptos tolerantes con la corrupción del poder hasta funcionarios habilitados a intervenir de modo igualmente corrupto sobre las libertades individuales y el desenvolvimiento normal de instituciones y empresas. Que esta gente haya bloqueado el Partido Justicialista, usurpe el nombre de “peronista,” y tenga al país en vilo con el temor de que estemos dirigiéndonos hacia una dictadura populista a la venezolana, y que merezca con justicia el nombre de corrupta y de autoritaria, no sepulta el legado institucionalista del General Perón y mucho menos, al peronismo vigente dispuesto a reivindicar este legado.
Sí los argentinos tenemos la obligación de exigirle a estos verdaderos peronistas que se manifiesten con claridad, para limpiar el nombre hoy secuestrado y robado del peronismo, y también para mostrar y ser testimonio de que la revolución peronista realmente valió la pena.
Si el único fin de esta revolución fue permitir que, en su nombre, ambiciosos y ambiciosas se enriquecieran y se llenaran los carrillos con palabras mentirosas con las cuales engañar a la gente detrás de las banderas robadas, entonces el peronismo irá a morir en el fracaso, arrastrando con él a la inmensa, multicolorida y alegre clase media que supo formar, y con ésta, a la Nación misma.
Si, por el contrario, la palabra del General Perón—que fue quien a conciencia empezó todo esto, con confianza ciega y total en él mismo, en los argentinos y en el futuro de la Argentina—sigue viva en los que lo continuaron, el regreso a la ley se producirá. Como decía el mismo General Perón en su despedida del 12 de junio de 1974: “Cuando el pueblo tiene la persuasión de su destino, no hay nada que temer.”
Los argentinos sabemos que nuestro destino no es el de la corrupción y el de la delincuencia, aunque todos los días desesperemos porque eso es lo que tenemos hoy delante de las narices. Los responsables más inmediatos en la tarea de recuperar nuestro destino somos todos y cada uno de nosotros, en primer lugar, y luego los responsables institucionales en desacuerdo con el actual estado de delincuencia y corrupción encaramado en sectores del Estado, a saber: los jueces independientes y la muy responsable Corte Suprema de Justicia; los diputados y senadores que deben responder al mandato de quienes los votaron y no al dedo de quien los anotó en la lista; y los gobernadores peronistas, en especial aquellos con mandato dentro del Partido Justicialista, que deberán decidir de una vez si son parte de la corrupción o su enemigo.
(*) Diana Ferraro. Escritora, periodista, analista política. Artículo publicado en Peronismo Libre el 14 de Octubre de 2012.