miércoles, 3 de octubre de 2012

No aprendimos la lección de la historia

Por Alberto Benegas Lynch (h) (*)
Desde el Gobierno se impulsa una economía cada vez más dirigista, al tiempo que se pretende poner en jaque la “matriz liberal” de la Constitución. Todo eso tiene un costo.

Estamos perdiendo la república a pasos agigantados, puesto que se les da la espalda a sus tres ejes centrales: el respeto al derecho, habitualmente referido como igualdad ante la ley; la transparencia y responsabilidad por los actos de gobierno, y la alternancia en el poder. Por su parte, la democracia está mutando en cleptocracia. Ahora se apunta a la demolición de marcos institucionales que por lo menos quedaban en pie en la letra. 

Se pretende aniquilar la “matriz liberal” de nuestra Constitución. Después de años, reaparece la visión autoritaria del proyecto constitucional del rosista Pedro De Ángelis y la también fracasada propuesta de Mariano Fragueiro, en oposición al criterio que afortunadamente prevaleció, de Pellegrino Rossi y Juan Bautista Alberdi. Se recurre a las ideas de Arturo Sampay, estampadas en su libro La crisis del Estado liberal-burgués, que condujo al engendro de 1949.

Nos deslizamos hacia la destrucción de los pilares del Código Civil. De por sí, Alberdi había subrayado que no debió promulgarse, en atención al debido respeto al federalismo, en cuyo contexto destacó el caso de Estados Unidos, que no promulgó Código Civil a nivel federal.
Las libertades están siendo estranguladas. Tocqueville ha escrito que “el hombre que le pide a la libertad más que ella misma ha nacido para ser esclavo”. Y no se trata de que alguien de la llamada oposición el día de mañana sustituya al actual elenco gobernante, repruebe los modales, pero mantenga el modelo, léase el manotazo al fruto del trabajo ajeno. 

No se trata tampoco de esperar que otros sean los que resuelvan los problemas, en lugar de asumir cada uno la responsabilidad por el estudio y la difusión de los fundamentos de la sociedad abierta. Por último, no es cuestión de elucubrar frívolamente sobre los precios de las commodities, sino calar hondo en la decadencia moral e intelectual a la que asistimos. Está en juego la libertad, lo cual equivale a decir que está en juego nuestra condición humana, tan degradada hoy por los aplaudidores del discurso oficial.

Resulta tragicómico observar la petulancia de la pretendida regimentación de la economía desde el aparato estatal, con la que se concentra ignorancia, ya que el conocimiento es, por su naturaleza, fraccionado y disperso. Hace falta cierta dosis de biblioteca para incorporar la modestia suficiente y comprender la imposibilidad de dirigir y coordinar millones de arreglos contractuales desde el vértice del poder. El Gobierno ataca la propiedad a través del manejo del flujo de fondos de empresarios acobardados por el aluvión estatista en sus negocios “privados”, que en verdad están cada vez más privados de independencia.

Recientemente, en la celebración por el Día de la Industria (otra vez por cadena nacional), se reiteró que el proyecto político de la actual gestión adopta el esquema anacrónico y xenófobo de la “sustitución de importaciones”; es decir, lo que puede comprarse a 10 se pagará 20, con lo que se dilapidarán factores productivos y, consecuentemente, los salarios, en términos reales, serán aún menores (recordemos la ironía del decimonónico Bastiat, que propuso tapiar todas las ventanas “para promover la industria de las velas y así protegerse de la competencia desleal del sol”).

A la tan deteriorada educación estatal (mal llamada “pública”, puesto que la privada es también para el público) se suma el engreído adoctrinamiento por parte de la “militancia”, una palabra nunca mejor empleada, puesto que proviene del acatamiento vertical y la ciega obediencia. Tampoco ayuda la declaración del ministro de Educación en apoyo a las tomas de colegios, ni ayuda a preservar la concordia la aceptación de la conducta de “barrabravas” (un subterfugio para ocultar su naturaleza criminal) ni permitir que encarcelados asistan a actos políticos gubernamentales.

En nombre de los “derechos humanos” (un pleonasmo, puesto que no hay derechos vegetales, minerales o animales) se condena la repugnante metodología de la guerra contra los terroristas que dio lugar a la inaceptable figura del “desaparecido”. En nombre de aquello se aplica una justicia tuerta y una llamativa hemiplejia moral, puesto que no se procesa a los forajidos que dieron inicio a las trifulcas con sus matanzas, torturas y secuestros, a pesar de las claras definiciones y precisiones del Estatuto de Roma.

La inflación responde a un incremento anual del 32% en la base monetaria, que distorsiona los precios relativos y, a su vez, induce a los operadores económicos al derroche del siempre escaso capital. En el sector financiero, también el Gobierno impone el manejo arbitrario del 5% de la cartera de préstamos de bancos privados al 15% de interés.

Esto se lleva a cabo en el marco de un gasto público descontrolado del 33% anual y un déficit del 5% del producto financiado con las antes mencionadas emisiones de la banca central a través de adelantos al Tesoro que se toman como un roll-over indefinido, sin declarar los correspondientes quebrantos de la autoridad monetaria. Esa situación se vincula con una falsa contabilización de reservas, puesto que, además, no se computa la deuda con Bruselas, la deuda en default, los pasivos contingentes con el Ciadi. La fuga de dólares representa el 40% del total de las existencias de octubre del año pasado.

Hay medulosos estudios que estiman que la presión fiscal promedio es del 60% del producto, voracidad que tiene lugar a pesar de que el Gobierno se apoderó de los fondos de la jubilación privada, que se destinan a encarar aventuras de diversa naturaleza, como otorgar créditos hipotecarios a tasas que no cubren ni remotamente la depreciación monetaria, al tiempo que no se atienden los cientos de miles de juicios de los pensionados por haberes impagos.

Los medios de transporte y la energía han sido abundantemente subsidiados en las tarifas y los respectivos precios, con lo que las inversiones en esos rubros se han paralizado. A eso se agregan la confiscación de YPF y el insólito decreto 1277, a través del cual el aparato estatal pretende manejar a su arbitrio toda el área petrolera en medio de acuciantes problemas. Eso, entre otras cosas, augura para la mencionada empresa la suerte de Aerolíneas Argentinas, que pierde dos millones de dólares diarios, puesto que no se puede “jugar al empresario” si no se arriesgan recursos propios fuera de la órbita del privilegio estatal.

Los conflictos sindicales se acentúan en una despiadada disputa por ver quién es más favorecido por la ley de asociaciones profesionales y convenios colectivos. Los despidos y los cierres de fábricas están a la orden del día. Sirvan como ejemplo los 150 frigoríficos cerrados debido a una política que liquidó doce millones de cabezas de ganado. El sector agropecuario se queja de las retenciones (en verdad, impuestos) y la obligación de liquidar en el mercado oficial, denominado libre y único, pero que no es lo uno ni lo otro.

Las operaciones inmobiliarias descienden, según los registros de las escrituras, junto con una merma abrupta en la construcción y ventas menores de electrodomésticos, automóviles y otras áreas sensibles, por lo que la inversión de bienes de capital decreció un 42% desde principios del corriente año. La deuda pública externa se ha sustituido por la interna, elevada sólo en los tres últimos años en 31.500 millones de dólares (similar a la cancelación con el FMI).

Este racconto pone en evidencia el estado de descomposición de la Argentina, que antes de que se volviera fascista en los años 30 y del advenimiento del peronismo era la admiración del mundo en cuanto a sus niveles culturales y materiales, por lo que la población se duplicaba cada diez años a raíz de las formidables oleadas de inmigrantes que venían a “hacerse la América”, en vista de que los salarios del peón rural y los obreros de la incipiente industria eran muy superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España.

Hace décadas y décadas que venimos a los tumbos. Es de esperar que no tenga razón Aldous Huxley cuando escribió que “la gran lección de la historia es que no se ha aprendido la lección de la historia”.

(*) Alberto Benegas Lynch (h) es Presidente del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Artículo publicado en La Nación.