viernes, 5 de octubre de 2012

Momentos históricamente gravitantes

Por Carlos Manuel Acuña (*)
Los sucesos protagonizados desde el comienzo por los suboficiales de la Prefectura Naval, a los que se sumaron enseguida los de la Gendarmería Nacional, poseen una importancia superior a los puntos que con toda justicia reclaman. El tema salarial operó como disparador de una crisis más profunda provocada por el ideologismo e incapacidad de las autoridades del área de Defensa -factores que los propios suboficiales hicieron extensiva a la presidente de la República- que por prejuicios políticos y de resentimiento marcaron el hondo malestar que existe en la totalidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Para algunos observadores, lo que ocurre es comparable a la Operación Dignidad que en su momento se realizó contra el inicio de la persecución que puso en marcha el gobierno de Ricardo Alfonsín. Cuando esa actitud militar se diluyó, el aceleramiento del escarnio contra las estructuras militares avanzó hasta límites constitucionalmente insostenibles, para culminar con prisiones a oficiales y suboficiales de todas las Fuerzas, sin excepción.

Esta política también abarca a los sectores civiles pero el caso que hoy nos ocupa está estrictamente relacionado con otra consecuencia de lo que sinópticamente hemos descripto: la desactualización de los salarios que se abonan a todas las jerarquías, los cuales pueden calificarse simplemente de ridículos si no fuera por el contenido ofensivo que contienen. Los voceros del movimiento que se puso en marcha, destacaron hasta el cansancio y pusieron por escrito, que no se trata de un proceso político y mucho menos contrario a la democracia, dato elocuente que dejó a las autoridades políticas del país sin los habituales argumentos que utilizan para agraviar a todo lo que representa una estructura que lleve uniforme. 

Por primera vez, los políticos de todos los sectores se quedaron sin argumentos para oponerse a la acción desplegada por los suboficiales, acción que ha sido tan elocuente que llevó a que sean sus propias familias las que hicieron elocuentes declaraciones acerca de los padecimientos económicos que deben enfrentar. Esto último fue ampliado por quienes actuaron como voceros, al destacar que hoy día deben cumplir funciones ajenas a sus formaciones y vocación. Así, un representante de la Gendarmería subrayó que su deber siempre ha sido el de defender y controlar las fronteras de la República y “no hacer boletas de tránsito” o actividades urbanas de seguridad con los consiguientes problemas que generan otros, escalonados y no deseados. Más aún, insistieron en las necesidades logísticas que no son satisfechas, fenómeno extendido a las ahora incapacidades funcionales de todo lo que significa defensa y seguridad del país.

El tema es mucho más profundo de lo que parece. Nilda Garré, en vez de renunciar a su cargo relevó a las cúpulas de la Gendarmería y de la Prefectura, pero la hondura de lo que ocurre se expresó con la opinión de que esa medida era insuficiente y se redactó el petitorio ampliatorio cuyo punto central era incrementar los haberes y normalizar la totalidad de la política administrativa en la materia. Terminaba la tarde de ayer y la crisis se extendía hacia otras Fuerzas -siempre en las jerarquías de la suboficialidad- pues se contó con el respaldo de sectores de la Armada Nacional, con lo que por primera vez se relacionó a los actores de Seguridad con los estrictamente militares. Para mayor amplitud del original fenómeno que se registraba institucionalmente, elementos de las Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires se incorporaron o hicieron saber que respaldaban lo que ocurría. La síntesis, además de económica, significaba el hartazgo por la adquirida costumbre persecutoria a la que se ven sometidos y en el caso policial -aunque al cierre de este artículo no se lo había mencionado expresamente- al hecho reconocido de que cuando actúan contra delincuentes corren el severo riesgo de caer en la inversión de los resultados: el delincuente o sale en libertad o recibe penas débiles comparadas con su peligrosidad, en tanto el policía es tratado como si él fuese el delincuente. 

El meollo de este tema, forma parte de la inseguridad que prevalece en la sociedad argentina, inseguridad impulsada, además, por una legislación acorde o contribuyente a lo que sucede.

Partimos en nuestro comentario de la realidad salarial que sacude a las estructuras militares, de seguridad y policiales y nos insertamos en la cuestión moral y del ahogado profesionalismo que agrede a las vocaciones y al cumplimiento de los deberes impedidos de cumplirse como corresponde. En la intimidad de lo que ocurre subyace el ánimo persecutorio al que aludimos, a los ascensos merecidos pero no alcanzados por “portación de apellido” y al desconocimiento de los méritos y perfomances. El número de policías muertos en lo que va del año, sólo es comparable con el crecimientos de los asesinatos, los asaltos y robos y la saña con que son cometidos. En pocas palabras, a la par de la convocatoria a actuar serena y civilizadamente, la movilización de los suboficiales sirvió, de hecho, para hacer una radiografía de la situación argentina que tiene otros componentes, como lo vamos a ver enseguida.

Los políticos, asustados, produjeron un comunicado convocando al sometimiento de las autoridades competentes, pero la crisis es tan profunda que nadie le dio importancia a ese documento y en cambio, espontáneamente, surgió la respuesta que insistía en el estricto cumplimiento de las medidas que se reclaman y la exigencia de que no se aplicaran medidas administrativas contra los responsables del pronunciamiento. Hubo propuestas de sectores gremiales y políticos para sumarse, que fueron rechazadas -sólo se aceptaron aquellas que tenían conductores militares- y para que no cupieran dudas, la asamblea que se había formado rechazó abiertamente una declaración del Frente para la Victoria y desde el primer momento se quitó de la escena a un cabo principal de la Gendarmería por su pertenencia a La Cámpora. Toda una definición.

Entre tanto, al cierre del día mientras se esperaba en el edificio Centinela a la nueva cúpula de la Prefectura, se hacía saber que apoyaban a los oficiales que durante los últimos días trataron de impedir la modificación de los salarios que fueron reducidos, se ampliaron los reclamos de actualización de los ingresos a todos los pensionados y se hacían llegar con la identificación correspondiente, el apoyo de suboficiales de todas las Fuerzas desplegadas en el interior del país. De hecho, lo que ocurría era bien visto por todas las jerarquías -en la Gendarmería hubo una excepción que generó una rechifla- y se insistió en que las Fuerzas de Seguridad rechazaban la obligación impuesta por el poder político, de cumplir funciones ajenas a su formación. Concretamente, se hacía referencia a la curiosidad que significa realizar tareas que les corresponde a las Policías cuya participación en el reclamo confirmaba esta exigencia. También a la necesidad de que todos contaran con los elementos necesarios para afrontar los riesgos con las lógicas seguridades técnicas.

Mientras tanto, en la conducción del gobierno se trataba de ocultar la preocupación por lo que ocurría, pues en los hechos se cuestionaba el componente ideológico que subyacía en los actos del oficialismo aunque se respetaba totalmente el esquema democrático y constitucional que debe regir el país. La otra cara de la moneda, por así decirlo, estaba dada por el estado de salud de la presidente Cristina W. Fernández, quien debió ser atendida por sus médicos en la Quinta de Olivos, donde debieron darle tranquilizantes. Esto se comentaba en determinados niveles que no desconocían que días atrás se había realizado en Córdoba una reunión de suboficiales -seguramente no sería desconocida por la superioridad que nunca intervino- que habría sido preparatoria del reclamo al que más tarde el jefe de Gabinete, Abal Medina quiso otorgarle un carácter “destituyente”, posición que fue rechazada desde el primer momento.

Internamente, la principal responsable, Nilda Garré, intentaba zafar del problema sin poder disimular su enfrentamiento con el teniente coronel Berni, un médico militar que administrativamente es su subordinado pero que políticamente compiten en autoridad. El desgaste que esto implica forma parte de la crisis que día a día crece integralmente.

Al respecto podemos citar algunos factores que influyen de manera notable. Por ejemplo, cuando venza el primer plazo legal para que el siete de diciembre Clarín inicie un proceso de desinversión, el caso será elevado a la Suprema Corte de Justicia. Allí, el presidente Lorenzetti ya se habría definido taxativamente junto con otros tres ministros, a favor del punto de vista legal de la mencionada empresa periodística. En el campo opuesto y en minoría, están ubicados Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Highton de Nolasco. De allí los fracasados esfuerzos de la Casa Rosada por designar a una juez federal que favorecería los deseos de Cristina pese al escándalo que esto significaría. Concurrentemente, Horacio Verbitsky, un firme asesor del Poder Ejecutivo, muestra un ánimo alicaído y se pronuncia periodísticamente de manera dubitativa, posición que abre una gran duda acerca de cuál será su comportamiento si renuncia Garré -francamente desgastada por los sucesivos fracasos en materia de seguridad pública, con cien designaciones de personal inexistente en su cartera- si el general Milani debe abandonar los dobles cargos que posee en el Ejército y los restantes socios que apoyan la política del CELS que es la que rige para todo el ámbito castrense, se suspende o modifica. Verbitsky parece en retirada o al menos confuso mientras espera el apoyo de las izquierdas que cobran mensualmente de las cajas del oficialismo. 

Entre tanto, al cierre de este escrito, las exigencias de los suboficiales que vencieron políticamente a Garré encontraron aliento en el PICEFA (nuclea al personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), se conoce el penoso dato de que el jefe de la Gendarmería, comandante Schenone, cobra 80 mil pesos mensuales, y para concluir, digamos que se mantiene el reclamo por un piso de siete mil pesos. El “postre” está dado por la detención de la Fragata Libertad en el puerto africano de Ghana por un pedido de embargo de un “fondo buitre” de pocos millones de dólares. Tal vez esto contribuyó al pedido de retiro del atribulado almirante Paz. En el fondo, esto refleja otra realidad: a nadie le importa el perdido prestigio de nuestra ex República Argentina.

(*) Carlos Manuel Acuña. Gestor de "Tabano Consultora". Artículo publicado por Informador Público el 4 de Octubre de 2012