lunes, 8 de octubre de 2012

Se reduce el presupuesto 2013 de gendarmería y prefectura

Por IDESA (*)
El conflicto en torno a Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias. Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%. Esta crisis es otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución.
En el régimen federal que adopta la Constitución Nacional, la responsabilidad por la seguridad interna de los ciudadanos es jurisdicción de las provincias. De allí que el pilar básico en el que se sustenta la protección pública sean las fuerzas policiales que se financian y gestionan desde cada una de las provincias. De las policías provinciales depende la prevención y represión de los delitos comunes, la gran mayoría de los que sufre la población. El rol del Estado nacional en temas de seguridad interna es complementario e incluso secundario. Su principal finalidad es abordar los problemas de seguridad que trascienden el territorio de una provincia, como el control fronterizo nacional (Gendarmería y Prefectura) y los delitos federales (Policía Federal).
Sin embargo, en la asignación de los recursos públicos para atender los temas de seguridad interna aparecen muy visibles desbalances. Por ejemplo, los datos oficiales de las ejecuciones presupuestarias nacional y provinciales para el año 2011 muestran que:
· El Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10,7 mil millones, los cuales se deberían destinar –en teoría– al cuidado de fronteras y los delitos federales.
· La provincia de Buenos Aires destinó $7,5 mil millones para brindar seguridad interna a 15,8 millones de habitantes.
· La provincia de Córdoba destinó $2,3 mil millones para brindar seguridad interna a 3,3 millones de habitantes.
Esta información señala que el Estado nacional eroga en seguridad interna un monto superior al que demandan las policías de Buenos Aires y Córdoba, es decir, las fuerzas de seguridad que tienen la responsabilidad de proteger de los delitos comunes a casi la mitad de la población del país. Aunque se trata de una comparación compleja, resulta muy difícil justificar la relativa abundancia asignada a fuerzas nacionales cuando los delitos fronterizos y federales no parecen ser más frecuentes y graves que los delitos comunes que afectan de manera más directa a la población (robos callejeros, asaltos al domicilio, violaciones, asesinatos, etc.).
Más allá de que la causa inmediata de esta crisis es la impericia de gestión, la cuestión de fondo es que el centralismo fiscal extremo induce a ineficiencias profundas y no sostenibles. En la lógica del centralismo, el Estado nacional acapara recursos para “engordar” organismos nacionales que terminan ejecutando acciones superpuestas con las provinciales. Testimonios muy ilustrativos son la Policía Federal y la Prefectura ejecutando acciones que son responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y Gendarmería haciéndose cargo de acciones que deben ejecutar las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.
Con la abundancia de recursos gracias al favorable contexto internacional, el esquema parecía sustentable, más de allá de que fuera ineficiente. Pero todo tiene un límite. Los reclamos salariales en las fuerzas de seguridad nacionales se adelantaron a un ajuste más profundo que se propone en el proyecto de Presupuesto 2013. Allí se proyecta que las partidas para Gendarmería y Prefectura crecerán apenas un 2,3% entre los años 2012 y 2013, porcentaje muy inferior a la proyección de inflación oficial del 11,2%.
La estrategia de que, ante un problema, no se aplica una solución sino una superposición multiplica el gasto público, sin que la gente reciba mejores servicios. Prueba de ello es el gasto superpuesto en seguridad, acompañado de cada vez más delitos. La gente paga más impuestos, reciben menos seguridad pública, los hogares con ingresos buscan paliativos pagando seguridad privada y los pobres quedan en total desamparo. La solución pasa por construir el régimen federal que fija la Constitución. El desafío es complejo porque va a demandar desmontar las megaestructuras administrativas nacionales generadas por las superposiciones, donde se cobijan cada vez más intereses espurios.
(*) IDESA. Informe Nº 462 del 7 de Octubre de 2012.