viernes, 30 de noviembre de 2012

Buitres y garcas

Por Ricardo Saldaña (*)

Los tenedores de bonos argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos.
 La República puede estar dividida hondamente en partidos internos;
 pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños”. Nicolás Avellaneda (1876)


Nuestros abuelos depositaron sus sueños en el país de Avellaneda, de Alberdi, de Sarmiento; un país que honraba sus compromisos, más allá de cualquier especulación. Esa reputación atrajo inversiones que potenciaron esos sueños, convirtiendo a la Argentina en un modelo a imitar: el país de mayor movilidad social en el mundo.

Los beneficios de esa conducta fueron innegables. Durante la gestión de Avellaneda, el PBI per cápita argentino alcanzaba al 67 % del PBI per cápita promedio de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Seis años después había trepado al 82 %, en 1891 llegaba al 91 %, y para fin de siglo había superado claramente a la media de Europa Occidental.

Menos de un siglo y medio después, en cambio, en términos de confiabilidad financiera, Argentina es considerada poco menos que un forajido, condenado a la vergüenza internacional de tener que esconderse de sus acreedores.

El avance de la globalización demanda la adopción acordada de ciertos protocolos universalmente convenidos, como condición para no marginarse de las corrientes internacionales de intercambio comercial y financiero. Aquellos países que pretenden manejarse por fuera de los patrones de conducta homologados, son penalizados con el aislamiento al que se expone quien no cumple lo pactado, condición que, desde Roma hasta hoy, se considera la esencia de la civilización.

Desde aquel Félix Krull inmortalizado por Thomas Mann, hasta el impecable Frank Abagnale Jr. que compuso Leonardo di Caprio en el recordado film de Spielberg conocido aquí como “Atrápame si puedes”, el cine y la literatura han presentado a los estafadores como personajes simpáticos, casi queribles. En el mundo real, sin embargo, no constituye un galardón, ser reconocidos como tahúres, ventajeros o vividores, por la comunidad internacional.

El serio conflicto que enfrentamos con la justicia de EEUU por el impago a los holdouts resulta propicio para ensayar un ejercicio de reflexión  que trascienda el vano triunfalismo que exudan las onerosas bravuconadas oficiales. La sacralización de la cultura del pagadios, la consagración de la sociedad garca -como con impar agudeza la definiera Jorge Asís- constituye el peor daño que nos pudimos hacer como Nación.

En rigor, el entredicho es apenas un episodio más de nuestro secular desapego por el valor  confianza. El caso muestra un conjunto de acreedores cuyos derechos el país pretende desconocer arbitrariamente por no haber aceptado una propuesta de pago, procurando hacerlos valer conforme al marco jurídico al que nos debimos someter para ser confiables. Desde el mismo momento en que Roberto Lavagna anunció públicamente el exitoso cierre del canje de 2005, se pretendió instalar la absurda fantasía de considerar que el pasivo exigible se había reducido mágicamente a los títulos canjeados. Tamaño sinsentido es sólo comparable con la pueril descalificación moral que apela al reducido valor de adquisición de los bonos, desconociendo que es corriente y legítima la especulación con la cesión de créditos contra un fallido, una de cuyas variantes -compra de propiedades a precio vil a acreedores hipotecarios arruinados por la 1050- cimentó la fortuna que hoy disfruta CFK. Como anécdota, vale reconocer -nobleza obliga- que la cuestión de fondo pone en valor la lucidez de Anne Krueger, aquella subtitular del FMI que nos soltara la mano en 2001, que por entonces batallaba infructuosamente para crear un andamiaje jurídico que permitiera lidiar con los impagos soberanos.

Francis Fukuyama  define a la confianza como la expectativa que surge en una comunidad con un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación, basándose en normas compartidas por todos los miembros que la integran”[i] . Ese valor resulta imprescindible para construir un marco jurídico estable y efectivo que garantice la seguridad de los derechos de propiedad y de las personas, y un sistema de asociación privada relativamente transparente.

Lamentablemente, la impronta populista subyacente en vastas franjas de nuestra sociedad, tal vez residuo de un pseudomarxismo tardío, y probablemente fraguada en la latencia de una narración victimizante propia de una concepción exculpatoria adolescente, constituye un plancton cultural muy funcional a la mirada conspirativa impuesta por “el relato”. Dicha patología quizás no resulte ajena a un proceso de construcción de nacionalidad, que lejos de plasmarse en torno a la ley, se forjó en la invención de prácticas y símbolos que reforzaran una particular identidad cultural. En rigor, pareciera que “the rule of law” no cotiza alto dentro de nuestras preocupaciones  sociales, y los instrumentos institucionales que le dan sustento son vistos casi como especulaciones teóricas, sin arraigo en la realidad cotidiana.

Tal vez resulte provechoso rastrear en ese ethos tan singular, las razones de nuestra decadencia. Quien se asome al mundo con una mirada capaz de elevarse por encima de ese himno a la mediocridad que expresa la decadente exhortación a “vivir con lo nuestro”, fácilmente advertirá la notable correlación que se observa entre los patrones de calidad institucional de un país, y sus correspondientes indicadores de desarrollo humano y equidad social.

En cualquier caso, cabe interrogarse si un país cuya dirigencia política se exhibió con impudicia celebrando irresponsablemente el default como un triunfo deportivo, está en condiciones de repudiar la institucionalidad supranacional a la que tuvo que someterse para comprar reputación.

El genio visionario de Alberdi ya advertía, tanto en las “Bases” como en “Sistema Económico y Rentístico”, acerca del riesgo que suponía dejar expuesta la libertad económica a la posibilidad de ser reducida a palabras escritas y vanas, si no se la encadenaba a la garantía de estipulaciones internacionales, y que la manera de convertirla en verdad práctica y durable era ponerla bajo la protección de la civilización del mundo, disminuyendo los riesgos que hacen subir el interés.

Su lucidez anticipatoria proponía poner las instituciones económicas a resguardo de la arbitrariedad de la jurisdicción local, tras el blindaje del inabordable costo que supondría repudiar compromisos supranacionales. El tiempo ha venido a demostrar que no se trataba de una anomalía propia de la inmadurez de una joven nación.

Ciertamente, resulta inquietantemente revelador, verificar que nuestra infraestructura institucional se mostró impotente para impedir tropelías como la falsificación de las estadísticas públicas, la adulteración de las condiciones de emisión de instrumentos de deuda soberana, el saqueo de los ahorros previsionales, la confiscación de las reservas del Banco Central, y la imposición de arbitrarias restricciones al comercio exterior o a las transacciones con divisas. Como se vé, no sólo estamos flojos de papeles en materia crediticia.

Los pocos estímulos con alguna capacidad potencial de rectificar el rumbo se generan, no casualmente, a partir de las normas civilizatorias que son condición para ejercer la membresía a algunos colectivos internacionales. En efecto, no será el repudio interno, sino la amenaza de la “tarjeta roja” del FMI, el eventual freno a la salvajada del INDEC, así como la creciente acechanza de expulsión del G20 es el incentivo para movilizar un eventual intento de regularización de la deuda aún en default con el Club de París, o deponer la absurda rebeldía en cumplimentar la llamada revisión del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, de observancia obligatoria para todos los países miembros. De igual modo, sólo la amenaza del Grupo de Acción Financiera Internacional de incorporarnos a la lista de países indeseables movió al gobierno a impulsar frenéticamente el perfeccionamiento de la herramienta legal para combatir el lavado de dinero. La somera e incompleta reseña pone de manifiesto que las arbitrariedades de la jurisdicción argentina sólo parecen ceder frente a la necesidad de tener que someterse, sea por obligación o conveniencia, a una institucionalidad supranacional.
   
Alguien debiera hacerle notar a la presidenta el ridículo al que expone injustamente a su país, la jefa de una administración que no acata los fallos de su Corte Suprema, advirtiendo a los inversores internacionales sobre los riesgos de la plaza de New York.
25.11.2012
(*) Ricardo Saldaña


Referencia:

[i] Confianza: Las Virtudes Sociales y la Creación de la Prosperidad (1995)

Fuente: Comunicación personal del autor