sábado, 17 de noviembre de 2012

Dos calendarios

Por Vicente Massot (*)
Sería un esfuerzo baldío enredarnos en una polémica cuantitativa sobre las multitudinarias concentraciones que ganaron las calles del país el pasado jueves. ¿Hubo ese día más o menos personas en el Obelisco que hace 30 años, cuando Raúl Alfonsín e Italo Luder cerraron allí sus respectivas campañas electorales? ¿Es dable comparar el número de manifestantes que se apiñaron en la avenida 9 de julio con el del Monumento a la Bandera y el de los jardines de Palermo, en plena disputa entre el gobierno y el campo?
Preguntas de esta índole podrían hacerse una tras otra sin encontrar respuestas ciertas a las mismas. Pero aun si existiese un criterio legítimo para responderlas mucho no agregaría. En el fondo, poco importa cuánta gente se congregó el jueves 8 ó el 13 de septiembre. No pasa por ahí el meollo de la cuestión.
Para tener una idea de la envergadura del acto en la Capital Federal basta repasar las fotografías sacadas desde el Obelisco, precisamente, y publicadas por varios diarios. Si a ellas se le agrega el dato de que no sólo existieron protestas en las principales ciudades de la Argentina sino en localidades insignificantes en términos de población y en no pocas capitales y urbes emblemáticas del mundo, la conclusión salta a la vista. El fenómeno carece de antecedentes más allá de si orilló el medio millón de voluntades o no.
Estaba cantado que el 8N excedería con comodidad al 13S. También se sabía que la administración cristinista iba a hacer oídos sordos ante la realidad y trataría, al menos en los discursos públicos, de relativizar la importancia de los hechos. Una y otra cosa ocurrieron tal cual estaban previstas. Analizar significa, en este caso particular, mirar la secuencia de acontecimientos por venir y no tanto lo que pasó. Cualquiera con un mínimo de sentido común puede darse cuenta fácilmente del abismo que se ha abierto entre parte de las clases medias urbanas y el kirchnerismo.
De lejos el aspecto más importante del 8N es este y la razón se halla al alcance de todos: esas clases son las que deciden las elecciones en nuestro país desde tiempo atrás. La idea de que las clases bajas, como se estila denominarlas en el lenguaje vulgar, siguen siendo decisivas a la hora de votar, se da de patadas con la experiencia de las últimas décadas. Sí, fueron decisivas desde 1916 hasta 1983, poco más o menos, pero hoy su peso se ha reducido sin que ello signifique que el peronismo —cuyo fuerte estuvo concentrado siempre en el proletariado— haya perdido musculatura política. El menemismo y el kirchnerismo, cada cual a su manera, ganaron básicamente porque fueron capaces de sumarle a su clientela tradicional el aporte de las clases medias.
Pues bien, lo que parece reflejarse en fenómenos como el 8N o el programa conducido por Jorge Lanata —18 puntos de rating los domingos a la noche— es algo que registran las encuestas respecto de cómo califica la gente a la gestión gubernamental y quiénes y por qué se movilizaron el jueves de la semana pasada. Está claro que hay un cambio profundo en el humor de parte de la ciudadanía con la particular coincidencia de que, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, hubo el 8N un sector considerable de hombres y mujeres volcado a ocupar los espacios públicos que, en octubre de 2011, votó al Frente para la Victoria. Si sólo mirásemos la foto del 8N y nos preguntásemos por qué el viernes 9 o durante esta semana no se apreciaron modificaciones de consideración en términos del poder, habríamos equivocado el lente. Si bien las redes sociales han tenido y tendrán una incidencia superlativa en las pasadas y futuras convocatorias, Buenos Aires no es Cairo o Túnez. Es posible que la denominada —vaya uno a saber si con razón o no— primavera árabe haya sido producto más del Twitter, el Facebook y los teléfonos celulares que de la Hermandad Musulmana o de cualquiera de las múltiples fuerzas que se congregaron para voltear a los gobiernos de Mubarak y de Ben Ali.
Pero ahí se terminan las coincidencias.
Aquí no hay ánimos destituyentes y estas manifestaciones, salvo que mantuvieran su cohesión y no se disgregasen sus participantes, de por sí no son capaces de transformar la realidad de un día para otro. Si pudiesen repetirse semanalmente, tuviesen una estrategia concreta y decidiesen escalar en sus reclamos sin solución de continuidad, entonces sí representarían un poder fáctico. Pero —claro— nada de ello es posible. ¿Qué pasaría si en las próximas semanas el kirchnerismo decidiese pelearle la calle a estos autoconvocados, o como quiera llamárseles? Difícil saberlo aunque si el carácter pacífico del 13S y el 8N quedase atrás e irrumpiese la violencia —algo que, por supuesto, nadie puede descartar— habría que barajar y dar de nuevo. De hecho no faltaron voces en el elenco oficialista que aconsejaron enfrentar a los adversarios del gobierno en unos espacios que tradicionalmente han
sido mejor ocupados y manejados por la izquierda y los movimientos sociales que por clases y segmentos de la sociedad sin experiencia en la materia. Esta vez Cristina Fernández —a quien en principio le había gustado la idea— ordenó no confrontar.

Los acontecimientos, sin embrago, podrían tomar otro rumbo el 7 de diciembre y días subsiguientes en virtud de que la presidente tiene que ganarle la pulseada a Clarín sí o sí. Las medias tintas, después de todo lo que dijo, no le sirven, y si sus acólitos —siguiendo instrucciones precisas— rodeasen Cablevisión o Canal 13, no sería de descartar que se encontrasen con una manifestación contraria dispuesta a resistir el avance. El mencionado es un escenario probable con consecuencias impredecibles.
Hay, de acá a fin de año, dos distintos cronogramas —por llamarlos de alguna manera— con sus fechas emblemáticas. Uno es específicamente político: el 20 de noviembre se anuncia el paro —sin movilización— de la CGT moyanista y la CTA, con bloqueos a los accesos a la Capital para que no pueda ingresar el transporte público a la ciudad. La medida de fuerza revela la decisión de Hugo Moyano de redoblar la apuesta en contra del gobierno. Si Buenos Aires se quedara ese día sin transporte público, ¿qué importancia tendría el hecho de que la huelga de los camioneros no incluyera la movilización a Plaza de Mayo? La otra fecha clave es el 7 de diciembre por razones que no se necesitan explicar. Y el 10D Cristina Fernández amenaza convocar a sus seguidores a un acto en respuesta al cacerolazo del 8N.
El otro calendario es jurídico-financiero. Como se sabe, a fines de octubre la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificó un fallo previo del juez Thomas Griesa que intimaba a nuestro país a pagar a todos los bonistas, hubiesen o no entrado en el canje, de manera proporcional. Ello supone que el 2 de diciembre —cuando ocurra el primero de los tres vencimientos de ese mes— la Argentina también debería comenzar a pagar a los hold-outs. Al mismo tiempo, hay vencimientos de bonos provinciales en dólares, comenzando por los de la provincia de Buenos Aires, entre noviembre y diciembre. ¿Se abonarán en tiempo y forma? En el horizonte vuelve a recortarse la sombra de un default.
(*) Vicente Massot Doctor en ciencia política, profesor titular de la UCA y la UCEDA, director ejecutivo del grupo "La Nueva Provincia". Artículo publicado por La Prensa Popular (Director Nicolás Márquez) el 15 de Noviembre de 2012 en su Edición Nº 157.