viernes, 2 de noviembre de 2012

Hacia el estado policiaco

Por Gabriel Boragina (*)


Hasta la llegada de los Kirchner al poder, la Argentina era un país con un sector público altamente ineficiente, torpe y enormemente costoso. Estas, digamos, han sido desde siempre, las características que se atribuyen a la bien llamada burocracia. En tanto que el sector privado, si bien compartía en algunos casos ciertos vicios similares a su par público, mantenía en general, una cierta dosis de flexibilidad. Si medimos la burocracia en una escala que vaya del 1 al 10 siendo 1 poca burocracia y 10 la burocracia total, podríamos obtener el siguiente esquema anterior al asalto de los Kirchner al poder:

SECTORES
GRADO DE BUROCRATIZACIÓN DEL PAÍS
SECTOR PÚBLICO
6
SECTOR PRIVADO
4

 Podemos  decir, a ciencia cierta, que esta situación se ha modificado sustancialmente durante la "era Kirchner" dando el siguiente resultado:

SECTORES
GRADO DE BUROCRATIZACIÓN DEL PAÍS
SECTOR PÚBLICO
8
SECTOR PRIVADO
7

O sea, la burocracia ha crecido en dicha etapa en una forma fenomenal, tanto como un 33,33 % en el sector público, dato ya de por si preocupante. Pero lo verdaderamente alarmante en el periodo considerado, es el disparado aumento de la burocracia en el sector "privado" que se alza con un impresionante 75%.

Sería sumamente extenso desarrollar aquí en forma minuciosa todos los parámetros que tenemos en cuenta para arribar a los porcentajes indicados en los esquemas de arriba. Pero creemos que cualquier lector que viva en la Argentina y que trabaje -ya sea en forma dependiente o independiente- en un lapso medianamente prolongado,  podrá dar ejemplos de esta realidad.

En nuestra habitual actividad jurídica estábamos –lamentablemente- acostumbrados a la lentitud, mal trato, obstaculización constante y permanente, que sufrimos a diario en oficinas públicas, tribunales, reparticiones y demás dependencias administrativas y/u oficiales del llamado sector público (y que como hemos dicho muchas veces, debería denominarse con alguna mayor precisión, sector estatal, ya que los privados –sea en forma individual o conjunta- también prestan servicios públicos). 

Lo que, de alguna manera, es "nuevo" para nosotros -y ya no nos sorprende (sino que pasamos de la sorpresa a la alarma)- es ver cada vez con mayor frecuencia ese tipo de vicios (y muchos otros similares) en empresas y comercios privados. En efecto, ya sea que intentemos abrir una cuenta simple de caja de ahorros en un banco "privado" tanto como que pretendamos contratar cualquier servicio (de consumo o laboral) se ha transformado prácticamente en una empresa casi imposible, por la multitud de requisitos que se exigen y que, en su mayor medida, oscilan entre lo innecesario y lo absurdo (teniendo en cuenta lo que se quiere contratar), sin contar lo costoso en tiempo y dinero de los trámites insumidos. Pocas veces como en el tiempo que analizamos, la empresa "privada" argentina se ha parecido tanto a las tristemente célebres empresas públicas del estado intervencionista.

Tratar de iniciar un reclamo para lograr la reparación de un servicio (por ejemplo, el de Telefónica) puede implicar de uno a dos meses de tramitación. Y aun así, no haber podido ni siquiera dar comienzo al trámite. Tal es lo que nos sucede en nuestro caso particular, en el que hace ya dos meses que estamos sin servicio telefónico, el que fue interrumpido de improviso por tal empresa "privada" pese a estar al día en el pago de todas las facturas. Las oficinas de Telefónica de Argentina  se niegan a recibir reclamos por escrito; y sin línea telefónica –obviamente- es imposible hacerlo en dicha forma, llegando al paroxismo cuando al intentar requerirlo llamando desde otra línea, una grabación nos advierte que para "tomarnos el reclamo" debemos llamar desde la línea que esta sin servicio (!!!), para luego cortarnos de inmediato sin darnos ninguna otra opción.

Al intentar quejarse en el "ente regulador" nos solicitan una cantidad de documentos, copias certificadas por notario público, declaraciones juradas, etc. que de efectivizarse nos insumirían un tiempo y un costo que superaría holgadamente a de las facturas telefónicas de los últimos seis meses. Si intentamos cambiar a otro proveedor, sorprendentemente los requisitos son prácticamente idénticos. Y así por el estilo.

Particularmente llamativo, en el todavía llamado sector "privado", es la cada vez mayor exigencia de documentación acreditante de la identidad de la persona que reclama o que busca contratar. Es más importante saber "quien" va a contratar el servicio que vender el servicio en sí mismo. Lo curioso es que los requisitos no giran en torno a acreditar la solvencia del potencial cliente, sino a "saber quién es" el consumidor que desea comprar o contratar. Se indaga sobre la persona y no sobre su patrimonio. En el mundo comercial esto es un absurdo, porque en un mercado libre no interesa para nada quien es el que contrata, sino que lo relevante es -para el que compra- que el producto sea bueno y barato y -para quien vende- que el precio obtenido sea el esperado. En Argentina esto está siendo al revés. Muchas empresas y comercios desprecian a potenciales consumidores solventes si tienen dudas sobre su identidad, pese a demostrárseles que se posee el efectivo y el patrimonio suficiente para responder a lo pactado.

Es cada vez más frecuente observar en las solicitudes de servicios "privados" la exigencia de un sinfín de datos fiscales relativos a la persona del potencial cliente. Lo importante pues, reside en la identidad del contratante y su situación o condición fiscal. Su solvencia y voluntad de cumplimiento en el caso de un contrato de servicios, es completamente secundaria, cuando no totalmente irrelevante.

Todo lo cual es un índice de grave intervencionismo estatal que ha llegado hasta lo más profundo de la actividad privada. Sucede que las exigencias fiscales son tantas y las penas y sanciones para aquellos que no las obedezcan son tan severas que todo el mundo las teme. En la disyuntiva, muchas empresas y comercios prefieren no vender a verse sancionados por no cumplir con los requisitos fiscales. Máxime en un marco donde las empresas y comercios han pasado a integrar la esfera estatal, al convertirlos la legislación fiscal en meros agentes de retención y de percepción de impuestos.

Pero esto ya forma parte de una cultura, porque si las gentes no accedieran a brindar a desconocidos sus datos personales (y muchas veces hasta íntimos que se leen en los formularios de solicitudes) no estaría tan extendido que empresas y comercios los requirieran con tanta frecuencia y en tan grandes detalles como suelen exigirlos. Es decir, en el mundo comercial y empresario de la Argentina juegan dos factores preponderantes: por un lado el miedo del empresario y comerciante al castigo estatal y por el otro lado la candorosa inocencia del potencial consumidor que cede sus datos personales e íntimos, hasta para comprar una simple licuadora.

Creemos que esto es una forma práctica de ver el intervencionismo estatal en plena función y en lo más cotidiano de la existencia humana.

(*) Gabriel Boragina. Abogado.Master en Economía y Administración de Empresas.Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).Presidente del CFi (Centro de Estudios Económicos,Filosóficos y Políticos).Director del curso sobre Escuela Austriaca de Economía,dictado por el Centro de Educación a Distancia para los Estudios Económicos (CEDEPE).Director del Departamento de Derecho Financiero del INAE (Instituto Argentino de Economía). Artículo publicado en Acción Humana y en Economía-gb