sábado, 15 de diciembre de 2012

Caso Clarín: Hacia un nuevo festival de recusaciones

Por Carlos Tórtora y Guillermo Cherasny (*)
Inesperadamente, el juez Horacio Alfonso falló ayer a favor de la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios.
De inmediato, declaraciones del titular de la AFSCA Martín Sabbatella y de otros funcionarios intentaron sembrar la confusión en cuanto a las implicancias de la sentencia sobre la medida cautelar que impide la aplicación de la ley de medios y que fuera prorrogada por la Cámara Civil y Comercial hasta que haya sentencia definitiva. Alfonso resolvió el “inmediato levantamiento de toda medida cautelar” pero esto sólo quedará firme si el Grupo Clarín no apela. Presentada la apelación el lunes, la Cámara resolverá que la misma tenga efectos suspensivos sobre el fallo y la cautelar seguirá entonces vigente. Cualquier intento de la AFSCA por aplicar el artículo 161 en esta instancia sería entonces absolutamente antijurídica.

La necesidad del gobierno de mostrarse mediáticamente victorioso es comprensible, después de los recientes fallos adversos de la Cámara, extendiendo la cautelar, y de la Corte, rechazando el per saltum. La obvia realidad es que el expediente de Clarín acaba de iniciar su camino ascendente hacia la Corte Suprema, adonde llegará a través de un recurso extraordinario que presente el gobierno o Clarín, según sea el fallo de Cámara, que puede tardar meses.

A partir de ahora, siguen una serie de pasos procesales que son clave. Por ejemplo, si la Cámara resuelve que se debe proceder a la acumulación de procesos, es decir, que la apelación de Clarín debe recaer en la Sala I que interviene en la cautelar y que está integrada por Francisco de las Carreras y Maria Susana Najurieta, que son los que dictaron la extensión de la medida. De Las Carreras, junto con Recondo, son los dos magistrados más cuestionados por el Poder Ejecutivo. Si por el contrario se sorteara la apelación de Clarín, cabe preguntarse en cuál de las tres salas de la Cámara recaerá sorteada la causa. La Sala I la preside Francisco de las Carreras, que sería inmediatamente recusado por el gobierno, que ya lo recusó antes por su supuesta relación con Clarín. La Sala II está a cargo de Eduardo Vocos Conesa, hasta ahora no recusado. Pero la Sala III la preside tal vez el juez más denunciado por el oficialismo, Ricardo Recondo. 

La recusación sin causa no puede utilizarse dos veces en el mismo caso, o sea, el que corresponde a la medida cautelar. Pero ahora se trata de otro expediente, el de la acción declarativa de inconstitucionalidad y el gobierno podría entonces empezar un nuevo festival de recusaciones, tal vez tratando de que se hagan cargo del asunto jueces del fuero contencioso administrativo. Como es obvio, el kirchnerismo, que ya ni intenta disimular sus presiones sobre los jueces, hará uso de cuanto recurso tenga a mano para evitar un fallo de Cámara que revoque el de Alfonso. La instancia es decisiva, porque si hubiera un fallo de primera instancia y otro de Cámara a favor de la constitucionalidad, las posibilidades de que la Corte revierta esto a través de un recurso extraordinario serían remotas.

El curso paralelo del recurso extraordinario


A todo esto, el recurso extraordinario que presentó el gobierno pidiéndole a la Corte la nulidad de la prórroga de la cautelar dispuesta por la Cámara sigue un curso paralelo. Ahora la Cámara podría rechazar in limine el recurso extraordinario, siguiendo la jurisprudencia de la Corte que sostiene sistemáticamente que “las resoluciones referidas a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48″. Así las cosas, sin mucho margen para la discusión, la Cámara debería rechazar el extraordinario. Entonces, le quedaría al gobierno el camino del recurso de queja, que debe interponerse directamente ante la Corte, que es el tribunal llamado a decidir sobre su procedencia, dentro del plazo de cinco días posteriores a la notificación del auto denegatorio del recurso extraordinario. Si ocurre esto, que es lo previsible, la prórroga de la cautelar se afianzaría cada vez más. Y, si la Corte rechazara el eventual recurso de queja del Ejecutivo, como es obvio, las relaciones entre los dos poderes volverían a tensarse.

(*) Carlos Tórtora & Guillermo Cherashny. Director y Editor respectivamente de Informador Público. Artículo publicado el 15 de Diciembre de 2012