domingo, 2 de diciembre de 2012

Las opciones de un ajuste inevitable

Por Manuel Solanet (*)
La palabra ajuste no gusta a nadie, pero lo que la gente debe saber es que cuando se han acumulado excesos y distorsiones, finalmente se hace inevitable. En todo caso hay dos opciones: que el ajuste se programe y resulte ordenado; o bien que se imponga por sí mismo en la forma de una devaluación no controlada o de una crisis financiera. La segunda opción es social y económicamente más destructiva. El año 2002 nos mostró lo que es un ajuste no controlado. Aquella macro devaluación escapó de toda previsión y resultó en una importante caída real de salarios y jubilaciones, en un derrumbe de la actividad económica y en una estampida de la desocupación y la pobreza. De esa forma tan traumática se pudo recomponer la situación fiscal y la competitividad. La existencia de abundante capacidad productiva ociosa y el alto precio de la soja hicieron posible luego la salida rápida de la crisis y la recuperación.
Pero desde entonces se ha venido cebando otra crisis. El gasto público pasó de un 30% del PBI a un 43%. La planta de empleados estatales aumentó en un 49%, se otorgaron más de siete millones de planes sociales y se jubiló a más de tres millones de personas sin aportes previos. Las tarifas públicas fueron congeladas compensándose a las empresas con subsidios estatales que han crecido sostenidamente. Las re estatizaciones también demandan ingentes recursos presupuestarios. A pesar de los ingresos por las retenciones, el superávit fiscal se ha convertido en déficit, pero además hay una clara descapitalización y un deterioro de los activos públicos. Por otro lado se alentó el consumo impulsando la inflación y se retrasó el tipo de cambio intentando amortiguarla.
Más allá de si estas políticas produjeron en el corto plazo beneficios sociales y crecimiento, lo que está claro es que se han agotado y que las distorsiones y su efecto destructivo sobre la inversión las hacen ahora insostenibles. Al no haber acceso al crédito, el déficit fiscal debe financiarse con los ahorros de los jubilados, además del uso de reservas y la emisión del Banco Central. La expansión monetaria ya alcanza al 38 % anual. El cepo cambiario es un remedio inútil y destructivo para evitar las consecuencias de ese desborde, frente a la persistente fuga de divisas y la pérdida del otro superávit gemelo. El fallo del Juez Griesa obligando a pagar el 100% a un sector de los hold out pone un tono de mayor gravedad. El elevado riesgo país muestra claramente la percepción pesimista sobre la capacidad de cumplir con los compromisos de la deuda.
Keynes dijo que en la economía puede hacerse cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Cuando estas llegan, deben enfrentarse, pero corrigiendo las causas y no yendo solamente sobre los efectos. Para esto es imprescindible saber cuáles son esas causas. Si debido a las anteojeras ideológicas o a la preferencia por las teorías conspirativas, la Presidenta y su entorno equivocan el diagnóstico y persisten en profundizar el modelo, sólo agravarán la situación interna y el aislamiento internacional. El riesgo de un nuevo default y de una espiralización inflacionaria, es creciente aunque no sea inminente. Si se pretende evitarlos, sólo cabe un trabajo serio sobre el gasto público y encarar de inmediato la normalización de las relaciones con el mundo. Es nada menos que un giro de 180 grados que implica abandonar las políticas populistas e intervencionistas, recuperar la calidad institucional y encarar un ajuste ordenado. Si esto es tachado de anti social, debe recordarse que mucho más lo sería lo que pueda suceder si se continúa en el camino actual. Justamente si el ajuste se programa debidamente se hace posible incorporar con tiempo medidas de atenuación social. Esto cabe, por ejemplo, en la necesaria normalización de las tarifas de energía y transporte, o en la sustitución de la pérdida de recaudación debida al aumento del mínimo no imponible por otro impuesto menos regresivo. Los aspectos más duros del ajuste serán sin duda los relativos a la transferencia del exceso de empleo público hacia el sector privado. Esto requiere el tiempo necesario para que la inversión privada reaccione frente a las nuevas circunstancias más promisorias y además que su perdurabilidad se haga creíble. No hay otro camino.
(*) Manuel Solanet. Director de Políticas Públicas de Libertad y Progreso. Artículo publicado por El Cronista y por Libertad y Progreso el 23 de Noviembre de 2012.