lunes, 17 de diciembre de 2012

Trascendencia del Poder Judicial

Por Gabriel Boragina (*)
En el marco del conflicto que el poder ejecutivo, representado por el FPV (Frente para la Victoria), mantiene con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de la aplicación de la llamada "ley de medios" al Grupo Clarín, y en virtud de los injustificados ataques que el ejecutivo dirige a dicha Corte, no está de más repasar algunos conceptos básicos relativos a la importancia del poder también llamado jurisdiccional.

     Al respecto, el profesor Sánchez Viamonte apunta: "Según la Constitución Argentina, sólo manda la ley y nadie está privado de lo que ella no prohíbe (art. 19). La justicia consiste en aplicarla interpretando fielmente su letra, con arreglo al sentido moral que constituye su espíritu. Por eso toda la justicia reposa en los principios éticos de carácter fundamental que contiene la Constitución, y que fijan al Derecho su verdadero sentido."[1] y añade: "La administración de justicia presenta dos aspectos fundamentales: el de las relaciones puramente privadas, que para los romanos consistía en dar a cada uno lo suyo, y el de las relaciones de Derecho público, que atañen a la estructura institucional y al problema de la libertad frente a la autoridad. Para resolver el problema en sus dos aspectos, ha sido creado el Poder Judicial, como poder público, con igual jerarquía que los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con el carácter específico de guardián de la Constitución."[2]

     A nuestros efectos, hemos de rescatar de sus palabras las siguientes: "...ha sido creado el Poder Judicial, como poder público, con igual jerarquía que los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con el carácter específico de guardián de la Constitución". Lo que pone en un pie de igualdad al poder judicial con los otros dos poderes, algo que con frecuencia se olvida, y se ha dejado de lado muchas veces antes, pero pocas con tanta intensidad como en los últimos años, donde habitualmente los otros dos poderes (legislativo y ejecutivo) han entendido o sobrentendido que el judicial debería ser nada más que un mero apéndice de los restantes. Eso es un rasgo típico de las dictaduras y totalitarismos, como se encarga de explicarlo el profesor Ossorio, cuando expresa:
"Mas con independencia de su origen, lo cierto es que en la realidad y a lo largo de la historia, el gobierno de los Estados unas veces ha sido ejercido por regímenes autocráticos, cuya más aguda manifestación se encuentra representada por las viejas tiranías y por los modernos totalitarismos, los que concentran en el autócrata (persona individual, partido político, grupo militar, organismo sindical), todos los órganos de la administración y principalmente las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, mientras que en otros, organizados por regímenes democráticos o Estados de Derecho, el poder, empezando por el constituyente, es un atributo del pueblo, el cual, como ya se ha dicho, lo delega en las personas y en las formas constitucionalmente establecidas. Por eso, en los sistemas autocráticos, cualesquiera sean sus modalidades y su significación, no existe división ninguna entre aquellos tres poderes, en tanto que para las democracias esa división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial representa su esencia y su posibilidad de actuación. Ello es así porque al Poder Legislativo corresponde el dictado de las leyes; al Ejecutivo, su ejecución mediante sus instituciones administrativas, y al Judicial, la solución de los conflictos de Derecho que se produzcan entre los particulares o entre éstos y los poderes públicos, única forma de que queden asegurados tanto los derechos individuales de los ciudadanos cuanto los colectivos de la comunidad."[3]

      Resulta claro que en Argentina, y con particular referencia al gobierno del FPV de los Kirchner en sus tres gestiones "concentran en el autócrata (persona individual, partido político [...]), todos los órganos de la administración y principalmente las funciones legislativa, ejecutiva y judicial", en las exactas palabras del profesor Ossorio. Con algunas variantes, el gobernante FPV lo ha venido haciendo desde su ascenso al poder y no sólo pretende continuar ejerciendo esta concentración de poderes, sino que desembozadamente aspira a profundízala.

      Naturalmente que esto no era lo que se tuvo en mira al crearse la Corte, porque, volviendo al profesor Sánchez Viamonte nos explica:
    "Cuando se instaló la Corte Suprema Nacional, con fecha 16 de enero de 1863, el Poder Ejecutivo, representado por el general Bartolomé Mitre y el ministro del Interior doctor Eduardo Costa, pasó una nota circular a los gobiernos de provincia en que decía: "De esta manera y por primera vez en la República, vendrán a estar constituidos y en ejercicio los tres altos poderes en que la sociedad moderna ha delegado la soberanía del pueblo, y de cuya independencia y equilibrio dependen la libertad y la conservación de los derechos que ella ha conquistado. De hoy en adelante la propiedad particular, la seguridad individual, los derechos todos que la Constitución acuerda a los habitantes de la República, sin distinción alguna, colocados al abrigo de un poder moderador, estarán garantidas contra las invasiones a que la exaltación de las pasiones políticas tan fácilmente puede conducir a los poderes públicos, induciéndoles a ultrapasar el límite de sus atribuciones respectivas".[4]

     "Independencia y equilibrio" que pocas veces se dio en Argentina, y mucho menos aun en las tres ya largas gestiones del FPV. Y agrega:
     "La división y equilibrio de los poderes se logra por la subordinación del gobierno ordinario al Imperio de las normas constitucionales y eso sólo puede obtenerse mediante un poder jurídico con autoridad suficiente para juzgar la validez de los actos de los poderes políticos ante la Constitución." [5]

     Resulta más que claro que el FPV se mofa repetidamente de estas palabras del profesor Sánchez Viamonte. La meta de ese FPV es la dictadura y la mayor concentración de poder posible.

Referencias:
[1] Dr. Carlos Sánchez Viamonte, "Poder Judicial" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 22 letra P Grupo 12, pág. 95. 
[2] Sánchez Viamonte, óp. Cit. Pág. 96 
[3] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553-pág. 739 
[4] Sánchez Viamonte, Óp. Cit. Pág. 98
[5] Sánchez Viamonte, Óp. Cit. Pág. 99

(*) Gabriel Boragina. Abogado.Master en Economía y Administración de Empresas.Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).Presidente del CFi (Centro de Estudios Económicos,Filosóficos y Políticos).Director del curso sobre Escuela Austriaca de Economía,dictado por el Centro de Educación a Distancia para los Estudios Económicos (CEDEPE).Director del Departamento de Derecho Financiero del INAE (Instituto Argentino de Economía). Artículo publicado en Acción Humana el 17 de Diciembre de 2012.

Fuente: Comunicación personal del autor