miércoles, 13 de febrero de 2013

Democratización” para aniquilar la independencia del Poder Judicial

Por Guillermo Tiscornia (*)
Iniciativa oficial encaminada a socavar definitivamente la independencia judicial. Abstrusas disquisiciones en el discurso oficialista.


1. De reciente data trata una desopilante iniciativa oficialista encaminada hacia la definitiva y total aniquilación de la independencia judicial; así desde la propagada oficial se ha improvisado una retórica discursiva expresada en un monólogo deletéreo donde se han escuchado frases tales como: “los jueces no dejan gobernar”; o “es hora que los jueces entiendan lo que desea la voluntad popular”.

2. Ahora bien, resulta toda una obviedad que una gestión de gobierno, sin importar su orientación ideológico-política y la decisión de trazar políticas en un sentido o en otro, no puede -ni tampoco debe- justificar la implementación de tales acciones de gobierno avasallando garantías básicas expresadas en la parte dogmática de la Constitución donde se expresan las libertades esenciales de la ciudadanía, esto es los derechos individuales y sociales.

3. Y es que el respeto hacia un elemental Estado de Derecho, hace a la esencia misma de la lógica de un sistema democrático, enancado en el caso de la República Argentina en una forma republicana de gobierno y en un sistema representativo y federal.

4. En este punto cabe añadir que el pilar básico de ese sistema democrático encuentra preliminar sustento en el denominado principio de la racionalidad de los actos de gobierno (arts.1, 27 y 31 CN); esto significa -nada más ni nada menos- que todos los actos emanados de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben contener motivación o fundamentación suficiente de modo de preservar la validez jurídica de toda gestión de gobierno.

5. La actividad del Poder Ejecutivo Nacional, en el legítimo ejercicio de su jurisdicción administrativa federal, si bien discrecional no puede derivar en actos teñidos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

6. Y tal lo que se avizora a poco de avanzar en el estudio y en el análisis de la iniciativa que ahora pretende concretar la actual gestión de gobierno para ser trasladada a la sede parlamentaria y así derivar en una “reforma” “democratizadora” del actual sistema de la administración judicial.

7. Si bien es cierto que los estándares predominantes en materia de doctrina jurisprudencial no admiten la incongruencia del legislador, lamentablemente la experiencia en el funcionamiento de casi treinta años de reinstalado el sistema democrático en la República Argentina, ha dado tantísimas muestras de incongruencia en la labor parlamentaria, no sin dejar de señalar permanentes errores en materia de técnica legisferante.

8. Y ello ha dado pábulo a la articulación de tantísimos planteos de inconstitucionalidad en tantísimas materias; y tales articulaciones no son otra cosa más que la resultante de la promulgación de muchas leyes que traducen reacciones espasmódicas en los representantes apoltronados en las dos Cámaras del Parlamento Argentino, en otros casos la sanción de ciertas leyes ha venido precedida del deseo de satisfacción exclusiva hacia criterios de conveniencia partidaria en detrimento del interés general de la población; en otras variantes se ha observado que la sanción de las leyes ha procurado “apagar incendios” derivados de recurrentes fracasos en las distintas gestiones gubernamentales a la hora de trazar rumbos en materia económica, presupuestaria, financiera, monetaria, etc. En buen romance se legisla sobre la consecuencia del fracaso en la gestión de gobierno sin analizar debidamente las causas de esos mismos recurrentes fracasos en la gestión de gobierno.

9. Y así estamos atrapados entre la ineficiencia y gestiones probamente vaciadoras y fraudulentas (sin distinción de etiquetas partidarias); y ahora en esta nueva “iniciativa” de “democratizar la Justicia” se esconde el verdadero propósito de colonizar definitivamente al Poder Judicial de la Nación.

10. La propaganda oficial se encargó de decir que los jueces “obturan la gestión de gobierno”, o que “ponen palos en la rueda”, ello para -eufemísticamente- distraer el foco de atención, puesto -en genuino análisis- en el fracaso recurrente de las gestiones de gobierno.

11. Se agregó, además, que “los jueces deben escuchar la voluntad popular”; entonces bien siguiendo ese discurso oficial ¿Qué debe entenderse por voluntad popular? Y la respuesta no demanda mayor esfuerzo de imaginación. La voluntad popular no es otra cosa más que la expresión soberana de la ciudadanía pero resultante de aquello fruto de las decisiones adoptadas por los representantes del pueblo apoltronados en ambas Cámaras del Parlamento Argentino.

12. Si esto es así ¿Qué es lo que “deben escuchar los jueces”? ¿El clamor de ciertos sectores de la ciudadanía carentes de todo tipo de representatividad? ¿Deben acaso ajustar sus decisiones a los cambiantes estados de opinión de cierto sector de la ciudadanía? ¿O deben ajustar sus decisiones a esos mismos estados de opinión reflejados en la opinión publicada?

13. No sin mayor esfuerzo de imaginación podrá el estimado/a lector/a concluir acerca de lo disparatado de la iniciativa oficial por la que se proclama “democratizar la Justicia”, que no encierra otro propósito más que consolidar un esquema de colonización de toda la administración judicial, sobre todo en sus fueros estratégicos, donde se dirimen los asuntos que se relacionan con la actividad de los funcionarios públicos; o donde se definen cuestiones donde giran fuertes intereses económicos entroncados en la actividad misma del Estado.

14. Sentado lo expuesto, debe añadirse que la agresión al Poder Judicial y a los magistrados y funcionarios, ciertamente no es aislada ni es la primera. Tampoco será la última. Desde hace cincuenta años en nuestro país la Justicia es la rama de gobierno más jaqueada. Ha estado expuesta a socavamiento institucional constante.

15. Alexander Hamilton decía (y por cierto mucho antes que el ex Canciller alemán Willy Brandt) en “ El Federalista” que el Poder Judicial era el más débil de los tres poderes, pues no tenía ni la bolsa ni la espada, y la historia argentina se ha encargado de confirmar -con creces- la verdad de esta afirmación.

16. Los ataques siguen, y parece mentira que hoy a más de dos décadas de gobierno constitucional -lo que no deja de constituir un récord- existan algunos “campeones de la democracia” que pretendan sostener que la salud de la República necesita que se ponga en comisión a todo el Poder Judicial para luego barajar y dar de nuevo.

17. Se pretendió, alguna vez, un gradual vaciamiento de la composición del Poder Judicial de la Nación proponiéndose un regreso a fojas cero, lo cual -de ningún modo- nos proporcionará ningún bien.

18. Así las enseñanzas de nuestra historia indican que el camino más corto y sencillo hacia la dependencia de la Justicia es precisamente aquel que propuso -en su momento- el Dr. Domingo F. Cavallo o el que pareciera reflejar el espíritu que dio lugar a esta nueva embestida, por más que aparezca literalmente acotada en su alcance a cierto fuero de la administración judicial.

19. Por eso no es raro ni debemos sorprendernos que ello ocurra. El Poder Judicial es una de las joyas más deslumbrantes de la corona del Estado, y como tal, el íntimo deseo que anida a muchos que aspiran a gobernar es preservar su independencia, de todos los demás (menos de si mismos, naturalmente).

20. ¿Acaso alguien puede caer en el infantilismo que un nuevo vaciamiento – total o parcial- hará del Poder Judicial una comunidad de ángeles impolutos? Todo lo contrario.

21. No se ve como puede construirse un Poder Judicial independiente atacando precisamente su independencia. Con igual criterio, los gobiernos de facto pretendían salvar a la Constitución Nacional eliminándola.

22. El problema hace pie en que todavía no hemos terminado de entender que la división de poderes y su consecuencia, la independencia del Poder Judicial -como valor esencial de la Constitución- no es algo que nos sea dado de un día para otro, ni que se va lograr cambiando de golpe a todos los jueces.

23. Los países que pueden exhibir con orgullo una judicatura razonablemente independiente, jamás incurrieron en recetarios o embestidas de este tipo. Por el contrario, se preocuparon por construir día a día, pacientemente, la independencia de sus jueces, con aquello que los ingleses llaman ensayo y error.

24. Imaginemos que fácil sería para cualquier gobierno recién llegado al poder, reformar la Constitución Nacional para poner en Comisión todo el Poder Judicial de la Nación, y luego elegir discrecionalmente a los jueces a su agrado. O, lo que es peor, embestir contra los magistrados a partir de pretextadas e inexistentes causales de mal desempeño.

25. Lo mismo sucede con recurrentes embestidas propaladas hacia ciertos fueros de la administración judicial, operados -en algunos casos- desde sectores bien identificados de la dirigencia política, o, en otros, desde sectores de la economía.

26. De otro lado, los jueces -aun cuando se trate de aquellos que integran cierto fuero o sector de la administración judicial- no pueden ser masivamente llamados a dar explicaciones sobre sus actos jurisdiccionales, ni tampoco deben ser sometidos indiscriminadamente a auditorías sobre su actuación o su patrimonio, como se pretendió en muchos casos pasados.

27. En este sentido, se encuentra resguardado el secreto de la deliberación y forma parte de la garantía de la independencia que los jueces no pueden ser obligados a dar explicaciones sobre su actividad jurisdiccional (art. 8 del Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos; art. 6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; art. 14 del Tratado de Derechos Políticos y Civiles; art. 15 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura adoptado por el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y ratificado por la Asamblea General, y caso 8209/78, “Suter c/Suiza”, Comisión EDH, Decisions and Reports, vol. 16, pág.166 a 178).

28. Además, el juez debe resolver según su conciencia, con pleno conocimiento del derecho, en libertad y con independencia de toda posible presión de otros poderes, ya que la repercusión o descrédito con la cual la opinión pública (o más bien la opinión “publicada”) reciba su decisión no puede convertirse en causal de remoción si ha sido adoptada dentro de los límites que la Constitución y la ley le otorgan.

29. De otro lado, los jueces solo pueden ser enjuiciados por hechos objetivos que -sobre base genuina y no pretextada- puedan configurar una auténtica causal de mal desempeño (art. 53 CN), con la prudencia y la ponderación que ese tipo de situación naturalmente exige. No pueden admitirse -entonces- embestidas que sean la exclusiva resultante de las cambiantes vicisitudes propias de las conveniencias partidarias en distintos momentos y escenarios de la política.

30. De tal suerte que, la fundamentación del cuestionamiento en el supuesto desprestigio o imagen negativa encuentra exclusivo basamento en apreciaciones o estados de opinión sujetos a emotivas y circunstanciales modificaciones, lo que resulta una grave afectación de la independencia de los jueces.

31. La República Argentina quedaría expuesta -entonces- a grave responsabilidad internacional frente al incumplimiento de las garantías de los tratados internacionales a cuya estricta observancia el mismo Estado Argentino se comprometió y que pareciera haberse verificado en más de un caso pendiente aun de revisión ante la CADH, por lo que bien vale tener presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la decisión del 9/12/98 (inf. Nro. 58/98) ha admitido la existencia de caso por la remoción de jueces y ha sostenido que ésta es materia revisable por la Corte Interamericana si se imputa la vulneración de la garantía de independencia y autonomía del tribunal y la garantía de la permanencia en las funciones (art. 23 y 25 de la Convención Americana, citado en la sentencia n° 55 de la CIDH, serie C, Resoluciones y Sentencias, del 24/9/99).

32. Por ello, los jueces no pueden ser empujados de sus cargos a partir de un clamor claramente sectorizado y fuertemente ideologizado -y por ende- politizado.

33. “La verdad sólo puede existir bajo la figura de un sistema (“Obras Completas”. T. II, pág. 27. Ed. Taurus, Madrid, 2.005 de José Ortega y Gasset).” Por ello, y en línea con ese axioma, cuando se busca la verdad apoyada en un estricto rigor científico, el tratamiento fragmentado y asistémico de un tópico -o problema- conducirá-inexorablemente- a la aporía”.

34. “La primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira” (Jean François Revel, “El conocimiento inútil”, diario Le Monde).

35. En esa misma línea en su ya famosa publicación titulada “ La traición a la ilustración”, el ensayista Jean-Claude Guillebaud advirtió hace ya varios años acerca de los duros obstáculos con que tropieza en todo el mundo la función judicial en razón de la influencia distorsionadora y cada vez más determinante del factor mediático y político.

36. “La actividad de los procesos tribunalicios (agregó el mismo destacado ensayista francés) está viéndose reemplazada, virtualmente, por una suerte de inquisición emocional y colectiva a libro abierto que no hace otra cosa más que corromper el conjunto del procedimiento legal, con grave quiebre del más elemental orden institucional”.

(*) Guillermo J. Tiscornia. Ex juez en lo Penal Económico. Artículo publicado por Informador Público el 12 de Febrero de 2013 y en Linkedin (Discussions) por Gabriel Boragina.