viernes, 15 de febrero de 2013

Deuda pública: once años excluidos del mercado internacional

Por Orlando Ferreres (*)
En la crisis de fines de 2001 e inicios de 2002, el Congreso Nacional aplaudió de pie la declaración de la cesación de pagos de la Argentina. Aplaudieron la salida de la Argentina de los mercados financieros internacionales, justo cuando las tasas de interés bajaron dramáticamente y llegaron a casi 0 % anual.

La clase política no comprende lo que le conviene a la Argentina. Tienen que dar lugar a gente más preparada y que tenga una visión más realista de lo que es el mundo. Van transmitiendo un mensaje que es justamente lo opuesto a lo que daría más resultado para el país. Este mensaje repetido se ha hecho "creencia" en el pueblo argentino, que vota por dirigentes que van tomando medidas que han conducido al retroceso innegable de la sociedad en relación a los países vecinos, para no ir más lejos. No solo en lo económico, sino también en materia de seguridad, en educación, en justicia y muchos otros problemas de la vida en común, como ocurre con el sistema electoral que admite candidatos que no van a asumir (testimoniales). Todo esto no es producto de la actual administración, sino de una larga cadena de errores de la cual tampoco está exenta esta gestión.
Resumen de los pasos de la reestructuración de la deuda
En 2005, el gobierno inició la reestructuración de la deuda con los bonistas (los bancos no habían prestado en forma directa dada la experiencia de 1982, sino los clientes de los bancos, que compraron los bonos). Esta deuda con bonos era de u$s 81.8 billones americanos de principal y de u$s 21.4 billones de intereses vencidos, lo que hacía un total de u$s 103.2 billones, el default más grande de toda la historia del mundo. La quita fue de 70%, si incluimos los intereses vencidos. Muchos de esos bonos estaban en poder del sistema jubilatorio argentino. Se tardó más de 3 años en hacer esta propuesta, lo que es considerado excesivo. No aceptó la propuesta el 24% de los bonistas (u$s 19.9 billones), lo cual ya indicaba un problema serio para el futuro, pues seguramente seguirían litigando y embargando.
Además, quedó sin resolver un monto de u$s 6.2 billones con el Club de París, que hasta hoy sigue pendiente y también una deuda con el FMI por u$s 9.5 billones, que se pagó, tanto lo vencido como lo por vencer, usando reservas del Central por parte del Tesoro en 2006. Este uso de las reservas para pagar deuda del Tesoro, unos u$s 30 billones hasta el presente, debilitó al Banco Central, por lo que, finalmente, se vio obligado a aplicar un férreo control de cambios o "cepo cambiario" para proteger las reservas remanentes, aun con el costo de generar la aparición de mercados paralelos.
En 2008 hubo una propuesta de 3 bancos (Barclays, Deutsche y Citibank) para reestructurar la deuda con los tenedores que habían quedado afuera (holdouts), pero en ese momento no prosperó.
En 2010 se efectuó otra reestructuración de la deuda con bonos, para lo cual se suspendió la Ley Cerrojo por el periodo de la negociación. Según J.F. Hornbeck, "Argentina´s Defaulted Sovereign Debt" (febrero de 2012), la deuda pública argentina con los holdouts privados a ese momento era de u$s 29.2 billones compuesta por: 1) Principal Vencido u$s 15 billones 2) intereses vencidos u$s 9 billones y 3) deuda "falling due" u$s 5.2 billones. Los bonos elegibles para nuestra oferta no llegaban a ese total sino sólo a u$s 18.3 billones, de los cuales u$s 17.6 billones eran por principal. De esos u$s 18.3 billones ofrecidos, lo aceptaron u$s 12.4 billones, o sea el 68%, y u$s 5.9 billones no aceptaron (32%), lo que presagiaba problemas futuros. En este segundo canje quedaron afuera u$s 1 billón de inversores minoristas italianos, u$s 4.4 billones de litigantes (fondos buitre) y otros tenedores con 0.5 billones. Sin embargo, sumando las dos reestructuraciones (2005 y 2010) se llegó a un porcentaje de participación del 92%, que es aceptable, y podría ser el punto de apoyo para que todos los tenedores de bonos soberanos deban aceptar las mismas condiciones.
El 27 de febrero de 2013, la Cámara de Apelaciones de New York escuchará las posiciones de los fondos buitre, de la actual administración de la Argentina y de los fondos que ya aceptaron los canjes. Posteriormente determinará su veredicto. Es difícil adelantar el resultado. En la última decisión del juez se notó cierto cansancio con la posición argentina, que debería abrir la ley cerrojo para poder terminar definitivamente con el default de fines de 2001. Seguramente, les resulta difícil pensar que la Argentina nunca les pagará nada a los tenedores de bonos que no aceptaron las condiciones de los canjes. Pero, en general, la posición de la justicia americana ha sido favorable a la posición argentina.
Como síntesis de este proceso podemos decir que mientras seguimos discutiendo por 11 años estos temas, no hemos podido reabrir el mercado de deuda voluntaria para nosotros (excepto algunas colocaciones pequeñas y caras con Venezuela). No soy partidario de una deuda pública que supere el 25-30 % del PIB, pero en este caso nos perdimos la etapa de tasas de interés casi cero que gozaron todos los países emergentes. Con esos recursos estos países pudieron mejorar su infraestructura a un bajo costo, ya sea para tener ferrocarriles más modernos, carreteras nuevas, exploración energética, transporte urbano, subterráneos, hospitales y establecimientos educativos con los adelantos del siglo XXI. Nosotros, en cambio, nos endeudamos cuando las tasas son caras y cancelamos las deudas cuando las tasas son ridículamente baratas. Con esta estrategia no necesitamos enemigos, ya tenemos a nuestros dirigentes, quienes nos van conduciendo por el camino que no nos conviene. Necesitamos dirigentes que hagan un cambio definitivo de la visión económica local e internacional y de cómo manejarse con esa realidad.
(*) Orlando Ferreres. Economista del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres y Asociados. Artículo publicado por el diario La Nación el 15 de Febrero de 2013.