jueves, 14 de febrero de 2013

La corrupción como terrorismo de Estado

Por Jorge Héctor Santos (*)
Si el terrorismo de Estado, mata; y la corrupción también. No lleva a pensar que más allá de las formas, las consecuencias son las mismas…Si es así, una manera de defender los DDHH de 40 millones de argentinos, frente a tanto robo de los dineros públicos, no sería considerar estos hechos como delitos de lesa humanidad.
Nuestro país ha sufrido el terrorismo de Estado.
 
Cabe precisar que el Estado es propiedad de todos los ciudadanos que aportan sus dineros a través de impuestos para sostenerlo.
 
Con esos impuestos se pagan los sueldos que van desde el presidente de Nación, pasando por ministros, diputados, senadores, empleados del Estado; con los mismos se deben realizar las obras de infraestructura necesarias, financiar la educación pública, la salud pública, la seguridad, las rutas, caminos, transporte público, empresas oficiales; etc., etc.
 
Dicho de otra forma ese dinero que los ciudadanos aportan al Estado, que es administrado por el gobierno electo, debe ser muy bien cuidado para que regrese al ciudadano en obras y servicios que le aseguren calidad de vida; desarrollo social y cultural.
 
El terrorismo de Estado, fue cometido en el pasado más distante, bajo el fascismo y el comunismo.
 
Más tarde esta práctica de terror desde el poder se expandió bajo regímenes militares o militarizados en el seno de democracias formales.
 
Estos regímenes totalitarios se caracterizaban por:
 
El monopolio de los medios de comunicación o la censura o censura previa;
 
La imposición de una ideología compacta, sólida.
 
Un cuerpo de policía secreta.
 
Campos de concentración para disciplinar o matar al enemigo  y detractor.
 
Encarcelar o asesinar a los líderes enemigos.
 
Utilizar métodos ilegales para enfrentar a los adversarios, dentro o fuera del país.
 
Usar el hostigamiento ilegal, el secuestro, la desaparición, la tortura.
 
En resumen el terrorismo de Estado, mata.
 
La única reparación posible, es enjuiciar a sus ejecutores; caso contrario además de muerte habría impunidad.
 
Si la conclusión es que el terrorismo de Estado es muerte; qué diferencia existiría con la corrupción de Estado, que también mata.
 
Y, además, si esta corrupción no llega a la justicia o aún llegando, no se sanciona a los culpables, además de muerte habría impunidad.
 
La diferencia estaría en las formas, no en el fondo. Ambas matan; de diferentes maneras.
Una utiliza la tortura, las armas.
 
La otra, el robo de dineros, por ejemplo el que debería estar destinado a hospitales donde por falta de dinero mueren pacientes ante la ausencia de equipos modernos e insumos básicos.
 
O el robo de dinero que debería estar destinado a tener trenes que funcionen y frenen; y, por el contrario, hacen desaparecer a enorme cantidad de personas, destrozan familias y dejan lisiados.
 
O el robo de dinero que debería destinarse a tener autopistas o rutas adecuadas para el siglo XXI, y por su no realización deja muertes por doquier a diario.
 
O el robo de dineros que debería estar destinado a educación; y que por su no empleo riega el país de chicos casi analfabetos que no tienen destino y caen en vidas, la mayor parte ellas, frustradas y enlazadas con la droga y el delito.
 
O el robo de dinero que debería estar destinado a la seguridad, con policías bien pagos y equipados, y que acumulan, todos los días, sin número de inocentes muertos.
 
O el robo de dinero que debería estar destinado a la realización de viviendas sociales y son caldo de cultivo de negociados de todo tipo y color.
 
La lista de ejemplos resultaría infinita.
 
En consecuencia, si a la corrupción se la caracterizara como terrorismo de Estado, ¿los DDHH de 40 millones de argentinos estarían mejor protegidos?
 
¿Habría organizaciones de DDHH que harían marchas todas las semanas para acabar con la impunidad de los corruptos?
 
¿Se atreverían los gobernantes corruptos a hablar de DDHH?  
 
¿Habría menos corrupción?
 
¿Los jueces tendrían menor temor de llevar adelante investigaciones contra funcionarios públicos corruptos?
 
¿Los gobernantes apurarían a la justicia para indagar a los culpables de las muertes por corrupción, como lo hacen con los guerrilleros muertos?
 
¿Ud. que cree?
 
Habrá algún político que se atreva a proponer considerar la sanción de la corrupción como un delito de lesa humanidad…
 
¿Sobrevive aún la decencia en algún rincón de la clase política argentina, como para que algún integrante de ella, sin muchas vueltas, tome el tema, lo proponga y prospere?  


(*) Jorge Hector Santos. Contador Público, Asesor en medios de comunicación y periodista. Artículo publicado en Urgente 24 el 14 de Febrero de 2013