martes, 26 de febrero de 2013

Que debe hacerse para evitar la crisis y crecer con estabilidad

Documento de Libertad y Progreso (*)
Hay señales suficientemente claras de un riesgo creciente en el desempeño de nuestra economía. La ampliación de la brecha cambiaria refleja un proceso de huída del dinero cuyos efectos ya se han conocido en el pasado. Si se continúa con las actuales políticas no hay posibilidad de evitar, en un plazo no lejano, una crisis acompañada de un desborde inflacionario. Esta tendencia se agrava en la medida que se pretenda encontrar una solución basada en más intervenciones directas y mayores controles. Tampoco hay posibilidades de éxito para programas similares al Plan Austral ni para una nueva convertibilidad. Ninguna medida antiinflacionaria que sólo consista en el manejo de variables cambiarias o monetarias tendrá los efectos deseados mientras se tenga un déficit fiscal creciente de 4 puntos del PBI, un gasto público de 43 puntos, y un alto grado de inseguridad jurídica, falta de confianza y falta de acceso al crédito.


Sin perjuicio de las objeciones institucionales y otras de política económica que con justicia pueden formularse, la convertibilidad logró la estabilidad en los noventa mientras implicó una dolarización de hecho y cuando el pleno respaldo en divisas de la base monetaria la hacía creíble. La gente aceptaba y demandaba pesos porque los asumía como un vale por un dólar que le guardaba el Banco Central. Pero al no haberse cumplido la condición necesaria del equilibrio fiscal sostenido, se acumuló una creciente deuda pública que destruyó la confianza y terminó en el default de 2001. Entonces se produjo la salida de la convertibilidad con una devaluación incontrolada. El peso volvió a ser, como antes, una moneda no confiable.
Esta pérdida de atributos de nuestra moneda se ha acentuado últimamente ante la reaparición de una inflación creciente, originada en la expansión monetaria para cubrir un déficit fiscal en aumento y en rigideces en la oferta por insuficiencia de inversiones y trabas a las importaciones. El intento de morigerar la inflación administrando el tipo de cambio ha llevado a un fuerte retraso cambiario. Frente a la fuga de capitales el gobierno introdujo crecientes controles y limitaciones en la compraventa de divisas, generando un mercado paralelo que muestra una brecha creciente respecto del oficial. Los efectos esperables han comenzado a manifestarse: reducción del superávit comercial, pérdida de reservas y mayores expectativas inflacionarias. El congelamiento de precios, además de absurdo e ineficaz, agrega desconfianza por los recuerdos de lamentables episodios del pasado.
El déficit fiscal debe ser financiado principalmente con emisión al no tener el gobierno argentino acceso al crédito y al haber agotado sus propias cajas. El alto riesgo-país que impide colocar deuda, se debe no sólo a la evidencia de la insolvencia fiscal, sino también a la ruptura sistemática de reglas internacionales y a la violación de compromisos por parte de nuestro gobierno. La forma en que se reestructuró la deuda pública fue una muestra acabada de como se puede agredir la buena fe y la reglas de comportamiento para destruir la credibilidad de un país. De hecho el gobierno nacional continúa en default con el Club de París y con quienes no se adhirieron a los canjes ofrecidos. Además, el falseamiento del índice de precios en que se basa el CER y por el que se actualizan los bonos en pesos, fue otro golpe contundente a la confianza. Nuestro país ha recibido recientemente amonestaciones y llamados de atención y está sometido a embargos y sentencias adversas en tribunales del exterior.
Concurrentemente con este destructivo comportamiento internacional, también se produjo un deterioro institucional interno que ha afectado la confianza y la inversión nacional y extranjera. Sin que la enumeración que sigue sea exhaustiva, podemos mencionar los siguientes hechos: no se respetaron contratos y se congelaron arbitrariamente tarifas de servicios públicos; de esta forma se desalentó la inversión en infraestructura afectando principalmente el transporte y la energía; se potenció la corrupción; se intervinieron los mercados y se controlan precios; se falsean las estadísticas oficiales; se manipula políticamente la designación y el sorteo de jueces, así como el desarrollo de causas judiciales; no se cumplen sentencias de arbitrajes internacionales; se traban exportaciones e importaciones; se instrumentó un caprichoso control de cambios (el cepo cambiario); se modificó la carta orgánica del Banco Central para utilizarlo como instrumento de financiación del exceso de gasto del gobierno y no como garante de la estabilidad monetaria; se compraron o dominaron medios de prensa; se instrumentó una política de errados alineamientos internacionales en la región y en el mundo; se opera sobre empresarios privados mediante amenazantes órdenes verbales o telefónicas; se modificaron leyes tributarias alterando las reglas con las que se invirtió; se utiliza un discurso oficial agresivo y de permanente confrontación; se confiscaron los fondos de pensión privados; se expropiaron empresas sin pagarlas; se impuso en el sistema educativo y en los medios una interpretación de la historia y del presente que pivotea sobre visiones sesgadas, usualmente ideologizadas y contrarias a la libertad política y económica.
Se podría resumir diciendo que ha habido una pérdida casi catastrófica de calidad institucional, de seguridad jurídica y de confianza internacional.
Ante la pregunta ¿Qué debe hacerse para evitar un mayor deterioro y la crisis?, la respuesta está delineada en las consideraciones anteriores. No hay solución ni de corto ni de largo plazo, sin un cambio estructural y profundo. Éste parece hoy incompatible con el marco ideológico y político del oficialismo y no contaría con el apoyo de mayorías legislativas. Sin embargo, si no se introducen cambios drásticos en las políticas, es probable que una situación de crisis modifique más adelante las resistencias a los cambios necesarios. Posiblemente en un marco de emergencia nacional también deje de mirarse a los países del bloque bolivariano, para tomar ejemplo de los países exitosos.
¿Qué debe hacerse?
Entre otras, es necesario alcanzar dos condiciones esenciales:
1 – Tener una moneda en la cual confíen los agentes económicos y las personas.
2 – Recrear condiciones institucionales, políticas y fiscales, compatibles con la atracción de inversiones y la recuperación del crédito internacional en condiciones apropiadas.
Actualmente la Argentina no cumple ninguna de estas dos condiciones.
En lo institucional deben desandarse todos los errores y desviaciones que se mencionaron anteriormente. Particularmente consideramos que deben encararse las siguientes reformas y medidas, cuyo desarrollo en mayor detalle está incorporado al sitio web de la Fundación Libertad y Progreso. (Ver aquí).
Reforma judicial: que logre efectivamente la independencia y la eficiencia del Poder Judicial. Despolitización del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento constituyéndolo excluyentemente por juristas y académicos independientes. Hoy, 7 de los 13 miembros son representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo y los  representantes del oficialismo pueden por si solos bloquear las decisiones que requieran dos tercios para conformar ternas de candidatos, imponer sanciones y formular acusación contra magistrados.  Se deberá introducir un sistema de premios y castigos para magistrados, funcionarios y empleados, en función de la valoración objetiva de sus servicios y la necesidad de modernizar el proceso judicial en su integridad. Debe acelerarse el proceso de cobertura de vacancias y reducir el plazo de caducidad de las denuncias contra magistrados con la posibilidad expresa que sean rechazadas cuando los fundamentos sean comprobadamente inverosímiles. Esto evitaría que estas denuncias  se utilicen como  un factor de presión sobre los jueces. La reforma debe crear las condiciones e incentivos para mejorar la productividad en la administración de la justicia. (Ver documento completo aquí).
Reforma previsional: recrear un sistema de capitalización, comenzando por nuevos ingresantes a la población activa y por quienes deseen realizar aportes suplementarios voluntarios, ampliándolo en la medida de las posibilidades cuantitativas de resignar aportes al sistema de reparto. Normalización de la deuda previsional impaga con sentencia judicial de pago. Supresión de las apelaciones y otras trampas oficiales para demorar los pagos.
-  Reforma laboral: Revisión de los cambios de los últimos años que sólo han agregado conflictividad, encarecimiento laboral y pérdida de productividad, perjudicando a largo plazo a los propios trabajadores. Reforma de la legislación vigente para privilegiar los acuerdos laborales en el menor nivel (empresa) sobre los de mayor nivel (paritarias por sector). Plena libertad de agremiación. Limitación del derecho de huelga en los servicios esenciales. Desregulación del seguro de salud.  (Ver documento completo aquí).
Reforma impositiva y del régimen de coparticipación federal de impuestos: Reducción gradual de los derechos de exportación. Eliminación del impuesto al cheque y otros distorsivos. Supresión de la coparticipación federal vertical devolviendo potestades tributarias a las provincias; concretamente: el impuesto a las Ganancias de personas físicas, Bienes Personales, Internos y combustibles. Creación de un fondo de redistribución horizontal entre las provincias que permita empalmar las recaudaciones en el inicio del futuro régimen, con las del actual. Fijación de los coeficientes de redistribución de manera que el posterior mayor gasto relativo de cada provincia exija a su gobierno aumentar los propios impuestos. De esa forma, con premios y castigos se propenderá a gastar menos y gastar mejor. (Ver documento completo aquí).
Supresión gradual de subsidios y recuperación de la infraestructura, la energía y los servicios.Para ello se normalizarán las tarifas de servicios públicos y se suprimirán los controles de precios que exigieron compensaciones. Se normalizarán los contratos de concesiones y los marcos regulatorios. Se suprimirá la intervención de los precios de la energía alineando los de petróleo, gas y derivados, con los internacionales.
- Revisión de los planes sociales: Se revisarán y reducirán gradualmente los planes sociales, manteniendo solamente los relacionados con necesidades sociales imperiosas y con discapacidades que no estén cubiertas por el sistema previsional y de seguridad social.
- Retorno de la Carta orgánica del Banco Central a su contenido previo a la última reforma. Supresión del control de cambios. Flotación del tipo de cambio. Coordinación y programación de la política monetaria mediante metas de inflación.
- Supresión de todo control de precios, con la sola excepción de las tarifas en servicios regulados con carácter de monopolio legal o real, pero en este caso respetando reglas preestablecidas.
- Arreglo y pago de sentencias incumplidas del CIADI y otros tribunales del exterior.
Reforma administrativa del estado: Racionalización del organigrama del gobierno. Supresión y fusión de unidades administrativas y de organismos. Digitalización y transparencia. Tercerización de servicios. Puesta en disponibilidad del personal no incluido en la nueva estructura, con sostenimiento temporal de remuneración y beneficios. Jubilación anticipada e incentivos para su inserción en el sector privado. Acuerdo con gobiernos provinciales con incentivos para que implementen similares reformas. (Ver documento completo aquí).
- Reprivatización de empresas estatizadas y venta de participaciones del Anses.
Plan de mejoramiento de la seguridad y el orden público: La seguridad de los ciudadanos debe apoyarse en varios factores, entre otros en la eficacia en la aprehensión de los delincuentes, su efectivo juzgamiento y el cumplimiento efectivo de las condenas. Hacer efectivo el estado de derecho sobre el falso postulado que no se debe criminalizar la protesta social. Uso racional de la fuerza en el marco de la ley para suprimir cortes de calles y rutas, ocupaciones ilegales, bloqueos y violaciones al derecho de propiedad.  El plan de seguridad propuesto abarca la prevención, la función policial incluyendo la inteligencia y cooperación interpolicial, la justicia penal, el sistema penitenciario, la seguridad privada, y la participación de la sociedad. (Ver documento completo aquí).*
Reforma del comercio exterior: Modificación gradual de derechos de importación. Renegociación del Mercosur para permitirlo. Logro de acuerdos de libre comercio con un criterio de apertura multilateral. (Ver documento completo aquí).*
Reorientación de las relaciones políticas internacionales. Finalización de la alianza política con el eje Chávez, Correa, Morales, Castro, Ortega y Ahmadinejad. Restablecimiento del diálogo y la relación con los demás países de la región y del mundo.
- Normalización de las relaciones financieras internacionales. Aceptación y pago de las sentencias judiciales. Acuerdo de reestructuración y pago de la deuda con el Club de Paris. Cumplimiento de las reglas de los organismos a los que nuestro país pertenece: G20, FMI (Art IV) y otros.
- Finalización inmediata del falseamiento por el INDEC del índice de precios y otras estadísticas. Arreglo de reclamos judiciales ocasionados por el falseamiento.
El gasto público global (Nación, provincias y municipios) deberá reducirse en los 10 puntos del PBI en que creció en los últimos diez años. Esto implica volver desde el 43% actual, al 33% del PBI. Éste último es el nivel máximo admisible para asegurar un equilibrio fiscal que sea compatible con una presión tributaria sostenible en la Argentina. Esto es posible si se llevan adelante las medidas antes mencionadas, que apuntan a reducir el gasto burocrático y los subsidios. Además se deberá lograr, mediante incentivos y acuerdos, que las provincias y municipios también lo hagan.
Una instrumentación seria y convincente de un programa integral como el que proponemos, recuperaría rápidamente la confianza y por lo tanto el acceso al crédito en condiciones aceptables para financiar, sin emisión, un déficit fiscal decreciente en la transición. Sería además el único camino genuino para recuperar la confianza en nuestra moneda y la estabilidad, con retorno de capitales fugados, inversión y crecimiento, sin tener que recurrir a una dolarización o a una nueva e infructuosa convertibilidad.
(*) Libertad y Progreso es un centro de investigación en políticas públicas creado a partir de la fusión entre CIIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino. Nos unimos para formar un centro de pensamiento crítico e investigación aplicada a resolver los problemas de la ciudadanía, promoviendo los valores y principios de la República Representativa Federal. Somos una fundación sin fines de lucro, privada e independiente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental. No aceptamos dinero del Estado. Nuestro fondos provienen únicamente de aportes individuales de personas, fundaciones y empresas comprometidas con el futuro del país.