martes, 12 de febrero de 2013

Una emboscada para ocultar la causa

Por Alberto Medina Méndez (*)
Los controles de precios y cada intento de intervención a la economía no son un fenómeno nada novedoso. En todo caso se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que abundan ejemplos de este tipo en la historia mundial y muchos de ellos datan de varios siglos atrás.

No menos cierto es, que por estas latitudes también disponemos de antecedentes en el pasado, algunos de ellos inclusive de unas cuantas décadas atrás.
Pero lo cierto es, que en el presente ya convivimos con ellos desde hace años, tal vez en estrategias más específicas y enfocadas, pero no por ello menos vigentes.
Muchos mecanismos se implementan para intervenir la economía y manipularla para supuestos fines loables.
A estas alturas de los acontecimientos suponer que los que lo imponen desconocen sus efectos sería demasiada ingenuidad.
En todo caso aspiran a que los efectos negativos puedan ser demorados, postergados o bien solo minimizados, y afloren los supuestos beneficios de corto plazo de la intervención directa con más vigor que sus consecuencias.
Subsidios otorgados con arbitrariedad, amenazas oportunas en las diferentes etapas de los procesos de producción, distribución y comercialización, compensaciones que intentan disimular ciertos efectos, ventajas impositivas asignadas con discrecionalidad, todos ellos mecanismos enredados, que elevan el poder de negociación de los gobiernos cuando pretenden convertirse en los dioses de la economía.
En ese contexto, y luego de negarlo hasta el cansancio, los gobernantes parecen estar dispuestos a asumir que la inflación, o algo que se le parece mucho a su definición, existe como tal, ya no porque ellos la perciban de ese modo, sino porque en las encuestas de opinión aparece como una innegable preocupación, cada vez mayor, de la sociedad toda.
Esos sondeos muestran como la gente relaciona el aumento de precios generalizado, pero fundamentalmente lo hace cuando se trata de los productos de primera necesidad, esos que obtienen a través de las cadenas de supermercados.
Por eso, esta vez, el anunciado “acuerdo” implica una acción que busca concentrarse en este punto, con pretensiones de atacar la sensación, más que el problema de fondo. Y es por ello que se puede afirmar que la estrategia esta vez no es tan inocentemente infantil.
Se podría suponer que apunta a lo que la gente percibe, pero en realidad se trata de un mero ardid algo más elaborado, que pretende por un lado intentar disminuir el impacto real del incremento de precios en el corto plazo, inclusive tal vez con algún efecto positivo esperable por el cual el consumo pueda ser alentando por una aparente estabilidad transitoria de precios, pero en el fondo se trama algo más perverso que no aparece a simple vista.
Si la estrategia de corto plazo resulta aceptablemente efectiva, traerá consigo interesantes réditos electorales, mostrará un alivio y al mismo tiempo cierta confirmación de donde está el poder, que el gobierno siempre prefiere hacer evidente porque refuerza una imagen que le seduce.
Pero el moderno populismo contemporáneo, no da puntadas sin hilos, es decir que no se metería en algo cuyo fracaso no les permitiera al menos una salida elegante y tácticamente valida.
Ellos, definitivamente, se preparan para lo irremediablemente evidente, es decir para el esperable fracaso de estas políticas, que matemáticamente solo traen siempre desabastecimiento y la proliferación de mercados informales en desarrollo, que son más abundantes aun, en tanto la política de control es más restrictiva y dura.
Pero no son nada originales a la hora de buscar enemigos. Nuevamente intentarán que “malos de la película” sean los empresarios, en este caso, más específicamente, los supermercadistas, intermediarios, distribuidores y hasta productores de alimentos.
Ya han decidido que si la economía no les hace caso como caprichosamente quieren, pues pagarán los platos rotos los empresarios, y pondrán en el centro de la escena a los “formadores de precios”. Ese repetido argumento siempre funciona a la hora de seducir a los más desprevenidos y desinformados.  Después de todo, parece verosímil que existan los villanos, y en este caso los gobernantes, desean ponerle nuevamente ese sombrero a ese sector de la economía que no les simpatiza y que casi nunca los apoya electoralmente.
Sigue siendo difícil imaginar que realmente desconocen el problema, mucho más aun que no saben acerca de su verdadera causa, pero no menos cierto es que necesitan seguir utilizando la causa real como factor de poder.
El populismo demagógico sin emisión monetaria, se las vería en problemas. Eso lo obligaría a administrar con responsabilidad los recursos del Estado, y de eso realmente no saben demasiado, en todo caso prefieren emitir sin límite alguno y lidiar con la consecuencia más nefasta y perversa que se deriva de la herramienta elegida, es decir la inflación.
No están dispuestos a hacer lo correcto, a atacar las causas profundas de la inflación, dejando de emitir sin respaldo. Sin esos recursos no podrían hacer demagogia electoral, ni distribuir artificialmente dinero, con dádivas subsidios y fondos para amedrentar a todos, aunque cada vez tenga menos valor la moneda.
En definitiva, ellos ya decidieron dar su próximo paso y lo están ejecutando al pie de la letra. Y también saben que, o bien consiguen su objetivo de disminuir el aumento de precios, o ya tienen preparada la trampa para que la gente señale a los culpables que ellos precisan. En fin, solo una emboscada para ocultar la causa.
(*) Alberto Medina Méndez. Periodista y analista político.
Fuente: Comunicación personal del autor