sábado, 2 de marzo de 2013

La casa dividida no perdurará

Por Jorge Raventos (*)
Con su discurso del viernes  ante el Congreso  la presidente Cristina Kirchner  cerró  una agitada semana política. En la genética del "modelo K" la confrontación ha sido una característica decisiva, que en su momento le permitió al difunto Néstor Kirchner elevarse por encima de su mínimo capital electoral de 22 por ciento y concentrar un inaudito poder en la presidencia. Hoy ese rasgo domina abrumadoramente  el gobierno de su viuda, como consecuencia necesaria de su paulatino debilitamiento.

La lógica de la concentración
La lógica de la hipercentralización, que deposita todas las decisiones en la figura presidencial, aunque siempre es simplificadora, puede exhibir  cierta eficacia cuando la autoridad que ocupa ese centro tiene por delante un horizonte sin límites notorios. Kirchner consiguió diseñar ese espejismo con la ingeniosa fórmula de la presidencia conyugal: marido y mujer se turnaban en el centro y sorteaban así el límite legal previsto por la Constitución a los mandatos. Tenían resuelto, en principio, el problema de la sucesión dentro de los límites del matrimonio.
Más allá de que privó a esa sociedad familiar de su miembro más políticamente sensible, la desaparición de Néstor Kirchner interrumpió el mecanismo de la continuidad y dejó a su viuda sometida a los plazos constitucionales, le puso fecha de vencimiento a su mandato.  El hipercentralismo no tiene un heredero natural. El modelo no tiene candidato. Sólo Cristina Kirchner puede encarnarlo y la Constitución se lo impide.  Esta semana el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, uno de los puntales del oficialismo en el Gran Buenos Aires, lu expresó así:  “ No hay duda que la candidata de este espacio es Cristina. Tendremos que encontrar la manera de que eso sea posible”.
El punto programático esencial, casi exclusivo, del cristinismo es la re-reelección de la Señora. Todo lo que lo impide, como todo lo que limita o debilita su poder actual -desde la prensa independiente o las decisiones autónomas de la Justicia, hasta la oposición política o gremial, la pretensión de ahorrar en dólares o la de vender la soja propia cuando el productor lo crea más conveniente, la Constitución o el calendario- son manifestaciones del Enemigo y deben ser neutralizadas, sofocadas o arrasadas. La confrontación con todo lo que se opone o se interpone se vuelve para el gobierno una cuestión existencial, de vida o muerte.
Ese comportamiento, enteresamente plausible desde la perspectiva de la facción oficialista, adquiere otro significado si se lo mira desde la óptica de la sociedad argentina en su conjunto: ¿por qué deberían los intereses generales someterse a las veleidades de quienes no quieren aceptar los límites que pone la Constitución?¿Por qué debe envenarse la atmósfera social con una atmósfera belicosa que distrae al país de sus objetivos prioritarios? San Marcos recuerda que una casa dividida no perdurará.
¿Y si ella renuncia formalmente a lo que tiene prohibido?
La pretensión de forzar los límites de la Constitución para recandidatear a la Presidente es el motor que alimenta esa atmósfera. Alcanzaría que ella anunciase formalmente que no aspirará a lo que la Constitución le prohíbe para que las cosas empezaran a normalizarse. Eso allanaría el terreno para que en la propia coalición oficialista emergieran candidatos dispuestos a competir. En cambio de ello, desde el gobierno llueven ataques contra aquellos de quienes se sabe o se presume que tienen aspiraciones (por lo demás legítimas) a pelear por la Presidencia o se los adivina remisos a disciplinarse al "modelo".
A veces no se trata sólo de ataques verbales. A Daniel Scioli se le mezquina la ayuda financiera que la provincia de Buenos Aires viene reclamando en nombre de  una distribución de los recursos fiscales que notoriamente la perjudica. Al intendente de Tigre, Sergio Massa, le apunta la propia Presidente en su discurso después de que su territorio fuera golpeado por la acción de barrabravas  (sin que la palabra presidencial se detuviera a evocar los vínculos con Hinchadas Unidas,  la organización  que contó con protección oficial para viajar al Mundial de Sudáfrica).
Los últimos ataques  apuntan contra la Justicia. Tiene su lógica, ya que en la visión del oficialismo el  principal obstáculo a remover está en la Constitución, es preciso golpear contra el Poder que tiene como misión específica custodiar su cumplimiento. Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte -cabeza, por tanto, del Poder Judicial- había respondido por anticipado a una ofensiva en la que el oficialismo jugó a la propia Presidente y también a la jefa de los fiscales.
Lorenzetti recordó que es deber de la Corte: "defender e interpretar la Constitución". Y pronunció un  párrafo significativo: "en los partidos de fútbol los jugadores compiten, las hinchadas se gritan, hay pasión y sentimientos, pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido”. A buen entendedor, pocas palabras.
La "democratización" de la Justicia
El presidente dela Corte sostuvo la defensa de la libertad de expresión como uno de los pilares del país y señaló:  “Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino lo que la Constitución quiere que hagamos”. Reclamó, además,  el respeto  los procedimientos judiciales y a las decisiones de todos los jueces: “Debemos ser respetuosos de la diversidad y pluralidad de opiniones de los estamentos internos de la Justicia”. Desde el gobierno, en tanto, se está reclamando un identikit iodeológico de todos los magistrados.  En otros tiempos, a quienes  proponían ese tipo de radiografía  de las ideas los llamaban “fachos” o “macartistas”. Ahora se revela que son un rasgo de progresismo.
Las huestes tribunalicias del cristinismo se han movilizado para la batalla por la Justicia. Desde hace meses vienen trabajando, fogoneadas desde la Casa Rosada, en un  programa que implica la liquidación del Poder Judicial tal como se lo conoce. A ese programa lo han llamado, con sentido propagandístico, "democratización de la Justicia". La Presidente propuso el viernes algunos puntos de ese programa. entre ellos,  adelantó que quiere que el Consejo de la Magistratura se integre por elección popular.
Una excusa para la reforma
Aunque en ese mismo discurso la señora de Kirchner aseguró que "no se propondrá ninguna reforma constitucional", la propuesta de modificar la integración del Consejo de la Magistratura quizás lo requiera, ya que la Constitución no prevé  en su artículo 109 el mecanismo que sugirió la Presidente. Si bien ese punto constitucional establece que el funcionamiento del Consejo “será regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”,  determina específicamente de qué modo se integrará el órgano: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal.” La redacción excluye implícitamente "la elección popular" de la representación de jueces y abogados, para las que reclama, eso sí, criterios de equilibrio.
Para poner en práctica la modalidad de la elección popular de los integrantes del Consejo sería quizás indispensable, entonces, modificar el artículo 109 de la Constitución. Es decir, se requeriría  una reforma. La propuesta, además de intentar un mandoble a la independencia de la Justicia, procuraría una excusa para abrir el trámite reformista. Que, una vez abierto, puede permitir el tratamiento de la re-re. El acuerdo debe pasar el filtro constitucional.
Las confrontaciones del oficialismo tuvieron otros escenarios. Uno fue la Cámara de Diputados. Con quórum ajustado y con el apoyo del “partido de los renunciantes” (diputados dimitentes que, con el fin de garantizar la votación positiva, dieron marcha atrás a esa dimisión y se apartaron temporalmente de puestos ejecutivos en sus respectivas provincias…para revertir esos pasos al día siguiente), el oficialismo consiguió sancionar el jueves a la madrugada el acuerdo con la República Islámica de Irán.
Una numerosa manifestación de repudio a ese pacto promovida por instituciones de la colectividad judía no conmovió la disciplina de los legisladores del gobierno. Ahora puede ocurrir que el acuerdo sea frenado en la Justicia (más motivospara aplicarle la "democratización"). Tanto dirigentes opositores como las autoridades de AMIA y DAIA anticiparon que presentarán recursos pidiendo que se declare  inconstitucional el Tratado.
“Quieren hacer la indagación en Teherán, lo que entendemos que es no constitucional y fuera de contexto. Entendemos que debe actuar solamente la Justicia argentina dentro de las investigaciones que lleva a cabo el doctor (Alberto) Nisman“, sostuvo el presidente de la AMIA, Guillermo Borger.
La Corte Suprema, hostigada por el gobierno, puede volver a estar en el centro de la tormenta cuando deba avocarse a la cuestión de la constitucionalidad. Varios especialistas han señalado objeciones de esa naturaleza al pacto con Teherán. Un de las objeciones planteadas es la transgresión del principio de juez natural establecido en el artículo 18 de la Constitución, donde se consigna que todo aquel imputado de cometer un delito tiene derecho a ser juzgado por sus jueces naturales y no por comisiones especiales. Los jueces naturales son los magistrados del Poder Judicial.
El acuerdo prevé la creación de una llamada "Comisión de la Verdad". Cualquier comisión creada para intervenir en esta investigación, por fuera de la justicia natural puede ser considerada inconstitucional por transgresión al artículo mencionado (“Ningún habitante de la Nación puede ser (…) juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”) y al artículo 118 (“la actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito”).
Por otra parte, la actuación del Poder Ejecutivo al sacar de cauce un proceso que estaba en desarrollo en la Justicia desafía el artículo 109 de la Constitución, que expresa con neta elocuencia que “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Más allá de las interpretaciones políticas que se le pueda asignar al acuerdo y a las motivaciones del gobierno para impulsarlo con inédita precipitación, lo que parece claro es  que la iniciativa choca con la Constitución nacional.
"Democratizar la Justicia"": ¿también en Nueva York?
Otro choque con la Justicia se produjo en Nueva York. El gobierno argentino envió una nutrida delegación a la audiencia de la Cámara de Apelaciones de la Justicia de cde esa ciudad en la que el miércoles por la tarde volvió a escenificarse la disputa con los tenedores de bonos que no aceptaron los canjes y la quita impuestos por Buenos Aires. La corte de apelaciones está revisando una sentencia que obligó a la Argentina a pagar 1.300 millones de dólares a los “holdouts”, dictada por el juez Thomas Griesa.
Amado Boudou y Hernán Lorenzino encabezaron el  grupo y se ocuparon de la “venta .política” de la postura de Balcarce 50 con argumentos que, si bien se mira, fueron distintos a los que el abogado sustanció en  la audiencia aunque obligaron finalmente al letrado a asumir posiciones osadas ante el tribunal.  En declaraciones a un canal oficialista, Boudou señaló que la presidenta Cristina Kirchner "no va permitir que se privilegie a los acreedores por sobre los argentinos”, una manera de insistir con la idea de que no habría “ni un dólar” para los fondos buitres, en su momento  voceada por la Presidente. 
El abogado Jonathan Blackman, en cambio, afirmaba que que “estamos tratando de persuadir a la Corte para que haga algo que sea factible”. Es decir, algo que no equivalga al pago del 100 por cien de los bonos adeudados y sus intereses, que fue lo que el juez Griessa falló, pero que Argentina se dispondría a pagar.
Con todo, la lógicadel interrogatorio judicial llevó a Blackman a afirmar que Argentina “no acatará” una posible orden de pago por un monto con el que no esté de acuerdo.  La necesidad de ajustarse a la retórica política del kirchnerismo no pareció demasiado positiva en términos judiciales. ”Cuando uno se somete a la Justicia es porque piensa aceptar sus veredictos”, reprendió, molesta, la jueza Reena Raggi, una de las integrantes del tribunal y la más activa durante las dos horas y cuarto que duró la audiencia. “La función de la Corte es hacer cumplir los contratos, no reescribirlos”, agregó la jueza.
Tanto los abogados argentinos como los voceros políticos –Boudou y Lorenzino- buscaron atrincherarse tras los “efectos sistémicos” que el fallo de Griessa podría tener, en alusión a que afectaría otras reestructuraciones de deuda en curso en el mundo. “Está en juego si los futuros procesos de reestructuración pueden ser factibles o no”, advirtió el titular del Palacio de Hacienda. La frase de la jueza Raggi (“La función de la Corte es hacer cumplir los contratos, no reescribirlos”) quizás sea un reparo fuerte a esa expectativa. La jueza dijo que no iba a tener en cuenta los "intentos extorsivos" de la posición argentina.
Todo hace suponer que el fallo de la Justicia neoyorquino será "no positivo" para la administración argentina. en rigor, será negativo para la Argentina, que deberá lidiar con sus consecuencias probablemente después de que esta administración haya concluido. El oficialismo, por su parte, calcula que la actitud adoptada es buena para sus intereses políticos en el plano doméstico. En cualquier caso, se inscribe en la lógica de  la confrontación contínua como medio de mantenerse a flote.
Un análisis realista debería concluir que en el tiempo próximo las confrontaciones se extenderán.
(*) Jorge Raventos. Artículo publicado por Diana Ferraro en "Peronismo Libre" el 2 de Marzo de 2013.