martes, 23 de abril de 2013

Enorme daño a la República

Gacetilla de Prensa de Libertad y Progreso (*)
La Fundación Libertad y Progreso advierte el enorme daño a la República y a la división e independencia de poderes que implican las reformas a la Justicia que el gobierno nacional está intentando.

“La modificación del régimen de las medidas cautelares en relación al Estado, así como la creación de nuevos tribunales de casación, también responde a una pretensión explícita o implícita de manejo del poder y de los tiempos de la Justicia en detrimento de los derechos de los ciudadanos”, señaló Manuel Solanet, director de Políticas Públicas de la fundación Libertad y Progreso (LyP).
Mientras que en relación al proyecto de modificación de la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura, Rafael Gómez Diez, co-autor del proyecto para reformar la justicia que presentó la fundación Libertad y Progreso el año pasado, advirtió: “Desobedece la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, ya que al instituirse la elección directa por voto popular de los miembros representantes de los jueces, abogados y académicos, se producirá lógicamente una indisimulable dependencia política de los mismos hacia aquellos partidos políticos que los postulen”
“Además, es de señalar que normas reglamentarias y éticas vigentes prohíben la participación de magistrados en actividades político partidarias”, agregó Gómez Diez.
Propuesta alternativa 
Entre otras cuestiones, el proyecto de LYP –presentado el año pasado ante académicos y representantes de la oposición- propone equiparar la actual representación de los órganos políticos con la de los jueces y los abogados, de modo que ninguno de esos estamentos tenga por sí solo capacidad para conformar quórum propio, mayoría para tomar decisiones o capacidad de bloqueo para la adopción de las mismas. Ese mismo equilibrio debería replicarse en la integración de las comisiones.
Además propone restablecer la representación de la segunda minoría legislativa en el cuerpo -suprimida mediante la reforma de 2006- de modo que los tres bloques legislativos mayoritarios tengan representatividad en el Consejo. También recomienda acelerar el proceso de cobertura de vacancias, para corregir uno de los principales factores que hoy deterioran la independencia en el Poder Judicial.
(*) La propuesta de Libertad y Progreso fue elaborada por los abogados Rafael Gómez Diez y Francisco Cárrega, y revisada por los juristas que integran el Consejo Académico de la fundación.
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