miércoles, 10 de abril de 2013

Hay que proteger la Constitución

Por Alejandro Fargosi (*)
El Gobierno ha avisado que el próximo lunes dará a conocer los proyectos para “democratizar” al Poder Judicial. Aunque la capacidad oficial para sorprender es mucha, en este caso será difícil, porque la estrategia K no tiene nada que ver con “democratizarlo”, frase que es mero maquillaje, sino que se dirige simple y frontalmente a dominarlo. Los supuestos males que el Gobierno imputa a los jueces parece que no existieron durante los larguísimos diez años de su gestión y sólo surgieron cuando algunos jueces valientes rechazaron las pretensiones gubernamentales y en el Consejo de la Magistratura nos negamos a echarlos.
Ese movimiento de pinzas se completa con los aplaudidores oficiales, que tratan de instalar la falacia de la “justicia legítima” dando a entender que la que existe es ilegítima.
Claro que no pueden disimular que ellos mismos pudieron entrar al Poder Judicial, se mantuvieron y ascendieron hasta sus máximos niveles. La ilegitimidad, el oscurantismo y el corporativismo que se alegó no fueron obstáculo para sus carreras. ¿Por qué será?
La verdad de la Justicia argentina en el siglo XXI es que, aunque haya mucho por hacer, funciona bastante mejor que los otros poderes. Por ejemplo, cualquier persona puede acceder informáticamente a la mayoría de los trámites en juzgados y Corte, incluidas las prórrogas de sentencia. Ya se han informatizado sectores muy importantes y el “expediente electrónico” será una realidad si se dispone de fondos, que la Justicia pide al Ejecutivo y al Legislativo y no siempre obtiene. Y desde hace años los magistrados presentan declaraciones juradas anuales. Quien diga otra cosa se quedó en la década del 80. O del 70, lo cual es mucho peor.
Obviamente que hay que mejorar y acelerar a la Justicia y tenemos que garantizar que todos los habitantes puedan tener juicios justos, rápidos y eficientes. Pero -digámoslo claro- más urgente es mejorar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. El Gobierno tendría que ocuparse antes de la seguridad, la salud, la energía y otras necesidades urgentes de la gente, como lo demuestran la tragedia de las inundaciones, el drama de Once, el horror de Cromagnon, el flagelo de la delincuencia, la penetración de la droga, la crisis energética y la inflación.
Si se quiere empezar por lo judicial, el Gobierno podría hacerlo ya mismo: por ejemplo, cumpliendo los fallos de la Corte, acelerando las ternas de jueces que tiene en su poder y creando los muchos juzgados que se necesitan, incrementando muy rápido y en gran cantidad los juzgados penales de todas las competencias. Podrían potenciarse enormemente los cuerpos periciales, para que las pruebas no tarden años. Podrían hacerse nuevas cárceles y mejorarse las actuales, con la incorporación de institutos para la custodia efectiva de los violadores, y terminar así con la excusa que deja a delincuentes en la calle, condenándonos a muerte al resto. Eso es lo que se necesita y no Cámaras de Casación que demorarán los trámites ya demasiado lentos, sitiarán a la Corte y, con ella, a quienes necesitamos que defienda las libertades que el Gobierno se empeña en atacar.
Menos todavía se necesita limitar las cautelares, lo que sepultará a todos quienes -como jubilados, gendarmes y otras víctimas de la avaricia oficial- no reciben del Gobierno lo que legítimamente les corresponde. Por no hablar de los pocos medios de prensa independientes que van quedando, que serán también avasallados, junto con las dóciles empresas que se inclinan ante la más mínima presión oficial, olvidándose de Niemöller.
Pareciera que hay que proteger al Gobierno de la gente, cuando en realidad, las leyes y la Justicia nacieron y están para proteger a la gente de los gobiernos.
Lo peor se concretará en los cambios al Consejo de la Magistratura, ya menoscabado por otra ley cristinista de 2006, impugnada judicialmente por el Colegio Público de Abogados y por el Colegio y la Asociación de Abogados.
Dar a cualquier gobierno, y sobre todo a éste, el control del Consejo terminaría con la independencia de los jueces. El Consejo se creó para evitar que los poderes Ejecutivo y Legislativo, por mera política, decidan quiénes son jueces y a quiénes hay que echar. Por eso el Consejo se integra con abogados, magistrados y académicos que no se eligen de manera masiva porque son especialistas, profesionales, que seleccionan y analizan a otros profesionales sobre materias legales y jurisdiccionales, cosa que sólo pueden hacer los que saben del tema, los idóneos, como manda la Constitución.
Otra trampa es que los partidos que no han podido ganar elecciones entre abogados, jueces y académicos -donde todos nos conocemos- sí lo podrán lograr a nivel masivo. Y si los consejeros se eligen por voto popular, las maldades y defectos de las listas sábana cubrirían al Consejo, ya que ganaría siempre el partido dominante en cada momento. Con esa reforma desaparecerá la independencia judicial y chavizaremos la Justicia.
Quienes estamos para proteger la Constitución debemos evitarlo, con prudencia, pero sin caer en su degeneración, que es la cobardía.
(*) Alejandro Fargosi es Miembro del Consejo de la Magistratura. Artículo publicado en La Nación y en Libertad y Progreso el 6 de Abril de 2013