lunes, 15 de abril de 2013

La República en Coma

Por Enrique G. Avogadro (*)
“Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. …” Artículo 21 de la Constitución Nacional

Voy a omitir referirme a los detalles de este nuevo cachivache que la señora Presidente está usando como ariete para demoler, quizás definitivamente, a la República, entendida como un régimen constitucional con división de poderes, y lo haré porque ya han corrido ríos de tinta y miles de segundos de radio y televisión analizándolos. Me centraré, por el contrario, en la obligatoria reacción, individual y colectiva, que el mismo debiera general entre los ciudadanos, tal como les impone la Constitución Nacional en el artículo citado. 
El jueves 18 de abril –el ya famoso 18A- (este video convoca: http://tinyurl.com/d4l3zyr) las plazas y calles de todo el país se poblarán, con absoluta certeza, de cientos de miles de compatriotas, que manifestarán su indignación y su repulsa a todo un método de gobernar que, para enriquecer aún más a sus funcionarios y a los empresarios amigos, no titubea en matar, sea en los trenes, sea en las rutas, mediante inundaciones previsibles y evitables o, simplemente, por la violencia con que la inseguridad se manifiesta hoy, causada en gran medida por la proliferación de las drogas, un comercio atribuible también a políticos y policías corruptos.
Anhelo que el número de manifestantes que se expresó el 8 de noviembre de 2012 sea superado por esta nueva muestra del hartazgo general pero, sobre todo, mi mayor esperanza está cifrada en que, a diferencia de la anterior, ésta sirva para unirnos a todos aquellos que no estamos dispuestos a tolerar un día más este régimen de cambalache, mezcla rara de ladrones y cultores de ideologías trasnochadas y fracasadas en el mundo entero.
Los argentinos debiéramos aprovechar esta oportunidad para exigir que todos los pre-candidatos a legisladores nacionales o provinciales se comprometan públicamente y por escrito a no permitir que la Constitución sea reformada nuevamente, para impedir que se termine de asesinarla. Si lo hacemos, si todos nos esforzamos para cumplirla a rajatabla, todo lo demás nos será dado por añadidura, ya que “para ser verdaderamente libres es necesario ser esclavo de las leyes”.
Estamos sometidos y empobrecidos a niveles inimaginables hace algunas décadas, porque hemos tolerado que, como sucede con la rana cuando se la pone en agua fría para iniciar su cocción, se nos hayan gradualmente amputado libertades y cercenado derechos. Nuestros representantes, que pueblan el Congreso y las legislaturas provinciales, se han dejado engatusar, en su terrible y costoso infantilismo, por el papel dorado y las cintas brillantes con los que el kirchner-cristinismo ha sabido envolver sus proyectos más demenciales.
Hemos visto, sin reaccionar, cómo se confiscaban los ahorros en las AFJP’s para permitir al Gobierno hacerse de los fondos; cómo se cambiaba la composición del Consejo de la Magistratura para garantizar la impunidad de los jueces y de los funcionarios corruptos y para perseguir a quienes dictan sentencias con arreglo al derecho vigente; cómo se reformaba la carta orgánica del Banco Central para emitir sin medida y generar más inflación, amén de saquear sus reservas; cómo, con la excusa de garantizar la “mesa de los argentinos” se perdían doce millones de cabezas de ganado y se cerraban cientos de frigoríficos; cómo, para poder robarse YPF, se generaba una crisis energética que nos llevó a resignar el autoabastecimiento e perder ingentes reservas de gas y de petróleo; cómo, aprobando año tras año la “emergencia económica”, se otorgaron facultades al Ejecutivo que lo faculta a estrangular a las provincias no alineadas y a reasignar partidas presupuestarias, destinadas a la infraestructura, para apoyar proyectos faraónicos que habilitan el latrocinio.
Tengo miles de razones, después de cuarenta y seis años de ejercicio de la abogacía, para creer que el Poder Judicial –y más los otros dos- necesita varios ajustes, para garantizar la transparencia en la administración de justicia y la idoneidad e independencia los jueces y para facilitar el acceso de los más pobres. Pero me opongo férreamente a este disparate que el Gobierno ha inventado para poder poner a la Justicia al servicio de sus planes más espurios, sin siquiera discutirlos.
Estoy convencido, por ejemplo, que los actuales jueces, y también los secretarios, deben someterse periódicamente a exámenes sobre sus conocimientos. La forma de garantizar la transparencia de tales evaluaciones sería, creo, que fueran rendidos en forma anónima, como sucede en tantos concursos literarios, aquí y en el mundo. Un Consejo de la Magistratura apolítico e independiente removería, con esos resultados, a quienes no fueran aptos para ejercer la magistratura, y designaría, utilizando el mismo procedimiento, las ternas a elevar al Ejecutivo.     
También sé que, si trajéramos al presente una vieja institución española, el juicio de residencia, y sometiéramos a él a todos los funcionarios de cierta jerarquía al dejar sus cargos, podríamos empezar a recorrer el camino de la decencia en la administración pública.
En fin; cuando este régimen pseudo progresista -que hace discursos por izquierda pero roba por derecha- termine, tendremos que arremangarnos todos para reconstruir la República. Con los cimientos de la misma tan carcomidas por el “pobrismo” que requiere la necesidad clientelista, será una tarea ímproba, que requerirá de un cambio en la mentalidad de la sociedad. Debemos entender, por ejemplo, que es perverso, además de inútil, subsidiar a las empresas y no a los consumidores más pobres, o gastar en Aerolíneas Argentinas diez veces más que lo que hubieran requerido las obras necesarias para evitar las inundaciones, pasadas o futuras, de La Plata. Y que es imprescindible que los “planes” tengan un correlato real de educación y prestación de servicios transformándolos, si se quiere, en un aporte del Estado para completar los salarios de los nuevos trabajadores que se incorporen a la actividad privada.   
Por todo eso, el 18A debe ser masivo, pero también conducente. Debe ser un claro mensaje a los opositores, para que abandonen su vocación protagónica y acepten ser actores de reparto en la nueva película que la Argentina debe comenzar a filmar ya mismo. Si no lo hacen, no habrá marquesina en la que colocar sus nombres entre luces, ya que todo será silencio y oscuridad.
Buenos Aires, 14 de Abril de  2013
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
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Fuente: Comunicación personal del autor