martes, 14 de mayo de 2013

Antología de disparates de la Economía del Bien Común

Por Juan Ramón Rallo (*)
Como sabéis, una de las propuestas “regeneración económica” que más se está difundiendo en los últimos meses es la llamada “Economía del Bien Común”, impulsada originalmente por Christian Felber. Aunque posteriormente escribiré un artículo analizándola y criticándola de manera mucho más minuciosa, de momento basta con que el propio Felber se autorretrate en alguna de sus propuestas más originalmente liberticidas:

  • “Sólo las personas que trabajan en la empresa deben participar en los beneficios que ésta genera”.
  • En la economía del bien común hay un salario mínimo y máximo para cada hora de trabajo. Por ejemplo, se puede establecer que lo percibido como máximo por hora trabajada sea diez veces lo fijado para el mínimo”.
  • “En el futuro no deben existir dividendos”.
  • “Las personas pueden involucrarse en las empresas. La diferencia radica en que por ello no se obtendrán réditos financieros ni tampoco podrán vender parte de la empresa los mercados (participar en la bolsa)”.
  • “Las empresas deben obtener sus ingresos solamente a través delos productos que fabrican o los servicios que prestan, no a través de sus operaciones financieras”.
  • “La quiebra es improbable en la economía del bien común”.
  • “En la economía del bien común, todas las empresas preparadas para cooperar de un sector afectado [por la crisis] podrían convocar un <<comité de crisis o de cooperación>> para discutir [diversas formas de repartir los costes de la crisis]”.
  • “En el sistema de la economía del bien común todas las personas se tomarán un año por década en su vida laboral para dedicarse a otras cosas”.
  • “En la economía del bien común ya no van a existir ni bancos ni aseguradoras enfocadas al beneficio, el sistema financiero se va a convertir en un bien público. Las pensiones, y por ende su reparto, no van a ser por ellos menos seguras”.
  • “El dinero en forma de crédito debe ser un bien público y los mercados financieros deben ser cerrados”.
  • “Las personas depositarán sus activos financieros en la banca democrática, bancos cooperativos o cajas de ahorros, que sólo negociarán con depósitos y créditos. Las personas viven de los salarios, no de los rendimientos del capital”.
  • “La sociedad anónima del futuro será una sociedad con participaciones de ciudadanos a nivel regional o global”.
  • “Básicamente, el Banco Central se ocuparía de la financiación del Estado, sin intereses”.
  • “No debe haber en el futuro ni derivados, ni títulos de crédito, pero tampoco ofertas públicas de venta (OPV) ni fusiones ni adquisiciones de empresas”.
  • “Los precios de las materias primas se fijarán democráticamente en una asamblea, en la que productores y consumidores acordarán conjuntamente precios razonables para ambas partes”.
  • “El banco no buscará maximizar sus beneficios y por tanto su tendencia al riesgo es débil”.
  • “El Banco Central evita la quiebra [de bancos] mediante la recapitalización”.
  • “No habrá intereses ni en créditos ni en depósitos de ahorro”.
  • “El salario mínimo debe garantizar una vida digna. Podría estar referenciado a una cesta de buena vida y establecerse en 1.250 euros mensuales como valor orientativo”.
  • “Se debe debatir en la economía del bien común sobre un tope máximo que limite la propiedad privada, por ejemplo, diez millones de euros”.
  • “Mejor sería que un organismo social independiente del gobierno guiara a las empresas. Se podría concebir un parlamento económico regional que, actuando como representante del pueblo soberano, participara en el consejo de administración de todas las empresas de una región”.
  • “Después de veinte años, el fundador de una empresa con cien empleados no tendría, matemáticamente, ningún acceso al beneficio”.
  • “Se trata sólo de evitar que los propietarios de las grandes empresas efectúen una desproporcionada retirada de beneficios para su enriquecimiento personal”.
  • “La herencia se mantiene hasta ciertos límites. Los activos heredados que excedan ese límite se traspasan a un <<fondo intergeneracional>> público, cuyo contenido se repartirá de manera equitativa, como una <<dote democrática>> entre los descendientes de la siguiente generación. El límite se podría poner en las herencias monetarias y de inmuebles, por ejemplo, en 500.000 o 700.000 euros por persona”.
  • “El libre comercio sería una amenaza para una <<individual>> economía del bien común”.
(*) Juan Ramón Rallo es doctor en Economía con Premio Extraordinario de fin de carrera y licenciado en Derecho también con Premio Extraordinario de fin de carrera por la Universidad de Valencia, así como master en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesor en esta última universidad y en los centros de estudios OMMA e Isead. Asimismo es director del Instituto Juan de Mariana. Artículo publicado en la web personal del Dr. J. Rallo el 14 de Mayo de 2013