lunes, 20 de mayo de 2013

La Hora de la Constitución

Por Jorge Raventos (*)
La estrategia oficial del “vamos por todo” se despliega  por los bordes de la Constitución. Por ahora las operaciones de defensa la detienen, pero la experiencia indica que el gobierno  es más bien atropellador que cauteloso. La experiencia también indica que  órdenes de la Justicia (y de la propia Corte Suprema) han sido desacatadas. En los casos que ahora se discuten  (reforma dela Justicia, defensa federal de la libertad de prensa) lo que está en juego es la cuestión constitucional misma, por lo que el desacato sería una cuestión delicadísima. Porque la Argentina corre esos riesgos, esta es La Hora de la Constitución, una  designación actualizada de lo que alguna vez se llamó la Hora del Pueblo, una necesaria convergencia de todas las fuerzas dispuestas a  vivir y actuar de acuerdo a nuestra Ley Fundamental y a defender  ese marco de convivencia civilizada.
La solitaria  muerte de Jorge Rafael Videla en una celda del penal de Marcos Paz ya ha suscitado numerosos comentarios previsibles. Podría estimular también, quizás, alguna reflexión  sobre la volubilidad del poder: alguien, por un momento ocupa el vértice  de un mecanismo capaz de disponer de vida, honor, fortuna y destino de miles de semejantes, y en otro momento termina su vida en una cárcel común, ignorado o maldecido por la enorme mayoría de sus conciudadanos y apartado incluso de las instituciones a las que perteneció y condujo. La Historia suele someter a los hombres y a las mujeres a vaivenes análogos, particularmente a aquellos que encarnan la desmesura, que corporizan una idea de superioridad  sobre el resto, que se creen mesiánicamente autorizados a ir por todo, más allá de las leyes y las normas, para realizar sus objetivos. La caída de esos personajes suele ser penosa y aleccionadora. Un ex montonero, hoy académico, Héctor Leis, escribió a raíz de esta muerte, buscando la ponderación en un tema que parece proscribirla: “su comportamiento en los años 70 debe ser explicado a partir de acontecimientos en los que participará, de un modo u otro, el resto de la sociedad argentina. ¿Por qué esta verdad tan obvia todavía no se acepta?”
Videla estaba muerto mucho antes de morir físicamente. No lo devolvió a la existencia la sociedad, que quería hundirlo en el olvido donde se entierran los grandes errores y los grandes pecados, sino otros que, como él mismo, prefieren seguir atados a las ideas, sueños y pesadillas de aquella década en la que se sintieron protagonistas. 

 Chocar con la Justicia
Esta semana el conflicto que motoriza el oficialismo con su estrategia de  ”ir por todo” escaló varios puntos, aunque el  gobierno debió retroceder en un aspecto central, pues tuvo que suspender su proyectada ofensiva sobre el Grupo Clarín. Veamos.
Uno de los puntos de la avanzada del gobierno ha sido la reforma judicial (bautizada “democratización de la Justicia”), con la que el Poder Ejecutivo procura controlar los tribunales a través de la creación  de nuevas instancias de casación y de la composición de un Consejo de la Magistratura sin equilibrio, que actuaría sin mayorías especiales para designar o sancionar magistrados  y con  una elección partidizada  de sus  miembros  que convertiría a ese organismo en anexo del partido triunfante, contrariando la  letra y el espíritu de la Constitución.
Promulgadas las leyes de la reforma,  cientos de juzgados del  país recibirán recursos pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de esas normas.
En la reforma judicial, por lo tanto, el gobierno encara  una  guerra  de carácter constitucional.

La defensa de la libertad de prensa y el DNU de Macri
Sus proyectos de  sancionar de alguna manera  al Grupo Clarín, habida cuenta de que no ha podido aplicarle todavía  la Ley de Medios  (pensada para ese fin), también se mueven  en el borde de los criterios constitucionales. Un proyecto de ley presentado en el Congreso por Carlos Kunkel (con obvia consulta previa a la Casa Rosada) promueve la  expropiación de acciones de la empresa Papel Prensa (cuyos socios mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación), de modo de convertir al Estado en socio mayoritario y darle el manejo de la firma.
A esa  jugada  el gobierno  trato de sumarle  una intervención en el Grupo Clarín a través de la Comisión Nacional de Valores, con la excusa  de defender  “los derechos de accionistas minoritarios”, en este caso, del  Estado que adquirió esa condición después de expropiar a las Administradoras  de Fondos de Pensión y de reunir las inversiones accionarias que cada una de ellas mantenía atomizadamente.  La intervención daría al gobierno el manejo (durante al menos seis meses) de todas y cada una de las empresas del grupo  (desde el diario Clarín hasta Cablevisión, desde Canal 13 a TN), modificar su línea editorial y su programación, despedir o echar personal, etc.  La invasión del derecho de propiedad es evidente y  la cuestión constitucional , porlo tanto, es obvia.
Más allá de lo que la empresa  (y eventualmente, empresas, en plural, ya que el mismo mecanismo de la Comisión Nacional de Valores el gobierno podría intentarlo con todas las empresas en las que, por aquella  colonización de los fondos de pensión, ha quedado como accionista minoritario) puedan  accionar ante la Justicia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires introdujo una audaz variante: dictó un decreto de necesidad y urgencia (que pronto la Legislatura convertirá en ley) de defensa de la  libertad de prensa, según la cual se prohíbe –en el ámbito de la Capital y en función del poder autónomp de su gobierno-  toda acción que restrinja la acción de los medios y se crea una instancia judicial porteña para tratar esas cuestiones, bajo  del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ahora la provincia de Córdoba se dispone a hacer lo propio en su jurisdicción.
Con estos pasos de los gobiernos de Mauricio Macri y José Manuel De la Sota, los intentos  de “ir por  todo” en relación con los medios chocarán con una frontera federal:  es decir, con otro costado  de  la Constitución. Los voceros del gobierno central  acusaron  a Macri  (se supone que opinarán lo mismo  de la iniciativa cordobesa) de cometer una “burrada jurídica”. Constitucionalistas independientes no opinan lo mismo: estiman que  el decreto porteño está muy bien fundamentado. En cualquier caso, lo que cuenta no son las expresiones de los voceros, sino los hechos. Y el gobierno nacional, ante la nueva frontera federal constitucional  (sostenida, por lo demás, por el conjunto de las fuerzas opositoras) parece haber decidido que la ofensiva contra Clarín estaba verde, como las uvas de la fábula. Pues si decidiera actuar como proyectaba, se vería detenida por la justicia porteña y, en última instancia, debería plantear la cuestión ante la Corte Suprema  (en el marco de su discusión constitucional con  la Justicia).
Acciones  agresivas, como el hostigamiento, esta semana,  al hogar de Julio Blanck, un brillante periodista de Clarín y TN, ocurren en el marco de la escalada de este conflicto y de la impotencia que experimentan los que no pueden andar por  los caminos legales.

Entre la Constitución y el facto

La estrategia oficial del “vamos por todo” se despliega, como se ve, por los bordes de la Constitución. Por ahora las operaciones de defensa la detienen, pero la experiencia indica que el gobierno  es más bien atropellador que cauteloso. La experiencia también indica que  órdenes de la Justicia (y de la propia Corte Suprema) han sido desacatadas. En estos casos (reforma dela Justicia, defensa federal de la libertad de prensa) lo que está en juego es la cuestión constitucional misma, por lo que el desacato sería una cuestión delicadísima.
El presidente de la Asolciación de Magistrados, el juez Luis María Cabral, señaló esta semana que “en nuestro sistema de división de poderes, la única fuerza que tiene el Poder Judicial es el acatamiento de sus fallos. Si quien tiene la fuerza y tiene la bolsa, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no acatan los fallos, se crea lo que se denomina conflicto de poderes y esto puede crear una situación de grave vulnerabilidad. Yo creo que si hay un fallo de la Corte Suprema va a ser acatado y espero que así sea y es la obligación de todo funcionario que haya jurado la Constitución Nacional”.
Ciertamente, si a alguien se le ocurriera aplicar políticas de hecho para desacatar fallos de la Corte referidos a cuestiones de constitucionalidad, estaría colocándose fuera de la Constitución y gobernando, en el mejor de los casos, “de hecho”. O, como suele decirse, “de facto”.
Porque la Argentina corre esos riesgos, esta es la hora de la Constitución, una  designación actualizada de lo que alguna vez se llamó la Hora del Pueblo, una necesaria convergencia de todas las fuerzas dispuestas a  vivir y actuar de acuerdo a nuestra Ley Fundamental y a defender  ese marco de convivencia civilizada.
Lo que hará Sergio Massa
En medio de estas amenazas, el país está en tiempos electorales, con un cronograma  que ya  se puso en práctica con la publicación de los padrones y que el mes próximo verá la inscripción de alianzas y la preinscripción de candidatos para las primarias obligatorias y simultáneas.
Aunque las incógnitas son muchas, la más acuciante parece ser cuál será la conducta política de un intendente: el de Tigre, Sergio Massa. ¿Qué hará Massa en las elecciones de octubre?, se preguntan en el gobierno (en plaza de Mayo y en La Plata)  y en la oposición, particularmente en el peronismo opositor ¿Quedará al margen de esa competencia, concentrado en su gestión como intendente de Tigre;  presentará una lista propia en el distrito bonaerense; se aliará al oficialista Frente para la Victoria o trabajará junto a los peronistas anti-K con los que conversa a menudo?
El jueves por la noche, mientras él gambeteaba una definición tajante  en la cena de Conciencia, en La Rural, cada vez que sus interlocutores lo interrogaban sobre estos asuntos, a pocos kilómetros de Palermo, en la Casa de Galicia del barrio de San Cristóbal, un allegado suyo vaticinaba cuál será su decisión: Massa –dijo-  será candidato a diputado en octubre y no jugará con los colores  del Frente para la Victoria sino con los de una fuerza autónoma, en principio bonaerense. El augur que así habló del futuro de Massa es su suegro, Fernando Pato Galmarini,  un histórico del peronismo bonaerense que fue ministro de Gobierno de la provincia después de ser secretario de Deportes de la Nación (todo en la década del noventa). También es ilustrativo el contexto en el que Galmarini lanzó su pronóstico: fue en una comida en la que dos centenares de peronistas porteños lanzaban un operativo clamor por la candidatura de Roberto Lavagna a una senaduría por la Capital Federal  “más allá del resultado de las conversaciones con el Pro”. El azar juega en política, pero en este caso no hay que culparlo: Lavagna y Massa podrían constituir un tándem peronista en la región metropolitana en las elecciones de octubre, brindándose apoyo recíproco.
En  cualquier caso, no hay que confundir presagios con realidad: Massa no miente cuando dice que hará lo que le pida el amplios círculo político en el que se apoya, conformado muy principalmente por intendentes y referentes de la provincia. Sucede que allí prevalece la idea de jugar autónomamente en octubre (el ex senador provincial Juan Amondarain, uno de los principales armadores del intendente de Tigre, pudo ratificarlo el viernes en una tenida que mantuvo en La Plata), pero lanzarse a un desafío electoral requiere además asegurar una logística, recursos y una estructura para defenderse de los ataques que seguramente se manifestarán. A fin de mes Massa calcula que sabrá con exactitud si tiene o no la plataforma de lanzamiento que necesita y desea.
Presión sobre Scioli
A un mes de la inscripción de alianzas y la determinación de candidatos que deben probarse en las elecciones primarias, el oficialismo no ha conseguido todavía definir quién encabezará su boleta en la provincia de Buenos Aires. Es probable que, a la luz de la decisión de Massa, se ejerza una fuerte presión sobre Daniel Scioli para que él o su esposa, Karina Rabolini,  defiendan el pabellón oficialista en el distrito y encabecen una boleta llena de candidatos incondicionales del poder central. Es que para el cristinismo los comicios bonaerenses son decisivos: necesita cosechar allí los votos (y las bancas) que no podrá lograr en otros distritos grandes (Capital, Santa Fé, Córdoba, Mendoza) donde su derrota parece incontrastable. Y lo cierto es que, tal como pinta el paisaje bonaerense, ese objetivo parece difícil de alcanzar. Si se presenta Massa, entre él y Francisco De Narváez  (dos figuras con muchas semejanzas que, por lo tanto, compiten  entre sí) se repartirían mínimamente  dos tercios de los sufragios; el oficialismo tendría que pelear por el resto con otra candidatura atractiva (Margarita Stolbizer seguramente liderará la oferta de Frente Amplio Progresista), una puja en la que el reflejo de la influencia de  Scioli puede prevalecer, claro. Pero la mera circunstancia de depender del influjo de Scioli es un trago amargo para el cristinismo, que siempre lo hostigó y lo consideró sapo de otro pozo.
Si ese fuera el diseño delas ofertas políticas en la provincia de Buenos Aires, podría afirmarse que el gobierno estaría derrotado ya antes de la competencia.

(*) Jorge Raventos. Artículo publicado por Diana Ferraro en "Peronismo Libre" el 18 de Mayo de 2013