jueves, 2 de mayo de 2013

Otra señal de aislamiento e ilegalidad

Por Joaquín Morales Solá (*)
La única guerra que Cristina Kirchner no había previsto era contra la ONU , la organización más poderosa de la comunidad internacional.

Rotos los lazos con aliados históricos y estratégicos, en el momento de mayor aislamiento de la Argentina desde 1983 y con la paciencia agotada en muchas capitales, el duro documento de la ONU sobre la reforma judicial se convirtió en paradigma y símbolo. Sirve para medir la amplitud de la soledad y para establecer hasta qué punto es ilegal una reforma que terminará borrando cualquier noción de independencia de la justicia argentina.
Al revés de lo que dice el furioso y rústico documento de réplica del gobierno argentino, la relatora especial de las Naciones Unidas, la brasileña Gabriela Knaul, demostró haber estudiado cada proyecto enviado por la Presidenta a su domesticado Parlamento . Apuntó, con precisión, contra las dos reformas más importantes: la que cooptará al Poder Judicial para la corporación política reinante y la que convertirá a los argentinos en víctimas permanentes de su Estado.
A esa tragedia democrática se llegará con la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura y con las limitaciones de las medidas cautelares, que resguardaban a los ciudadanos de las decisiones de los gobiernos hasta la decisión definitiva de la Justicia.
Esas decisiones son inconstitucionales, porque violan varios artículos de la Constitución argentina, tanto del viejo texto como del nuevo de 1994. La relatora Knaul agregó ahora que también son violatorias de varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la Argentina ha suscripto. Knaul subrayó que la reforma judicial argentina "no respeta los estándares internacionales" de la necesaria independencia de los jueces. Idioma diplomático para decir que no es bueno que una democracia transforme en pobres empleados a sus jueces. Jueces que podrán ser nombrados, ascendidos, echados o sumariados según la coloratura política del poder que haya ganado la última elección presidencial.
En los últimos 30 años de democracia, nunca la Argentina había sido reprendida de semejante manera por las Naciones Unidas. Una política exterior sin conducción y sin dirección, colocada al arbitrio de los humores presidenciales, logró que una organización tan influyente como cauta hasta lo insoportable se cansara de los gobernantes argentinos. En efecto, las Naciones Unidas es un organismo burocrático que contempla pesos y contrapesos de tal manera que es muy raro que se pronuncie a tiempo sobre los zafarranchos de un gobierno. ¿Será éste otro pergamino para la década ganada?
No puede ignorarse otro hecho curioso. Un gobierno que dice haber abierto nuevos caminos internacionales en la defensa de los derechos humanos se ha enfrentado en los últimos tiempos con las comisiones de derechos humanos de las dos organizaciones internacionales más importantes para el país: la OEA y las Naciones Unidas.
Hace poco, en marzo, la Argentina contribuyó a que no se cerrara, como debió suceder, el debate abierto por Ecuador y Venezuela sobre el destino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión trabaja en el seno de la OEA y de ella depende la Relatoría de Libertad de Expresión, a cargo de la prestigiosa jurista colombiana Catalina Botero. El gobierno argentino no veía con buenos ojos ni a la comisión ni a su relatoría sobre la libertad de la acosada prensa latinoamericana. Disimuló, al final, pero encontró una fórmula para que esos organismos de la OEA estén en discusión permanente.
Ahora se enfrentó con una relatoría de las Naciones Unidas que también depende de organismos que existen para defender los derechos humanos. La Cancillería argentina replicó a la relatora Knaul reprochándole su presunta falta de "prudencia y moderación". El gobierno argentino ha convertido en arte la estrategia de pedirles a los otros lo que él no hace. Pero el encontronazo es significativo, sobre todo, por su contradicción. ¿No es, acaso, el mismo gobierno que pondera un día sí y otro también los méritos de las Naciones Unidas y que promueve el acatamiento irrestricto a sus postulados? ¿No es eso lo que hace vez que habla de las islas Malvinas y le exige al gobierno británico que cumpla con las indicaciones de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas son como los jueces argentinos: resultan muy buenos cuando siguen la dirección de los funcionarios cristinistas, pero se convierten en "ilegítimos y corporativos" cuando contradicen la voluntad que manda.
La reforma judicial de Cristina Kirchner es un problema político e institucional, pero el corazón de su debilidad es que carece de legalidad, dentro y fuera del país. Anteayer, la Corte Suprema de Justicia se reunió, en su encuentro semanal de acuerdos, y el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, confirmó que debió advertir seriamente al gobierno sobre las disposiciones que derrocaban a ese tribunal como cabeza del Poder Judicial. "Eso no debía pasar. Y si hubiera pasado, yo no me habría quedado para convalidar el atropello", dijo Lorenzetti confirmando una información de LA NACION del viernes último. "Nos íbamos todos", sintetizó otro miembro de la Corte.
La Corte trató en esa reunión los temas que más le preocupan ahora. Uno de ellos refiere a que el gobierno se llevó, a través del Consejo de la Magistratura, la designación de jueces subrogantes, que era una facultad de la Corte y de las cámaras.
El gobierno kirchnerista ha sido históricamente deficitario en la designación de jueces para cubrir las plazas vacantes; un 30 por ciento de los juzgados nacionales está vacante. Es probable que, en adelante, el Gobierno sólo cubra los juzgados que necesita con jueces subrogantes amigos.
El otro tema es el de la Escuela Judicial, cuyo consejo académico estaba antes integrado por catedráticos notables y era presidido por el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda. El Ministerio de Justicia se llevó directamente la conducción académica de esa escuela que forma a los futuros jueces. Otro potencial conflicto tratado fue la conversión de los ahorros del Poder Judicial, unos 5000 millones de pesos, en recursos del presupuesto que podrían ser canjeados por bonos del Tesoro.
La Corte Suprema no dijo una sola palabra sobre la constitucionalidad de la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura ni sobre la limitación de las cautelares. No quiere prejuzgar ni colocarse al borde de la recusación. Pero adelantó, en su carta al presidente de la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de esas decisiones.
Las mismas decisiones que las Naciones Unidas acaban de acusar de ir contra la letra y el espíritu de esenciales tratados internacionales sobre derechos humanos. Cristina Kirchner descubrirá, más pronto que tarde, que darse todos los gustos conlleva el maleficio que condena a los políticos a carecer de un destino.
(*) Joaquín Morales Solá. Periodista, escritor y analista político. Artículo publicado por La Nación el 2 de Mayo de 2013