lunes, 24 de junio de 2013

CFK, Justicia, urnas y gobernabilidad

Por Jorge Raventos  (*)
Como era previsible, antes del feriado largo que cerraba esta semana decisiva, la Corte Suprema se pronunció sobre la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que el gobierno hizo aprobar por el Congreso con el voto disciplinado de sus huestes legislativas. Como también era previsible, el fallo del Tribunal fue negativo para la Casa Rosada: consideró inconstitucional la reforma, centrándose en cuatro artículos decisivos. 
Cuidar la Constitución
El criterio de la Corte golpeó de lleno sobre la principal iniciativa impulsada por el Gobierno con la excusa de “democratizar” el Poder Judicial. Como primera consecuencia del pronunciamiento quedó definitivamente suspendida la elección de consejeros que el oficialismo pretendía colar en octubre, particularmente la partidización de las representaciones de jueces, abogados y académicos prevista para las primarias de agosto y las legislativas de octubre. El fallo declaró asimismo inaplicables los cambios que preveía la ley de reforma del Consejo en cuanto a flexibilizar la mayoría necesaria para suspender a un juez.
El pronunciamiento del Tribunal contó con el voto de seis de sus siete miembros (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay). El único voto favorable a la ley kirchnerista correspondió a Eugenio Zaffaroni, el ministro habitualmente más cercano a las posiciones del gobierno. Zaffaroni contradijo con ese voto sus propios criterios como convencional constituyente en 1994. En esa ocasión se opuso rotundamente a la partidización del Consejo y en especial al sistema de elección de jueces por vía de partidos y comicios generales.
La ley votada por el kirchnerismo preveía la ampliación de 13 a 19 de los integrantes del Consejo. El fallo vetó esa ampliación. También rechazó el cambio de la cantidad de votos necesarios para suspender a un juez: mayoría de la mitad más uno en lugar de dos tercios.
Más allá de la casuística y de los aspectos específicos, el pronunciamiento de la abrumadora mayoría de la Corte marcó con claridad límites que el poder político parece siempre predispuesto a violar: recordó por ejemplo que sólo se puede modificar la Carta Magna con una reforma constitucional y no con una ley simple. La Corte señaló así a la Presidente un camino que ella quisiera recorrer, aunque ya no esté políticamente en condiciones de hacerlo.
La Corte –árbitro último de la constitucionalidad- argumentó extensamente contra los razonamientos que esgrime el oficialismo, según los cuales la Justicia debería prosternarse ante las mayorías electorales circunstanciales y olvidar su deber constitucional de hacer respetar las leyes a todos por igual.

No invocar al pueblo en vano

 “No es posible –afirmó el Alto Tribunal - que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”. Y también: “La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Si el pueblo de la Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más extensas de las que le ha otorgado o suprimir algunas de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él mismo ha establecido al sancionar el artículo 30 de la Constitución. Entretanto, ni el Legislativo ni ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente”.
La vía que mostró la Corte es que para cambiar la Constitución hay que cumplirla, y no se puede pretender reformarla oblicualmente, a través de una ley simple; eso sólo puede hacerse como la Constitución actualmente lo dicta. Es obvio que hoy el gobierno no tiene los dos tercios de las dos cámaras para impulsar un proyecto semejante.  Sin embargo, fiel a su hábito de redoblar las apuestas después de cada revés, ya está en marcha la maquinaria destinada a proponer la reforma constitucional: los voceros habituales de la Casa Rosada salieron esta semana a plantearlo, conjuntamente con furibundos ataques a la Justicia y a la Corte, una especialidad en la que se destacó la propia Presidente. La furia desmesurada y los gritos de batalla son, antes que nada, expresiones de impotencia; también  actúan como un reflejo defensivo: la señora de Kirchner necesita enfervorizar una tropa propia descorazonada por sucesivas derrotas y por la atmósfera general de fin de ciclo delineada por la creciente autonomía de la Justicia, la corrupción que denuncian los medios y los cambios de bando de muchos referentes.

Las batallas que se pierden

El gobierno no modifica su genética: siempre embiste. En un tiempo, con esa táctica conseguía triunfos. Ahora no. Hace más de siete meses esta página señalaba la torpeza oficial  de apostar de ese modo.  Decíamos por caso en vísperas del llamado 7D, aquella fecha en la que la Casa Rosada prometía vencer definitivamente a Clarín, la bestia negra entre “las coporaciones: “Al ponerle fecha ante propios y extraños a sus expectativas de iniciar una nueva era, el gobierno se emplaza a sí mismo, declara por anticipado que, si  no consigue  “todo”,  gana Clarín. O, para decirlo de otro modo, si no consigue ese “todo”, el gobierno se enfrentará con una derrota y una decepción. Su aislamiento se incrementará. El gobierno desafía su propia gobernabilidad.”.
La Presidente y sus voceros increpan a la Corte y a la Justicia y prometen reincidir “más temprano que tarde”. La señora vociferó en Córdoba el último jueves que “la única batalla que se pierde, es la que no se da”. No es su caso: ella quiere darlas todas y en los últimos meses pierde una detrás de otra.
La misma invocación a “las mayorías” con la que el oficialismo  pretende legitimar todos sus arrebatos es una referencia al pasado: evoca el lejano “54 por ciento” de octubre de 2011 cuando sólo restan semanas para  una nueva cita con las urnas en la que  todo indica que las fuerzas de la Presidente cosecharán, con suerte, 15 o 20 puntos menos que dos años atrás y perderán en los votos, no sólo en las encuestas, el derecho a considerarse mayoría.
Es precisamente esa certeza la que, en lugar de suscitar la cautela de la Casa Rosada alimenta su furia y su prisa: si sólo  quedan  unas semanas para hablar en nombre de la mayoría, lo que deba ocurrir tiene que suceder en ese plazo. De ahí que convenga esperar más belicosidad y no menos en el tiempo que viene.

Un gobierno sin Massa y sin masas

Los preparativos para la presentación de las listas de candidatos antes de las primarias de agosto y  de la elección general de octubre marcaban hasta ayer, sábado 22 de junio, la perspectiva ominosa que se va abriendo ante el oficialismo. Pese a todas las presiones, el gobierno no consiguió impedir que Sergio Massa, el intendente de Tigre y ex jefe de gabinete de la señora de Kirchner, encabece la nómina de postulantes del Frente Renovador Bonaerense que competirá contra la boleta de la Presidente, la del Frente para la Victoria.
La Casa Rosada fracasó también en obtener la participación personal de Daniel Scioli en la boleta del FpV. Pese a todos los ataques que la Presidente y su entorno constantemente lanzan contra el gobernador bonaerense, desde Olivos se intentó con poderosas presiones y poca suerte que Scioli  se transformara en la figura salvadora. El gobernador resistió. Prefirió no aceptar tampoco la invitación  de Massa a competir juntos contra la Casa Rosada en  octubre. Se refugia en la gestión y en la defensa de su propio gobierno provincial. La previsible  victoria de Massa le resultará un alivio, porque contribuirá, supone,  a aflojar el nudo con que el gobierno central  aprieta a la provincia.
El sábado por la tarde, ya desesperando de vencer la resistencia de Scioli, la Presidente de Olivos se aprestaba a escribir el nombre de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora y amigo personal del vicepresidente Amado Boudou, en el primer lugar de la boleta cristinista de la provincia de Buenos Aires. Bajo la sombrilla que pueda ofrecerles Insaurralde se refugiará una procesión de fieles de la Presidente, conocidos de siempre como Carlos Kunkel o Diana Conti y supernumerarios de La Cámpora. Esta agrupación de funcionarios supervisada por Máximo Kirchner se apresta a heredar los puestos de gabinete que dejen libres los ministros, secretarios y autoridades bancarias empujados a competir por bancas y para animar el que quizás sea el gabinete cristinista del capítulo final.
Sergio Massa, con su esperada decisión de dar batalla electoral en 2013, se proyecta como un aspirante a la sucesión presidencial. Ocho meses atrás esta página lo adelantaba, con este párrafo: “El tigrense Sergio Massa, desde su exitosa intendencia y con su notable performance en las encuestas de opinión pública, no descarta que el 2015 lo vea también como postulante presidencial y no (como la mayoría descarta) como candidato a la gobernación bonaerense. En cualquier caso, él está convencido de que para encontrarse con alguno de esos destinos, el año próximo deberá encabezar una lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires. Una lista que…no será kirchnerista”.

Fin de ciclo e ingobernabilidad

Todo induce a pensar que, tras el ciclo que se cerrará cuando la señora de Kirchner  deje la presidencia, Argentina presentará un  sistema político con fuertes signos de renovación.  Las corrientes no peronistas se están reagrupando  y buscando un espacio común  (lo prueban  las negociaciones y competencias que se han observado en Capital Federal, en Santa Fé,  en Mendoza y en la provincia de Buenos Aires), el peronismo  promete una futura interna por la presidencia en la que ya se perfilan las figuras de José Manuel De la Sota, Scioli y Massa. El Pro, pese a sus vacilaciones y a la tendencia aislacionista porteña de alguna corriente interna, integrará ese nuevo cuadro en el que también habrá que incluir, pese a sus dimensiones menores (aunque con una tendencia ascendente), a una izquierda  que quiere jugar en la democracia.
El territorio que se extiende antes de la estructuración de ese sistema puede incluir una etapa de ingobernabilidad. Jorge Castro, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, lo describió así en una reciente conferencia: “La Argentina no está institucionalizada en el máximo nivel del sistema político, aunque la demanda de institucionalización esté presente en la opinión pública y en la cultura cívica del país. En esas condiciones, una derrota en una elección que, por definición, adquiere carácter plebiscitario, resulta políticamente insoportable. En tal caso, no queda en pie ningún andamiaje institucional capaz de proteger a la figura presidencial.”
Más temprano que tarde la sociedad argentina podría encontrarse ante ese desafío y la política deberá estar preparada para  afrontarlo, dejando de lado los  relatos de batallas y  guerras y, como pide el Preámbulo,  consolidando la unión nacional y la paz interior, afianzando la justicia y asegurando los beneficios de la libertad.
(*) Jorge Raventos. Artículo publicado por Diana Ferraro en "Peronismo Libre" el 22 de Junio de 2013