miércoles, 26 de junio de 2013

Intuiciones morales y universidad pública

Por Juan Ramón Rallo (*)
Un argumento muy recurrente a favor de la enseñanza pública –en concreto, de la socialización de sus costes y de la privatización de sus beneficios– y en contra de la enseñanza privada –en concreto, de la privatización de costes y beneficios– es que el retorno para una sociedad de tener un mayor número de ingenieros, abogados o economistas supera al rendimiento exclusivamente monetario vinculado a su formación. Por este motivo, sería razonable que la sociedad sufrague, a partir de sus impuestos, la enseñanza universitaria de personas que serán incapaces de generar, merced a sus estudios, unos beneficios monetarios superiores al coste monetario de financiárselos. Dicho de otra manera, el beneficio social de una sociedad bien formada supera el beneficio monetario directo de esa buena formación y, por tanto, igualar el beneficio monetario al coste monetario dará lugar a una infraprovisión de universitarios que el Estado deberá remediar (vía subvención del coste monetario).

La teoría tiene diversas fallas, pero me voy a centrar en una de ellas que apela directamente a nuestras intuiciones morales. Si estamos diciendo que incrementar el número de universitarios trae beneficios sociales y que ello justifica imponer un coste monetario coactivo a toda la sociedad (impuestos), ¿no sirve ese mismo argumento para justificar que se obligue a los jóvenes que no quieren cursar estudios universitarios a que lo hagan? Recordemos que no estamos hablando de beneficios individuales, sino de beneficios sociales: y atenta contra el beneficio social tanto que una persona no se licencie porque no pueda estudiar cuanto porque no quiera estudiar. El resultado en ambos casos es idéntico: a la sociedad le interesa (le beneficia) que un determinado joven sea universitario, pero, por falta de dinero o de ganas, no lo terminará siendo (infraprovisión social de universitarios). No se trata de una conclusión rocambolesca: de hecho, la justificación que existe para imponer la educación básica obligatoria hasta los 16 años es precisamente ésa.
Sin embargo, apuesto que la inmensa mayoría de españoles sigue aplaudiendo el que se obligue a los contribuyentes a financiar la educación universitaria, pero también apuesto a que la inmensa mayoría se sigue oponiendo a extender la enseñanza obligatoria hasta los 25 o 26 años (no digamos ya imponerle a cada alumno qué carrera debe estudiar según contribuya más o menos al bienestar social atendiendo a la opinión de algún comité de sabios y burócratas). Es más, apuesto a que la inmensa mayoría de españoles no observaría ninguna inconsistencia en mantener ambas posturas a la vez: como si la coacción contra el contribuyente para financiar la educación de un estudiante fuera evidentemente legítima pero, en cambio, la coacción contra un estudiante para que se gradúe en una determina disciplina fueraevidentemente ilegítima.
Pero no hay ninguna diferencia entre ambas: es verdad que forzar al estudiante a estudiar supone arrebatarle un precioso tiempo de su vida que él podría preferir emplear en otros quehaceres; pero forzar al contribuyente a pagarle los estudiostambién supone arrebatarle un precioso tiempo de su vida al contribuyente que podría emplear en otros quehaceres (se le fuerza a trabajar para costear la carrera de un tercero o, al menos, no se le permite disfrutar de los frutos de ese trabajo). No hay ningún motivo aparente para defender que el bienestar social sí justifica la coacción sobre el contribuyente pero no justifica la coacción sobre el estudiante. Mantener la anterior proposición equivale, más bien, a afirmar que el bienestar del estudiante (sus deseos por estudiar o no estudiar) prevalece sobre el bienestar del contribuyente (sus deseos de financiar o no financiar la enseñanza ajena), esto es: bienestar del estudiante > bienestar social > bienestar del contribuyente; lo cual, efectivamente, se puede defender aduciendo otras razones, pero no, desde luego, apelando demagógicamente al bienestar social. Si el bienestar social fuera lo realmente prioritario, habría que defender la educación universitaria obligatoria, pero esto despertaría nuestras intuiciones morales contra la explotación del individual en nombre de la sociedad. Lástima que no suceda lo mismo –cuando es lo mismo– con los impuestos.
(*) Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, habiendo concluido la licenciatura con Premio Extraordinario de fin de carrera y licenciado en Derecho con Premio Extraordinario de fin de carrera por la Universidad de Valencia, así como master en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesor en el centro de estudios OMMA y en el centro de estudios ISEAD. Ha recibido el ‘Premio Julián Marías’ 2011 a la trayectoria científica en el ámbito de las ciencias sociales para menores de 40 años. Asimismo es analista económico de esRadio y director del Instituto Juan de Mariana. Artículo publicado en el blog personal del autor el 23 de Junio de 2013.