martes, 23 de julio de 2013

Adam Smith

Por Arturo Damm Arnal (*)
“La economía política debe ser considerada como una rama de la ciencia del estadista o legislador.” 
Smith no pudo haber afirmado que la economía política es la ciencia del economista por una razón muy sencilla: en su época los economistas, tal y como los conocemos hoy en día, no existían. (¿Afortunadamente?). Seguramente que el mismo Smith no se concebía a sí mismo como economista, sino como filósofo moral. 

Independientemente de este hecho –en tiempos de Smith no había economistas como tales– lo afirmado por el “economista” escoces –en el sentido de que la economía política es una rama de la ciencia del estadista y el legislador– tiene hoy en día, día en el cual sí tenemos economistas (¿desafortunadamente?), una singular importancia, porque lo dicho por Smith apunta en la dirección correcta, pese a que, probablemente, ni él mismo, ¡aun tomando en cuenta su crítica al mercantilismo!, se dio cuenta cabal (ojo: cabal) de esto: el progreso económico depende, no de las políticas económicas del gobierno, mismas que son inventadas y practicadas por los economistas, sino de las instituciones económicas, es decir, de las reglas del juego en materia de economía, reglas que, en esencia, son de dos tipos, las informales (usos y costumbres, heredadas por la tradición) y las formales (constituciones, leyes y reglamentos, impuestos por el gobierno), siendo estas últimas, las formales, responsabilidad de los legisladores, que son el grupo más importante de estadistas, sobre todo si aceptamos que lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, con el agregado, ¡indispensable!, de que esas leyes debe ser justas, y eso, velar por la justicia, es decir, por el respeto a los derechos de la persona, derechos que no hay que confundir con necesidades (socialismo) ni con intereses (mercantilismo), es lo que debe hacer el estadista, sobre todo el estadista convertido en legislador, encargado de redactar y promulgar las leyes.

La economía política, al explicar cómo funciona la actividad de los agentes económicos, y al explicar qué se requiere para que funcione de la mejor manera posible, lográndose por ello el mayor grado de progreso económico posible en cada momento (y escribo “en cada momento” porque el progreso económico, si el gobierno no interviene, es un proceso ininterrumpido), deja en claro qué tipo de constitución, leyes y reglamentos se requieren para conseguirlo, reglas formales del juego económico que deben hacer posible lo que el mismo Smith llamó el “sistema de la libertad natural”, siendo que natural quiere decir sin la intervención del gobierno en la determinación de qué producir, cómo producirlo y a qué precio intercambiar lo ofrecido, limitándose la participación del gobierno a garantizar los derechos, tanto naturales como contractuales, de las partes involucradas en el intercambio, es decir, en el mercado. Lo anterior supone un marco legal que reconozca plenamente, defina puntualmente y garantice jurídicamente la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal.

Las políticas económicas del gobierno, ¡cualesquiera que sean!, tienen como fin general modificar los resultados obtenidos en el mercado, lo cual supone, uno, que esos resultados no son correctos y, dos, que con la política económica se pueden corregir, nada de lo cual es cierto. Las políticas económicas del gobierno son moralmente injustas y económicamente ineficaces. Entonces, si el gobierno debe abstenerse de practicarlas, ¿qué debe hacer en el ámbito de la economía? Redactar y promulgar las reglas del juego que permitan el mejor funcionamiento posible de los mercados, lo cual supone libertad individual, propiedad privada y responsabilidad personal, trilogía que los gobiernos, en mayor o menor medida, ¡pero todos en alguna!, no están dispuestos a reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente, no reconociendo en la economía política una rama de la ciencia del legislador, cuya tarea es redactar y promulgar leyes justas, que son las que garantizan derechos, no las que satisfacen necesidades (socialismo), tampoco las que defienden intereses pecuniarios (mercantilismo).

Por ello, pongamos el punto sobre la i.

(*) Arturo Damm. Economista, filósofo. Liberal (casi anarcocapitalista, por ello minarquista). Profesor universitario. @ArturoDammArnal
Artículo publicado en "Asuntos Capitales" el 22 de Julio de 2013.