jueves, 11 de julio de 2013

Antes de votar, lea a Henry George

Por Guillermo Sandler (*)
Estamos en las vísperas de la elección más importante para toda sociedad que haya decidido gobernarse mediante el sistema democrático.

Son las elecciones realizadas para designar a los “representantes del pueblo”, las denominadas llamadas “elecciones intermedias”, bien nombradas si se alude a que se alternan cada dos años, mal nombradas cuando se las considera solo “preparatorias” de otra que le sigue, a las que hoy entre nosotros se tiene por “decisiva”: La elección presidencial. Rémora de la época del caudillismo.

Considerarla de este último modo es un error de sensibilidad política democrática.

La elección de legisladores se realiza para forjar el más democrático de los tres poderes en el gobierno republicano, pues ese cuerpo es el que dicta las “leyes” constitutivas de la vida social.

Las elecciones presidenciales se practican, en cambio, solo para elegir a una única persona para que asuma la tarea de “ejecutar las leyes dictadas por el Congreso. Así debe ser; pero de hecho no es así en la Argentina de hoy. Mala señal.

Antecedentes del excesivo poder del Ejecutivo en nuestro país


La importancia in crescendo que ha adquirido la “Presidencia de la Nación” (cuyo poder es solo para “ejecutar” las leyes que el congreso dicta) tiene raíces muy profundas, a las que debemos superar. En todos los ámbitos de la vida argentina pesa la herencia de un lastre de casi tres siglos de “gobiernos estilo monárquico”. Son los siglos previos a la Revolución de Mayo (1510/1810). A este tiempo se debe sumar la época de la dictadura de caudillos, primer “sistema monárquico vernáculo” (1830/1853).

Este lejano origen del orden político tipo monárquico (gobierno de una sola persona, dictador o caudillo) cubre la mayor parte de la historia argentina: casi 300 años sobre 400. Sólo gracias al ideario de los patriotas de Mayo y la claridad y firmeza de la joven generación de 1837, inspiradora y creadora de la Constitución Nacional en 1853, fue posible ingresar al mundo de la libertad y la democracia. Sostener que “gobernar es poblar” (Alberdi) es dar firme cuerpo material al país moderno. Se lo hizo mediante una generosa invitación a “todos los hombres del mundo que quieran a habitar el suelo argentino”. Esta invitación, por fortuna, fue contestada con el efectivo ingreso de millones de inmigrantes. Son la mayoría de nuestros abuelos.

Estas millones de familias se asentaron en nuestro país porque se les aseguraba un sistema liberal para trabajar y consumir. Pero los gobernantes de fin de Siglo XIX no repararon (o no pudieron reparar) en que si bien se invitaba a esos millones de trabajadores a participar en un orden económico de trafico fundado en la libertad individual (art. 14, 15, 16 y 17 de la CN), ellos debían hacerlo sobre un territorio al que solo se podía acceder según el derecho de propiedad romano: tomado del derecho de la Roma Antigua (Párrafo 5, de la nota (a) al Titulo IV del Código Civil).

Del vertiginoso poblamiento a la etapa de conflictos permanentes


Los dirigentes políticos de fin del Siglo XIX no vieron (o no quisieron ver) que los anhelados derechos civiles, económicos y políticos que la Constitución prometía a cada recién llegado, iban a ser contradichos por los derechos ya logrados de una menuda pero poderosa oligarquía terrateniente. La misma que los invitaba a trabajar en nuestro país.

El vertiginoso poblamiento ocurrió y gracias a la tierra barata y la inexistencia de impuestos internos. Así emergió rampante la lucida época denominada de “notable progreso”. De brillante progreso desde 1860 a 1910.

La Argentina fue admirada en el mundo y considerado el país con más posibilidades de emular e incluso superar el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la legislación romana insertada en el Código Civil contra la liberal Constitución de 1853, comenzó por frustrar tempranamente las esperanzas. Frenó la inmigración masiva a principios del Siglo XX y la paralizó desde la mitad de este siglo hasta hoy. En su lugar a partir de los 1950, la Argentina ha pasado a drenar nativos hacia el exterior, en busca de un porvenir que en su patria no pueden lograr. Estos cambios generaron conflictos sociales premonitorios (crisis de 1890, incidentes en Plaza Lorea en 1904, la huelga de inquilinos en 1907, el Grito de Alcorta en 1912, la Semana Trágica en 1919 y los fusilamientos en la Patagonia Rebelde en 1921)

Las leyes pueden arruinar a un pueblo


Estos dramas sociales y la manifiesta una tendencia crónica hacia “endeudamiento interno y externo” fueron jalones que probaban a las claras el “desajuste” que tenia que producirse entre dos derechos subjetivos: el liberal derecho a trabajar donde guste con derecho a ser dueño del fruto de su trabajo, por un lado y, por el otro, y el oligárquico derecho romano sobre la tierra, que permite a su propietario ser señor del destino de los trabajadores.

Esta dupla fue constituida por dos contradictorios ordenamientos legales: el sistema de derecho de obligaciones y el de derechos de propiedad establecidos por el Código Civil de 1869. Esta dupla, no corregida mediante un adecuado sistema de recursos fiscales, habría de ser (y lo es aun en la actualidad) la principal y originaria causa de crecientes confrontaciones sociales, conflictos abiertos y, a la vez, propuestas de variados remedios.

Para colmo, en 1932, ante la necesidad de establecer un sistema de recursos fiscales, mermados entonces por el proteccionismo establecido en Europa, en lugar establecer uno correcto (recuperación de la plusvalía del suelo), se optó por el peor: sostener el gasto público con impuestos aplicados al trabajo, a la producción y el consumo. Para colmo si estos recursos antisociales no alcanzaban, se comenzó a recurrir a los empréstitos internos y externos y, cuando estos escasearon, se apeló a la emisión lisa y llana de moneda, La inflación monetaria se convirtió en la hidra destructiva de la economía argentina. La crónica inflación monetaria domina en la Argentina desde 1943. Este veneno no solo impide el crecimiento y desarrollo armónicos sino que destruye las relaciones sociales y mina la moral de todas las personas.

Un proyecto frustrado


El único sano y adecuado remedio al sistema establecido por el Código Civil fue tempranamente presentado por el notable presidente Roque Sáenz Peña en 1914. Consciente de la urgente necesidad de satisfacer los reclamos populares por una democracia política, envió al Congreso un proyecto de ley según el cual los mandatarios en la esfera legislativa y del poder ejecutivo fueran electos por el voto de los ciudadanos. He aquí la base de la democracia política.

Sáenz Peña era consciente que el buen funcionamiento de la democracia política exige la democracia económica en la base misma del orden económico. Requiere un parejo derecho de acceso a la tierra y librar de impuestos permanentes al fruto del trabajo y la inversión de los ahorros.

Consecuente con su pensar, junto con el proyecto electoral asegurando el derecho al voto, envió otro proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Este proyecto creaba como primera base del tesoro público el “impuesto a la tierra libre de mejoras” en todo el territorio nacional.

La aprobación del primer proyecto y el entierro del segundo selló la etapa de “buena suerte” de la republica y abrió otra dominada por la “mala suerte”. Desde entonces se inicio la decadencia en todos los ordenes de la vida social argentina. Hubo “décadas” de relativa prosperidad, seguidas por otras de franca decadencia, matizadas por abiertos quiebres de las instituciones, las costumbres y la moral social. No es extraño que como en la Antigua Roma los hechos llevaran a la sistemática violación de los “derechos humanos” por parte de todos los involucrados en la pugna social.

La decadencia crónica


Observando los últimos 100 años de la Argentina dentro en los diversos campos de la vida privada y publica, nacional e internacional, se concluye que llevamos casi un siglo de decadencia.

En esos 100 años muchas cosas constitutivas de la vida social han sido cambiadas en nuestro país. Y lo fueron, como causa directa, por obra de miles de leyes dictadas con la intención de volver a la ruta del “rutilante progreso inicial”.

La paradoja es digna de ser recordada. Para destacarnos en el mundo entero y ser el hábitat para millones de personas, entre 1862 y 1930 bastaron 262 leyes de contenido económico. 

Desde 1930 a la fecha, la cantidad de leyes para “ordenar la economía” (con total fracaso), supera la cantidad de 10.000 leyes. Prueba evidente que no se ha dado en el clavo. En algo esencial para constituir por ley el orden económico dispuesto por la Constitución.

Descubriendo el camino hacia la prosperidad


El fragmento que abajo se transcribe es parte de un libro que fue best seller a fin del siglo XIX, en especial en los años en que el presidente Sáenz Peña regia la republica. Nada aventurado es sostener que la doctrina contenida en esa obra fuera conocida -directa o indirectamente- por Sáenz Peña. No hubiera sido el único estadista en el mundo ni el único político en la Argentina que conociera los orígenes de la fisiocracia y las propuestas del single tax auspiciadas por los seguidores de esa doctrina. Hasta el año 1914 el libro “Progreso y Miseria” de Henry George era un best seller, leído desde Winston Churchill a Sut Yan Sen.

Fue la insensata y terrible guerra europea de 1914/18 y el “nuevo orden” de ella derivado (fascismo, comunismo y nacionalsocialismo, incluso el “New deal” americano), el que sumió en el olvido el sistema de recursos para el gobierno propuesto por Henry George.

Si queremos democracia política debemos establecer la democracia económica.

El firme restablecimiento de la Argentina exige remozar el sentido material de la democracia. Esto es, ordenar nuestra economía apelando a la libre iniciativa individual, con igualdad de oportunidades de acceso a la tierra, para dar pie a la necesaria fraternidad social.

Frente a las próximas elecciones para elegir diputados y senadores debemos otorgar un mayor sentido e importancia material al voto ciudadano. Con ese fin sugerimos leer con atención Progreso y Miseria de Henry George. Quienes conozcan sus principios morales y bases teóricas reconocerán en el acto que es la doctrina política económica que sirve a nuestra doctrina constitucional originaria. Esta es la plataforma irrenunciable para establecer una firme democracia que de lugar a la prosperidad general fundada en el trabajo y la inversión de capital real.

Con un poco de atención todo lector de buena fe encontrará en este tratado, de fácil comprensión, no solo una explicación de las causas materiales de nuestra crónica decadencia sino también las ideas básicas necesarias para construir un orden social que habilite a todos los ciudadanos a vivir de su trabajo y permita a la sociedad contar con los recursos necesarios para una buena oferta de bienes públicos.

Progreso y Miseria


(Fragmento del Capitulo I del libro de Henry George)
La asociación de la pobreza con el progreso es el gran enigma de nuestro tiempo. Es el hecho central del cual dimanan las dificultades económicas, sociales y políticas que tienen perplejo al mundo y contra las cuales el arte de gobernar, la beneficencia y la enseñanza luchan en vano. De él vienen las nubes que amenazan el porvenir de las naciones más progresivas y seguras de sí mismas. Es el enigma que la esfinge del destino plantea a nuestra civilización, so pena de ser destruida.

Mientras todo el aumento de la riqueza producida por el progreso científico, tecnológico, político y social vaya sólo a formar grandes fortunas, a aumentar el lujo y acentuar el contraste entre la Casa de la Opulencia y la Casa de la Privación, el progreso no es real ni puede ser permanente.

A pesar de su capital importancia y de llamar universal y dolorosamente la atención, esta cuestión carece para el dominio general de una solución que explique todos los hechos y señale un remedio claro y sencillo. Prueba esto los diversísimos intentos de explicar las crisis de la producción. No sólo muestran una divergencia entre los pareceres populares y las teorías científicas, sino también que la coincidencia que debería haber entre los adeptos a las mismas teorías generales pronto se disgrega, ante las cuestiones prácticas, para ser sustituida por en una anarquía de opiniones.

Las ideas de considerar inevitable el conflicto entre el capital y el trabajo, el considerar destructivo de puestos de trabajo al avance tecnológico, el sostener como necesario restringir la competencia y abolir el interés del capital, el argüir que se crea riqueza emitiendo dinero, el afirmar que es deber del gobierno el proporcionar capital o trabajo, son ideas que hoy se abren paso rápidamente entre la gran masa del pueblo. Porque el pueblo trabajador sufre por la situación económica, presiente que una radical injusticia social es la causante de su padecer y ansiosamente recepta propuestas que se le hacen para poner fin a ella.

Las explicaciones y respuestas corrientes ponen a las grandes multitudes, depositarias de la fuerza política democrática, en manos de charlatanes y demagogos. Tales explicaciones están cargadas de peligros. Pero no pueden ser combatidas con éxito mientras quienes cultivan la ciencia actual de la Economía Política no den una respuesta capaz de imponerse por sí misma, por su claridad y sencillez a las percepciones de las grandes muchedumbres.

Incumbe a una verdadera Economía Política dar esta respuesta. La Economía Política no puede ser un conjunto de dogmas. Ha de ser la explicación de un conjunto de hechos. Es la ciencia que tras la observación directa de la sucesión de ciertos fenómenos y sin prejuicios ideológicos, procura hallar relaciones mutuas entre ellos y reconocerla causa y el efecto, del mismo modo que las ciencias físicas tratan de hacerlo en los fenómenos de la naturaleza.

La nueva ciencia de la Economía Política ha de poner sus cimientos sobre terreno firme. Las premisas de donde saca sus conclusiones han de ser verdades visibles por sí mismas; axiomas que todos reconocemos sin necesidad de especial educación. Sólo sobre ellas que podemos cimentar con certeza los razonamientos y acciones de la vida diaria.

Que el hombre procura satisfacer sus deseos con el mínimo esfuerzo es un hecho vividamente sentido por todos y cada uno de los seres humanos. Partiendo de tan segura base hay que desarrollar la ciencia de la Economía Política como base y metro a las políticas económicas. En este sentido es una ciencia tan exacta como la geometría. Ésta parte de análogas verdades relativas al espacio y saca conclusiones por medios parecidos; y sus conclusiones, cuando sean válidas, han de ser igualmente claras de por sí.

Y aunque en el campo de la Economía Política no podemos probar nuestras teorías con experimentos provocados artificialmente, como se puede hacer en algunas otras ciencias, podemos, no obstante, emplear comprobaciones no menos concluyentes, comparando sociedades en las cuales existen condiciones diferentes o separando, cambiando, adicionando o eliminando con la imaginación fuerzas o factores de dirección conocida.

Que la Economía Política, como ahora se enseña, no explique de acuerdo con las más arraigadas percepciones humanas la persistencia de la pobreza en medio de la creciente riqueza; que las verdades indiscutibles que enseña estén inconexas y dispersas; que no haya logrado difundirse en el pensamiento popular, se debe, a mi juicio, no a incapacidad de la ciencia cuando se estudia como es debido, sino a algún paso en falso en sus premisas o algún factor olvidado en sus apreciaciones.

Y como, por respeto a la autoridad, se suele disimular estas equivocaciones, me propongo en esta indagación no hacer ninguna concesión. Me propongo no esquivar ningún problema, no retroceder ante ninguna conclusión, sino seguir la verdad a dondequiera que nos lleve.
Y si las conclusiones obtenidas van contra nuestros prejuicios, no desistamos. Si impugnan instituciones mucho tiempo tenidas por prudentes y naturales, no retrocedamos.

(*) Héctor Sandler. Profesor consulto, Derecho, UBA. Artículo publicado por Informador Público el 9 de Julio de 2013