martes, 2 de julio de 2013

Vivir de la gallina pero sin deshuesarla

Por Juan Ramón Rallo (*)
Los impuestos no sólo atracan al contribuyente, sino quedistorsionan su comportamiento. Un tipo marginal sobre las rentas del trabajo muy elevado conduce a que, por ejemplo, las personas opten por trabajar menos: si por cada artículo que yo escribiera me quitaran el 60% de su importe, tengan por seguro que escribiría menos (y no es que desee darle ideas a Montoro al respecto); asimismo, si a una empresa le disparan el impuesto de sociedades al 50%, probablemente opte por invertir menos, o por intentar subir los precios, o por tratar de rebajar el salario que perciben sus trabajadores. Todo lo cual, en suma, provoca problemas de eficiencia: los individuos no se especializan en aquello que resulta más valioso para el conjunto de la sociedad, sino en aquello que dictamina el arbitrario sistema tributario.

España jamás ha sido un país amigable con los contribuyentes, pero en los últimos dos años se ha convertido en un territorio tóxico para la propiedad privada. Crear riqueza se ha convertido, primero, en una profesión de alto riesgo, a menos que cuentes con privilegios oligopolísticos del Estado y, segundo, en una actividad bastante poco remunerativa: más del 30% del salario va a financiar un esquema de jubilación que hace aguas por todos lados; el tipo marginal sobre la renta del resto del sueldo puede alcanzar en algunas autonomías el 56% (cuanta más riqueza generes, peor); de la escasa renta disponible que quede tras abonar ese sablazo, la consumida sufrirá una mordida del 21% y la ahorrada verá cómo sus rendimientos acaban siendo gravados al 27% (después de que la empresa que los abone haya pagado un impuesto de sociedades de entre el 25 y el 30%). Mejor no meterse, pues, en el fregado de intentar ganar algo de dinero por encima del mínimo vital que nuestros próceres todavía nos consienten ingresar cuando sus muy intrusivas regulaciones no lo impiden.
El documento presentado hoy por FAES pretende adecentar un poquito el funcionamiento de este esquema de exacción tributaria solventando varias de sus derivadas más aberrantes. Abreviando mucho, sus propuestas podrían resumirse en tres: simplificar y transparentar las figuras tributarias, mejorar la fiscalidad sobre el ahorro y trasladar parte de la financiación de los servicios estatales a precios públicos. Las tres son buenas ideas, pero déjenme hacer una mención especial a la segunda: la necesidad de mejorar la tributación sobre el ahorro.
El nuestro es un país que necesita cantidades ingentes de ahorro a corto y largo plazo (a corto, para pagar nuestra deuda y reconvertir nuestra economía; a largo, para no depender de un sistema público de pensiones que tendrán un carácter exclusivamente asistencial), pero el sistema fiscal castiga especialmente al ahorro desde casi todos los frentes. Ya lo advirtió visionariamente Montoro: el objetivo de nuestras subidas de impuestos es conseguir que el consumo caiga lo menos posible (esto es, que el ahorro de las familias absorba toda la nueva carga tributaria).
El informe de FAES no llega a proponer en este ámbito la reforma que sería realmente sana y ambiciosa: eliminar la tributación sobre el ahorro (al menos, sobre el ahorro a largo plazo). Pero sí contiene dos sugerencias harto interesantes: la primera, eliminar el impuesto de patrimonio; la segunda, permitir que los españoles efectúen aportaciones deducibles a una cuenta de ahorro que ellos mismos puedan gestionar (rompiendo así el monopolio de las deducciones con que hoy cuentan los, en general, pésimos planes de pensiones); y la tercera, restar de las plusvalías tributables la parte que resulte de la revalorización de los activos por inflación.
Esta última propuesta, por insustancial que pudiera parecer, tiene un enorme alcance. Ahora mismo, lo que sucede es lo siguiente: imagine que España atraviesa por un período inflacionario fortísimo –los precios aumentan un 100%– y que yo, por mi cuenta, he tratado de proteger mi patrimonio de la inflación comprando unas acciones que han pasado de 50.000 a 100.000 euros. En realidad, mi patrimonio no ha aumentado (pues toda la revalorización se debe a la inflación), pero el sistema fiscal me obligaría a pagar alrededor de 15.000 euros en concepto de... ¡plusvalías! Lo mismo, por cierto, sucedería si una persona comprara dólares anticipando la salida de España del euro y obtuviese pingües plusvalías como consecuencia de la depreciación de la neopeseta frente al dólar. Con la reforma planteada por Juan José Rubio y Santiago Álvarez, los españoles podríamos tener, al menos, la opción de protegernos contra el robo inflacionista.
En sus líneas maestras, por consiguiente, el informe es sensato y contribuiría a mejorar la situación económica. Ahora bien, por desgracia no deja de estar dentro del consenso socialdemócrata propio de la Europa occidental. Los autores reconocen que su objetivo inmediato no es propiciar una rebaja fuerte de impuestos, sino sólo una redistribución menos distorsionadora de la carga fiscal. Uno podría entender semejante cautela en medio de la actual zozobrante coyuntura de consolidación presupuestaria, pero no como objetivo a largo plazo para España. Y no hay nada en el informe que dé pie a interpretar que FAES ambiciona una auténtica revolución fiscal: acaso porque para ello debería impulsar en paralelo una auténtica revolución del gasto (del mal llamado Estado de Bienestar) que va más allá de la complacencia conservadora a la que termina abocando esa cuasi-mágica curva de Laffer.
Dentro de los parámetros del pensamiento único socialdemócrata en los que, por desgracia, nos movemos, el informe imprime mucha más sensatez al sistema tributario español que las alocadas subidas fiscales de Montoro. Quizá porque sea un informe preocupado por que la gallina siga poniendo huevos –huevos que seguir arrebatándole en grandes cantidades, no nos engañemos– y no tanto, como sucede ahora, por desplumarla y cocinarla, para ver si así conseguimos retrasar un tiempo el inexorable adelgazamiento del superadiposo sector público español. No es, ni mucho menos, el sistema fiscal que defendería un liberal, pero sí es uno que puede aceptar como mejora a lo propuesto por el terrorífico panorama político español; incluyendo especialmente el terrorífico panorama impulsado por el partido político dentro del que se inserta FAES.
(*) Juan Ramón Rallo es doctor en Economía con Premio Extraordinario de fin de carrera y licenciado en Derecho también con Premio Extraordinario de fin de carrera por la Universidad de Valencia, así como master en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesor en esta última universidad y en los centros de estudios OMMA e Isead. Asimismo es director del Instituto Juan de Mariana. Artículo publicado por Libre Mercado el 2 de Julio de 2013