lunes, 26 de agosto de 2013

Candidaturas, renuncias y licencias

Por Alberto Medina Méndez (*)
Con la nómina de pre - candidatos a legisladores nacionales ya confirmada en todo el país, se renueva un eterno dilema que, lamentablemente, tiene poca trascendencia para muchos ciudadanos, pero que se constituye en un síntoma más de la escasa calidad de la dirigencia política y la baja expectativa de una sociedad que espera casi nada de los postulantes.

Una candidatura política a un cargo electivo cualquiera, supone la existencia de una campaña que permita al postulante posicionarse para ser considerado seriamente por los votantes como un individuo elegible.

En el deambular proselitista, suelen estar ausentes los debates, tal vez porque no sobran las ideas y propuestas, a veces porque los candidatos no tienen ninguna y otras porque la ciudadanía tampoco las considera un requisito determinante para seleccionar una lista por sobre la otra.

La transparencia no solo debe plantearse en este esperable terreno, sino en el del financiamiento de la política, la pata más débil de este frágil sistema.

En ese contexto, parece haberse naturalizado la idea de que un candidato, que eventualmente es funcionario público y ocupa un cargo en algún poder del gobierno, en cualquier jurisdicción municipal, provincial o nacional, no precisa pedir licencia en sus tareas, ni mucho menos renunciar a ellas.

Por eso se dan situaciones en las que ese funcionario en campaña, con una impunidad absoluta, aparece en fotos, entrevistas, ruedas de prensa y cuanta actividad proselitista pueda imaginarse, mientras se supone que ejerce una labor pública por la que está recibiendo una remuneración.

Es evidente, que hace campaña durante su tiempo de trabajo y por ende falta a sus responsabilidades, percibiendo entonces una compensación económica que no le corresponde, ante su inocultable ausencia laboral.

Ni hablar de cuando los recursos del Estado, pasan a integrar el patrimonio privado o partidario del candidato, que utiliza sin escrúpulo alguno, teléfonos, oficinas, movilidad, viáticos, secretarios, asesores, empleados de cualquier jerarquía, dineros públicos en todas sus formas, para financiar su campaña como si le pertenecieran.

No vale la pena profundizar demasiado en hechos de corrupción, que incluyen malversación de fondos estatales cuando cancelan facturas apócrifas para justificar la contratación de servicios o compras de bienes que nunca existieron, como un modo habitual de desviar recursos públicos hacia la dinámica electoral.

Lo menos que se puede esperar de un candidato a un cargo electoral, es alguna cuota de honestidad y transparencia, y por lo tanto que abandone su actual función, que renuncie, o que al menos pida licencia, durante el lapso de su campaña, para asegurar, cierta decencia y al menos un respeto por el cuidado de las formas.

Si un candidato no es capaz de tener esos mínimos valores morales parcialmente ordenados, exhibirlos sin dobleces, pues que se puede esperar entonces de ese personaje, cuando acceda a posiciones superiores, de mayor poder, donde su discrecionalidad invariablemente se multiplicará.

Este planteo es igualmente válido para aquellos que sin ser funcionarios públicos, participan activamente de las organizaciones de la sociedad civil desde ámbitos gremiales, sociales y hasta absolutamente privados. También, en esos casos, deberían tener la capacidad de separar claramente su acción, respetando su espacio original, para salvaguardar a las empresas, sindicatos o instituciones desde las que se sumaron a la política.

Para muchos puede ser este un asunto menor, sobre todo en estos  tiempos de una fuerte presencia de la corrupción estructural que se hace evidente en todo momento y lugar, con circuitos plagados de desprolijidades cotidianas y escaso decoro. Pero es probable que el problema sea justamente ese aspecto descuidado de la política y la excesiva tolerancia social frente a su existencia.

Una sociedad que no puede exigir esa mínima cuota de recato, mucho menos podrá evitar los abusos descarados de los funcionarios, que hacen un uso arbitrario del poder, confundiendo Estado, gobierno y partido, siempre para beneficio de sus intereses mezquinos, sectarios y sesgados.

Que esta forma de hacer política sea parte de la rutina, no la convierte ni en correcta ni en aceptable. Y en todo caso, termina mostrando la importante dosis de responsabilidad ciudadana en estos procesos de progresivo deterioro moral de la política.

Tal vez sea necesario que la sociedad sea más rigurosa en estas cuestiones, a la hora de seleccionar candidatos. Es probable también que estén faltando líderes políticos capaces de intentar hacer las cosas de otro modo, al menos ocupándose de guardar las formas y mostrar que se puede recuperar algo de la política si se la encara con seriedad y decencia.


(*) Alberto Medina Méndez. Periodista y analista político
albertomedinamendez@gmail.com
www.albertomedinamendez.com