martes, 17 de septiembre de 2013

1 de cada 4 jóvenes de 17 años dejó de estudiar

Por IDESA (*)
Nuevamente se propone bajar la edad de imputabilidad como herramienta para combatir la delincuencia. Es positivo que en la agenda política se debatan los temas que preocupan a la gente. Pero el planteo ignora que el factor más determinante de que los adolescentes se conviertan en infractores es la deserción escolar temprana. Por eso, la vía más eficaz para prevenir la delincuencia juvenil no es endurecer el sistema penal sino corregir los severos problemas de gestión que adolecen el sistema educativo y la Asignación Universal por Hijo.  

Frente a la percepción de que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población, en el marco de la campaña electoral el oficialismo sugirió la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Esto implicaría que los adolescentes a partir de esa edad que cometan un delito pueden ser privados de la libertad. Para ello se utilizarían centros especiales de detención de menores. El objetivo subyacente es contribuir a reducir la delincuencia y proteger a los menores ofreciéndoles una alternativa de rehabilitación.

La iniciativa ha generado un intenso debate y no pocas reacciones negativas, incluso dentro de las propias filas oficialistas. Se trata de un tema complejo y polémico, prueba de ello es que su discusión no es nueva ni exclusiva de Argentina. En este marco, y teniendo en cuenta la fuerte asociación entre abandono escolar y riesgos de delitos, puede ser interesante analizar la situación escolar de los jóvenes entre 15 y 17 años, es decir, el grueso de los adolescentes alcanzados por la reducción de la edad de imputabilidad.

Según la Encuesta Anual de Hogares Urbanos del INDEC correspondiente al año 2012 y tomando sólo a los varones, dado que es el grupo más propenso a caer en la delincuencia, se observa que:
·         A los 15 años de edad, el 8% ha dejado de estudiar.
·         Entre quienes tienen 16 años de edad, el 15% dejó los estudios.
·         A los 17 años de edad, el 26% no estudia.
Estos datos oficiales ponen en evidencia la alta incidencia de la deserción escolar entre el grueso de los adolescentes que serían alcanzados por la disminución de la edad de imputabilidad. Se trata de unos 180 mil adolescentes de los cuales aproximadamente la mitad trabaja y la otra mitad es un temprano “ni-ni” (ni estudia, ni trabaja). Que 1 de cada 4 varones de 17 años no estudie es una evidencia muy sugerente para un mejor entendimiento del problema de la delincuencia entre los menores de edad.

Aunque impactantes, los datos no deberían sorprender si se tiene en cuenta que las pruebas de evaluación educativa internacional (PISA) señalan que el 52% de los alumnos con 15 años de edad no entiende lo que lee y 64% no puede resolver problemas básicos de matemática. 

La deficiente formación induce a la deserción temprana y lleva a que muchos jóvenes lleguen a la mayoría de edad en una situación de extrema precariedad. Así es como, luego, un cuarto de los jóvenes entre 18 y 24 años permanecen como “ni-ni” (no estudia, ni trabaja). Por eso, hay que evitar el oportunismo electoralista y la improvisación. Así como no se va a corregir el mal funcionamiento de la policía superponiendo funciones con la Gendarmería, la principal herramienta para combatir la delincuencia juvenil no es modificar el sistema penal sino atacar la deserción escolar temprana.
El primer paso es asumir que, hasta ahora, la Ley de Financiamiento Educativo y la Asignación Universal por Hijo están fracasando. Es un error considerar un “éxito” el haber incrementado el gasto en educación pública de 4% a más de 6% del Producto Bruto Interno (PBI) sin reparar en el destino que se le dio a esos recursos. En igual sentido, si se considera que uno de los principales objetivos de la Asignación Universal por Hijo es retener a los chicos en las escuelas, el alto abandono escolar, muy concentrado entre las familias de menores ingresos, demuestra que la meta no se está cumpliendo. Muy por el contrario, la Asignación Universal por Hijo, tal como se viene gestionando, termina operando de manera no muy diferente al asistencialismo tradicional.


Es positivo que el debate político aborde los temas que preocupan a la gente. Pero para que el dialogo fructifique en soluciones eficaces es fundamental no distraer esfuerzos en temas secundarios. Ante problemas tan graves y delicados como la delincuencia adolescente la prioridad es retener a los chicos en las escuelas y garantizar que reciban la formación exigida por el mercado de trabajo. Esto no se va a lograr reformando el Código Penal sino transformado los criterios de gestión de la Asignación Universal por Hijo y de todo el sistema educativo.
(*) IDESA. Informe N° 511 del 16 de Septiembre de 2013