lunes, 9 de septiembre de 2013

Tiempo de descuento

Por Jorge Raventos (*)
Mientras la Presidente se encontraba fuera del país y en San Petersburgo procuraba infructuosa (y quizás inoportunamente) que la cumbre del G20 se pronunciara sobre los llamados fondos buitres, en el terreno local el oficialismo profundizaba el cambio de libreto provocado por el fuerte retroceso electoral que evidenciaron las elecciones primarias.

El giro no fue resuelto, claro está, por el vicepresidente Amado Boudou, que se esforzó por reemplazar con extremada discreción a la señora de Kirchner esta semana. En rigor, el vice nunca tuvo peso como para tomar decisiones y mucho menos después del escándalo Ciccone y del revés de las urnas en agosto. Además, la sentencia desfavorable (seis meses de prisión en suspenso) que sufrió en esta semana el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime proyectó sombrías perspectivas sobre él y otros funcionarios K que recorren con asiduidad los tribunales, y lo debilitó más, si cabe.
El poder del voto
No. Los giros tácticos que encara el oficialismo no obedecen a la voluntad política del gobierno central, sino más bien a la gravitación del voto popular del 11 de agosto, que lo ha erosionado significativamente y desplazó poder hacia otros actores.
Tanto las urnas de agosto como las encuestas de septiembre muestran a un oficialismo en crecientes dificultades: se trata de contener los daños y eso requiere modificar el relato. Que el primer candidato a diputado oficialista por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, se haya embarcado en la propuesta de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores supone un esfuerzo desesperado –se verá si exitoso- para hacerse cargo de la preocupación ciudadana por la inseguridad.
Los sectores más cristinistas de la coalición oficialista (empezando por la propia Presidente) siempre tomaron distancia de las políticas de seguridad “de mano dura”. La declaración de Insaurralde armoniza, en cambio, con la línea que prefiere el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien pareció subrayar el viraje expuesto por Insaurralde cuando desdobló las carteras de Justicia y Seguridad y puso a cargo de esta última a Alejandro Granados, veterano intendente de Ezeiza, un distrito donde consiguió contener notoriamente los índices de inseguridad y a quien, quizás por ese logro, se le adjudica preferencia por los métodos duros.

Dos caras de la derrota
En estos tiempos, los acentos de la gestión y del discurso se apartan de las preferencias cristinistas y – tributo a las presiones de la realidad- se vuelven más pragmáticos. Si las correcciones pueden ser bienvenidas, conviene comprender que ellas son la consecuencia del debilitamiento del poder central: están determinadas por su derrota, así como, por la inversa, aquella victoria oficialista de 2011 con su ahora superado 54 por ciento, promovió desde el gobierno un refuerzo de sus políticas más restrictivas. El cepo cambiario fue aplicado apenas días después de aquel resultado.
Esta lógica (la sociedad sólo consigue cambiar el rumbo cuando el gobierno es vencido), tiene un corolario inevitable: las derrotas oficiales (la anterior y la que se presagia para octubre) crean situaciones de bajísima gobernabilidad. Básicamente porque, con instituciones anémicas y tras una década de hegemonismo, el poder estatal se ha concentrado agudamente y su aislamiento y debilidad actuales anuncian crisis. De esa crisis sólo se emerge con un nuevo poder, apoyado sobre bases amplias y con un programa de acción proyectado a afrontar con eficacia los riesgos y desafíos de la hora y a permitir que el país consiga el máximo aprovechamiento de las enormes oportunidades que tiene abiertas.
Riesgos: sin ir más lejos, el de un nuevo default, a cuya orilla se encuentra el país tras dos fallos adversos de la Justicia neoyorquina. Esa situación no hace más que pintar dramáticamente una situación de extremo aislamiento, que a su vez determina la permanente caída de Argentina en materia de inversiones y productividad (acaba de perder 10 lugares en el ranking de competitividad, para ubicarse número 104 entre 148 países y por debajo de todos los latinoamericanos, salvo Venezuela).
Oportunidades: la existencia de una eficiente producción agroalimentaria, demandada en el mundo y con precios excepcionales; la posesión de la segunda o tercera reserva del planeta de shale-oil, una fuente de energía económica que puede resolver el enorme y costoso déficit energético creado durante esta década y potenciar la competitividad de la industria nacional. El país cuenta con los dones del suelo y del subsuelo, pero la producción agroalimentaria necesita políticas que no la hostiguen, sino que la estimulen para producir más y mejor. Y la actividad energética necesita políticas que atraigan decenas de miles de millones de dólares de inversión privada nacional e internacional.

Quién fija el calendario
Cuesta mucho imaginar que la sociedad argentina pueda transitar el largo período que media hasta las próximas elecciones presidenciales (en 2015) demorando esos cambios, manteniéndose fuera del mundo y con una crisis de gobernabilidad.
Cuando Jorge Yoma, el desobediente diputado oficialista riojano que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, señaló dos semanas atrás que “o Cristina Kirchner cambia o va a tener que dejar el Gobierno", su frase no implicaba una amenaza, sino más bien un diagnóstico. Para Yoma –hoy próximo a Daniel Scioli- los cambios no pueden aguardar dos años. Es preciso reconstruir o reconstituir el poder.
A la defensiva por su asociación con las fuerzas derrotadas, hay sectores de la coalición oficialista que trabajan para ser parte de la solución y no del problema. Y así, toman decisiones en dirección del cambio. Al hacerlo, lo promueven doblemente: caminan en esa dirección y contribuyen entretanto a la dispersión del centralismo hegemónico (es decir, incrementan, así sea involuntariamente, la progresiva ingobernabilidad).
Un amplio espectro de fuerzas opositoras se muestra hoy más proclive que unos meses atrás al diálogo, a ciertas formas de colaboración, a diseñar algunos puntos de un programa de políticas de estado. En todas ellas crecen liderazgos moderados, que intentan no confundir la competencia política con una lucha a matar o morir. Con todo, ninguna de ellas parece asumir, hasta ahora, la agenda de premuras implícita en una situación de ingobernabilidad. Todas muestran una fe inconmovible en que la política respetará almanaques y cronogramas.
Deseos y premuras
¿Alcanzará, por ejemplo, con que la oposición intente, cuatro años más tarde, lo que renunció a hacer después de su victoria en 2009, es decir, pelear la conducción de una o las dos cámaras legislativas? Una parte de las fuerzas opositoras parece convencida de que ese es el camino; otra, reincide en sus prevenciones de cuatro años atrás.
Contra lo que insinúan o denuncian ciertos propagandistas oficiales, no parece haber partido alguno embarcado en programas “destituyentes”. Todos creen (más aún: se empeñan en creer) que después de las elecciones de octubre quedan dos años por delante para prepararse y desplegar sus fuerzas con vistas a las presidenciales. Todos son políticamente correctos.
En los escenarios que dibujan imaginan alternativas. Daniel Scioli espera competir en futuras primarias del peronismo con José Manuel De la Sota (descree de que Sergio Massa, después de la victoria próxima, quiera anotarse en esa disputa); el pan-radicalismo
(esa red de afinidades que vincula a veces conflictivamente a la UCR, los socialistas, la Coalición Cívica, los seguidores de Elisa Carrió y algunas otras fuerzas menores) reza por la posibilidad de que las fuerzas de raíz peronista vayan divididas: allí, cree, se les abre una chance grande. Tienen varias figuras presidenciables (Julio Cobos, Hermes Binner, Ernesto Sanz y hasta Elisa Carrió) y aunque por ahora sólo arañan alrededor de un tercio de los votantes registrados, una división peronista volvería relevante ese caudal. “No hay que olvidar que Kirchner llegó a la presidencia con mucho menos”, argumentan. Ernesto Sanz procura alimentar las esperanzas en un retorno al poder: “Hay vida después del peronismo –insiste-; es un falacia decir que sólo ellos pueden gobernar Argentina”.
Mauricio Macri, que hasta hace un tiempo se inclinaba a pensar que el peronismo --todavía sin candidatos demasiado atractivos para las clases medias- podría aliarse con el Pro y catapultarlo a él a destinos mayores, se siente hoy eclipsado por la irrupción de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador es una figura seductora inclusive para buena parte del electorado y los militantes macristas y, a diferencia del Pro, cuenta ya con una estructura (que no deja de crecer) en la decisiva provincia de Buenos Aires y está en condiciones de armar su Frente Renovador virtualmente en todo el territorio nacional. Macri necesita tiempo para montar una escudería competitiva, razón por la cual es uno de los más apegados al cronograma electoral. Quiere ser candidato presidencial en 2015, pero entre Massa, Sanz, Binner y hasta el propio Scioli (aunque todavía lastrado, éste, por su sociedad con el gobierno central) el espacio político que le van dejando se estrecha. Además, muchos de sus cuadros porteños prefieren imaginarse como una fuerza local (como el sapagismo neuquino o como el socialismo marplatense de otras épocas, aunque en un distrito mucho más poderoso y rico que estos dos) y abstenerse de las sociedades que reclama una estrategia nacional, que ellos viven casi como una gravosa contaminación.
Así, mientras -cada uno por sus propios motivos- los partidos custodian el calendario y conciben las urnas del 27 de octubre como un paso hacia el lejano 2015, la fría y siempre inquieta realidad despliega su mecánica, desenvuelve sus crisis, tiende sus trampas, gesta sus sorpresas, adelanta los relojes.
(*) Jorge Raventos. Periodista y analista político. Artículo publicado por Diana Ferraro en "Peronismo Libre" el 7 de Septiembre de 2013.