lunes, 9 de diciembre de 2013

El partido de la ingobernabilidad

Por Jorge Raventos (*)
En El Antiguo Régimen y la Revolución, Alexis de Tocqueville describe cómo, en Francia, los cambios que adquirirían ímpetu volcánico y arrasador con la Revolución ya habían comenzado a desplegarse, anticipadamente, bajo el régimen que agonizaba.
Hasta el martes 3 de diciembre la transición política iniciada a partir de la derrota electoral oficialista parecía avanzar por sus nuevos carriles sin demasiados problemas. La autoridad presidencial -erosionada por una votación fuertemente adversa que cerró todas las puertas a la ilusión re-reeleccionista y, así, decretó la clausura del ciclo K- necesitó el respaldo del peronismo territorial, en principio de los gobernadores e intendentes que aún se mantienen en la coalición oficialista y consiguieron atravesar con éxito la prueba de las urnas. Recostarse sobre la Liga de Gobernadores peronistas fue un paso que tanto la Presidente como el finado Néstor Kirchner siempre trataron de evitar. Pero la necesidad tiene cara de hereje: la designación del chaqueño Jorge Capitanich fue la encarnación de ese traspaso de poder destinado a cambiar el rumbo, fortalecer la gobernabilidad y encontrar un camino de salida del modelo K.
“Habla como un presidente”
El jefe de gabinete encaró con frenesí la nueva etapa: Ipso facto, se conoció el acuerdo con España (con mediación mexicana) destinado a indemnizar a Repsol por la confiscación de sus acciones en YPF, evidencia de que Argentina empieza a salir del aislamiento. Mientras se anunciaba la negociación con Repsol y las conversaciones con el Club de París, Capitanich. modificaba las prácticas de comunicación del gobierno y empezaba a ofrecer conferencias de prensa diarias, recibía a gobernadores oficialistas y de otras líneas. A Daniel Scioli le garantizó que la caja central no le retaceará fondos. A Mauricio Macri le aseguró avales para obras en la Ciudad Autónoma.
El teórico ministro de Economía, Axel Kicillof, predica por izquierda y en la práctica firma: los acuerdos con Chevron y, próximamente, la indemnización a Repsol. Para juzgarlo, conviene recordar la frase de Néstor Kirchner a los empresarios españoles, en 2004: “No me juzguen por lo que digo, sino por lo que hago”.
Los cambios generaban nuevas expectativas. El martes 3, en Cardales, donde se congregaba la Conferencia Industrial citada por la UIA, Capitanich conversó en público con Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural), quejosos porque el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela todavía no recibió a la Mesa de Enlace Agropecuaria. Respuesta de Capitanich: “Los va a llamar. No tengan dudas. El ministro va a hacer lo que se resuelva en el gobierno. Con el campo tenemos que salir de un paradigma y crear uno nuevo. No lo duden, vamos retomar el diálogo”
En el mismo escenario y dirigiéndose a los industriales, Capitanich dijo: “Debemos ir de una economía cerrada a una más abierta e integrada estructuralmente al mundo”. Parecía hablar de otro modelo económico, diferente del que tuvo como símbolo central a Guillermo Moreno. En Clarín, la periodista Silvia Naishtat apuntó que Capitanich habló en Cardales “con el tono que utilizan los presidentes”. Esa frase seguramente cayó mal en algunos círculos.
Los que no se resignan
Previsiblemente, el cambio de rumbo no satisface a todo el mundo. Mientras el peronismo empieza a procesar la transición, a administrarla a través de un resultante de la Liga de Gobernadores y a buscar un liderazgo apto para la nueva etapa, el sedicente progresismo K, que quiso ser el administrador y regente principal del “modelo”, comienza a fastidiarse ante la perspectiva de tener que tragar amargo y escupir dulce.
Uno de los más notorios voceros de esa corriente, Horacio Verbitsky, se explica el viraje con el argumento de que “ya no hay una marea que haga subir todos los botes, como en los primeros años, cuando era posible compatibilizar las ganancias extraordinarias del capital con las mejoras de la ocupación y del salario” En otras palabras: ya no hay fuerza suficiente para imponer.
Sin embargo, los que resisten el cambio de rumbo mantienen , todavía, recursos para impedir u obstruir. Se constituyen, de hecho, en partido de la ingobernabilidad.
Esto quedaría evidenciado cuando una protesta salarial con autoacuartelamiento de la policía de Córdoba dejó a esa provincia sin fuerzas de seguridad en ausencia del gobernador Juan Manuel De la Sota, que viajaba a Colombia a una reunión de trabajo. Las imágenes de saqueos y hechos de vandalismo en distintos puntos de la provincia mediterránea inundaron las pantallas de todas las televisoras del país; el gobierno cordobés pidió al Estado central el envío de gendarmes. La respuesta fue una combinación de elusiones y negativas. Y el primer resultado fue una extensión de la violencia en Córdoba, que sólo consiguió contenerse cuando, merced a una vigorosa y sutil mediación de la Iglesia dela provincia, se concretó un acuerdo que devolvió a sus funciones a los policías retobados.
La negativa del estado central a asistir a Córdoba (“como si los cordobeses no fueran argentinos”, cuestionó desde Buenos Aires el flamante diputado nacional Sergio Massa) no sólo apuntaba a golpear al gobernador De la Sota, un peronista que ha marcado largamente sus divergencias con el modelo kirchnerista. Asestaba también un golpe durísimo al nuevo rumbo encarnado por Capitanich y procuraba privar a este del eje de gobernabilidad que intenta construir con el respaldo del conjunto de los jefes territoriales.
Apriete a Capitanich
Forzado desde el entorno de Olivos a justificar la negativa al envío de gendarmes, Capitanich (que siempre tiene a mano la alternativa de renunciar y volver a la gobernación de Chaco) optó por resignarse y rebotar las responsabilidades a los cordobeses, culpables, al parecer, de no haber pedido el auxilio siguiendo las reglas del protocolo. La acción de los que resisten el cambio de rumbo y no quieren resignarse a la transición obligaba al jefe de gabinete a retroceder varios casilleros.
Los hechos no tardaron en revelar otras consecuencias de las políticas de resistencia al cambio que se ejercen desde aquellos altos círculos oficialistas: la onda expansiva de la rebelión policial cordobesa se extendió a otras provincias, sembrando ingobernabilidad. En una de ellas, Catamarca, las fuerzas de la Prefectura rápidamente enviadas desde Buenos Aires para respaldar al gobierno de Lucía Carpacci, debieron enfrentarse a balazos con policías provinciales.
En la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, impulsaron la creación de una fuerza antisaqueos para cortar por lo sano en el distrito tras algunos brotes registrados en el conurbano.
En varias provincias y municipios se interpreta que muchos hechos de violencia, incluyendo algunos de los saqueos con apariencia de movimientos sociales, están impulsados por fuerzas del crimen organizado y el narcotráfico, que disputan con el Estado el control de territorios. Esa red criminal, frente a la que el Estado se ha mostrado indolente durante largo tiempo, ha conseguido penetrar fuerzas policiales y sectores de la Justicia, más allá de capitalizar las situaciones de vulnerabilidad social y disolución familiar.
El crecimiento vertiginoso de las redes de narcotráfico fue subrayado reiteradamente por la Iglesia.
Según Mariano Obarrio, destacado columnista del diario La Nación, (el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro) “Granados tomó contacto con la DEA y el FBI para articular una cooperación internacional. La agencia antidrogas y la oficina federal de investigaciones son dos de los organismos de los Estados Unidos con mayor inteligencia sobre el narcotráfico y el crimen organizado ramificado en América latina”. En rigor, esa cooperación había decaído notablemente en los últimos años por falta de interés y colaboración delas autoridades argentinas. Según Obarrio, “en el cambio de estrategia oficial tuvieron que ver todos los gobernadores e intendentes que reclamaron en conversaciones reservadas con Capitanich que la Casa Rosada debía afrontar el problema porque los conflictos policiales y los saqueos podían extenderse por todo el territorio nacional si el Gobierno no actuaba rápido”.
Así, la política de resistencia al cambio esgrimida desde el entorno de Olivos a través de la negativa de envío de gendarmes a Córdoba, consiguió incrementar las señales de ingobernabilidad pero, a su pesar, parece fortalecer la solidaridad entre las jefaturas territoriales (las peronistas y no sólo ellas) y la búsqueda de énfasis en los cambios de la transición. De hecho, dos mil gendarmes terminaron viajando a Córdoba. El martes 10, De la Sota tiene cita en la Casa Rosada. Allí se verá qué Capitanich lo recibe: si el que hasta el martes 3 buscaba encarnar la transición o el que algunas horas más tarde pareció resignarse al módico papel de mensajero del pasado.
(*) Jorge Raventos. Periodista y analista político. Artículo publicado en "Peronismo Libre" por Diana Ferraro el 8 de Diciembre de 2013.