sábado, 5 de abril de 2014

Falta de convicción en el ajuste

Por Economía y Regiones (*)
Juan Carlos Fábrega, el 'viejo mimado' de la City, hizo un torniquete monetario para darle tiempo a Axel Kicillof, el 'falso joven' del mundo K, para que enderezara la economía. Frenar la inflación vía tasa de interés es un proceso muy traumático e insostenible. Para acortar la situación, Kicillof debería agilizar el recorte fiscal. Pero a él le resulta más difícil concretar la poda. Por lo tanto, la situación es inviable, explica la consultora Economía & Regiones. Sin decirlo explícitamente, el Gobierno ha reconocido que el déficit fiscal, la política de subsidios y la política de desendeudamiento son responsables de la actual crisis cambiaria. No obstante, las últimas medidas dan cuenta del poco convencimiento con el que aborda el problema.
Juan Carlos Fábrega y Axel Kicillof: "(...) la dirección del ajuste fiscal es la correcta pero la magnitud es insuficiente. El déficit fiscal asciende a 5% del PBI, cifra equivalente al gasto en subsidios económicos. La eliminación del subsidio al gas y al agua junto con aumento de colectivos de principios de año suman 0,4 punto del PBI. Con un ajuste similar a la electricidad, se totalizaría 1 punto del PBI. Con este mínimo recorte (1% del PBI), las necesidades de emisión para financiar el rojo fiscal dependerán de la capacidad de colocar nueva deuda y de sortear el pago del cupón PBI. Lejos de darle una solución definitiva al escollo cambiario, se pasa la posta a la próxima administración que deberá enfrentar el retraso del precio de los servicios públicos y el aumento de los pasivos (contingentes)."
La economía argentina atraviesa una pérdida estructural de reservas internacionales que se viene profundizando desde el 2011. La devaluación de enero y el endurecimiento de política monetaria -con subas de tasas y absorción de pesos- en el primer bimestre del año, lograron moderar la sangría de dólares pero no solucionaron la crisis cambiaria totalmente. 
 
Esta calma en los mercados a partir de la política monetaria aplicada, le dio oxígeno al Gobierno que comienza a encarar los problemas de fondo, aunque actúa más por obligación que por convicción. 
 
En otras palabras, pareciera que el Gobierno no quiere asumir el costo de solucionar definitivamente el problema y se conforma con medidas aisladas que le permitan ganar tiempo para llegar lo mejor posible al 2015. 
 
En concreto, la semana pasada el Gobierno actuó en 3 frentes: la reducción de subsidios, una nueva emisión de deuda en pesos y una revisión metodológica del PBI que reduce el crecimiento económico de 2013 para evitar el pago de US$ 3.500 millones a fin de este año. 
 
Los 3 frentes tienen un denominador común que es el objetivo de bajar el déficit fiscal, reducir las necesidades de señoreaje y cuidar los dólares del Sector Público Consolidado
 
Con una mejora del resultado fiscal habría menos necesidades de emisión para financiar al fisco; mientras que evitar erogaciones en dólares, permite fortalecer el balance del BCRA para hacer frente a potenciales corridas contra las reservas en el futuro. 
 
> El no pago del Cupón PIB, permite evitar el innecesario egreso de US$ 3.500 millones (de los cuales US$ 2.800 millones son moneda extranjera). Este ahorro surge a partir de la nueva metodología de cálculo del PIB que utiliza como nuevo año base el 2004 (el anterior era 1993) y exhibe un crecimiento del 3% en 2013; menor al crecimiento correspondiente al avance del nivel de actividad oficial (EMAE) del 4,9% y menor al umbral de crecimiento de 3,2% que disparaba el pago del cupón. 
 
Si bien la nueva cifra del INdEC se corresponde con las estimaciones privadas y otorga un poco de aire al mercado cambiario para la segunda mitad del año, cuando la cosecha gruesa ya se haya liquidado, se vuelve a malograr nuestra reputación como deudores, dejando entrever que las estadísticas oficiales pueden ser modificadas en función de las 
necesidades económicas o electorales. 
 
Además, la nueva metodología aplicada debería contemplar -también- una modificación en el umbral de crecimiento que dispara el pago. Es decir, la nueva metodología de cálculo debería reducir el umbral de crecimiento, que ascendía a 3,2% con la metodología anterior. 
 
> La reducción del 20% de los subsidios al consumo de gas y agua junto con el aumento de colectivos de enero, muestra que el gobierno se conforma con disminuir hasta 0,4 punto del PIB de déficit fiscal. Con la última quita al gas y al agua, el recorte de subsidios permitiría ahorrar en el mejor de los casos unos $8.000 millones anuales, cifra que resulta extremadamente baja en comparación con los $130.000 millones destinados a estos fines en 2013. 
 
De modo que si bien la medida ayuda a reducir los recursos destinados a los subsidios, está lejos de solucionar el problema. 
 
> De todos modos la quita de subsidios generaría aumento en las facturas que pagan las familias de entre 100% y 400%; lo que podría moderar la demanda de gas importado mejorando el déficit energético. No obstante, la reducción del ingreso disponible de las familias (que provocaría el aumento de las facturas) podría sumar elementos de complicación para el cierre de las paritarias en curso y/o perjudicar el consumo privado. 
 
> Por último, el Gobierno abandonó la política de desendeudamiento y volvió al mercado financiero local como emisor de deuda, colocando el primer tramo del Bonar 2017, a una tasa que ronda el 28% (Badlar + 2%). Con esta colocación se espera recaudar $10.000 millones para asistir al Tesoro y aliviar la presión sobre la máxima autoridad monetaria. 
 
En síntesis, sin decirlo explícitamente, el Gobierno ha reconocido que el déficit fiscal, la política de subsidios y la política de desendeudamiento son responsables de la actual crisis cambiaria. 
 
No obstante, las últimas medidas dan cuenta del poco convencimiento con el que aborda el problema. 
 
El Gobierno debería recortar el gasto entre 5 y 7 puntos porcentuales del PBI, con una eliminación total de los subsidios económicos como solución de la crisis actual, pero, obviamente, no está dispuesto a pagar el costo político de dicho ajuste. Tampoco parece estar dispuesto a permitir que el sistema haga el “ajuste por las malas”. 
 
En este sentido, ha comenzado a recorrer el sendero del ajuste parcial o menor que se corresponde con nuestro “escenario equilibrista”, utilizando todas las estrategias posibles para ganar de tiempo y sobrevivir hasta las próximas Presidenciales. 
 
Recorte de subsidios
 
La quita de subsidios repercute en las condiciones de eficiencia y equidad de nuestro sistema económico pero además impacta principalmente en el funcionamiento macroeconómico de corto y mediano plazo. 
 
La quita de subsidios tendría efectos positivos en términos distributivos aunque no generaría mejoras de eficiencia. Mientras que desde el punto de vista macroeconómico, no mejoraría sustancialmente las cuentas públicas y arremetería contra el consumo de las familias, aunque podría reducir el déficit comercial energético restándole presión al mercado cambiario por esa vía.
 
De modo que ésta política no cumplirá con los verdaderos objetivos que planteábamos, en la necesidad de su eliminación. La quita no alcanza para reordenar del todo los desequilibrios macroeconómicos, corregir la distorsión de precios relativos, brindar incentivos y señales para regularizar las inversiones en el sector energético y, sobre todo, extirpar completamente el rojo fiscal que (vía demanda de señoreaje y divisas del Central) es responsable de la crisis cambiaria actual. 
 
Impacto macroeconómico: no hay mejoras sustanciales de las cuentas fiscales, cae el consumo de las familias, aunque le quita presión al mercado cambiario reduciendo el déficit energético.
 
Déficit Fiscal: El anuncio oficial de quita de subsidios económicos al gas y agua permiten una mejora de hasta $ 8.000 millones en el resultado fiscal nacional; bajo el supuesto de que no surgen nuevas partidas de gasto.
 
El crecimiento exponencial del gasto en subsidios económicos como consecuencia del congelamiento de tarifas a empresas de servicios públicos, tuvo como contrapartida el deterioro del resultado fiscal de los últimos años. 
 
Sin fuente genuina de financiamiento, éste sentó las bases para el avance inflacionario. En 2013 el deterioro llevo a que los subsidios económicos sumaran la cifra record de 5% del PBI (130.000 millones de pesos) y el resultado fiscal alcance un déficit casi calcado de 4.7% del PBI. 
 
Con la quita de subsidios propuesta, el MECON espera que las empresas de gas y agua facturen en forma conjunta entre $ 5.000 y $10.000 millones adicionales dependiendo de la respuesta en variación de consumo que puedan hacer los usuarios del servicio ante el incremento de valor de sus facturas.
 
La meta del gobierno es alcanzar un ahorro en gastos de subsidios económicos al gas y el agua del orden el 20%. Eso implica un objetivo de reducir en $ 8.0001 millones el gasto en subsidios al gas (Enarsa) y el agua (Aysa) registrado en 2013. 
 
El ahorro por encima de la meta no generaría una mejora fiscal, dado que este se reasignaría a gasto en subsidios sociales (Plan Asignación universal por hijo y progresar), según informo el ministro de economía. 
 
Este potencial ahorro fiscal tendría una contribución marginal (8%) sobre las necesidades de financiamiento en pesos ($100.000 millones) proyectadas para el Sector Público Nacional (SPN) a ser cubiertas por el BCRA en 2014. La reducida contribución hace que no sea suficiente para resolver la génesis de la inflación y la crisis cambiaria, sólo para aminorar sus efectos. 
 
En 2013 el total de subsidios sumó 5% del PBI y el recorte de subsidios al gas y agua pretende ahorrar un 0.3% del PBI. El recorte de subsidios al transporte otro 0.1% y el potencialmente esperado recorte en energía permitiría ahorrar un 0.6% del PBI adicional (si se instrumentan recortes análogos al caso del gas). 
 
En suma, el potencial ahorro fiscal en subsidios encarado por el Ejecutivo sumaría de máxima una cifra en torno al 1% del PBI, cifra bastante inferior a la que el jefe de gabinete sugirió que estaba en análisis en el ejecutivo (entre 2 – 2.5% del PBI) en su exposición en Senado de la Nación semanas atrás. 
 
Caída del consumo privado: En segundo término, el consumo privado será nuevamente castigado por la quita de subsidios al agua, gas, transporte (ocurrida en enero pasado) y extendiéndose potencialmente a la electricidad en los próximos meses. 
 
En diciembre de 2013 ya el salario habría cerrado el año con una caída del 2% medido en términos reales. De modo que la aceleración de precios de enero y febrero habría empeorado la performance del ingreso real de los trabajadores, con una caída interanual del -2,5% y -5,3% en el primero y segundo mes de año, respectivamente. 
 
De este modo, en los últimos tres meses, la inflación (+12.8%) le habría ganado ampliamente al salario (+3.8%), generando una caída del poder adquisitivo del 8% (acumulada entre diciembre y febrero). Si a esta dinámica le sumamos el aumento de 173% y 264% en las facturas de gas y agua (y otro tanto de luz) que reducirá ingresos que las familias tenían disponibles para el consumo de otros bienes y servicios, el consumo privado se verá afectado en 2014. 
 
Déficit energético: Luego de varios años de deterioro, el saldo comercial energético alcanzó -por primera vez un déficit de US$ 3.250 millones de dólares en 2011 y según los registros de INdEC alcanzó un record de US$ 6.300 millones en 2013. 
 
A su vez, las importaciones del sector representan una verdadera aspiradora de divisas, que en 2013 habrían alcanzado unos US$ 11.400 millones aproximadamente y que en los últimos doce meses (hasta febrero inclusive) habrían superado los US$ 11.500 millones. 
 
Este creciente deterioro del saldo energético no sólo complica al resultado comercial total (y el mercado de cambios), sino que también compromete el frente fiscal, acrecentando el déficit del Tesoro Nacional, que se hace cargo de los costos más elevados de la energía importada. 
 
Luego, la eliminación del subsidio para los usuarios podría moderar la demanda de gas y por ende las importaciones energéticas. Si bien resulta difícil anticipar la elasticidad/precio de la demanda de gas importado, creemos que tanto el incremento de tarifas como el menor nivel de actividad económica esperada para el 2014 podrían ponerle un techo a las importaciones energéticas y así darle algo de aire al mercado cambiario. 
 
En este sentido, en el mejor de los casos -con aumento de tarifas eléctricas- esperamos una caída del 15% en las importaciones energéticas, haciendo que el déficit cierre en torno a los US$ 4.100 millones en 2014. 
 
Equidad: quita progresiva con reasignación del gasto hacia partidas sociales 
 
La quita de subsidios propuesta para los servicios de gas y agua se distribuirá en los usuarios bajo un enfoque progresivo y de “premio” al ahorro de consumo. 
 
El primer enfoque incrementa el recorte porcentual de subsidios a medida que crece la capacidad económica de los usuarios segmentada bajo una codificación residencial. 
 
En otras palabras, el incremento porcentual implícito de las facturas de gas y agua es mayor (menor) en las zonas residenciales más costosas (menos costosas). 
 
El segundo enfoque busca otorgar un premio bajo la vía de un menor recorte de subsidios a los usuarios que se comprometan a racionalizar el consumo de gas únicamente. 
 
A su vez, el ahorro por subsidios económicos por encima de la meta oficial (20% de ahorro en partidas de subsidios) sería reasignado a gasto en subsidios sociales. Específicamente a los planes “Progresar” y a la “Asignación Universal por Hijo”. De este modo, se destaca el carácter redistributivo de la potencial reasignación del gasto. 
 
Eficienciano hay incentivos para invertir en el sector; tampoco mejora la provisión de los servicios públicos.
 
La reducción de subsidios al gas y al agua no cumple con los requisitos de mayor inversión y eficiencia. Los aumentos en las facturas no responden a la renegociación integral de los contratos de concesión, que tiendan a generar aumentos en los recursos netos para las empresas proveedoras de estos servicios públicos. En otras palabras, no habría incrementos en el ingreso ni en la rentabilidad esperada de los proveedores de estos bienes de infraestructura.
 
Contrariamente, sí podría disminuir la demanda de gas y agua de los usuarios a partir de los aumentos en las boletas que van desde un 100% a un 400%. Tampoco habría un condicionamiento para mejorar sustancialmente el servicio. 
 
Sin aumentos en el ingreso y rentabilidad de las empresas, difícilmente se promuevan inversiones capaces de aumentar la oferta. 
 
En este sentido los precios de los servicios públicos (gas y agua en este caso) seguirán estando regulados y marcadamente retrasados respecto del resto. A su vez, el actual contexto de incertidumbre sumado al constante cambio de las reglas del juego desincentivan la formación de nuevo capital en estas actividades por parte del sector privado. 
 
En síntesis, la dirección del ajuste fiscal es la correcta pero la magnitud es insuficiente. El déficit fiscal asciende a 5% del PBI, cifra equivalente al gasto en subsidios económicos. La eliminación del subsidio al gas y al agua junto con aumento de colectivos de principios de año suman 0,4 punto del PBI. Con un ajuste similar a la electricidad, se totalizaría 1 punto del PBI. 
 
Con este mínimo recorte (1% del PBI), las necesidades de emisión para financiar el rojo fiscal dependerán de la capacidad de colocar nueva deuda y de sortear el pago del cupón PBI. Lejos de darle una solución definitiva al escollo cambiario, se pasa la posta a la próxima administración que deberá enfrentar el retraso del precio de los servicios públicos y el aumento de los pasivos (contingentes). 

(*) Economía y Regiones. Consultora especializada en el desarrollo regional argentino. Artículo publicado en Urgente 24 el 5 de Abril de 2014