jueves, 17 de abril de 2014

Inflación legislativa y despilfarro de recursos

Por Roberto cachanosky (*)
La inflación legislativa, lejos de asegurar la libertad de los individuos, la va recortando hasta anularla al dictar leyes y más leyes. El problema se agrava cuando además el Congreso se convierte en una máquina que dilapida los recursos de los contribuyentes.
 

 Comienzo con una afirmación: no veo ninguna razón para que tengamos legisladores full time con un presupuesto que asusta cuando se ve cómo se dilapidan los recursos de los  contribuyentes.
La respuesta a la pregunta que titula esta nota es muy obvia, un país con estabilidad en las reglas de juego no tiene que tener inflación legislativa como la que tenemos. La ley madre es la Constitución Nacional  en la que se establecen los derechos y garantías de los habitantes. Luego, se sancionan las leyes que regulan su ejercicio, pero esas leyes no pueden ir contra la letra y el espíritu de la Constitución, algo que no ocurre en Argentina. En segundo lugar, ¿qué es esta historia de tener inflación legislativa? Cuantas más leyes se dictan en un país, más libertades individuales se cercenan. La inflación legislativa, lejos de asegurar la libertad de los individuos, la va recortando hasta anularla, al punto tal que uno podría alegar, como dicen los abogados, que  uno  desconoce la ley. Con la maraña de leyes, decretos, regulaciones, etc. que tenemos en el país, todos estamos fuera de la ley. Tal vez sea ese el objetivo: hacer que los habitantes siempre estemos al margen de la ley para someternos.
La introducción viene a cuento porque revisando el presupuesto me encuentro, una vez más, con un gasto descomunal en el Congreso de la Nación. De acuerdo al presupuesto 2014, el Congreso Nacional tiene asignado un presupuesto de $ 5.362 millones y con un personal que llega a los 12.986. Si bien hay algunos programas dentro del presupuesto del Congreso que no son legislativos, el grueso del mismo son funciones legislativas.
Por ejemplo, el presupuesto destinado a la Cámara de Senadores es de $ 1.820 millones con un total de personal destinado específicamente al Senado de 4.337 empleados. Considerando que hay 72 senadores, la relación da que hay 60 empleados por cada senador, digamos que cada senador es una PYME. De acuerdo al presupuesto asignado, para realizar sus tareas un legislador tiene un costo anual de $ 72 millones, un promedio de $ 2 millones mensuales.
Tomemos ahora el caso de diputados. Hay 257 legisladores y una planta de personal asignada específicamente a diputados de 5.454 personas, es decir, hay 21 empleados por diputado. También cada diputado es una PYME, aunque un poco más chica que la PYME senadores. Piense el lector que en el caso de un senador necesita una estructura de 60 personas y cada diputado de 20 para realizar su trabajo. El presupuesto de diputados es de $ 2.139 millones, por lo tanto cada diputado necesita $ 8,3 millones anuales para poder desempeñar su tarea, o un promedio mensual de $ 700.000 por diputado.
En la biblioteca del Congreso, que atiende tanto a senadores como diputados, hay una planta de 1.473 personas. Trabajando las 24 horas del día, en turnos de 8 horas, debería haber por turno 491 personas en la biblioteca por turno. Tengo la impresión que deben chocarse entre los pasillos de los anaqueles llenos de libros. El presupuesto de la biblioteca es de $ 550 millones. En la era de internet, ebooks y demás tecnologías luce un poco exagerado tanto el personal asignado como el presupuesto.
La imprenta del Congreso, cuando todo se hace en Word, PDF y por internet, hay 555 empleados con un presupuesto de $ 207 millones.
Otro de los programas que figura en los gasto del Congreso es el de Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual con un presupuesto de $ 97 millones y 95 empleados. ¿Será su tarea verificar que funcionen adecuadamente todos los controles remotos de los televisores?
Además de los programas mencionados, hay otros como Fortalecimiento Institucional que depende de senadores con un presupuesto de $ 6 millones, Control Parlamentario de los Fondos de Seguridad Social, con un presupuesto de $ 7 millones y, por citar alguno más, Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia (alguien cree que controlen algo) o Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación, con 526 empleados y un presupuesto de $ 255 millones.
Si viviésemos en una verdadera república, el Congreso debería reunirse una vez por año para aprobar el presupuesto y cada legislador volver a su casa. Sí, ya sé, van a decir que lo mío es una disparate. Pero en rigor es un disparate que se gaste tanto dinero en un Congreso que, si quiere preservar las libertades individuales, debe legislar poco y nada, en consecuencia no sería necesario tener casi 13.000 empleados dentro del Legislativo. Reconozcamos que, si van a trabajar todos al mismo tiempo, se cae el edificio.
Ya en el 2003 había una exageración de personal en el Congreso. Según el presupuesto de ese año, el Poder Legislativo tenía 9.605 empleados. Es decir, que en la década ganada, el personal en el Congreso aumentó en 3.381 personas y, hasta donde yo sé, la cantidad de legisladores es la misma. ¿Tal vez demasiados militantes? Aumentar la planta en un 35% da la pauta de cómo inventamos “puestos de trabajo”.
Si quitamos algunos de los programas que funcionan dentro del presupuesto del Congreso, el mismo asciende a $ 4.445 millones, es decir, que cada legislador (diputados + senadores) necesita entre su sueldo y la estructura para trabajar, $ 13 millones anuales o $ 1 millón mensual si incluimos el aguinaldo.
Imaginemos que a cada legislador se le paga un sueldo mensual (cargas sociales incluidas) de $ 70.000 mensuales. Se le asigna una secretaria por $ 12.000 mensuales. Dos ayudantes de investigación $ 30.000 mensuales y gastos operativos (teléfonos, computadoras, mensajería, café, etc.) por $ 27.500, tendríamos un costo por legislador de $ 149.500 mensuales. Cada legislador, multiplicando por 13 para incluir el aguinaldo, tendría asignado un presupuesto anual de $ 1,9 millones. Multiplicando $ 1,9 millones por 329 legisladores de $ 625 millones frente a los $ 4.445 millones que actualmente gastan. La gente se ahorraría $ 3.820 millones anuales. Pero ya sé, el mío es un razonamiento antidemocrático y destituyente.
Ah, antes de terminar, le decía que hoy el Congreso, sin tomar algunos otros programas, gasta $ 4.445 millones. En 2003 tenía asignado un presupuesto de $ 422 millones. Aumentó 10 veces en la década ganada, que ya tendría que llamarse la década de los ganadores y perdedores.
Si los legisladores van a defender a los contribuyentes y controlar al Ejecutivo cómo gasta los recursos tributiarios, ¡que Dios nos ampare!
(*) Roberto Cachanosky. Economista (UCA, 1980). Asesor económico y Director de "Economía para todos". Artículo publicado el 13 de Abril de 2014 en la Edición Nº 518