martes, 29 de abril de 2014

La perversidad social de la inflación

Por Manuel Solanet (*)
La defensa de la estabilidad es frecuentemente considerada como una rémora “neoliberal” y opuesta a los alegatos sociales del progresismo y de la izquierda. La historia argentina de las últimas décadas registra frases tales como “la estabilidad es la paz de los cementerios”. También hemos presenciado hace tres años la modificación de la carta orgánica del Banco Central relativizando la función de defender la moneda en beneficio de la de promover el desarrollo. El alegato ideológico que impulsó esta medida enmascaraba la necesidad de enjugar el déficit fiscal, pero logró el apoyo parlamentario no sólo del oficialismo sino también de los partidos autodenominados progresistas. La consecuencia ya está a la vista. La Argentina padece una inflación cercana al 40% anual y en ascenso.

La inflación es antisocial por varios motivos. Cuando un gobierno emite dinero provocando inflación no hace algo distinto que cuando cobra un impuesto. Pero en este caso lo hace indiscriminadamente, sin anuncio y sin reglas. No lo pueden evadir ni eludir quienes dependen de un ingreso fijo que sólo se acomoda a la inflación esporádicamente. Entre aumento y aumento un asalariado está indefenso frente al crecimiento de los precios e inevitablemente reduce su consumo y bienestar. Inevitablemente se exacerba la puja entre precios y salarios. La conflictividad crece junto a la pérdida de horas de trabajo, destruyéndose el clima de colaboración entre empleados y empleadores.
Está en mejores condiciones de defenderse de la inflación quien tiene formación y actividad comercial y financiera. Incluso es posible obtener ventajas económicas si se opera adecuadamente y se tiene suficiente información. Una forma de aprovechamiento posible es la de obtener créditos a intereses inferiores a la tasa de inflación. Claro que para lograr esto no solo habrá que contar con información, sino también con acceso privilegiado a fuentes de crédito que no están disponibles para todos. Es sabido además, que los bancos gradúan la tasa de interés de sus préstamos según el riesgo de devolución. En otras palabras la ventaja de ese tipo de créditos está reservada para quienes tienen holgura económica, no para los más necesitados. La inflación potencia estas ventajas así como dramatiza las desventajas de los que solo acceden a préstamos de altísimo interés.
Los jubilados son víctimas muy sensibles de la inflación, particularmente en la Argentina. Desde la estatización de las jubilaciones privadas, prácticamente todos dependen del sistema estatal de reparto. La actualización de los haberes se realiza dos veces por año en función de índices oficiales de aumentos salariales y de recaudación de aportes. Cuando la inflación se acelera estos ajustes pueden quedar retrasados.
La inflación genera incertidumbre y ahuyenta las inversiones. Cuando no hay estabilidad los precios relativos se alteran constantemente impidiendo cualquier proyección de negocios. Es peor cuando los gobiernos intentan congelamientos de precios. Lo que consiguen es destruir algunas actividades que no pueden eludir los controles, sin evitar finalmente el desborde inflacionario que es motivado por otras causas más profundas. Si no hay inversiones no hay creación de empleo y se produce desocupación y caída del salario real. La inflación genera pobreza, mayor desigualdad y decadencia. Lo notable es que esto no se haya aprendido en la Argentina.
En la última década el gasto público se aumentó alegremente a niveles inéditos e imposibles de solventar con mayor presión impositiva. Esto no significó mejores servicios ni mayores inversiones estatales. El gobierno lo hizo sabiendo que emergería un déficit importante y que no podría financiarlo con préstamos ni colocaciones de bonos.
El gobierno argentino se peleó con el mundo después de haber realizado el default más grande de la historia. El déficit fiscal sólo puede ser cubierto con los fondos de los jubilados, que tienen un límite, y con emisión monetaria. O sea con inflación. En definitiva estamos gobernados por quienes nos han hablado de un modelo de inclusión, pero que finalmente resulta de inflación y de exclusión.
(*) Manuel Solanet. Director de Políticas Públicas, Libertad y Progreso. Artículo publicado originariamente en Perfil.com  y Fortunaweb.com y en Libertad y Progreso el 28 de Abril de 2014